El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes de enero de 2015 al menos 518 protestas. Equivalente a 17 protestas diarias en todo el país. 16% más que en enero de 2014 cuando fueron 445.

Los índices registrados en este mes revelan que los conflictos y la protesta social se mantienen y van en aumento.

Históricamente en el primer mes del año los índices de protesta son bajos, debido a que usualmente el país se reactiva prácticamente comenzando la tercera semana de enero, luego de las fiestas de navidad y año nuevo. Sin embargo, en años recientes se observa que la frecuencia de protestas registrada en enero es alta.

Enero 2015 registró un importante número de protestas, superando al mismo mes de los 4 años anteriores.

Se destaca que casi el 80% de las acciones de calle y conflictos documentados en este mes estuvo relacionado con derechos sociales.

Las protestas se orientaron hacia:

1. Rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene 147 (28%)

2. Derechos laborales 134 (26%)

3. Solicitud de vivienda y servicios básicos 113 (22%)

4. Demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, derecho a la justicia 79 (15%)

5. Rechazo al gobierno 28 (6%)

6. Exigencias educativas 17 (3%)

Las protestas para exigir el derecho humano a alimentación y en rechazo al desabastecimiento y escasez de alimentos, productos de higiene personal y medicinas continúan en ascenso desde el segundo semestre de 2014.

El gobierno nacional no ha conseguido la fórmula para solventar la compleja situación de desabastecimiento y escasez de productos, consecuencia del modelo económico desarrollado en el país, que ha derivado en una grave crisis caracterizada por una marcada dependencia de las importaciones, un debilitamiento progresivo del aparato productivo nacional y altos índices de inflación, a la par del impacto que tiene para la economía venezolana la caída de los precios del petróleo, principal generador de divisas, entre otros factores.

En relación a las protestas de calle rechazando la escasez y desabastecimiento el OVCS ve con mucha preocupación el aumento de actos vandálicos en contra de abastos, supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones. Tan solo en el mes de enero se registraron al menos 12 saqueos y 19 intentos de saqueo.

Persisten las protestas en el mundo laboral

Observamos igualmente que los conflictos laborales se mantienen. La difícil situación que atraviesa el país en términos económicos afecta también al sector privado de la economía. Cada vez son más las protestas que protagonizan trabajadores de ese sector, ya sean por reivindicaciones laborales o por causas asociadas a la escasez de materia prima que incide directamente en el funcionamiento de sus centros de trabajo, y suman sus reclamos a la de los trabajadores y empleados del sector público, que tradicionalmente han sido y son los que más protestan.

El OVCS ante la resolución 008610

El OVCS también ve con gran preocupación que ante el aumento sostenido de los conflictos y la protesta social en Venezuela, la respuesta del Estado sea el aumento de la represión empleando la fuerza pública. Así como el desarrollo y consolidación de una andamiaje jurídico dirigido a judicializar el derecho a la manifestación pacífica, que tiene su principal expresión en lacriminalización de la protesta y la apertura de juicios penales a luchadores sociales, trabajadores, sindicalistas, vecinos y estudiantes. Al respecto, el pasado 27.01.15 fue publicada en la Gaceta oficial numero 40.589 la resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) mediante la cual formaliza la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Fanb) en el control de manifestaciones, autorizando el “uso de la fuerza potencialmente mortal” en las mismas. El OVCS Considera que la resolución 008610 es un salto atrás en materia de garantía y respeto a los derechos humanos, su entrada en vigor viola el artículo 68 de la CRBV que establece “se prohíbe el uso de armas de fuego en el contexto de manifestaciones pacíficas”. Por lo tanto, es una medida inconstitucional que va en contra de la dignidad y el espíritu democrático de quienes salen a las calles a conquistar derechos y exigir reivindicaciones de manera pacífica.

ConflictoVE

A un año del inicio de las pro- testas acontecidas en Venezuela durante el primer semestre de 2014, es necesario realizar un balance sobre el desempeño de las instituciones en materia de derechos humanos.

Entre febrero y mayo de 2014 se registraron 3.127 detenciones arbitrarias. La cifra incluye principalmente a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de tribunales. Del total de aprehendidos, cerca de 80 procesados permanecían privados de libertad, unos 2.000 están con medidas cautelares, y otros 400 tuvieron libertad plena. A partir de agosto de 2014, el Ministerio Público ordenó el archivo fiscal o solicitó el sobreseimiento en más de 20 causas, que afectaban acerca de 700 personas; algunas de estas causas no han sido aún decididas por los tribunales.

En cuanto a los juicios que permanecen abiertos, se ha constatado una preocupante demora, con constantes diferimientos de audiencias. Hay casos, como el de Rosmit Mantilla, en el que la audiencia fue diferida en 10 ocasiones. A comienzos de febrero, algunas audiencias no se habían realizado, por retardo injustificado del Ministerio Público o por el ya recurrente “no hay despacho” de los tribunales.

En el caso de las denuncias por tortura o trato cruel, la situación es más alarmante. El Ministerio Público dio a conocer algunos datos parciales que se actualizaban con cierta periodicidad. Sin embargo, en junio de 2014, la institución presentó un informe titulado Resultados de las manifestaciones violentas febrero ­ junio de 2014; es el último recuento oficial. Por primera vez en este informe la Fiscalía usa expresamente el término “tortura”, que venía siendo omitido en todos sus informes anteriores, invisibilizando esta grave violación de derechos humanos.

Este informe señala que, hasta el 11 de junio de 2014, el Ministerio Público se encontraba adelantando 2 investigaciones por tortura y 185 por trato cruel. Se omite información sobre el perfil de las víctimas y sobre los órganos de adscripción de los presuntos responsables, asunto que había sido advertido por el Comité contra la Tortura de la ONU desde 2002.

De los casos registrados, se habrían producido 5 acusaciones, 22 sobreseimientos y 2 archivos fiscales por trato cruel, para un total de 10 funcionarios acusados.

No se señalan avances en los dos únicos casos conocidos por la Fiscalía por tortura. En presentación ante el Comité contra la Tortura en noviembre de 2014, el Estado ofreció nuevas cifras, que no reflejan mayores variaciones: 242 denuncias para 15 acusaciones en las que se encontrarían involucrados 121 efectivos de la GNB, de los cuales 5 han sido acusados. Vale destacar que en algunas denuncias que se encuentran “en investigación”, tras más de 10 meses, los funcionarios ni siquiera habían sido llamados a declarar, pese a estar plenamente identificados.

El paso del tiempo también conspira contra la preservación de pruebas, muchas de ellas ya perdidas a causa de una negligente cadena de custodia, presiones a los testigos y hasta a las víctimas.

Aunque el Centro de Derechos Humanos de la UCAB no lleva registros sobre las personas fallecidas, las fuentes consultadas confirman un cuadro de impunidad similar.

Lo que distingue a un país respetuoso del Estado de Derecho de uno que tolera o facilita la impunidad, no es la cantidad de hechos violatorios a los derechos humanos, sino la capacidad de activar la maquinaria estatal para investigar, sancionar y reparar tales violaciones. Esta maquinaria en Venezuela presenta serias fallas que apuntan a la impunidad.

ConflictoVE 

Por Lorena Marcano

Falta de reactivos representa el dolor de cabeza generalizado en las casas de educación superior autónomas

“La Universidad de Oriente fue la peor tratada”, dijo su rectora Milena Bravo

Por los vientos que soplan al sector universitario no le esperan meses muy prometedores. El presupuesto deficitario dado por el gobierno nacional, la escasez o altos costos de insumos necesarios, la variante inflación e incluso la caída de los precios del barril de crudo merman el buen desenvolvimiento de las universidades autónomas venezolanas. Así lo confirman las autoridades universitarias y ven con preocupación que ni los créditos adicionales puedan evitar un colapso.

Sin reactivos

“La casa que vence las sombras”. Así es conocida la Universidad Central de Venezuela, pero en este momento su desarrollo es ensombrecido por factores financieros. Su secretario, Amalio Belmonte, declaró que este año trabajarán con 48% del presupuesto solicitado, de cuyo total 90% es invertido en gastos fijos. A su juicio estos recursos se harán insuficientes, considerando los altos índices inflacionarios. “En este momento no tenemos reactivos utilizados en las facultades de Odontología, Medicina, Ciencias, Agronomía y Veterinaria”, destacó al agregar que la facultad de Farmacia tiene limitaciones para producir productos como los sueros antiofídicos, elaborados exclusivamente en este recinto universitario.
Para él, el aparato productivo nacional no satisface la demanda de insumos indispensables en las actividades académicas o de mantenimiento, panorama que se agrava por el desabastecimiento y la dificultad para adquirir divisas. “Tenemos un colchón que cada día se convierte en un catre”, exclamó sobre los recursos extras.

Colapso en puertas

La historia se repite en la Universidad de Los Andes, donde, según informó su secretario, José María Andéres, no descarta un colapso inmediato. “Nosotros percibimos 36% del presupuesto solicitado, estos recursos nos alcanzan para cancelar 8 meses de salarios y 6 de bono alimentación”, destacó el docente, quien afirmó que en el caso de gastos por funcionamiento, la partida apenas alcanza hasta mayo.
“Si esto ocurre, por ejemplo, se paralizarían los comedores con los que se benefician alrededor de 12 mil personas”. Andéres mencionó lo complicado que se hará la reposición de equipos tecnológicos, debido a que son importados y la mayoría de las veces la compra de estos aparatos se hace a dólar libre.
Gastos de papelería, lapiceros, discos compactos, tintas para impresoras o elementos necesarios para las prácticas de los estudiantes, en ocasiones son asumidas por la comunidad universitaria. El representante de la ULA exhortó al gobierno a “no comprar tantas armas e invertir en la educación”.

Un cuarto de lo solicitado

“La peor tratada”. Esta fue la expresión de la rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, al comunicar que de 6 millardos solicitados, concedieron apenas 2, es decir cerca del 26%. Estima que puedan mantenerse activos hasta mayo. “El 86% del presupuesto aprobado se invierte en salarios, el resto nos queda para funcionamiento de los 5 y 4 extensiones que tenemos”. Agregó que tampoco cuentan con reactivos para las prácticas de química, biología y no pueden actualizar los programas computarizados necesarios para las investigaciones, debido a que deben comprarse en dólares.

Contingencia permanente

Cristian Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar, informó que desde el año 2009 implementan normas de contingencia presupuestaria. Pero este plan no evita que soliciten créditos adicionales para atender emergencias que se presenten en el camino, relacionadas con los sueldos, laboratorios, comedor y transporte. “Por la dificultad del acceso a las divisas se nos hace difícil reponer equipos, a veces tampoco contamos con los bolívares para realizar estas compras y tenemos que hacer un gran esfuerzo este año para poder mantener los laboratorios”.

Estudiantes Cabizbajos

Cristian Puig, secretario de la Universidad de Carabobo, aseguró que “el sector estudiantil está cabizbajo y desanimado”, Señaló que la coyuntura económica es similar a las demás universidades autónomas, cuyos recursos se harán más invisibles, producto de la caída del precio del barril del crudo y la inflación. “Antes los créditos adicionales eran otorgados por el excedente petrolero, pero ahora lo que vamos a tener es un faltante petrolero”, opinó.
La adquisición de reactivos, al igual que en las otras instituciones, es uno de los dolores de cabeza de la UC, a parte de la adquisición de las divisas necesarias para la operatividad de la universidad.
El rector de la Universidad del Zulia sí se atrevió a dar fecha precisa y señaló que solo cuentan con los 2 mil 400 millones, cantidad que según la autoridad universitaria apenas llegará hasta junio de 2015.
La solución estaría en los créditos adicionales, pero esto no es esperanzador por la baja de los precios del petróleo, considera la máxima autoridad de LUZ.