NO IMPORTÓ QUE LA PLAZA BOLÍVAR DE LA POBLACIÓN DE EL CALLAO, enclave minero ubicado al sur del estado Bolívar, estuviera vigilada por los cuerpos de seguridad. Uno de los grupos que lucha impunemente por el control de los yacimientos de oro quiso deja un claro mensaje a sus rivales y autoridades: en un saco yacía la cabeza de una persona decapitada cuya identidad aún no ha sido revelada.

Este hecho ocurrió la noche del jueves 23 de mayo, frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen del ruidoso pueblo aurífero. Fue la nueva campanada de la escalada del conflicto originado por la violencia asociada a la extracción y comercialización del oro, el mineral que hoy día sirve al régimen de Nicolás Maduro como auxilio financiero en medio del descalabro de la producción petrolera y el cerco de las sanciones internacionales.

Mientras el gabinete ministerial de Maduro explora, junto a sus aliados internacionales, maniobras para evadir las sanciones financieras y así poder cotizar los lingotes de oro que logra retener a través de un entramado sistema de tráfico del metal, en uno de los principales centros de extracción y acopio del mineral los grupos chocan a sangre y fuego ante la mirada pasiva de las autoridades y una población cada vez más dependiente de la voluntad de quienes infunden terror.

La crisis política y económica de Venezuela desencadenó una importante migración de personas, en su mayoría desesperadas y desempleadas, hacia las zonas mineras que estaban bajo control de grupos irregulares antes de la entrada en vigencia del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco.

Desde entonces la población de El Callao, como otras localizadas a lo largo y ancho del cordón aurífero guayanés, están bajo el perenne azote de bandas criminales que zanjan sus diferencias con muerte por encargo y empleando métodos que evocan a los conflictos más violentos de América Latina, como la ‘guerra del narco’ en México, en donde descuartizan, acribillan y hasta decapitan a los rivales.

Autoridades policiales del municipio El Callao, consultadas por Monitor de víctimas, no revelaron mayores detalles del hallazgo de la cabeza humana en la plaza del pueblo, tan solo refirieron que estas prácticas (decapitaciones) comenzaron a tomarse como ejemplo de mafias mexicanas, quienes enviaban una advertencia a sus grupos enemigos con cada muerte. 

Las atrocidades habían cesado en el último año, al menos, en cuanto a la exposición de los cadáveres porque las muertes en los yacimientos no han cesado. Sin embargo, las instituciones no dan cuenta de estos enfrentamientos y la gente suele callar ante los crímenes que ocurren dentro de las zonas boscosas en las que se extrae el material aurífero que luego va a los molinos que proliferan en cada esquina del pueblo minero.

El panorama dominado por la violencia ha expulsado a muchos habitantes que escapan del horror desencadenado por la fiebre del oro. Otras permanecen. Es el caso de Eucaris Padilla quien reside en El Callao desde hace 15 años.

“Soy de San Félix, pero desde hace 15 años me vine para El Callao junto a mi esposo; aquí tuve dos niñas. Aunque el pueblo se ha vuelto muy violento y es normal escuchar las balaceras casi todas las noches, mi familia ha decidido permanecer aquí, mientras uno no se coma la luz con los malandros, ellos no se meten con nosotros; ayer con el alboroto salimos hasta la plaza y observamos la cabeza que estaba en el saco, esas cosas me asustan y creo que no nos vamos a acostumbrar. Pero es difícil dejar nuestra casa y todo lo que tenemos para comenzar de nuevo con esta situación país, esperamos en Dios que la situación mejore”, indicó la mujer.

No es la primera vez que en la Plaza Bolívar de El Callao arrojan restos humanos. Uno de los hechos fue atribuido al “sindicato” minero liderado por dos sujetos apodados el Chingo y Pato Lucas, respectivamente.

“Aquí nosotros vivimos en zozobra, con miedo, yo soy madre de tres muchachos que trabajan en las minas y no estoy tranquila hasta que ellos regresan a la casa”, contó una mujer de 45 años quien prefirió resguardar su identidad.

Ella aguarda el deseo de que sus hijos decidan salir de El Callao. “Aquí vivimos bien, tenemos alimentos y comodidades, pero no tenemos paz”.

Ante lo ocurrido, el alcalde del municipio El Callao, Alberto Hurtado, informó que el hombre decapitado, cuya cabeza fue arrojada dentro de un saco en la plaza la noche del jueves, no ha sido identificado.

“Rechazamos contundentemente todas estas acciones y pedimos paz para nuestro municipio”, dijo el alcalde quien insistió en llamar a la calma y a mantener las actividades comerciales.

Sin embargo, la calma es hoy día una ilusión gubernamental a juzgar por el decapitado y la granada que lanzaron el pasado 19 de mayo a la sede de la Alcaldía de El Callao, otro hecho sin aclarar en la guerra no declarada por el control de los lucrativos recursos minerales de la región.

Bajo el dominio del “pranato minero”

El sur del estado Bolívar es un territorio minado, no sólo de yacimientos de oro sino también de bandas delictivas que controlan desde hace unos 8 años el negocio de extracción en la región, imponiendo un esquema de violencia que recuerda las formas de las mafias de la construcción en Ciudad Guayana y prácticas de algunas cárceles del país.

El abandono del Estado en los tradicionales yacimientos de oro permitió la llegada de grupos criminales para el control del negocio de extracción, similar a lo que ocurrió en las cárceles, y se produjo una migración de bandas delictivas de las zonas urbanas del norte del estado Bolívar hacia el sur, por lo atractivo del negocio minero, simbiosis civil y militar y ausencia de controles

En lo que respecta a El Callao, los grupos principales y más notorios de esta pugna están ubicados en el sector Nacupae y en el sector El Perú.

El sector Nacupae está bajo el mando de alias el Morocho y El Perú sigue liderado por alias el Toto, sujeto que desde hace más de un año es rastreado por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y hasta ahora no han logrado ubicarlo.

Estos sindicatos son los más sonados en la población, a quienes se les atribuye masacres y muertes atroces ocurridas en la zona Sur, esto para tener el control de las minas.

La situación de extrema violencia ha sido identificada como otro factor de cuidado en el ya riesgoso panorama de crisis política que atraviesa Venezuela. La organización Crisis Group​ – fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales – publicó a finales de febrero de 2019 un informe titulado “El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, Informe sobre América Latina N°73”, en el que advertía que la presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros “perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio”.

Asimismo, la organización no gubernamental afirmaba en ese entonces que “las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela”.

Lejos de los centros de poder de Venezuela, donde se está llevando a cabo la lucha para decidir el futuro político del país, las vastas regiones tropicales al sur están expuestas a graves riesgos de intensificación del conflicto entre grupos criminales violentos que vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades.

Los hechos recientes en El Callao así lo confirman.

Tierra de matanzas y destrucción ambiental

Ha sido evidente el deterioro creciente del medio ambiente a causa de la explotación ilegal del oro en una zona minera nombrada por el Estado venezolano como Arco Minero del Orinoco, en donde convergen grupos civiles armados y organizaciones gubernamentales en pugna sangrienta por los yacimientos.

El decreto del presidente Nicolás Maduro desencadenó, a partir de 2016, una degradación a gran escala del suelo y una afectación considerable en las cuencas hídricas, como un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida.

Este proyecto, que a juzgar por las muestras palpables de desorden social y de negación a toda perspectiva ambiental, navega en las aguas de la opacidad informativa, dificultando las consultas de los pueblos indígenas que habitan en las áreas de exploración.

La situación planteada reduce las expectativas de vida digna de los pobladores más cercanos al conflicto y niega a las futuras generaciones el goce y bienestar de contar con una increíble biodiversidad.

El testimonio de las víctimas de la violencia armada alrededor de las minas y el sometimiento y posterior desplazamiento de comunidades indígenas, contribuirán a visibilizar el daño hecho a uno de los ecosistemas más importantes, el Amazonas, lo cual hace que este litigio propuesto contra el Arco Minero del Orinoco cobre un interés internacional.