LOS VENEZOLANOS FREIDERMAR MARTÍNEZ Y JOSUÉ GARCÍA cruzaron el puente Simón Bolívar hacia Cúcuta, Colombia, el 16 de noviembre de 2017, con Jhosué Neftalí en brazos ahogado en llanto. Tenían casi dos días de viaje comiendo arroz con mayonesa: los únicos productos que les quedaban de la caja de comida (CLAP) que vende el Gobierno venezolano. Jhosué, hoy con seis meses de edad, fue el motivo para emigrar.

Nació en el Hospital Central Doctor Plácido Daniel Rodríguez Rivero, en el estado Yaracuy, en el centro occidente, con un cuadro que es recurrente en Venezuela: peso bajo (2.300 kilogramos, 200 gramos menos que el peso normal establecido por la OMS), falla respiratoria y meningitis, una enfermedad inmunoprevenible cuya vacuna el Gobierno de Venezuela no compra desde el 2015.

Su mamá (18 años) y su papá (23 años), dos campesinos de una comunidad rural en el centro occidente venezolano, hicieron de todo para darle el tratamiento. Tenían que asumir el costo de un monitoreo de exámenes hematológicos cada tres días, porque en el hospital no había reactivos, y no tuvieron cómo mantener ese ritmo.

Josué, el esposo de Freidermar, quedó desempleado en simultáneo al embarazo. Tenían ya un año de casados y aunque la espera del bebé fue planificada, no pasó lo mismo con el desempleo y la hiperinflación. La crisis económica en el país caribeño ha llevado a más del 80% de la población a la pobreza, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que publican tres universidades venezolanas ante la escasez de datos oficiales.

No fue un embarazo fácil. Freidermar sólo pudo empezar a hacerse controles cuando cumplió el quinto mes, y ya era muy tarde: tenía riesgo de preeclampsia, desnutrición y una infección vaginal que jamás pudo controlar.

Freidermar Martínez besa a su hijo Jhosué, de seis meses de edad, quien nació bajo de peso en Venezuela y contrajo meningitis. Foto: Fabiola Ferrero

Aunque José consiguió trabajo después de que nació su hijo, el salario no alcanzaba para darle la atención médica y nutricional que necesita un niño que nace con bajo peso. La situación se complicaba cada día más. “Estábamos demasiado estresados: si comprábamos un suero nos quedábamos sin nada. Yo parecía María Magdalena”. Jhosué lloraba día y noche por hambre, como también lloraba ese 16 de noviembre que sus papás decidieron cruzar el puente.

El Hospital

Historias como la de Freidermar son recurrentes en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, cuyo nombre se le debe a un médico colombiano que cursó en Venezuela sus estudios de medicina en 1885: el doctor Erasmo Meoz.

Esta institución, es el centro de recepción de los venezolanos que migran a Colombia por situaciones de salud. Según el director de urgencias del instituto, Andrés Eloy Galvis, desde hace dos años han atendido al menos 11 mil pacientes venezolanos. Entre esos, cientos de niños que llegan en graves condiciones de salud. En la emergencia pediátrica de este hospital, al menos el 60% de los pacientes son venezolanos.

Los niños venezolanos son diagnosticados, principalmente, con desnutrición, neumonía, meningitis bacteriana, leucemia y cuadros de diarrea, como explica el doctor Albert Abisai Cova, un pediatra venezolano formado en la Universidad de Oriente (UDO), al sur de ese país, que desde hace dos años trabaja allí.

Aunque el gobierno de Colombia ha dado instrucciones para que los migrantes sean atendidos, el hospital ya no da a basto. Además está atravesando una grave situación financiera: tiene deudas por 240.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones, hasta marzo, correspondían a la atención a venezolanos.

De acuerdo al registro, de los 81 pacientes hospitalizados el domingo 6 de mayo, 16 eran migrantes. Y de los nueve que había en la unidad de cuidados intensivos, cuatro eran venezolanos. Las razones para llegar aquí son múltiples, pero uno de los casos más comunes es el de Jhosué: niños recién nacidos bajos de peso y con dificultad respiratoria, que requieren ser atendidos en unidades de cuidados intensivos cuyos equipos en Venezuela están en colapso.

Yosmary García junto a Zurisadai dentro del rancho que junto a su familia cuidan en el barrio Brisas del Mirador, en Cúcuta, Colombia. Foto: Fabiola Ferrero

Yosmary y María Isabel

Zurisadai es un personaje bíblico que aparece en el Número 2,22 de este libro sagrado. Es, también, como Yosmary García llamó a su primera bebé, quien murió a los tres días de nacida. Venía con complicaciones en el cuello materno, bajo peso y retardo del crecimiento fetal. O algo así le dijeron en Venezuela.

Después de la primera pérdida, los médicos fueron claros con Yosmary: no podría embarazarse de nuevo y, si lo hacía, su vida estaba en riesgo. Pero a los tres meses de aquella cesárea, Yosmary, de 25 años, estaba nuevamente embarazada en circunstancias de alto riesgo y en estado de desnutrición. La niña llegó al mundo a las 37 semanas de embarazo en el mismo hospital de Yaracuy donde fue atendida Freidermar: el Plácido Daniel Rodríguez Rivero. Yosmary también la llamó Zurisadai.

A los dos meses, como la producción de leche de Yosmary no era suficiente, le sugirieron alimentar a la niña con leche de cabra. Era la única opción. La leche de fórmula para bebés es cada vez más escasa en Venezuela y su costo equivale a casi cinco salarios mínimos, lo que gana menos del 20% de la población. “Estaba muy flaquita y me asusté. Lloraba mucho por hambre”, cuenta. Fue ahí cuando decidió migrar.

Casi la misma historia cuenta María Isabel Lázaro, de 23 años, quien también migró a Colombia y al mismo barrio para salvar a uno de sus cuatro hijos: Juan, el más pequeño. Llegó a Cúcuta el 14 de noviembre de 2017 con él y Yordi, y semanas después regresó a Venezuela por los otros dos. Cuando buscó ayuda médica en el hospital Erasmo, los niños estaban tan graves que el Gobierno colombiano intervino –a través de un programa de atención familiar–  puso a los pequeños al cuidado de una madre sustituta hasta que se estabilizaran.

Ahora juegan los cuatro en el barrio El Mirador de la comuna 8 de Cúcuta, en los alrededores de un rancho de plástico de 5×5 metros, techo de zinc, madera y piso de tierra, donde viven ocho personas.

En Venezuela, María Isabel vivía en Perijá, Machiques, estado Zulia. Allí comenzó a notar que Juan “tenía la piel arrugadita, como un viejito, y estaba flaquito. La gente dice que lo que tenía era frío de muerto o que le habían echado mal de ojo”.

Los 4 hijos de de María Isabel, incluyendo Maryorie Paola, de seis años, fueron entregados durante cuatro meses a una madre sustituta del programa Bienestar Familiar. Foto: Fabiola Ferrero 

En marzo del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/18 sobre la migración forzada de venezolanos, que establece unas recomendaciones para que los gobiernos actúen frente a esta inédita migración en el continente. El derecho a la salud, es una de las tantas preocupaciones de este organismo, ante las múltiples violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Un reciente informe sobre la movilidad humana venezolana realizado por el Servicio Jesuita de Refugiados y la Universidad Católica del Táchira, entre abril y mayo de 2018, destaca que 56.3% de las personas que cruzaron hacia Colombia como migrantes lo hicieron por razones de salud.

Este panorama, sin embargo, es desconocido o ignorado por las autoridades venezolanas que en la 11° Reunión Ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), en mayo pasado, sostuvieron que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. Señalaron, además, que los problemas en el sistema de salud son producto de un bloqueo internacional que impide la adquisición y llegada de medicinas.

Freidermar, María Isabel y Yosmary, saben que no es así. Y saben, también, que lo que se avecina no es fácil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que al terminar el 2018 la inflación de Venezuela llegará a 13.864%, convirtiéndose así en la inflación más alta del mundo. Y bajo ese escenario, la posibilidad de regresar a sus casas es cada vez más lejana, pese a su deseo de volver. Según el informe de migración venezolana del Servicio Jesuita de Refugiados y la Universidad Católica del Táchira, sólo el 13% no se imagina retornando a su país.

Sin embargo, y aunque sus hijos no están completamente sanos, las tres aseguran que el sacrificio ha valido la pena. Al menos ya los niños no están pasando hambre. Y eso lo vale todo.

Consulta el reportaje completo en este enlace.

Mira el especial «Cúcuta: Salida de emergencia«.

Correo del Caroní, El Pitazo, Runrun.es

La tarde del lunes sobrevolaron al menos ocho lugares. Dos de los familiares que acompañaron al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Número 62 Bolívar (ZODI Bolívar), Jesús Montilla Oliveros, regresaron con las manos vacías.

–Recorrimos todo eso, Yoly, y allí ya no quedaba pero nada, ni molino, ni máquinas, ni na, –contó uno de los jóvenes a la esposa de José Gregorio Nieves, un joven de 27 años que,  hasta hace una semana, trabajaba como mototaxi.

–¡Esos malditos! –sentenció la mujer.

–¿Buscaron bien? ¿Fueron a dónde te dije, en donde está el camino como quien va al fundo? –insistía la esposa de Nieves.

La mujer no paraba de hacer preguntas, pero la respuesta siempre era la misma: “No encontramos nada”.

–Coño, llave, te estoy diciendo que allí está mi hermano.

–Veme las manos, yo mismo lo busqué por todos lados. Se llevaron todo.

El hermano de Nieves solo dice haber visto rastros de aceite de una camioneta que esta tarde tuvo que haber transitado por el lugar, que queda a unas dos horas de la protesta en la troncal 10, la carretera nacional que conecta al pueblo de Tumeremo, todos los pueblos del sur –incluyendo la frontera con Brasil– con el resto de Venezuela.

Familiares de desaparecidos han colgado fotografías de al menos 17 personas en un papel bond pegado a un camión

Lo que siguió fue llanto. Son las mujeres las que se abrazan en la protesta que han levantado en esa angosta carretera de dos canales. Inmediatamente, a las 6:20 de la tarde, llegó uno de los voceros de la Defensoría del Pueblo, Kenny Vargas.

Agrupados a su alrededor y montados en camiones que han atravesado el lugar, la comunidad vociferaba. Cuando el defensor mencionaba la palabra presunción, entre llanto y rabia, la hermana de uno de los desaparecidos gritaba: “¡Es verdad, vale! ¡Es verdad!”.

Al caer la noche solo dos postes alumbran la carretera. A los lados hay algunas casas que bordean la carretera, matorrales y un barrial. Con la luz de los teléfonos los vecinos alumbran las fotos de las 17 fotografías que hay pegadas sobre un papel bond blanco, pegado a su vez al borde de un camión con barandas de madera.

Presión sobre presión

A la par de la desesperación de los familiares, de al menos 17 en lista, decenas de gandoleros y particulares esperan una cola. La mayoría pacientes, “porque después uno se mete con ellos y uno siempre pasa por aquí ¿me entiende?”, comenta un hombre de unos 45 años, al volante de una gandola de refrigeración.

La carretera nacional a la altura de Tumeremo, permanece trancada con palos, cauchos y camiones cargados de bloques.

A metros, en el pueblo, los comercios están cerrados. De lo único que se habla es de la desaparición de vecinos y conocidos del barrio, pero no hablan de los autores de la presunta desaparición.

«Hay otras formas de presionar y no culparlos a todos», reclamó Andrés Pérez,  un conductor que con su hijo de 3 años tomado de la mano, ha decidido acercarse a preguntar si hay posibilidad de le dejen pasar.  

Recibe una respuesta rápida: «De gracias a Dios que tiene a sus familiares vivos. Y como venezolanos todos deberían apoyarnos en vez de andar quejándose como camión de cochinos. Usted tiene 12 horas en la tranca, nosotros desde el viernes no vemos a nuestros familiares», respondió la tía de Cristobal Heredia, una de las protestantes.

«Los que han logrado salir ni hablan. Dicen que se escaparon del infierno. Hombres orinados, aterrorizados. Así que deje de quejarse y agradezca que tiene a su hijo sano, yo lo veo sano. Nosotros no”, insiste y se le quiebra la voz.

Pide disculpas a los que están en la cola, “pero es lo que estamos reclamando son los cuerpos, entendemos que tienen razones, pero los hijos de ellos están sanos, nosotros no sabemos dónde están los de nosotros”.

“Yo tengo 30 años viviendo en este pueblo y nos conocemos. Confiamos en la gente que ha salido aterrorizada, que tienen miedo (…) esto es un pueblo trabajador”.

Un secuestro con toque de queda

La banda de El Topo habría entrado a tomar el control de la mina, hasta entonces en posesión de otro grupo comandado por El Potro y El Gordo. A los de El Potro son los que han sido señalados por el secuestros de los profesores en el Liceo Zabaleta, el pasado 4 de febrero en Tumeremo.

Estos últimos hombres que –dicen los mineros– tenían además el control de Caratal y la mina Tommi, parte la estatal CVG Minerven.

Los manifestantes defienden su derecho a conocer el paradero de los mineros desaparecidos |Foto: @Pableysa

La versión de otro de los testigos coincide al asegurar que los mineros fueron agrupados en la mina y dispersados con ráfagas de tiros. Algunos fueron cortados con motosierra

Correo del Caroní /El Pitazo / Runrunes

Tumeremo.- La mañana del viernes los mineros viajaron a la bulla del Miamo, en la frontera de los municipios Roscio y Sifontes en el estado Bolívar. En el camino, a una hora en moto, quedan los hatos San Ramón, Peregrino y Atenas. En este último, ocurrieron parte de los hechos.

Algunos de los que iban en la vía fueron interceptados en alcabalas improvisadas, supuestamente pertenecientes a la banda de “El Topo”, criminal conocido por su dominio en las minas de Sifontes. Pero otros, los mineros que iban hacia la bulla, no corrieron con la misma suerte.

Esos fueron agrupados en la mina y dispersados con ráfagas de tiros, como suelen hacer estos grupos hamponiles para hacerse con el control de un yacimiento. Algunos, según cuentan sobrevivientes, fueron cortados con motosierras.

Los que huyeron se fueron monte adentro, así lo cuenta la mañana de este lunes uno de los muchachos que sobrevivió. No quiere dar su nombre. Ni siquiera lo desean los familiares de los desaparecidos, “porque después ellos hacen listas y llaman a uno: ‘tú eres tal y tú eres tal’, y nos matan”. Eso dice un señor mayor, canoso, casi gritando al comandante del Destacamento del Comando Rurales 629, Gregory Yusti.

Hay mucho temor en el pueblo, pero más aún entre la protesta que se mantiene en la carretera nacional, la troncal 10.

El joven, que ahora anda en moto dispuesto a localizar a sus compañeros, relató que cuando llegaron los de “El Topo” le dio tiempo de correr.

“Uno no sabe ni siquiera cuántos son, lo dejaron crecer demasiado”, comenta.

Una de las mujeres que reclama a sus familiares, Cristal Cañas, dice que personas de confianza le dijeron que a los mineros los obligaron a cargar con los fallecidos y meterlos en un camión azul tipo volteo.

“A mí me dijeron que al que iba con mi hermano lo amarraron por los pies y lo arrastraron con una camioneta”, cuenta otra muchacha, de lentes oscuros, que duda cuando le pregunto si puede dar su nombre.

En la manifestación hay vecinos que ya han perdido el miedo. “¡Ya basta! ¡Ya basta de tanto miedo! ¿Qué estamos esperando?”, reclama Lisbeth Guevara, quien tiene tres parientes desaparecidos.

El miedo y la incertidumbre se triplican en el caso de Lisbeth, pero el caso de María (seudónimo para proteger su integridad) es de una silente felicidad: su hijo (de quien resguarda el nombre por su seguridad) apareció. Vivo. Ileso. Vivo porque sobrevivió a la balacera que confirma. Vivo porque no era su día. Vivo porque cree que sus compañeros, los agrupados en la mina la noche del viernes, están muertos. Por eso María lo celebra en silencio. No vaya a ser que las flores que tenía frente a una foto de su hijo tenga que ponerlas de nuevo frente a su cadáver.

Arquímedes Hidalgo iba a diario, y en un día bueno sacaba una grama de oro, que equivale a unos 30 mil bolívares. “Sirve para sobrevivir porque aquí no hay más trabajo”, explica.

Solía regresar a las 6:00 de la tarde, en un trayecto de una hora si se recorre en moto. El viernes 4 de marzo, casualmente, se abstuvo.

La tranca de la troncal 10 se mantiene en la entrada de Tumeremo |Foto: @Pableysa

Fiebre del oro

No fue el caso de Marielys y Mary Ruiz, dos hermanas, de 22 y 19 años respectivamente, que fueron a cocinar durante un mes. A su madre, Mary Ruiz, le dijeron que estaban muertas. “Lo que queremos son los cuerpos, queremos los cuerpos”, suplica. Es lo único que pide.

A diferencia de otras arremetidas de bandas, en esta ocasión hay dos elementos que generan la protesta: que son muchos los que no aparecen.

“Antes eso era uno o dos o tres, pero ahora son muchos, ¿sí entiende? Y son gente conocida. Vecinos, gente que se criaron con uno”, cuenta una muchacha, ingeniera de minas, quien deja claro que, si ahora hay protesta, es porque los desaparecidos tienen rostros y dolientes.

Los municipios del sur siempre han sido zonas mineras, pero en los últimos seis años la crisis económica y el declive de la empresa estatal CVG Minerven, han cerrado las ofertas de empleo fuera de las minas.

Por eso es cada vez más frecuente que profesionales, jóvenes que vienen de las ciudades y vecinos del pueblo hayan decidido dedicarse a la minería porque en un fin de semana, con suerte, pueden ganar hasta 300 mil bolívares. “¿En qué trabajo uno se gana eso en un fin de semana?”, inquiere.

A las 2:00 de la tarde, la troncal está que arde. Dejaron pasar tres carros y luego cerraron. Trancaron con camiones cargados de bloques y materiales de construcción y no dejan pasar a nadie.

Un campamento del movimiento El Evangelio Cambia ha instalado una carpa a 10 metros. Están entregando sopas y agua a la gente en cola y en protesta. “Venimos a orar por los desaparecidos”. La protesta sigue.