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Zona Operativa de Defensa Integral

Barquisimeto se ponchó tirándole en la Serie del Caribe

A Barquisimeto le tocaba organizar la Serie del caribe en 2018. En ese entonces la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) consideró que debido al clima de tensión en Venezuela producto de las protestas de 2017 era mejor llevar a cabo el evento en otro país y México se ofreció. Un año después la responsabilidad de albergar a los clubes campeones de la región le volvió a tocar a la capital larense, pero el 28 de enero la CBPC decidió sacar a Barquisimeto de la ecuación nuevamente por sugerencia de Major League Baseball.

La oficina de las Grandes Ligas en Estados Unidos argumentó que en vista de la conflictividad en el país y la recomendación del Departamento de Estado a sus ciudadanos de evitar viajar a Venezuela era prudente suspender la competencia que iba a comenzar el 2 de febrero en suelo barquisimetano y buscar otro anfitrión. Después de deliberar, la Confederación anunció que la Serie se mudaba al estadio Rod Carew de Ciudad de Panamá a partir del 4 de febrero.

Strike 1

“Fue un duro golpe para nosotros”, expresó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de los Cardenales de Lara. “Se hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista humano y económico. Considerábamos que teníamos todo a tope. Asumimos la suspensión con gallardía y profesionalismo”.

“Se mejoró el alumbrado eléctrico, se sembró nueva grama, se mejoraron los clubhouses, se invirtió en satélites para una mejor señal de televisión y hubo embellecimiento de todas las áreas del estadio”, dijo Oropeza.

Según Pedro Infante, ministro de Juventud y Deporte, el gobierno hizo una inversión de 3,6 millones de dólares para la Serie del Caribe. Una parte de ese presupuesto fue destinado a mejoras al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Strike 2

El gerente general de los campeones de la LVBP, Carlos Miguel Oropeza, indicó que con el aplazamiento de la competencia por segundo año consecutivo, desde el hotel más lujoso de la ciudad hasta el puesto de empanadas que queda afuera del estadio dejaron de percibir ingresos. “La hotelería estaba copada y se habían vendido cerca de 4 mil abonos”.

“Es frustrante desde el punto de vista comercial. Iban a llegar centenares de turistas y eso nos iba a beneficiar a todos”, comentó Pablo Chirinos, presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara.

Chirinos no se atrevió a emitir una cifra estimada del dinero que dejó de percibir la entidad por la suspensión de la Serie. Calcula que fueron miles de dólares. “Es difícil hacerlo porque la cancelación fue apenas hace días. Es temerario hablar de una cantidad. Todavía no se tiene un aproximado y menos en un país con hiperinflación”, acotó.

Strike 3

Pablo Chirinos de la Cámara de Comercio larense enfatizó que operadoras turísticas vendieron paquetes y en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto aguardaban por vuelos comerciales y privados provenientes de los países que compiten en la Serie del Caribe (México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Panamá). “Algunos venían con inversión y publicidad. Los turistas regularmente cuando visitan un país con tantas bellezas naturales como Venezuela se quedan un tiempo adicional”.

 

Toque de bola

Pese a las protestas antigubernamentales, la treintena de muertos y las centenas de detenidos a nivel nacional en lo que va de 2019, el directivo de Cardenales, Carlos Miguel Oropeza considera que la seguridad estaba garantizada en la Serie del Caribe. “Había un plan de seguridad y contingencia en conjunto con la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Lara. Ese plan se le presentó a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe en mayo de 2018 y fue avalado”, dijo Oropeza.

Sin embargo, el ejecutivo aseguró que Cardenales no está divorciado de la realidad del país. “Entiendo los argumentos de los otros países que no están viendo con buenos ojos venir a Venezuela”.

Sentenció que Cardenales es una institución apolítica. “Creemos que la mejor forma de hacer país es trabajar. En los últimos tres años hemos sido el equipo con mejor récord de asistencia. Una vez conseguido el título este año la gente se volcó a recibir al equipo en la ciudad. Cerca de 20 mil fanáticos asistieron a la caravana”.

Out en primera

Para el ministro de Deportes, Pedro Infante, el aplazamiento de la Serie del Caribe respondió a presiones provenientes de Estados Unidos a través de Major League Baseball. “Rechazamos la decisión antideportiva de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, condenamos que esta decisión genera una alteración en la opinión pública”. “No es correcto politizar un evento como la Serie del Caribe, se han realizado diversos eventos deportivos de carácter internacional en el país con normalidad”, añadió.

Fly de sacrificio

Pablo Chirinos, presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, dijo que a pesar del panorama económico hostil, el comerciante iba a hacer un esfuerzo para ofrecerle al consumidor la mejor cara de Barquisimeto.

“Es innegable que el empresario en Barquisimeto ya no tiene el mismo músculo financiero que en el pasado, se han reducido los inventarios, disminuido la capacidad productiva por falta de materia prima y personal. El comerciante ha tenido que reinventarse para sobrevivir con la esperanza de que la situación cambie en algún momento”, dijo Chirinos.

Chirinos agregó que los comerciantes también deben lidiar con la crisis de los servicios públicos. “Reconozco que tanto el gobierno regional como el nacional hicieron una inversión importante, pero la Serie del Caribe no es solo en el estadio, también hay que brindarle calidad en todos los aspectos al visitante y al que vive aquí”.

Pisa y corre

El presidente de la Cámara de Comercio,  Pablo Chirinos, indicó que comparado con otras ciudades del interior del país, Barquisimeto posee la infraestructura básica para albergar un evento internacional. “Aquí no hay la escasez de gasolina que existe en ciudades como San Cristóbal o el vía crucis en servicios públicos que hay en Acarigua, eso es una ventaja”.

Chirinos añadió que cuando Barquisimeto fue sede de la Copa América de fútbol en 2007, el país era diametralmente distinto al de hoy en día. “Fue exitosa porque había un panorama económico medianamente favorable”.

A 90 pies del home

Carlos Miguel Oropeza de Cardenales de Lara no descartó que Barquisimeto vuelva a postularse para la Serie del Caribe de 2020. “Vamos a seguir insistiendo. Esto nos afectó porque teníamos un sueño. Se avizoraba una Serie del Caribe exitosa porque el equipo local iba a representar a Venezuela. No vamos a bajar la cabeza, nos sentimos tranquilos”.

Jesús Yajure Jun 05, 2015 | Actualizado hace 9 años
La guerra sin cuartel declarada en Aragua

La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas

 

Jesús Alberto Yajure
Laudelyn Sequera

 

“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.

“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.

Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.

En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.

Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.

Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.

Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.

En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.

El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.

A toda ¿vida?

En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.

El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.

Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.

El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.

En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.

Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese  sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.

“Tren de Aragua”

Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.

Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.

Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.

Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami  afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.

Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?” 

 

 

 

 

“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”

nelsonfreitez

El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.

Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.

“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.

Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.

“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.

Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.

“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.

Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.

“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.

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