El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, compartimos la siguiente toma de postura ante la opinión pública: A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo.

La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional. En ese momento la posibilidad de expresarse mediante el voto nos impedía calificar la situación como de “dictadura”, derecho que no existe hoy con las garantías que existieron, hasta por lo menos, el pasado 6 de diciembre de 2015. La decisión simultánea de tribunales penales suspendiendo el Revocatorio afirmando su evidente subordinación al poder Ejecutivo y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de subordinarse a decisiones ilegales de esos tribunales penales regionales, quienes no tienen competencia para suspender sufragios, dieron una estocada a lo que quedaba de democracia en el país. Suspensión del revocatorio que se realiza Tras haberse expresado la voluntad del pueblo cumpliendo con dos de las fases del procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral y aprobado la validez de las firmas, expresa que ya no existen condiciones para convocar eventos comiciales de manera ecuánime y transparente, salvo que se restituya el orden democrático.

La democracia no es un valor absoluto. La dictadura tampoco lo es. No estamos en presencia de una dictadura clásica, como la que enfrentaron en décadas anteriores las ONG de derechos humanos en países hermanos como Argentina o Chile, donde las condiciones permitían el asesinato y desaparición de centenares de personas. Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder. En el actual caso venezolano sustentado en el apoyo del sector militar y en el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia. América Latina hace menos de dos décadas tuvo una experiencia similar en Perú con el «Fujimorazo» que cercenó las libertades democráticas en ese país y que culminó gracias a la lucha de la población reclamando la restitución de la democracia.

El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur. Se ha puesto en contra de los postulados democráticos establecidos en la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela

La gran consigna del movimiento social venezolano debe ser la defensa del derecho a evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través del mecanismo del Referendo Revocatorio, en el plazo más corto posible, como primer paso para la recuperación de la democracia en el país. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino. No es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. La vigencia de los derechos humanos depende de ello.