Una investigación detalla que Maracaibo y San Francisco ocuparon los primeros lugares en hechos violentos, con 13 casos cada uno, lo cual representa un 21,67%, respectivamente
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) reveló, en su más reciente boletín, que entre enero y junio hubo en el estado Zulia 75 presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas, en el marco de 60 hechos violentos que involucraron a funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, tanto regionales y municipales, como nacionales.
El estudio, titulado Boletín Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia: Muertes por violencia policial – Primer semestre 2022, contiene datos extraídos del monitoreo realizado a través de la consulta de diversos medios de comunicación, nacionales y regionales. Sobre esta documentación, Codhez destaca que no se registraron bajas entre los funcionarios de seguridad del Estado venezolano que participaron en los hechos violentos.
La asociación civil insiste en que estas cifras se desprenden de los casos conocidos y publicados en los medios de difusión revisados, mas no implica números invariables dado que “se estima la existencia de casos que se encuentran en las sombras y que, por miedo, desconfianza, intimidaciones, no son denunciados ni reportados”.
Zulia y el uso excesivo de la fuerza policial
La investigación de Codhez detalla, en relación con la distribución de hechos violentos por municipios, que Maracaibo y San Francisco ocuparon los primeros lugares en este registro, con 13 hechos violentos cada uno, lo cual representa un 21,67%, respectivamente. Seguidos del municipio La Cañada de Urdaneta, con 10 hechos de ese tipo, es decir, el 16,67% de la totalidad de los mismos.
A su vez, en atención al lugar de ocurrencia de los 75 fallecimientos en el primer semestre de 2022, San Francisco (17), Maracaibo (16), Miranda (13), La Cañada de Urdaneta (10) y Jesús Enrique Lossada (4) fueron los municipios que presentaron mayor número de muertes por violencia policial.
Sobre la responsabilidad de los hechos, la organización zuliana determinó que los órganos de seguridad adscritos al gobierno regional resultaron más letales, pues dieron lugar a la muerte de 22 personas (29,33% de los casos del período enero-junio). Así, el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) causó la muerte de 14 personas (18,67%), mientras que el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) provocó la muerte de 5 personas (6,67%) y el Equipo de Respuesta Especial (ERE) fue responsable por el fallecimiento de 3 personas (4,00%).
Además, a los órganos de seguridad pertenecientes a la rama ejecutiva nacional se les imputa el fallecimiento de 18 personas (24%). Tanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), causaron la muerte de 5 personas cada uno (13,34%). La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocasionó la muerte de 4 personas (5,33%), y el Grupo de Antiextorsión y Secuestro (Gaes) dio muerte a 2 personas (2,67%). En cuanto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección de Inteligencia Estratégica del Cuerpo de PNB (DIE-PNB) registraron 1 persona fallecida cada uno.
Por último, las denominadas comisiones mixtas causaron la muerte de 20 personas (26,67%). Mientras que a los órganos de policía con adscripciones municipales se le adjudica la muerte de 15 personas (20%).
Hechos violentos con patrones vigentes
En su boletín, Codhez también refiere lo reportado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la primera quincena de 2022, en la que se contabilizaron 27 muertes con la intervención de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, de los cuales el 80% eran personas menores de 25 años, 99% hombres en situación de pobreza, y en un 80% de los casos hubo algún tipo de amenazas o intimidación contra los denunciantes, por lo que una de las preocupaciones más relevantes para la CIDH está referida a la estigmatización de los hombres jóvenes situación de pobreza y su supuesta vinculación con acciones delictivas .
Aunado a ello, lo documentado por Codhez, la mayoría de las personas abatidas son hombres jóvenes, calificados como delincuentes por parte de las autoridades, sin que se tenga mayor evidencia de investigaciones. La asociación civil advierte también que no se pudo identificar la edad de 62 de las 75 personas que murieron por violencia policial (82,67% de los casos).
Además, se anota que los hechos violentos se caracterizan por la presencia y uso de armas de fuego, reportándose la incautación de diferentes tipos y calibres de armas de fuego para un total de 75, presuntamente utilizadas por supuestos delincuentes. No se especificaron ni se informaron las características de 40 (53,33%) de estas incautaciones.
Una reducción considerable mas no suficiente
Es de destacar que, para el primer semestre del año 2021, se produjeron 158 muertes en el marco de 122 hechos de violencia policial, lo cual en comparación con el mismo período en el presente año 2022 implica una disminución de -52,53% en cuanto al número de personas fallecidas, y de -50,82% en relación con el número de hechos violentos ocurridos.
Sin embargo, Codhez advierte que si bien se constató una disminución de los casos conocidos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, “lo que realmente debe ocurrir es que existan estadísticas cero de este tipo de muertes, y para ello los organismos competentes deben asumir su responsabilidad constitucional de proteger, defender y garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas habitantes del estado Zulia, independientemente su condición social, y en atención siempre a los protocolos y normativas previstos para el uso de la fuerza y armas por parte de agentes de seguridad del Estado”.
Fin a la violencia
El boletín de Codhez recuerda que la protección del derecho a la vida e integridad personal representa la columna vertebral para el goce y ejercicio del resto de los derechos humanos. No obstante, indica que la violación del derecho a la vida por parte de los funcionarios policiales del Estado venezolano sigue vigente y presente en la cotidianidad de los zulianos.
“Se trata de una tarea que aún adeuda el Estado venezolano, por ello lo exhortamos a cumplir con su función de ser vigilante y garante del derecho de las personas a una vida, a obtener justicia mediante el castigo de los responsables, y a formar a sus agentes con convicción de respeto de los derechos humanos”, instó Codhez.
