El alzamiento de los sargentos de la Guardia Nacional, el lunes 21 de enero, es una señal más de la peligrosa descomposición de la Fuerza Armada Nacional
LA MADRUGADA DEL 21 DE ENERO OCURRIÓ un hecho inusitado en la historia militar de Venezuela: un grupo de por lo menos 27 sargentos de la Guardia Nacional, emplazados en unidades del Distrito Capital, se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Este hecho, se reitera, no tiene parangón. Ni siquiera los alzamientos frustrados de febrero y septiembre de 1992 se le pueden equiparar. En este caso, hubo dos aspectos fundamentales: 1) se trató de un movimiento ejecutado exclusivamente por efectivos de tropa, y 2) solamente participaron uniformados de la Guardia Nacional.
Lo ocurrido ese lunes, a partir de las 3 am, tomó por sorpresa al estamento castrense del país. En los días previos, aunque con mucha antelación, fueron emitidas algunas alertas ante la posibilidad de que factores externos a la FAN intentaran tomar por asalto alguna unidad desprotegida, especialmente en el interior del país. Pero no se esperaba que las irrupciones fuesen ejecutadas por gente de la propia institución, actuando además de forma independiente y en apariencia impulsiva.
El grupo liderado por el sargento mayor José Gregorio Bandres se adueñó de los parques de armas de despachos militares en Macarao y Petare. En este proceso, por lo tanto, logró cruzar toda la ciudad sin ninguna resistencia. Luego se hizo fuerte en la sede del Escuadrón Montado de la propia GN en Cotiza.
Desde allí, Bandres y su grupo emitieron por lo menos seis videos, que corrieron como pólvora a través de los sistemas de mensajería, y eventualmente tuvieron eco en la prensa independiente. Aun así, la gente veía estas acciones con escepticismo, lo que le restó apoyo popular al grupo militar en las primeras de cambio. Tuvo que salir la hermana del profesional de armas, Rosangel Bandres, en una declaración rebotada por la prensa internacional, a asegurar que lo ocurrido en Cotiza no era ningún “pote de humo”.
Según los primeros partes conocidos ese mismo día, Bandres formaba parte de la plantilla del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GN en Macarao. Esta es la misma sede que se vio “tocada” por agentes de Contrainteligencia Militar durante las pesquisas sobre un supuesto complot en el que participaban efectivos de fuerzas especiales de tres componentes de la FAN, en mayo de 2018. De hecho, en Macarao fueron detenidos seis oficiales en aquella oportunidad.
Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses, y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas conspiraciones.
Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones, otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población venezolana.
Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a negociar con ellos. El riesgo de bajas colaterales era muy alto en esa zona densamente poblada. Aun así, estaba latente la repetición de la solución aplicada por la FAES contra el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, hace apenas un año. De allí los reiterados llamados para que los pobladores de ese sector al norte de la ciudad salieran a manifestar en apoyo a los sublevados. Y lo hicieron, a pesar del riesgo que significaba expresar oposición al Gobierno en la antesala de uno de los colectivos más poderosos en la actualidad, el 5 de Marzo, que se adueñó de la antigua sede de la Policía Metropolitana.
A estas alturas, la Guardia Nacional es el componente que más presos tiene por razones políticas desde 2018. No solo los hubo en mayo, a propósito del complot de las unidades especiales, sino también en agosto con el caso de los drones en la avenida Bolívar. A estos dos episodios habrá que sumar otros 27 por la rebelión de los sargentos.
Breves
-¿Para qué ha servido la política de desarme aplicada por el Gobierno a partir de 2012? Esta iniciativa fue anunciada como una fórmula para disminuir la letalidad del delito. Para el momento en que fue lanzada por el extinto Hugo Chávez, se hablaba con preocupación de la alta frecuencia del uso de armas de fuego en homicidios, robos genéricos y robos de vehículos. La propaganda asegura que ha sido una política eficaz, puesto que según el ministro Reverol durante 2018 fueron destruidas más de 25000 armas. Sin embargo, este no es un indicador real sino un dato suelto, que se divulga para impresionar. Es necesario hacer una comparación entre la situación antes de iniciado el desarme, es decir, en 2011, y lo que ha sucedido después. Según el documento que dio origen a la Gran misión A Toda Vida Venezuela, en los años previos a la política de desarme eran usadas pistolas, revólveres, escopetas y afines en el 79% de los homicidios registrados en el país. En 2018, de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente, fueron usadas armas de fuego en el 83,56% de los homicidios. Esto es 4,56 puntos porcentuales más que lo registrado hace siete años. Si se suma a esta cifra las muertes por “resistencia a la autoridad” –que también son homicidios-, el porcentaje de uso de armas de fuego sube a 88,6. Con estos datos, se puede evaluar si ha sido efectiva o no la política de desarme en Venezuela.
-La detención del diputado Juan Guaidó a manos de un grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el domingo 13 de enero, revela hasta qué punto llega la disputa por los espacios de poder dentro del régimen. El presidente del Parlamento fue interceptado por tres vehículos sin rotulado policial y privado de libertad durante apenas una hora, lapso en el que los agentes encabezados por el comisario Hildemaro José Rodríguez (conocido en la policía política por la violencia de su proceder) lo trasladaron hasta la central de Plaza Venezuela con la aparente pretensión de encarcelarlo en La Tumba, tal y como hicieron con el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel. Pero esta orden no corrió por los canales regulares. En la policía política esto es habitual, tal y como lo han corroborado informes sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas presentados por organizaciones no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. Igual, hubiesen podido montar un expediente con posterioridad, basados en supuestos o datos de patriotas cooperantes, y avalados por un fiscal y un juez. El problema, en este caso, es que la orden no provino de Miraflores sino de la misma fracción radical del oficialismo que a finales de 2018 interceptó la caravana presidencial en el sector Boquerón. El comisario Rodríguez, además, aparece mencionado directamente en el expediente sobre la muerte del concejal Fernando Albán.
