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El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reiteró hoy su petición a la ONU para que designe a un alto funcionario que coordine la «atención multilateral» en su país para atender la crisis migratoria venezolana.

«Continuamos haciendo las gestiones internacionales para que se integre un fondo humanitario de emergencia y se designe un alto funcionario, en el marco de la ONU, cuya tarea sea coordinar la acción multilateral en Colombia», afirmó Trujillo en una rueda de prensa en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Según estimaciones de la ONU, 2,3 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país ante la crisis sociopolítica que allí se vive.

De ellos, cerca de un millón se han instalado en Colombia, país al que 35.000 venezolanos cruzan cada día, muchos en busca de bienes de primera necesidad y otros para emigrar de forma definitiva.

Por otra parte, Trujillo dijo que para Arauca, que está ubicado en el este de Colombia, el Gobierno destinará 1.251 millones de pesos (unos 410.000 dólares) para la salud de esa región.

«Dentro de un proceso de asignación presupuestal para ir solventando este asunto relacionado con la crisis migratoria se ha asignado para el departamento de Arauca, para su sector de salud, 1.251 millones de pesos», detalló.

Asimismo se reunió con inmigrantes venezolanos, a quienes escuchó para «tomar decisiones de gestión adicionales que deben conducir a aliviar la situación por la cual atraviesan».

También valoró la visita al país del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien aterrizó hoy en Bogotá y en los próximos días se reunirá con diversas autoridades y conocerá de primera mano la crisis migratoria venezolana y su impacto en los países de la región.

La agenda de Almagro incluye una reunión con el presidente Iván Duque y con Trujillo mañana, así como una visita el viernes a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, «en desarrollo de las decisiones que ha venido tomando esa institución para reconocer la naturaleza regional de la crisis migratoria».

De otra parte, recordó que viajará la próxima semana a Ginebra para reunirse con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de ONU para los Refugiados y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De igual forma se reunirá con miembros de la Unión Europea para «plantear la urgencia de la ayuda internacional, explicar la situación» que vive Colombia por la crisis migratoria.

«Continuamos adelantando gestiones regionales e internacionales porque solos no somos capaces, no tenemos capacidad presupuestal ni capacidad institucional suficiente para hacerle a esta crisis migratoria», concluyó.

Colombia asegura que es incapaz de soportar la crisis migratoria venezolana

 

Colombia no tiene la capacidad de soportar sola la llegada de miles de migrantes que huyen de Venezuela, dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo, que abogó nuevamente por un esfuerzo internacional para atender el problema.

“Colombia no puede soportar esta situación sola, nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo, lo seguiremos haciendo, pero la magnitud de la crisis es tal que no tenemos la capacidad suficiente para atenderla”, declaró Trujillo a Caracol Radio.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que Colombia, que ha recibido ayudas de Estados Unidos, insistirá en impulsar medidas y acciones concretas en el plano nacional, regional, multilateral e internacional para afrontar la ola migratoria. Entre ellas, reiteró la necesidad de crear un fondo multilateral de emergencia y de designar a un alto funcionario de Naciones Unidas para que coordine las acciones.

“Este es un asunto que nos afecta principalmente a nosotros como país, pero se trata de una crisis que afecta a toda la región porque la crisis migratoria proveniente de Venezuela ha adquirido una gran magnitud”, afirmó.

Cifras de la ONU indican que 2,3 millones de personas se han ido  de Venezuela desde 2014. Colombia, que comparte2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, ha recibido en los últimos años más de un millón de personas.

Trujillo aseguró que el tema será abordado por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que hoy llegará a Bogotá para una visita de tres días, como parte de la primera misión del grupo de trabajo creado en el organismo internacional para atender la migración en el continente.

Almagro, que se reunió la semana pasada con Trujillo en Washington, dijo que en su recorrido abogará por conseguir recursos, por los derechos humanos y por las necesidades básicas de los migrantes.

El secretario conversará mañana en la ciudad caribeña de Cartagena con Trujillo y el presidente Iván Duque, que ha pedido presión internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro.

El viernes Almagro y el canciller viajarán a Cúcuta, principal punto de entrada de los migrantes, para conocer en persona la situación.

Éxodo. El ingreso diario a Perú de migrantes venezolanos que huyen de la crisis descendió a casi un tercio desde que Lima comenzó a exigirles pasaporte el 25 de agosto, informó la Superintendencia de Migraciones.

“El ingreso con pasaporte, que contiene excepciones de carácter humanitario, ha contribuido a disminuir el promedio de ingreso diario de venezolanos de 3.500 a 1.250”, dijo el superintendente, Eduardo Sevilla, ante una comisión del Congreso peruano.

Sevilla explicó que en Perú hay actualmente 432.000 venezolanos, una décima de ellos son menores de 15 años de edad. La imposición del requisito del pasaporte y la fijación de un plazo hasta el 31 de octubre para solicitar el Permiso Temporal de Permanencia, han contribuido a reducir el ingreso de venezolanos, añadió el funcionario.

Días previos al 25 de agosto hubo ingresos diarios de hasta 6.000 venezolanos procedentes de Ecuador, tras cruzar Colombia.

 

Grupo de Lima presentó borrador de resolución

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá y votará por primera vez a finales de mes una resolución sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela.

El Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del gobierno venezolano, presentó oficialmente a la Secretaría del Consejo un borrador de resolución. Han secundado el texto Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú.

La resolución se votará en uno de los dos últimos días de la 39ª sesión del Consejo, que comenzó el lunes y termina el 28 de este mes. Será la primera vez que se debata y se vote una resolución sobre lo que ocurre en Venezuela.

Para aprobarla se necesita mayoría simple de los 47 miembros que componen el Consejo. La resolución pide a la Oficinadel Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elabore un nuevo informe sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela, y que sea presentado ante el Consejo en la sesión de junio de 2019.

En el documento se pide al gobierno que colabore con el Consejo de Derechos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas enumeró el miércoles 38 países “vergonzosos”, entre ellos China y Rusia, que dijo que habían tomado represalias o intimidado a personas que cooperaban con el organismo en derechos humanos, mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.

El informe anual del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también incluyó denuncias de malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas públicas de estigmatización contra víctimas y defensores de los derechos humanos.

“El mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos, que han respondido a las solicitudes de proporcionar información e involucrarse con las Naciones Unidas, para garantizar que se respete su derecho a participar”, escribió Guterres.

“Castigar a individuos por cooperar con las Naciones Unidas es una práctica vergonzosa”.

Los 38 países incluían 29 países con casos nuevos y 19 con casos en curso o continuados.

Los nuevos casos se dieron en Bahrein, Camerún, China, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, India, Israel, Kirguistán, Maldivas, Mali, Marruecos, Myanmar, Filipinas, Federación de Rusia , Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán y Venezuela.

Los gobiernos con frecuencia acusaban a activistas de derechos humanos de terrorismo o de cooperar con entidades extranjeras o de dañar la reputación o seguridad del estado, dijo.

“(Hay una) inquietante tendencia en el uso de argumentos de seguridad nacional y estrategias antiterroristas por parte de los estados como justificación para bloquear el acceso de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil a las Naciones Unidas”, indicó el informe.

Mujeres que han cooperado con Naciones Unidas habían denunciado amenazas de violación y ser objeto de campañas de desprestigio online y trabajadores de la ONU a menudo se han encontrado con personas que tienen demasiado miedo para hablar con ellos, incluso en las sedes de Nueva York y Ginebra.

El subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien presentará el informe al Consejo de Derechos Humanos la semana próxima, dijo en un comunicado que los casos en el informe eran la punta del iceberg.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llegará este miércoles 12 de septiembre a Colombia, donde tratará con las autoridades locales la crisis migratoria venezolana y su impacto en los países de la región, informó hoy la Cancillería.

Almagro estará acompañado por los políticos venezolanos David Smolansky y Betilde Muñoz-Pogossian, coordinadores del grupo técnico de la OEA que visitará las fronteras de los países que reciben inmigrantes y luego elaborará un informe en el que se definirán los mecanismos de cooperación.

En la visita también estará acompañado por el jefe de la misión de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez, y el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, detalló la Cancillería en un comunicado.

Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica y, de ellos, casi un millón se han instalado en Colombia.

Almagro iniciará su agenda en Colombia este jueves en Cartagena de Indias, en donde se reunirá con el presidente Iván Duque y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, agregó la información.

El viernes, la delegación de la OEA visitará Cúcuta, ciudad fronteriza en la que se reunirá con las autoridades de esa zona para hablar del impacto de la crisis y la asistencia humanitaria requerida allí para atender la situación.

De igual forma, hará «un reconocimiento en terreno de la infraestructura dispuesta para la atención de migrantes venezolanos en el puente internacional Simón Bolívar», el principal paso fronterizo entre ambos países, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira.

Para Trujillo, la visita de Almagro demuestra que se está avanzando «de manera acelerada en el reconocimiento regional de la crisis y eso va a conducir a que se tomen medidas de carácter regional».

A las reuniones en las que participará la delegación de la OEA están invitados también los gobernadores de los departamentos limítrofes de Arauca, La Guajira y Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, además de alcaldes de municipios fronterizos.

El Partido de los Trabajadores de Brasil reemplazó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El ex alcalde de Sao Paulo reemplaza al ex presidente Lula da Silva como candidato presidencial, dice el partido

Después de una reunión el martes con representantes del PT en la ciudad sureña de Curitiba –donde Lula está encarcelado– funcionarios del partido dijeron en Twitter que el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, es el nuevo candidato. Su compañero de fórmula será Manuela D’Avila, del Partido Comunista de Brasil.

“Fernando Haddad y Manuela D’Avila están listos para luchar por la democracia. ¿Y tú?”, escribió el congresista y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira.

Se espera una conferencia de prensa y un anuncio formal por la tarde.

El cambio del martes, aunque esperado desde hace mucho tiempo, fue un reconocimiento de que el partido no logró que Lula estuviera en la boleta electoral a pesar de los numerosos intentos en los tribunales.

El PT trató de aprovechar la decisión de un comité de derechos humanos nombrado por la ONU que dijo que se debería permitir que Lula se postule. Y en los últimos meses, varias figuras internacionales, como el ex candidato presidencial estadounidense, Bernie Sanders, dijeron que el caso contra Lula era cuestionable y que debería permitírsele estar en la boleta electoral.

El ex presidente está cumpliendo una condena de 12 años por intercambiar favores con la empresa constructora Grupo OAS a cambio de un departamento frente a una playa. Lula niega haber actuado mal y argumenta que el caso en su contra buscaba impedir que buscara la presidencia.

El hombre que dirigió Brasil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas fácilmente por más de un año, pero el máximo tribunal electoral del país vetó su candidatura.

Las encuestas recientes muestran a Haddad muy atrás, pero el PT espera que ahora se levante con el respaldo de Lula.

 

El número de emigrantes venezolanos llegados a Perú subió hasta los 431.000 y la mayoría de ellos aún no ha regularizado su residencia en el país, informó el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla.

Durante una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, Sevilla advirtió que la colonia de venezolanos en Perú llegaría ahora a 460.000 si a finales de agosto no se les hubiese comenzado a exigir el pasaporte para ingresar al país.
Ese requisito permitió reducir el flujo de venezolanos que entran a Perú por la frontera con Ecuador de 3.500 diarios a 1.250 por día, según el mismo funcionario.
«Con esta medida hemos ordenado y hecho más seguro el ingreso de los emigrantes venezolanos», manifestó Sevilla en declaraciones a periodistas.
«Reducimos el riesgo de infiltración de personas con antecedentes. A diferencia del pasaporte, la cédula es un documento que no garantiza la plena identificación del ciudadano venezolano. Adicionalmente, hemos incorporado el registro fotográfico y de las diez huellas dactilares», agregó, reseñó Efe.
Sevilla afirmó que el ingreso al país de venezolanos identificados con pasaporte se realiza con normalidad en el puesto fronterizo de Tumbes, que Perú tiene en su frontera con Ecuador.
Recordó que el requisito de pasaporte tiene excepciones para mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos, quienes por carácter humanitario pueden seguir entrando a Perú con la cédula de identidad venezolana.
Sevilla también indicó que la afluencia de venezolanos a las oficinas de Migraciones se ha incrementado en los últimos días para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) después de que se adelantaran los plazos válidos para solicitarlo, del 31 de diciembre al 31 de octubre.
El superintendente detalló que 93.000 venezolanos ya se han acogido al PTP, documento especial que permite residir de manera regular en el país, firmar contratos de trabajo y estudiar.
Asimismo, Migraciones tiene otras 100.000 solicitudes de PTP en proceso, de las que el 70% están a la espera recibir la ficha de canje de la Interpol, documento que garantiza que el solicitante no tiene orden de captura internacional.
En la sesión de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores también intervinieron el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y el jefe de la Interpol en Perú, Ángel Merino.
Perú es el segundo país que más inmigrantes venezolanos ha recibido en los últimos meses, solo por detrás de Colombia, que bordea el millón.
Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según advirtió esta semana la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.
El Gobierno nacional ha puesto en marcha el plan «vuelta a la patria» para que sus emigrantes regresen al país mediante puentes aéreos, como las dos aeronaves que llegaron a Lima en las últimas semanas para llevarse en total 180 pasajeros que se acogieron voluntariamente al ofrecimiento de volver a Venezuela.

El papa Francisco instó a la iglesia de Venezuela a seguir ayudando “al pueblo que sufre”, en particular a los que emigran, al término de una reunión en el Vaticano con los 42 obispos de ese país, azotado por una grave crisis social y económica.

“La palabra que llevamos del papa en el corazón es la de mantener la cercanía con los que más sufren (…) y  activar nuestras diócesis para atender las necesidades”, aseguró a la prensa monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, al término de la reunión.

El papa, que conversó por casi dos horas con los obispos venezolanos, que celebran después de nueve años la tradicional visita “ad limina” al pontífice y al Vaticano, los invitó también a “desprenderse de las propias categorías” y a trabajar “hacia el futuro”, dijo.

El religioso, que en julio denunció la “perversa ideología” del gobierno socialista de Nicolás Maduro, que ha dejado a niños y ancianos desnutridos, generado la hiperinflación, y varias oleadas de personas obligadas a salir del país, evitó emplear esos términos ante la prensa en Roma.

“Hay un quiebre del alma del pueblo venezolano”, aseguró el religioso al describir la crisis social y económica de su país.

“Podemos estar o no de acuerdo con el sistema político, lo importante para nosotros es salvaguardar la libertad del pueblo venezolano, promover su dignidad y defender los derechos humanos”, resumió Azuaje, arzobispo de Maracaibo.

“Que haya un desarrollo humano sostenible en el tiempo, en el que todos tengan cabida, que haya participación”, añadió.

EEUU presiona en la ONU para aislar al régimen corrupto de Maduro

Estados Unidos presionó hoy en Naciones Unidas al resto del mundo para que deje de cooperar con el Gobierno de Venezuela, acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar un «régimen corrupto» que amenaza la estabilidad regional.

«Cualquier país que hace negocios con Maduro y su Gobierno está dañando a propósito a los venezolanos», aseguró la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

La diplomática presidió una reunión informal del Consejo de Seguridad, organizada por la delegación estadounidense para analizar la crisis venezolana, que habitualmente no figura en la agenda de este órgano.

EE.UU. ligó la cita a una sesión oficial, celebrada unas horas antes, sobre los vínculos entre la corrupción y el estallido de conflictos.

Según Haley, «Venezuela es una llamada de atención» para el mundo sobre la necesidad de actuar frente a la corrupción, pues ese tipo de comportamiento por parte de autoridades termina desembocando en problemas internacionales.

«Hemos estado hablando de Venezuela desde hace mucho tiempo, ahora tenemos que hacer algo sobre Venezuela», avisó.

La diplomática apuntó, en concreto, a los países que «están dando apoyo a Maduro» y a aquellos que se están enriqueciendo gracias al régimen: «tenemos que decir que ya basta», insistió Haley.

EE.UU. pidió al resto de Estados que sigan su ejemplo e impongan sanciones a funcionarios venezolanos, que les impidan el uso de sus estructuras financieras y que investiguen movimientos sospechosos de capitales.

También llamó a buscar fórmulas para romper el «control» que ejerce el Gobierno sobre la población gracias a la distribución de alimentos y medicinas y solicitó que se detenga cualquier financiación a las autoridades y empresas públicas, pues esos fondos terminarán siendo «robados».

Las recomendaciones las hizo el subsecretario del Tesoro para Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, que denunció ante el Consejo de Seguridad la «cleptocracia» en la que se ha convertido Venezuela.

«Bajo Maduro, la malversación, la corrupción y el fraude se han convertido en toda una política económica, destinada a mantener la lealtad de figuras del régimen que apoyan su continuidad», subrayó.

Entre otras cosas, Billingslea acusó al Gobierno de estar explotando ilegalmente los yacimientos de oro del país para su propio beneficio y de «robar» del sistema de distribución de alimentos a la población, articulado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En la sesión intervino además la directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, quien denunció que el país es «el ejemplo perfecto de la gran corrupción», con responsabilidades al más alto nivel y total impunidad.

Varios países miembros del Consejo de Seguridad tomaron también la palabra durante la reunión para dejar clara su preocupación por la situación venezolana.

Entre quienes no participaron destacaron algunos como Rusia, China o Bolivia, que el año pasado ya boicotearon una reunión parecida organizada por EE.UU. y que defienden que la cuestión de Venezuela es un asunto interno, que no presenta una amenaza internacional y que, por tanto, no debe tratarse en el Consejo de Seguridad.

La semana pasada, esos y otros países rechazaron con los mismos argumentos la decisión de EE.UU. de llevar ante el Consejo la situación en Nicaragua.

Haley, mientras tanto, defendió que es obvio que la crisis en Venezuela está teniendo un impacto fuera de las fronteras, principalmente con el éxodo masivo de venezolanos a países como Colombia, Perú, Brasil y Ecuador.

Además, aseguró que problemas regionales como el tráfico de drogas están agravándose por el «Gobierno corrupto de Venezuela» e insistió en que el Consejo de Seguridad «debe hacer más» para responder a la amenaza que emana del país.

Haley, además, acusó a Venezuela de tratar de usar cualquier vía a su alcance para tratar de «distraer» de la situación del país.

La diplomática se expresó así al ser preguntada por los periodistas por las supuestas reuniones mantenidas por funcionarios estadounidenses con militares rebeldes venezolanos para discutir un posible golpe de Estado, de las que informó este fin de semana el diario The New York Times.