En Venezuela cada comienzo de siglo viene con su carga de desvaríos. Hay que remontarse a 1902 para encontrar la combinación de crisis fiscal e internacional  que se insinúa ominosamente sobre el país en este año 2017. A inicios del Siglo XX, Venezuela se mantenía animosamente en modo “revolucionario”; es decir, sumido en esas continuas disputas políticas, a menudo armadas, que bajo argumentos de constitucionalismo y democracia la dejaban arruinada, endeudada y en manos de demagogos patrioteros y sus cohortes de aves de rapiña dedicadas a corruptelas. Sobre la República llovieron los reclamos por daños causados y por falta de pagos. Por mediación internacional norteamericana, rechazo del recurso compulsivo de la fuerza (Doctrina Drago) hecha por potencias europeas, sentencia de un tribunal arbitral residenciado en Washington y una serie de protocolos, es decir, arreglos diplomáticos ad-hoc, estimulados por la amenaza y efectivo uso de la fuerza mediante el bloqueo de las costas y cañoneo de puertos del país, la república convino en hipotecar sus aduanas principales a potencias extranjeras y poner así término a la crisis. El gobierno revolucionario de Cipriano Castro, sin embargo, quedó listo para el golpe de palacio que a poco entronizó la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, a quien las élites y pueblo venezolanos, y lo que hoy llamaríamos “la comunidad internacional”, dieron bienvenida y apoyo por su convencimiento de la necesidad de poner orden en la casa y su éxito en lograrlo…

El mundo ha cambiado en un siglo pero los elementos de la crisis nacional son los mismos de aquél entonces. A cien años de distancia, el caudillismo y el militarismo demostraron una  vez más la irresponsable e insaciable voracidad de la demagogia criolla, experta en promesas sin destino, incompetencia, corrupción y desafueros sin medida. Dejan sus autores y encubridores sembrada y abonada la cosecha de miserias que, una vez más, le toca sufrir al pueblo llano, aturdido por la necesidad, la desesperanza y el desengaño, como nunca pareciera haberlo estado.  El régimen “revolucionario” del “Comandante Eterno”, mitificado por los rastacueros oportunistas que tanto abundan, y el de su actual comitente, dejan al país tras casi dos décadas de desgobierno sometido a sanciones y repudio, en manos de acreedores de toda laña, con el pueblo reducido a condición de pedigüeño, y sus figuras principales en carteles de criminales buscados por la justicia internacional.

Como ayer, acreedores y afectados han puesto la vista y las garras en los activos de la Nación. Hoy ya no se entregan puertos y rentas aduanales sino que, agotado el tesoro, malgastados los ingresos, colapsada la estabilidad de la economía, se hipotecan al por mayor recursos y territorio, la sangre y  entrañas del país, intentado así posponer la quiebra.  Otros, recelan el consecuente e inevitable cambio político hacia algo que nadie sabe muy bien qué sería, aunque no falten los ejercicios de imaginación, pero que la crisis anuncia. Tan desesperada es la urgencia por vender el patrimonio y endeudar más la Nación para salvar el pellejo del régimen que a los “revolucionarios” de turno no les tembló el pulso para, como tantas veces antes en nuestra historia, inventar una fórmula para mandar de paseo la constitución y darse una más acomodaticia. Tan infeliz por igual, aquélla de otros que por ignorar la realidad de su propia incapacidad de liderar el cambio que el país necesita proclaman con estridencia una necesaria normalidad, tan inexistente como utópica. La comunidad internacional, más allá de intereses económicos, ve con espanto la turbulencia y opacidad del mar de leva que amenaza al país. A falta de mejor alternativa, somete al régimen al ostracismo diplomático, desconociendo por buena conciencia la validez de las triquiñuelas constitucionales del régimen.

Sean cuales sean sus causas o razones, lo cierto es que, en esta oportunidad la deshonra a la que se somete la república no tiene la excusa de la herencia caótica de las guerras civiles que al menos tuvo Cipriano Castro. La causa de nuestro actual bochorno es más crasa y deleznable. En espera de lo que el destino le depare a nuestro país, viene al caso el subtítulo de la obra de Manuel Rodríguez Campos, “Venezuela 1902, la crisis fiscal y el bloqueo” (Caracas, UCV, 1977, 453 pp.) que sirve de título a esta nota. Y queda, en esta nueva circunstancia trágica de nuestro devenir, muy claro de quiénes es la responsabilidad histórica. Y la historia es un juez implacable.