Internacional

Acceso a la Justicia, el observatorio venezolano de la justicia, insiste en que el gobierno debe aceptar al menos una parte de las recomendaciones presentadas a Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, resaltando que 12 países se refirieron a la falta de independencia de los poderes del Estado venezolano. «El  gobierno de Nicolás Maduro no puede ocultar la crisis», resalta la organización en un comunicado.

El pasado 1º de noviembre tuvo lugar en Ginebra la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. En la misma 103 países tomaron la palabra para realizar preguntas y recomendaciones en materia de derechos humanos a la delegación venezolana.

Debido a las reglas del EPU, dada la cantidad de países interesados en intervenir, cada uno de ellos contó con apenas un minuto y diez segundos de participación, por lo que no hubo oportunidad de profundizar en casos específicos ni de elaborar argumentos, sino que debieron limitarse a resaltar aquellos temas que resultaban más importantes a los ojos de cada país.

En este contexto, 20 países mostraron su preocupación por la falta de independencia de los poderes del Estado en nuestro país y doce de ellos hicieron referencia explícita a la necesidad de tomar medidas en favor de la independencia judicial; incluyendo a delegaciones con orígenes culturales, geográficos y de posturas políticas tan disímiles como Namibia, Corea del Sur, Brasil y Francia.

La delegación de los Países Bajos (Holanda) fue incluso más precisa al recomendar asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales eliminando la provisionalidad. De modo similar, la representación israelí expresó preocupación por la falta de acceso a la justicia en nuestro país y Guatemala recomendó garantizar la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.

Otro tema recurrente fue la solicitud de aceptar las visitas pendientes de representantes de procedimientos especiales de la ONU, ya que según datos de la misma organización durante los años 2015 y 2016 Venezuela ha rechazado la visita de 10 relatores especiales, y la última visita de expertos a nuestro país fue en 1996. Uruguay fue un poco más allá, sugiriendo que se valore la posibilidad de “extender una invitación abierta y permanente a los órganos regionales e internacionales de protección de derechos”; el Reino Unido instó a que se invitara a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a efectuar un viaje oficial a Venezuela en noviembre de 2017.

Parece claro entonces que, pese a que el Estado venezolano ignoró completamente el tema en su reporte nacional, existe preocupación de la comunidad internacional por el estado actual de la justicia en nuestro país.

Esto lo confirma el hecho que también los estados hicieron referencia al respeto a la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, el control de la impunidad y el cese de las detenciones arbitrarias. Es evidente que todos estos problemas están íntimamente ligados a la inexistencia de un Poder Judicial independiente e imparcial, y en ese sentido terminan siendo evidencia adicional del estado de la Justicia en nuestro país.

Finalmente, y aunque no esté directamente relacionado con la Justicia, vale la pena destacar que un grupo importante de países pidió al gobierno mostrar qué está haciendo para resolver la escasez y el desabastecimiento de productos, tanto a nivel de alimentos como de medicinas. Canadá, además, pidió la eliminación del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), denunciado por Provea como una “razzia de pobres”.

¿Qué pueden hacer los venezolanos?

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno por evitar el tema de la independencia del Poder Judicial, las recomendaciones que recibió en el EPU muestran que la preocupación sobre este tema ha crecido fuera de nuestras fronteras, confirmando que el problema realmente existe y que no es una mentira o un intento deliberado de atacarlo políticamente.

Ahora el Estado (representado por el gobierno en estas instancias) deberá decidir qué recomendaciones acepta y cuáles “anota”. La historia reciente en esta materia, lamentablemente, no permite tener muchas expectativas ya que en la edición pasada del EPU todas las recomendaciones relativas a la Justicia fueron rechazadas (figura que existía en ese momento, ahora se “anotan” las que no se aceptan).

Por ello, los ciudadanos debemos presionar y hacer seguimiento para que esta vez no suceda lo mismo; porque si bien una buena administración de Justicia no es la solución directa a nuestros problemas, es imposible resolverlos sin ella.​

El portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU habló sobre el Examen Periódico Universal, en el que fue evaluada Venezuela junto a otras 11 naciones la semana pasada. Dijo que el Alto Comisionado es consciente de que es muy difícil llevar las palabras a la acción: “Este es un proceso que está en manos de los Estados y está en sus manos cumplir las promesas que asumen voluntariamente”. Considera que la labor de los periodistas y de la sociedad civil es crucial para que el Estado sienta sobre sí la presión de llevar a la realidad las promesas de respetar los DD HH

Maruja Dagnino, Ronna Rísquez, Gitanjali Wolfermann, Maru Morales P., Juan Francisco Alonso y Edecio Brito

GINEBRA, SUIZA-. ES CAUTELOSO AL RESPONDER. Se cuida de no salirse de su roll diplomático.  Sentado en medio de uno de los salones de la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos, hace algunas consideraciones generales sobre la situación de DD HH que se vive en algunos países. No entra en detalles, ni calificativos. Evita hacer menciones sobre una nación específica y suelta una advertencia:

“Lo primero que quiero aclarar es que yo soy el portavoz del Consejo y trabajo con muchos periodistas aquí prestándoles apoyo a través del Consejo para que reciban la información que sea necesaria. Yo trabajo en la oficina del Alto Comisionado, que es mi jefe. En la oficina del Alto Comisionado hay una sección que se llama la Secretaria del Consejo, yo no trabajo para ningún Estado sino para el Consejo por lo que no represento ni hablo por ninguno de los 47 Estados que integran el Consejo sino como miembro del Secretariado. Adicionalmente quiero indicar que no puedo comentar sobre los detalles de cada país”.

Luego de esa precisión, Rolando Gómez inicia una improvisada y breve rueda de prensa con periodistas venezolanos que viajaron a Ginebra para cubrir el II Examen Periódico Universal de Venezuela, que evaluó la situación de los derechos humanos en el país.

-¿Cómo ve la oficina del Alto Comisionado que países que son miembros del Consejo de DD HH no brindan suficiente colaboración con el mecanismo, que cuando acuden al EPU rechazan o no aceptan de entrada el grueso de las recomendaciones que otros países le formulan?

-Es una enorme responsabilidad para los 47 países que integran el Consejo de DD HH el hecho de estar ahí porque por el hecho de ser miembros deberían trabajar por alcanzar los máximos estándares en DD HH. No solamente es el caso de Venezuela sino es el caso de cualquier otro Estado miembro como Cuba, Arabia Saudita, China, cualquiera. Es importante tener en cuenta que no son solo los estados del Consejo los que deben trabajar por mantener altos estándares de DD HH sino la totalidad de los estados de la ONU. El Alto Comisionado es consciente de que es muy difìcil llevar las palabras a la acción. Una cosa es comprometerse aquí a hacer determinados cambios, a aceptar determinadas recomendaciones y otra implementar y poner en marcha en el terreno estas recomendaciones. Pero el EPU es una oportunidad para mostrar los avances y retomar las promesas que se han hecho en DD HH en la ocasión anterior que es el caso de Venezuela que está enfrentando su segundo ciclo.

Es por eso que es tan importante la labor de los periodistas y de la sociedad civil. Esa labor es crucial para que el Estado sienta sobre sí una presión de llevar a la realidad esas promesas. Es como ponerle un reflector de frente al estado para que no haya manera de que los violadores y los perpretadores de abusos de los DD HH logren meter debajo de la alfombra el desastre que armen, sino que tengan una vigilancia y un control de lo que se ha hecho en DD HH.

-La atención que los medios colocan sobre los Estados es vital para persuadirlos de cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos; pero ¿hay mecanismos oficiales que el Consejo de Derechos Humanos puede implementar para asegurarse de que los países acaten los compromisos que asumieron en el EPU?

-Esta es una pregunta recurrente. Los Derechos Humanos son un concepto abstracto, no es como el trabajo que se realiza desde el punto de vista humanitario o para el mantenimiento de la paz donde las Naciones Unidas van al terreno y realizan un trabajo tangible. En el caso del Consejo de Derechos Humanos no es igual. No hay ningún mecanismo para imponer el cumplimiento de los compromisos; lo único que existe es el poder de la persuasión y el poder de la transparencia, que es una herramienta increíblemente importante y nunca debe ser subestimada. Nosotros hemos visto resultados que se logran solo a través de poner el foco de manera incesante sobre situaciones puntuales y los Estados han hecho cambios; así que aunque el Consejo de Derechos Humanos no puede por sí mismo imponer sanciones para que los Estados asuman sus compromisos y acepten las recomendaciones, sí podemos seguir poniendo el foco y mantener la atención sobre esas situaciones.

Gómez hizo énfasis en la importancia de la existencia de esta instancia como mecanismo para ventilar y dar a conocer los problemas de derechos humanos. “El escenario de las Naciones Unidas -a través del Consejo de Derechos Humanos-, es un escenario único donde se discuten temas y situaciones que normalmente no se abordan en otros escenarios. Si no fuera por ese espacio, muchos temas sensible no se discutirán en lo absoluto y creo que ese es un mensaje clave que las personas deben tomar en consideración”.

–¿Fue satisfactorio para el  Consejo el informe del Estado venezolano? ¿Cómo recibieron el informe respecto a su confiabilidad, tomando en cuenta que diferentes oficinas de la ONU han reportado los diversos problemas que enfrenta el país en materia de tortura, detenciones arbitrarias, libertad de expresión, crisis alimentaria y de medicamentos? ¿Consideran que ese informe del Estado se compadece con la realidad?

-Diré que esto es un proceso que está en manos de los Estados y que está en manos de los Estados cumplir las promesas que asumen voluntariamente. No hay un mecanismo para forzarlos. No puedo hablar sobre el progreso específico de Venezuela. Lo que sí puedo decir es que el alto comisionado ha hablado y lo va a seguir haciendo sobre la situación de Venezuela como lo ha hecho con muchos otros países. Si hay una razón para hablar alto, si hay una violación o la percepción de la violación de un derecho, el alto comisionado hablará, los expertos hablarán, la comunidad internacional responderá a eso. Pero al final del día es responsabilidad del Estado, cualquiera que sea, Venezuela en este caso pero todos los 193 estados han estado sometidos al EPU y es su responsabilidad implementar las promesas que ellos hacen en materia de derechos humanos para la mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Pero todo lo que podemos hacer es seguir poniendo la presión sobre ellos pero esta en sus manos hacer los cambios.

-La ONG UN Watch solicitó al Consejo que determinara la legalidad y fiabilidad de las 519 ONG que rindieron su reporte para el EPU de Venezuela. Ellos alertan que algunas de esas ONG ni siquiera tienen que ver con derechos humanos ¿Tiene previsto el Consejo dar una respuesta? ¿Es esa revisión competencia del Consejo?

-Lo primero que tengo que decir es que UN Watch tiene estatus consultivo para la ONU como muchas otras. Ellos han hecho muchas críticas acerca de las ONG que hacen los reportes o sobre quiénes apoyan a estas ONG para hacer los reportes, pero lo importante es que los insumos para el EPU son muy amplios. Se tienen tres reportes: el del Estado; el nutrido por los informes de las muchas ONG que puede incluir a UN Watch, Human Rights Watch, Amnistía y por supuesto las ONG locales; y el tercero que contiene las versiones de los expertos de la ONU que han hecho su trabajo sobre lo ocurrido en derechos humanos, en este caso en Venezuela. Lo importante es que los Estados hagan su tarea y lean todos los reportes y por supuesto, todos los Estados son libres de escoger y de defender la posición que quieran dentro de la perspectiva que les dan estos reportes. Las ONG son las que tienen que responder por el procedimiento que siguen y su procedencia.  

Países que cumplieron sus compromisos

-Periodistas acreditados aquí en la ONU nos comentaron que la exposición sobre los progresos en derechos humanos que inauguró Venezuela el día de su EPU al lado de la Sala 20 (donde se hizo el examen) había incumplido los procedimientos. Pero como nosotros desconocemos la burocracia de la ONU para estas actividades, quisiéramos preguntarle si Venezuela tenía autorización, si pidió permiso o no para instalar esta muestra.

-No estoy muy claro del procedimiento para autorizar este tipo de exposición, pero es algo usual. Es algo que varios Estados han hecho muy cerca de la fecha de su revisión, así que no es atípica esta exhibición del Estado. En el Palacio de las Naciones, solo los Estados y agencias de la ONU tienen derecho, es su prerrogativa hacer ese tipo de actividad.

-Aunque el EPU no implica sanciones físicas a los Estados que incumpla o no acepten las recomendaciones, ¿podría darnos un ejemplo, quizá esperanzador, de Estados que a lo largo de estos años hayan superado sus dificultades en el respeto a los Derechos Humanos a partir de las recomendaciones y del EPU.

-75 % de las recomendaciones del EPU son aceptadas por los Estados. ¿Pero cuántas son aplicadas en la práctica? Esto es un camino largo hasta lograr que los acuerdos de los Estados se materialicen y lleguen hasta la gente. Pero al menos existe esta vía. Uruguay aceptó todas sus recomendaciones en materia de reforma carcelaria. Se hizo la reforma carcelaria, se mejoraron las condiciones de reclusión y se hicieron programas para los reclusos. También Indonesia se comprometió a hacer una ley contra la violencia doméstica y lo cumplió antes de que le correspondiera su siguiente EPU. Maldiva se le sugirió hacer una ley sobre la libertad de religión y se promulgó una ley de libertad de culto.

-¿Qué necesita el Consejo para seguir en su lucha por la defensa de los Derechos Humanos?

-Necesitamos diálogo y cooperación. Con los Estados y con la sociedad civil. La sociedad civil son nuestros ojos y nuestros oídos. Un ejemplo es Siria, donde la ONU no puede acceder y el reporte se hizo con los testimonios de mujeres y hombres que han sido víctimas de la violencia.

Pero insistió en que “la responsabilidad final es de los estados. Son los que pueden implementar políticas para la protección y garantía de los DD HH”.

-¿En el caso Venezolano ha sentido el Consejo ese nivel de transparencia y diálogo en cuanto a que el Estado haya pedido ayuda o al contrario se ha cerrado? ¿Entre el extremo de Siria que usted comenta como un Estado que se ha cerrado y el de Timor del Este que se ha abierto completamente, en qué punto se encontraría Venezuela?

-No puedo comentar específicamente sobre los países como sabes pero si puedo decir que sería muy bueno que el ejemplo de Timor fuera más común y que muchos otros Estados fueran así de genuinos al comunicarse con el Sistema y admitieran sus problemas. Y también que hablen las cosas positivas porque no es todo negativo, hay muchas cosas pasando en tu país, en mi país, en todos los países. No debería ser únicamente acerca de señalar y acusar sino de las mejores prácticas, de cooperar, y hay mucho que aprender de esos ejemplos, mucha inspiración (Timor del Este, Moldavia y Sudán del Sur). Los signos de una sociedad civil saludable son los signos de la libertad de prensa, la libertad de asociación y protesta en las calles, donde la gente pueda salir y hablar libremente, manifestarse libremente. Siempre es importante traer esos temas a colación de manera franca para la cooperación.

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff dijo este viernes en Montevideo que si el Mercosur aplica la cláusula democrática a Venezuela para expulsarlo del bloque también se debería aplicar a Brasil.

“O tenemos una regla para todos o no. Es muy interesante esta historia de aplicar la cláusula solo a países que tienen determinadas características”, criticó Rousseff durante una rueda de prensa previa a su participación en la charla “Yo defiendo la democracia”, en la sede de la coalición oficialista uruguaya, el Frente Amplio.

Así, pidió coherencia con relación a la aplicación de la cláusula democrática, ya que Brasil no sufrió sanciones tras el “golpe parlamentario” que la apartó a ella del poder, argumentó.

Y respecto a la situación de Venezuela, defendió el diálogo previo y el envío de “delegaciones oficiales” que busquen una “salida pacífica” para la situación antes de aplicar sanciones.

Además, manifestó que la participación de Venezuela en el bloque “tiene sentido porque es un país de 45 millones de habitantes que, dentro de un proceso de integración, constituye un gran mercado”.

El pasado 24 de octubre, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo estar muy “preocupado” por la crisis política que vive Venezuela e indicó que “en estos términos” el país presidido por Nicolás Maduro “no puede ser parte del Mercosur” ya que allí “no se están respetando los derechos humanos”.

En esa misma instancia, el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, que realizaba una visita oficial a su par argentino, anunció que el Mercosur celebrará una reunión para discutir si se aplica la cláusula democrática sobre Venezuela.

Por otro lado, con relación al acuerdo comercial que se negocia entre la Unión Europea (UE) y cuatro de los cinco países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -Venezuela se mantiene al margen pos decisión propia-), Rousseff destacó que el mayor reto es la falta de voluntad de “determinados países”.

“Irlanda, Francia y Polonia no quieren el acuerdo entre la UE y el Mercosur porque consideran que sus productos agrícolas serían perjudicados, y no podemos concretar este tratado sin considerar los lácteos y todos nuestros demás productos que son competitivos”, precisó.

El candidato demócrata a vicepresidente de Estados Unidos, Tim Kaine, dijo hoy que su país y otras naciones de la región deben presionar para que se respeten los derechos civiles y políticos en Venezuela.

La fórmula a la Vicepresidencia de la candidata demócrata Hillary Clinton señaló que es necesario que Estados Unidos «empuje» al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «a respetar los derechos de todos».

«Necesitamos en los Estados Unidos apoyar a la gente y trabajar juntos, especialmente con otras naciones en las Américas para empujar el gobierno de Venezuela a respetar los derechos de todos», expresó Kaine en español en una entrevista, vía telefónica desde Arizona, con una radio del sur de Florida.

Tras las suspensión hace dos semanas del proceso previo a un referendo que buscaba revocar el mandato de Maduro, la crisis política en Venezuela se ha agudizado, mientras la oposición busca reactivar dicho plebiscito o convocar elecciones adelantadas.

El senador por Virginia, que durante su juventud vivió como misionero en Honduras, aseguró a la Radio Actualidad de Miami que los venezolanos necesitan el apoyo de EE UU.

«Eso es un desastre en Venezuela, porque el Gobierno no está respetando los derechos de la gente, que tiene sus opiniones propias sobre la dirección del país», manifestó.

El demócrata, quien este jueves ofreció en Phoenix (Arizona) su primer discurso íntegro en español, cuestionó además que el gobierno de Maduro «no ha manejado bien la economía».

La campaña de Clinton ha enfatizado que tendrá una posición más «vocal o robusta» en los temas de democracia y derechos humanos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela y Cuba, y que para ello contarán con la ayuda estratégica de Kaine.

El candidato, que viajará hoy a Florida, posee también una estrecha relación con Latinoamérica desde sus años de juventud, cuando vivió en Centroamérica.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que la principal tarea de la iniciativa de mediación en Venezuela es convencer al Gobierno de Nicolás Maduro de que respete la Constitución y reactive el proceso del referéndum revocatorio.

“La mediación más importante es convencer al Gobierno de que respete la Constitución, no la mediación entre el Gobierno y la oposición”, afirmó hoy Almagro en una conferencia latinoamericana en la Universidad de Georgetown.

“El problema de Venezuela es que el Gobierno no respeta la Constitución. El obstaculizar el derecho de la gente (a votar en un referendo revocatorio) está fuera de lugar. Y tienen prisioneros políticos”, agregó.

El ex canciller uruguayo advirtió asimismo que la nueva mediación auspiciada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano debe lograr “resultados” porque Venezuela “no tiene tanto tiempo para experimentar”.

“Las consecuencias del llamado ‘diálogo’ de los últimos meses (liderado por Unasur y tres ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana) fueron devastadoras para el sistema político de Venezuela. Se consolidó un ‘status quo’ con prisioneros políticos”, consideró.

Ese diálogo “no tenía agenda”, al contrario del nuevo en el que sí hay una, existen mesas de trabajo y está presente la “fuerza del Vaticano”, “un poder más neutral”, describió Almagro.

El directivo máximo de la OEA considera que “los resultados” de la nueva mediación no tienen por qué tardar mucho, ya que, por ejemplo, puede reactivarse sin demora el referendo revocatorio suspendido y liberar a presos políticos.

“Mi principal preocupación es que el referendo está suspendido, tiene que volver a la vida. Que se declare que sigue el procedimiento”, indicó.

Mientras tanto, la comunidad internacional debe, a su juicio, “mantener la presión” sobre el Gobierno de Venezuela porque la comunidad internacional es clave “para restaurar la democracia en cualquier lugar”.

“Hay que seguir denunciando (lo que está mal) para no darles (al Chavismo) una sensación de impunidad. Hubo sensación de impunidad durante ese diálogo (el de los ex presidentes) y más presos políticos”, concluyó.

Almagro ha sido desde que asumió el cargo en mayo de 2015 una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, con el que mantiene una gran tensión.

Estados Unidos sostuvo que el éxito del diálogo con la oposición venezolana depende del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«En muchos aspectos el gobierno tiene la llave del éxito de este diálogo porque es quien tiene a los presos, controla las organizaciones electorales que toman decisiones sobre las elecciones y es el que tiene que acceder a sentarse con los miembros de la sociedad civil y la oposición para determinar los próximos pasos que Venezuela puede tomar», dijo el subsecretario de Estado Thomas Shannon.

En una conferencia de prensa en el Departamento de Estado tras visitar Caracas a comienzos de semana, Shannon calificó el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela -que es mediado por el Vaticano- como la «última oportunidad importante» para alcanzar una solución negociada a la crisis política que atraviesa el país caribeño.

At today’s press briefing, Under Secretary Shannon spoke to the press about his recent trip to #Venezuela. https://t.co/uvTknlEE9Z

— Department of State (@StateDept) 4 de noviembre de 2016

El funcionario advirtió que de fracasar esa iniciativa Venezuela quedaría en un escenario «impredecible» y «peligroso» en el que el gobierno y la oposición tendrían que medirse según la cantidad de personas que puedan movilizar en las calles.

“Este diálogo tiene una oportunidad y en este punto es la única medida que se puede hacer (…) es impredecible saber lo que va a ocurrir con la negociación. Es el último juego. Este diálogo es frágil pero hay oportunidades de una solución pacífica entre las partes”, dijo.

El gobierno y sus adversarios acordaron el domingo la instalación de varias mesas de trabajo para evaluar propuestas antes de un nuevo encuentro el 11 de noviembre.

La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones, ha dicho que entre sus exigencias en el proceso de diálogo están la restitución del proceso de referendo del mandato de Maduro y la liberación de los opositores presos.

La presidenta Michelle Bachelet criticó el viernes a los organizadores de una protesta nacional contra las bajas pensiones chilenas.

Éste fue aprovechado por encapuchados que obstaculizaron el transporte público con barricadas incendiarias ocasionando un caos extenso en Santiago.

«Las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana. La violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional», se lee en la cuenta de Twitter de la mandataria.

Luis Mesina, líder del movimiento «No+AFP», respondió por la misma red social: «si las marchas pacíficas hacían más claras la voz por mejores pensiones, por qué después de dos meses aún no nos responde?».

Bachelet recibió a Mesina y a otras agrupaciones interesadas en los cambios el 31 de agosto.

El grupo que lidera el rechazo a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, ha congregado centenares de miles de personas en tres marchas en demanda de reformas profundas al sistema que entrega decenas de miles de jubilaciones cuyos montos son incluso inferiores al salario mínimo de 257.000 pesos, unos 390 dólares.

Las marchas obligaron a Bachelet a ocuparse del tema, que había dejado pendiente para el próximo gobierno, y hace casi un mes anunció el envío al congreso un proyecto para crear una AFP estatal y un aporte patronal del 5% en los próximos diez años. Los críticos demandan volver al sistema antiguo de reparto, que implicaba que el Estado sustentaba el grueso de las jubilaciones.

Temprano la policía antimotines dispersó con chorros de agua y gases lacrimógenos a encapuchados que lanzaban bombas incendiarias desde el interior de una sede universitaria y en importantes avenidas, mientras las barricadas obstaculizaron el tránsito, creando un gran caos en las primeras horas.

«Hay actos que por supuesto nosotros no compartimos», enfatizó Mesina, que recordó que el llamado era no acudir al trabajo y manifestarse en plazas públicas.

A la paralización se sumaron los empleados estatales, quienes no trabajan desde hace ocho días para presionan por un reajuste salarial superior al 3,2% ofrecido por Bachelet y que fue rechazado en el Congreso, incluso por los parlamentarios oficialistas.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, precisó que en Santiago y el interior se levantaron 27 barricadas y anunció querellas contra quienes quemaron dos autobuses del transporte público e intentaron incendiar dos más.

Por la noche, «No+AFP» convocó a un gran cacerolazo, donde la gente se une para hacer sonar ollas y trastos metálicos en grupo.