La Fiscalía del Estado está a pocas horas de emitir una nueva instrucción fiscal contra el ex legislador de Pachakutik, Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio, a petición del presidente Rafael Correa. De esta nueva acción judicial, fueron notificados Emilio Álvarez y Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a través del abogado Ignacio Boulin Victoria, quien a nombre de Villavicencio, solicita se observe la conducta del gobierno de Ecuador.

El documento ingresado vía electrónica a la CIDH en Washington, señala: “Por medio del presente, envío para su información recientes hechos relativos a la situación de Fernando Villavicencio, uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 30/14, otorgadas contra el Estado de Ecuador. El Sr. Villavicencio ha sido nuevamente atacado por el Presidente Correa, quien además ha incitado a los fiscales a perseguirlo penalmente, violando las medidas cautelares vigentes.“

En una acción de evidente intromisión del Ejecutivo en la Fiscalía, la formulación de cargos es preparada con rapidez por la asesora fiscal Elizabeth Gaibor conjuntamente con los abogados de la Presidencia, Diego Guarderas y Pedro Espinosa, luego que el presidente Rafael Correa llamó la atención a esa entidad, en su enlace 467 del 19 de marzo de este año.

El pedido de Correa fue una reacción a las declaraciones del 14 de marzo, en las que Fernando Villavicencio junto al precandidato presidencial Guillermo Lasso, anunciaron la conformación de una comisión de la verdad que fiscalice la administración de  Rafael Correa.

En el citado enlace sabatino, el mandatario llamó la atención a la fiscalía para que impulse una nueva instrucción fiscal: “Es gravísimo el tema del hackeo y no sé porque no ha avanzado esa instrucción fiscal, como un ciudadano mas exijo celeridad en la justicia, se está demorando la justicia, tuvimos un hackeo, gravísimo, a las cuentas de la presidencia, del asesor jurídico, se han hecho investigaciones, se tienen fuertes indicios pero todo está paralizado, por favor, como un ciudadano mas, si pueden acelerar un poquito –han pasado hace tiempo los tiempos legales para la investigación fiscal, este caso, cómo un ciudadano cualquiera tiene derecho a recibir justicia oportuna, nuestras cuentas fueron hackeadas, hay fuertes indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso”.

El hackeo al que se refirió el presidente Correa se fundamentó en los violentos actos realizados por el Estado la noche del 26 y madrugada del 27 de diciembre de 2013, cuando elementos de elite de la policía ingresaron a la fuerza y allanaron la vivienda de Villavicencio. Los agentes de la fuerza pública se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. El operativo se ejecutó en presencia de sus dos hijos menores y su esposa, y durante el allanamiento no se le permitió contar con la presencia de su abogado defensor.

Simultáneamente, dentro del mismo “Acto Urgente“ y en ausencia del Legislador Jiménez, fue allanado su despacho en la Asamblea Nacional. Al día siguiente el operativo se cumplió en el domicilio del Asambleísta. Los allanamientos fueron pedidos por la Presidencia de la República y ordenados por el Juez de la Corte Nacional Jorge Blum y el Fiscal General, Galo Chiriboga.

Horas después del hecho el Presidente Rafael Correa reveló a los medios de información que tenía en sus manos las evidencias encontradas tanto en la casa de Fernando Villavicencio, como en las oficinas de la Asamblea Nacional y el domicilio del entonces legislador Cléver Jiménez. El Presidente Correa atacó públicamente a Villavicencio acusándolo de hackear su cuenta de correo electrónico y otras de varios funcionarios del gobierno, durante meses, y aseguró -sin demostrarlo- que en el allanamiento a su domicilio se habrían encontrado “cosas terribles“, pruebas contundentes del espionaje de alto nivel.

Pero los pronunciamientos de Correa solo confirmaron la violación del debido proceso, la vulneración de la cadena de custodia, al haber accedido a las supuestas pruebas, que debían permanecer bajo custodia exclusiva de la Fiscalía.

Luego el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, confirmó la falsedad de sus acusaciones, al afirmar que quien había hackeado los emails de la Presidencia, había sido la compañía petrolera Chevrón.

La fiscalía nunca determinó la existencia de un delito en el supuesto hackeo, de hecho el presidente Correa aseguró que el entonces asambleísta Jiménez “no podía encender una computadora”. Pero la fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de “uso indebido de información” al haber revelado documentos sensibles de la presidencia.

Hoy el gobierno pretende acusar a Jiménez y Villavicencio de difundir supuesta información reservada. Pero, de hacerlo se les puede revertir la situación, toda vez que tendrían que procesar a diario El Telégrafo y su director Orlando Pérez, quienes obtuvieron de forma fraudulenta los correos electrónicos de la ex asambleísta Martha Roldós, con el agravante de que ellos sí difundieron los emails íntegros, algo que Jiménez y Villavicencio jamás hicieron.

El supuesto hackeo se basó en la información que Cléver Jiménez, en el estricto derecho  de sus actividades como legislador, solicitó a la Procuraduría General del Estado sobre un posible conflicto de intereses en la contratación del estudio jurídico internacional Foley Hoag para defender al Ecuador. Foley Hoag también defendió los intereses de Chevron en Birmania.

El pedido de Correa a la fiscalía tiene como objetivo evitar que Jiménez y Villavicencio participen en las elecciones de 2017. La emisión de una instrucción fiscal y la acusación de un juez penal los inhabilitaría para participar como candidatos a cualquier cargo de elección popular.