El tema de la reclamación del Esequibo y la defensa de los intereses permanentes en el territorio y la fachada atlántica, ha tomado fuerza y resonancia en la opinión pública. Quienes por años hemos defendido nuestra integridad territorial desde la academia celebramos que el estado se ocupe, aunque tarde y con torpeza de un asunto de vital importancia para la nación. Consultar a los expertos nacionales con amplia experiencia, es un avance, para salvar el escollo que supone una comunidad internacional favorable a Guyana y reencauzar la controversia al ámbito bilateral conforme a las previsiones del Acuerdo de Ginebra de 1966. Guyana, diariamente suma aliados, ya no solo el de Caricom y Cuba, que históricamente le han secundado, también la Commowealth y un importante número de países pertenecientes a los No Alineados. A nuestro país le corresponde, explicar adecuada y seriamente nuestros legítimos derechos y promover al mismo tiempo, que Guyana se siente otra vez a la mesa de negociación.

Pero lejos de la diatriba que hoy ocupa titulares y portales en los medios oficiales, hay dos procesos de negociación y consecuentemente de delimitación de nuestro territorio, completamente abandonados, olvidados y silenciados. Por una parte, el diferendo de áreas marinas y submarinas al norte de Castilletes con la República de Colombia y por la otra, la delimitación con varias Islas del Caribe oriental, que se han negado sistemáticamente a reconocer la soberanía de Venezuela sobre Isla de Aves, a cuestionar el carácter de Isla y a desconocer el tratado de límites de nuestro país con Estados Unidos de Norteamérica por (Puerto Rico).

En el caso con Colombia, es mandatorio recordar que el 23 de marzo de 2009, el Comisionado Presidencial Dr. Francisco Javier Nieves-Croes, denunció mediante “Memorando de opinión disidente sobre la propuesta Gómez-Rondón de 2007 sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela” http://images.eluniversal.com//2009/04/13/cartagolfo.pdf la existencia de un pre-acuerdo de delimitación al que había llegado el Presidente Hugo Chávez con su homologo Álvaro Uribe Vélez con el conocimiento reservado solo a una parte de los Comisionados y que constituía un retroceso en la posición oficial adoptada por la CONEG, que se fundamenta en la prolongación de la frontera terrestre de Venezuela.

Este documento fue desmentido por la Cancillería de entonces, y por el propio Presidente Chávez, y además originó la remoción de todos los Comisionados, incluyendo al Profesor Nieves-Croes. Desde esa fecha (2009) hasta hoy, se desconoce el trabajo de los Comisionados, los avances, las discusiones.  De lo que si tenemos certeza es que la negada Hipótesis existió.

El pasado 27 de mayo de 2015,  Venezuela dictó el Decreto 1787 que creó y activó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN), que fue anulado y modificado por el Decreto N°1859 del 06 de julio de 2015. Este instrumento de empleo militar, fue interpretado por Colombia, como una delimitación unilateral de las áreas marinas y submarinas y  en consecuencia emitió  el 17 de junio de 2015 una Nota formal de Protesta contra el mismo. En la nota, describen la “delimitación de las aguas del Golfo de Coquivacoa” para referirse a nuestro Golfo de Venezuela, que no está en discusión, pero a la vez piden devolver la controversia al marco de la CONEG.

En este contexto declaró el ex presidente Uribe el 21 de junio de 2015  “la Comisión Binacional (refiriéndose a la CONEG) encontró un preacuerdo al diferendo. La delegación venezolana expresó a nuestros delegados, que ese preacuerdo tenía el visto bueno del Presidente Hugo Chávez (q.e.p.d.).» Detalló que en una reunión con Chávez en el departamento colombiano de La Guajira (norte) «le entregué el bosquejo que recibí del doctor Pedro Gómez Barrero (integrante de la Comisión Binacional). El Presidente lo puso en su bolsillo. Guardó silencio. Nunca dijo algo«. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150621/uribe-maduro-tapa-crisis-de-venezuela-con-decreto-de-limites-maritimos . Lo dicho por el senador Uribe, confirma que si hubo negociaciones entre un grupo de los comisionados colombianos y venezolanos, a espaldas del resto y de que se llegó un pre-acuerdo que de no haber sido denunciado, pudo causar grave perjuicio a la reclamación venezolana. Justo es entonces reivindicar la advertencia que realizó valientemente el estimado profesor  Francisco Javier Nieves-Croes.

El gobierno ha decidido crear la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, y en ella pretenden agruparse todos los asuntos de delimitación pendientes. Craso error. Cada controversia requiere de especialistas diferentes y su tratamiento debe atender a la especificidad con cada país. Lo conducente para garantizar adecuadamente el interés nacional, es nombrar los Comisionados en la CONEG, rescatar el acervo normativo y del proceso de negociación que cuenta con más de 25 años de experticia y separarlo de la exposición mediática de la reclamación del  Esequibo. Se impone la sensatez y el conocimiento, más allá de la diatriba electoral y partidista.

Por último, la opacidad o inexistencia de procesos de negociación con el Caribe son alarmantes. No se evidencia el interés en reafirmar nuestros derechos soberanos en Isla de Aves, frente a las pretensiones de desconocimiento que Saba y San Eustaquio; Guadalupe y Martinica cursan ante la ONU desde 2001. El último tratado de delimitación se suscribió en 1991 con Trinidad y Tobago, desde esa fecha al presente, el Caribe solo ha servido para ganar adeptos en Petrocaribe y sumar votos a través del CARICOM tanto en la OEA como en ONU. Las mas reciente gira del Vicepresidente no da muestras de haber impulsado este tema que al igual que con Colombia, sigue pendiente.

La integridad territorial de nuestra nación no es un asunto de propaganda o discursos altisonantes. Tampoco de privilegiar un tema-El Esequibo- porque hay una empresa petrolera que sirve para distraer al público de galería de lo esencial. El territorio es uno, su defensa, tarea de todos sin distingos. Retomar la senda de la solución pacífica de las controversias conforme al artículo 33 de la Carta de la ONU es lo sensato, lo apropiado y lo conducente. Probablemente la Asamblea General de la ONU a celebrarse en septiembre sirva de escenario para el encuentro con Guyana y preservar nuestros derechos.

En diplomacia, se actúa con prudencia, sin estridencias, con pocas declaraciones y si mucho trabajo de negociación lejos del escrutinio público que a veces lejos de ayudar, entorpece. Anunciar aliados coyunturales y que luego éstos desmientan a los voceros, nos coloca en posiciones vulnerables de cara a lo que será un largo, lento y complicado proceso de negociación. Por ello, más allá del fervor nacionalista que estos temas despiertan debemos actuar con firmeza, templanza, prudencia y valor. Venezuela es primero.

 

@matebe

 

El 22 de junio de 2011, publicaba en el portal www.runrun.es un artículo con el mismo nombre, https://runrun.es/nacional/inbox/20438/las-malvinas-integridad-territorial-primero-y-amistad-despues-por-maria-teresa-belandria.html por eso hemos decidido reproducir el título, pero actualizarlo habida cuenta de que las consideraciones que expresábamos en aquel momento han tomado un nuevo giro que vale la pena analizar. La controversia por el territorio Esequibo y las áreas marinas y submarinas de la zona en reclamación vuelve a la palestra pública con mucho verbo encendido y publicidad oficialmente dirigida a aglutinar voluntades, llamando a la Unidad Nacional. No nos oponemos a ello, todo lo contrario, nos parece adecuado que finalmente el Ejecutivo Nacional asuma una tarea que había postergado demasiado tiempo.

Fueron múltiples los llamados de atención que desde el año 2000 formulamos ante la inacción, silencio y la complacencia oficial frente a los actos hostiles e inamistosos de la República Cooperativa de Guyana. Muy lamentablemente, “la integración latinoamericana y caribeña” sirvió a los intereses políticos coyunturales de nuestro país: fundar Petrocaribe, la CELAC y sumar votos en la OEA a través de CARICOM.  Pero pongamos los eventos en contexto para comprender el giro de la política exterior venezolana en la última semana.

 

Guyana nos agrede ¿ahora?

En su discurso, el 20 de febrero de 2004 durante su visita a Georgetown, el Presidente Chávez afirmó: «El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países«.  Esta afirmación  fue inmediatamente aprovechada por Guyana y se tradujo como el abandono de la reclamación territorial. El embajador en Caracas Odeen Ishmael,  declaraba a un medio impreso en 2007 que «La confraternidad entre dos países socialistas implica abandonar el contencioso fronterizo, dado que los hermanos están llamados a vivir en paz«, la contención firme, decidida y diplomática de la controversia reconocida por el Acuerdo de Ginebra de 1966 y conducida a través del mecanismo de los buenos oficios había terminado en la práctica. Guyana obtuvo lo que quería, que Venezuela no se opusiera a sus máximas aspiraciones territoriales y marítimas.

 

¿Por qué Guyana actúa así?

Conforme al nuevo status quo, en 2011 Guyana introdujo ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas, la petición para extender “su” plataforma continental de 200 a 350 millas náuticas. En sus alegatos, omiten deliberadamente mencionar que el territorio (que concede los derechos en el mar) está en reclamación y que las áreas marinas y submarinas se encuentran pendientes de delimitación. La solicitud cercenaba  completamente la fachada Atlántica de Venezuela, violaba el Tratado de límites suscrito entre Trinidad y Tobago y Venezuela (1990), desconocía y vulneraba los legítimos e indiscutibles derechos de nuestra nación en la proyección marítima del estado Sucre y Delta Amacuro, impidiéndonos  la libre navegación en el Delta del Orinoco.  Venezuela fue notificada después que la solicitud estaba en la ONU. Esa acción, no fue protestada oficialmente, fue respondida mediante una nota de prensa en la que luego de acusar a profesores, diplomáticos y diputados de guerreristas y promotores del odio contra Guyana por denunciar la violación del Acuerdo de Ginebra y los derechos de Venezuela en la zona en reclamación, terminó por reivindicarse la controversia.   Finalmente, ese año, la Cancillería envió una misión a la ONU y la Comisión  de Límites suspendió temporalmente la solicitud guyanesa.

Pero es mandatorio recordar que, la República Cooperativa de Guyana, se encuentra en posesión del  territorio en reclamación, en consecuencia ha otorgado concesiones no solo en las áreas marinas y submarinas sino en toda la Guyana Esequiba.  A la fecha, más de 66 empresas (chinas, canadienses, estadounidenses, coreanas, trinitarias, entre otras) exploran, explotan y comercializan los recursos que encuentran, incluido el gobierno de la República Federativa de Brasil.

 

¿Quién es el responsable del aumento de las tensiones?

El 31 de agosto de 2013, en visita oficial del Presidente Nicolás Maduro a Georgetown este  expresó con relación al Acuerdo de Ginebra de 1966, lo siguiente  «es un acuerdo entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela» y que » fueron los años en que en Venezuela empezó una campaña dentro de la Fuerza Armada venezolana, dentro de los medios de comunicación hacia la población de odio, de acoso, de preparación psicológica, a través del desprecio, el racismo para invadir Guyana«.  Las empresas concesionarias tomaron nota y Donal Ramotar, Presidente de Guyana les garantizó que sus inversiones no serian perturbadas.

La empresa Anadarko, autorizada por Guyana, envío el Buque S/V Ternik Perdana a realizar exploración sísmica en la parte norte del Bloque Stabroek, cuyos límites se corresponden con las máximas aspiraciones marítimas expresadas por Guyana en su petición a la ONU en 2011.  El 10 de octubre de 2013, la patrullera oceánica de nuestra Armada Nacional “Yekuana”, avistó el buque y encontrándose éste  dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva, vale decir, en aguas territoriales venezolanas, fue enganchado y llevado a la Capitanía de puerto de la Isla de Margarita donde permaneció detenido por varios días. Una acción legítima y legal y valiente de nuestros marinos, que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 328 de la CN preservaron la soberanía e integridad de nuestro territorio.  Guyana hizo caso omiso de las  Notas de Prensa, en definitiva estas carecen de valor jurídico en el Derecho Internacional Público, no son oponibles ante las instancias judiciales y no configuran derechos.  Por ello en septiembre de 2014 Guyana nuevamente autorizan al buque S/V Prospector  el ingreso a “su” plataforma continental. En esta ocasión, el buque entró, exploró y en Venezuela no se protestó oficialmente.

 

¿Con quién es la controversia?

En marzo de 2015, la Deep Water Champion, es autorizada por Guyana y fondea en las aguas territoriales del Campo Liza, Bloque Stabroek  esta plataforma petrolera de última generación es propiedad de Exxon Mobil (de capital estadounidense asociada en esta exploración con CNOOC (compañía estatal de petróleos china), empresa que también explora y explota la faja petrolífera del Orinoco,  dos meses después de su arribo, se anuncia el hallazgo de petróleo. Esa concesión se encuentra en lo que Guyana afirma es “su plataforma continental”,  es la misma que no ha sido autorizada por la ONU, que se ubica en la zona en reclamación sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966 y cuya exploración viola el artículo V del citado documento. La cancillería venezolana optó por protestar oficialmente, pero enviando una comunicación a la empresa concesionaria del bloque Stabroek, un error inexcusable.

La controversia territorial está circunscrita a los estados: la República Cooperativa de Guyana, quien la reconoció en la firma del Acuerdo de Ginebra y la República Bolivariana de Venezuela. Los estados deben adecuar su actuación a las previsiones de dicho tratado y manejarse de conformidad al mecanismo de los buenos oficios.  Consecuentemente la protesta debe dirigirse al gobierno de Guyana y debe formularse integralmente, vale decir, reafirmar que las concesiones otorgadas tanto en la tierra como en el mar son nulas y violatorias del Acuerdo entre los estados.

 

¿Qué origina el escándalo reciente?

La publicación en la Gaceta Oficial el 27-05-2015 del Decreto N° 1787, reformado el 08-06-15, que crea y activa las ZODIMAIN, originó la protesta de Surinam, la Guyana Francesa y Colombia y consecuentemente la unión a favor de Guyana del CARICOM y la Commonwealth, es decir, de la OTAN. La errónea interpretación que de sus alcances realizaron, encendió las alarmas de los vecinos alegando que las coordenadas de patrullaje eran una delimitación unilateral de las áreas marinas y submarinas. Luego de la consulta al TSJ, el controvertido Decreto fue derogado y en su lugar se publicó el nuevo Decreto N° 1859, con fecha 06-07-15, sin coordenadas. Sin embargo, se hace mención expresa y quedan a salvo los legítimos derechos de Venezuela en todas las  ZODIMAIN de conformidad con el Derecho Internacional Público.  Las declaraciones del excelentísimo señor Presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, calificándonos de “mono en la espalda”, deben ser rechazadas por ofensivas. Y para ello, existen los canales diplomáticos. Sin embargo su actitud desafiante se inscribe en el memorial de agravios a nuestro país que no fueron oportuna y enérgicamente contestados.  Llamar a la embajadora al menos nos lava la cara frente al insulto. Pero la verdad es que el gobierno concedió durante demasiado tiempo.

Escribíamos en 2011 “El silencio oficial en torno al status de estas reclamaciones legítimas de Venezuela preocupa ya que por desconocimiento, inacción, alianzas extra regionales, amistad, ideología, o sencillamente ignorancia puede darse al traste con uno de los elementos esenciales a nuestra Nación: El Territorio”.

Por eso nos complace que se emprendan acciones y tal efecto nos permitimos respetuosamente formular algunas recomendaciones:

a) es indispensable mantener la controversia en el ámbito bilateral, la internacionalización favorece las máximas aspiraciones de Guyana en detrimento de nuestros legítimos derechos;

b) es urgente designar un nuevo representante permanente y a tiempo completo ante el mecanismo de los buenos oficios;

c) en la reunión con el Secretario General  de  la ONU para impulsar la designación de un Buen Oficiante, es pertinente sugerir que no sea un caribeño, la postura adoptada por CARICOM  (reconociendo como límite válido el Laudo Arbitral de Paris de 1899) es muestra de su parcialidad a favor de Guyana;

d) no involucrar a UNASUR, uno de los 3 países que propiciaron el dialogo-Colombia- mantiene un diferendo con nuestro país, vale decir, carece de imparcialidad frente a las controversias;

e) mantener a la CELAC informada pero que no sea ni garante ni obtenga un papel destacado, los caribeños son un bloque socio-político con una posición firme a favor de Guyana;

f) impulsar en el Ejecutivo Nacional la fijación por Decreto de la Plataforma Continental de los estados Sucre y Delta Amacuro, conforme a la Convención de Derecho del Mar de 1982 y la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos-Guyana no puede oponerse a este Decreto, que no solo es válido para el derecho interno sino inobjetable en el Derecho Internacional Público;

g) utilizar las Notas de Protesta y reclamar íntegramente a Guyana; por último, mantener las controversias y los diferendos en distintas instancias, para ello, es indispensable reactivar la CONEG (paralizada desde 2009) en el caso de Colombia, usar el mecanismo de los buenos oficios u otro que se acuerde con Guyana;  y proceder a la negociación con los países del Caribe Oriental con prudencia, paciencia, racionalidad tal como se realizó entre 1970 y 1990 por el ilustre Isidro Morales Paúl, artífice de nuestros tratados de límites con Francia, República Dominicana, Estados Unidos de Norteamérica (Puerto Rico), Trinidad y Tobago.

La aquiescencia por inacción diplomática ha sido constante en los últimos 16 años. Estamos a tiempo de revertir el daño y esperamos que se pase de la retórica a la práctica con el concurso de todos.  La defensa de la integridad territorial y la soberanía de nuestra nación es competencia de todos  los venezolanos, cada cual desde su ámbito de acción, en nuestro caso, desde la Universidad hace 21 años, sin estridencias, estudiando los documentos, revisando los tratados e inculcando en las nuevas generaciones el amor por nuestro país, incluso cuando ni siquiera era popular afirmar lo que hoy todos afortunadamente saben #ElEsequiboesnuestro.

 

@matebe

 

Fedecámaras fijará posición ante acusaciones de Maduro

Hoy la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) fijará posición  sobre los comentarios del presidente de la República, Nicolás Maduro, en los que tildó a la organización gremial de “enemigo del pueblo”, informó el presidente  de Fedecámaras, Jorge Roig.

El pasado domingo durante la celebración de los 204 años de la firma del acta de la Independencia, Maduro aseveró que algunas personas “tienen secuestrada la economía y le están pidiendo rescate al pueblo”.

Esto genera incertidumbre ya que fue Maduro quien convocó a un diálogo  con empresarios y  el sector productivo “sin exclusión”.  Roig en días pasados anunció que Fedecámaras invitó a Maduro  a su Asamblea Anual, la cual  calificó como “el espacio adecuado” para que el primer mandatario se reuniera con las cámaras que hacen vida en el movimiento empresarial de Venezuela.(La Patilla)

 

García Arocha: Está en manos del ministerio que se levante el paro general

La rectora de la Universidad central de Venezuela ratificó su apoyo al paro que llamaron gremios docentes y obreros que hacen vida dentro del recinto universitario. Espera que Manuel Fernández se reúna lo antes posibles con los afectados

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, ratificó el llamado a paro general que hicieran docentes de la institución solicitando mejoras en sus salarios.

Arocha aseguró en entrevista a Unión Radio, que la medida de protesta continuará hasta el titular de la cantera de Educación Universitaria, Manuel Fernández, se reúna con el gremio de docentes.

Informó que la decisión de ir a paro general de actividades no fue solamente del gremio de profesores, sino también del los sindicatos de profesionales, trabajadores y obreros que hacen vida dentro de la UCV. (El Nacional)

 

En Gaceta: Crean Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares

El decreto N° 1.859 de la presidencia de la república se establecen las zonas operativas

En Gaceta Oficial N° 40.696, de fecha lunes 6 de julio de 2015, y difundida este martes, se anuncia la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), adscritas a la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain).

El presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió este lunes el decreto 1.859, que sustituye el decreto 1.787, en el que se fijan las Zonas de defensa Integral Marítima e Insular de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional, referente a la disputa limítrofe con Guyana, el Mandatario indicó que el nuevo decreto incluye los elementos del texto derogado e incluirá principios constitucionales para la creación de las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares, y así «blindar el territorio en todas sus partes».(El Mundo)

 

Decretan emergencia en Falcón por falta de agua potable

En Gaceta Oficial Nº 40.696, que circula este martes, se publica el decreto presidencial

En Gaceta Oficial Nº 40.696, que circula este martes, decretan estado de emergencia en el estado Falcón debido a la falta de agua potable en la entidad,

A través del Decreto Presidencial Nº 1.861 «se declara el estado de emergencia en todo el territorio del estado Falcón sobre la prestación del servicio público de agua potable y sus instalaciones y bienes asociados, por un lapso de sesenta (60 días), prorrogable».

El texto también autoriza al Ministerio para Ecosocialismo y Aguas dictar por vía de excepción las «medidas especialísimas» que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población falconiana el suministro de agua.(El Mundo)

 

“La Fanb respalda de manera irrestricta la postura patriótica y valiente de Maduro”

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, en su posición de defensa territorial sobre el Esequibo.

“La Fanb respalda de manera irrestricta la postura patriótica y valiente del Pdte @NicolasMaduro en defensa de los intereses de la Nación”, expresó a través de su cuenta oficial en Twitter, @VladimirPadrino.

El Primer mandatario denunció, en una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional (AN) efectuada este lunes, la nueva campaña internacional para tratar de implantar contra Venezuela un conflicto de alta intensidad, a través de la siembra del odio y la desconfianza entre los venezolanos y los pueblos hermanos de Latinoamérica y del Caribe, haciendo uso del diferendo territorial con Guyana por el Esequibo, como nueva forma de acoso.(Noticias 24)

 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó este lunes  que la «diplomacia» y el «diálogo» funcionaron para solucionar el rifirrafe con Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro, firmara un decreto que afecta aguas aún por delimitar en el Caribe.

«Venezuela anunció que modificará decreto. Otra prueba de que diplomacia y diálogo funcionan», escribió Santos en su cuenta de Twitter.

Venezuela anunció que modificará decreto. Otra prueba de que diplomacia y diálogo funcionan. @CancilleriaCol

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) julio 7, 2015

El mes pasado, el jefe de Estado colombiano exigió al Gobierno venezolano que respondiera un nota de protesta enviada por el Ejecutivo a raíz del Decreto No. 1787 del 26 de mayo de 2015 «por el cual crea y activa las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain)».

La nota de protesta fue entregada el 17 de junio pasado por la canciller colombiana, María Ángela Holguín, al embajador de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta.

 

Título de caja

Lee aquí la respuesta de Maduro ante conflicto con Guyana y Colombia

 

El presidente Maduro firmó hoy una ley sobre asuntos limítrofes y un decreto que crea «zonas de defensa integral» para los espacios marítimos, según dijo en una alocución sobre la creciente tensión entre su Gobierno y el de Guyana por causa de un conflicto territorial en el Caribe que afecta también a Colombia.

«Estoy firmando inmediatamente una Ley Habilitante con rango, valor y fuerza de ley para crear una comisión presidencial institucional del Estado venezolano para llevar todos los asuntos limítrofes de nuestro país con nuestros vecinos de América Latina, del Caribe, en los casos que estén pendientes, asuntos por resolver y delimitar», apostilló.

Con respecto al nuevo decreto 1859, Maduro dijo que este sustituye al que firmó en mayo pasado (1787) y que en este documento se fijan «todos los elementos constitucionales, legales y doctrinarios» para crear las «zonas de defensa integral» en todos los espacios marítimos.

 

Nicolás Maduro rompió con el modus vivendi que Venezuela y Colombia mantenía en aguas del Golfo de Venezuela creando una crisis que, por ahora, es sólo diplomática pero que del lado colombiano comienza a adquirir ribetes políticos y militares.

Con un decreto de contenido militar emitido el 26MAY15, Maduro abrió simultáneamente dos frentes de conflicto externo, con Guyana y Colombia, las dos hipótesis de conflicto bélico manejadas por las Fuerzas Armadas venezolanas previo a que Hugo Chávez realzara la hipótesis de guerra contra EEUU. La emisión del decreto coincide con el inicio de la campaña electoral venezolana,  con un enorme deterioro de la base política del chavismo y con gran tensión en el interior de la alianza castrista-militar gobernante en Venezuela.

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El decreto 1.787 emitido por Maduro fue publicado el 27MAY15, creando y activando cuatro “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares” Zodimain. El analista político Manuel Malaver sostiene que el decreto le fue impuesto a Maduro por sectores militares. Una de las Zodimain incluye extensión marítima frente a las costas del Territorio Esequibo reclamado por Venezuela y detentado por Guyana, lo cual desató la reacción del nuevo gobierno guyanés. El 08JUN15, el gobierno Maduro reimprimió el texto del Decreto añadiendo un texto advirtiendo que la vigencia de la “Zodimain Atlántica” está condicionada por existir “un área marítima por delimitar” con Guyana. El caso Guyana ha sido definido por Maduro como una confrontación contra ExxonMobil, empresa que realiza exploración petrolera en lotes asignados por Guyana. En una estrategia pueril, Maduro busca diferenciar a la empresa concesionaria del gobierno de Guyana el cual ha otorgado decenas de concesiones petroleras en aguas bajo disputa con Venezuela sin que Chávez o Maduro protestaran oportunamente.

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El Decreto creó y activó una zona de defensa en la frontera con Colombia denominada “Zodimain Occidental”, la cual se proyecta sobre el Golfo de Venezuela y el mar Caribe a partir de un punto identificado como Castilletes (Hito 1 de la línea fronteriza terrestre entre Venezuela y Colombia) situado en la península de la Guajira. Las coordenadas que el Decreto señala para el Hito1, según expertos consultados para este Informe, estaría situado en una posición distinta a la del mojón que marca ese Hito. El Informe Otálvora del 13JUN15 ya había adelantado que el Decreto conllevaría a un pronunciamiento del gobierno Santos.

El Decreto define las Zodimain a partir de un listado de coordenadas geográficas, las cuales en el caso de la “Zodimain Occidental” incluye áreas que aún están sujetas a delimitación entre Venezuela y Colombia, tanto frente a las costas de la Guajira como en el Caribe. Como ya ha ocurrido en diversas ocasiones entre ambos países, la emisión de instrumentos que puedan ser interpretados como una delimitación unilateral de las zonas en disputa, suele ser protestada por la contraparte. Se trata de una rutina diplomática para evitar la llamada “aquiescencia”, dado que el silencio ante una decisión del otro país puede ser interpretado como consentimiento y ser alegado en futuras negociaciones. Pero Santos optó no sólo por dejar constancia escrita de su rechazo al Decreto sino que decidió exigir a Venezuela su derogatoria.

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La reacción oficial colombiana ante el Decreto 1.787 se produjo mediante dos documentos escritos y una declaración presidencial. El contenido de la Nota de Protesta entregada por la Cancillería colombiana al Embajador de Maduro en Bogotá el 17JUN15 no ha sido oficialmente divulgado por ninguna de las partes. Este Informe tuvo acceso a un texto el cual, según varias fuentes venezolanas consultadas, corresponde a la nota entregada por la canciller colombiana María Holguín al embajador Iván Rincón. El texto de la Nota de Protesta fue igualmente publicado en el portal Analítica regentado por Emilio Figueredo, experto venezolano en temas limítrofes. Mediante esa Nota, el gobierno Santos protestó el Decreto Maduro argumentando que “la jurisdicción correspondiente a la ZODIMAIN OCCIDENTAL, contemplan (…) como pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela porciones terrestres, áreas marinas y submarinas y espacio aéreo, que forman parte del territorio de la República de Colombia y otras que están pendientes por definirse entre nuestros países”. La Nota de Protesta colombiana pone en duda que las coordenadas publicadas por Venezuela correspondientes al Hito 1 (Castilletes) sean las oficialmente aceptadas por ambos países.

En consecuencia, Colombia solicita que la Canciller de Maduro, Delcy Rodriguez, “disponga lo necesario para corregir en lo pertinente, a la más más pronta conveniencia, el Decreto Presidencial (…) haciendo las modificaciones del caso y procediendo a su debida divulgación”. Igualmente propone reunir la “Comisiones Presidenciales Negociadoras (CONEG) a efectos de continuar trabajando en el análisis de posibles soluciones, como las obtenidas de común acuerdo hasta el 6 de octubre de 2007”. Es decir, Colombia pide a Maduro retomar las negociaciones limítrofes que el gobierno de Chávez adelantó con Andrés Pastrana y con Álvaro Uribe.

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La Canciller colombiana emitió el 21JUN15 un comunicado de prensa en el cual escuetamente informó sobre la Nota de Protesta entregada a Venezuela sin entrar en detalles técnicos. En esa nota pública, Santos pidió a Maduro “que se privilegie la sensatez cuando se trata de temas tan delicados como los que contemplan  la soberanía y jurisdicción marítima”.

El gobierno venezolano que en la última década asumió el estilo retórico de gruesos adjetivos de la cancillería cubana, emitió el 23JUN15 un Comunicado en respuesta a Colombia. En ese texto público no dio respuesta al contenido de fondo de la protesta colombiana ni se refirió al Decreto 1.787. La Cancillería venezolana se limitó a un pronunciamiento panfletario para “rechazar” lo que califica como “campañas antivenezolanas que se desarrollan en Colombia” acusando al gobierno Santos por “escandalizar y exagerar los chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos”. La Cancillería venezolana dijo  que “coincidimos en la realización de la Comisión Binacional de Alto Nivel (Coban), para conversar oportuna y eficazmente los temas de interés bilateral”, con lo cual la Canciller de Maduro equivocaba (intencionalmente o no) el mecanismo que Colombia invocaba que es la Comisión Negociadora encargada de los temas limítrofes. La Coneg es un esquema bilateral formal  creado en 1990 como comisión negociadora del tema de áreas marinas y submarinas. La Coban es una comisión informal integrada por ministros para tratar tema generales. No son lo mismo.

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Acusado simultáneamente por el uribismo y el pastranismo de no mostrar mano dura ante Maduro, Santos se pronunció el 23JUN15 sobre el tema. Santos subió la apuesta en este impasse con Maduro asegurando que el comunicado venezolano “no es una respuesta a nuestra protesta” y condicionando la celebración de una reunión bilateral a una previa “respuesta del Gobierno de Venezuela a la protesta formal que le hicimos”(…) “respuesta formal que espero se dé en las próximas horas”. Una semana después aún Maduro no responde a la protesta de Santos.

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El 31AGO07, para sorpresa incluso del gobierno colombiano, en medio de una de las lunas de miel con su archienemigo Alvaro Uribe, Chávez anunció que ya existía una propuesta para delimitar las fronteras marinas entre los dos países la cual sería afinada antes de diciembre de aquel año. El anuncio no dejaba de llamar la atención ya que una de las excusas esgrimidas por el golpista Chávez en 1992 fue  justamente las negociaciones con Colombia. De acuerdo a declaraciones emitidas el 22JUN15 por Giovanna De Michele, quien formó parte de la Coneg del gobierno chavista, los negociadores de Chávez llegaron a tener “varios proyectos muy interesantes sobre la mesa”. Justamente esos “proyectos” son los que la Cancillería colombiana busca reactivar ahora en respuesta al Decreto de Maduro.

El 12OCT07 Hugo Chávez se encontró con Álvaro Uribe en la Guajira colombiana, acompañados del ecuatoriano Rafael Correa, para la inauguración de un gasoducto que alimentaría con gas colombiano al estado Zulia. En esa ocasión Chávez y Uribe conversaron sobre la propuesta alcanzada una semana antes por sus negociadores para delimitar el Golfo de Venezuela. Esa propuesta se conoce entre los expertos limítrofes como la “Hipótesis Rondón-Gómez”, o el “preacuerdo Rondón-Gómez”. La revista Semana de Bogotá publicó en su edición del 28JUN15 el documento firmado por los negociadores de ambos países el 06OCT07 para delimitar las área marinas y submarinas.

 

 

Preacuerdo de delimitación del Golfo de Venezuela diseñado por los negociadores de los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe en 2007. (Imagen: Revista Semana)

 

Los choques entre Chávez y Uribe a propósito de las Farc paralizaron las negociaciones limítrofes a finales en 2007. Luego, en abril de 2009, se desató un pleito dentro de la comisión negociadora venezolana que estaba presidida por Pavel Rondón (Embajador en Bogotá para la época) acompañado del abogado Francisco Nieves Croes vinculado con la Armada venezolana y la profesora Giovanna De Michele. Nieves Croes acusó a sus colegas de comisión de haber llegado a un inconveniente preacuerdo con la contraparte colombiana encabezada por el empresario Pedro Gómez Barrero. Chávez, quien conocía (y habría aprobado, según Álvaro Uribe) el “preacuerdo”, ordenó a su canciller Nicolás Maduro la destitución de la comisión venezolana y la designación de nuevos miembros. Pero el tema del Golfo de Venezuela quedó nuevamente congelado, hasta ahora cuando Maduro lo revive con una delimitación de facto.

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Las reacciones en Colombia han sido virulentas. En los medios de comunicación colombianos nuevamente se refieren al Golfo de Venezuela como “Golfo de Coquivacoa”, término inventado en los años setenta por el expresidente Alfonso López para zaherir las posiciones venezolanas. Alvaro Uribe, por su parte, acusó el 23JUN15 que la “dictadura Maduro invade mar de Colombia para ocultar crisis interna de Venezuela”. Ese mismo día el exmandatario propuso mediante un tuit “Que la Binacional trabaje desde punto de 2007”. De esta manera Uribe coincidía con Santos, trayendo a colación el estado de las negociaciones limítrofes alcanzadas por él y Chávez.

En tanto, Erich Saumeth, corresponsal en Colombia del portal Infodefensa, reportó el 24JUN15 el zarpe de dos fragatas colombianas desde Cartagena en dirección al Golfo de Venezuela. Esta información no ha sido confirmada por otras fuentes. Por su parte, el recién posesionado Ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, realizó el 27JUN15 una ostensiva vista a la Guajira, con especial énfasis en las instalaciones militares que su país mantiene en las proximidades del Hito 1 de Castilletes.

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Desde finales de los años ochenta, las armadas de ambos países mantienen un modus vivendi en las aguas del Golfo, en espera de una resolución negociada al tema limítrofe. El decreto de Maduro y la respuesta de Santos están poniendo en suspenso esas reglas no escritas pero existentes de convivencia de las dos fuerzas militares.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

La reciente publicación en Gaceta Oficial del Decreto 1787 ha generado una indignación de  los países vecinos que protestaron por la manera unilateral como se fijaron las fronteras, creando además “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular” Atlántica, Central y Occidental.

El tema de la delimitación de las  fronteras terrestres y marítimas es un tema delicado que debe resolverse de manera equilibrada pero firme, y para ello es necesario  poder definir una Política de Estado, en la que deben considerarse los aportes que forman parte del patrimonio histórico que ha caracterizado la actuación venezolana durante décadas, e incorporar la participación de los negociadores del pasado, de los académicos y especialistas que conocen los alcances jurídicos y del Derecho Internacional, de los dirigentes políticos, de los militares y de la opinión pública en general.

En el tema de fronteras la actual Administración ha ido de un extremo al otro: inicialmente pecó por defecto, ya que la “diplomacia bolivariana” no actuó jurídicamente cuando debía hacerlo, para luego asumir una decisión que se ubica en el otro extremo, para pecar por exceso con el Decreto aprobado. Algunos analistas ven con simpatía el Decreto porque alegan que la posición de los militares influyó para marcar una respuesta que pusiera fin al silencio de los últimos tres lustros. Pero lo cierto es que las áreas definidas unilateralmente, ponen en peligro la defensa de nuestra soberanía, además de imprimirle un mensaje guerrerista invocando prácticamente la definición de un “mare nostrum” sin tener en cuenta el arte y la ciencia de la diplomacia, que debe buscar los mecanismos de solución pacifica de las controversias como señala la Carta de las Naciones Unidas.

La torpeza de los alcances del Decreto, ha unido a países vecinos como Guyana y Colombia, quienes han emitido notas de protesta y anunciado que procuraran otros mecanismos que aclaren la nueva definición arbitraria. Otros países vecinos como Surinam o la Guayana Francesa, se sienten igualmente afectados, pero a pesar de su malestar no han reaccionado públicamente todavía, a lo que se suma el descontento de las Antillas Neerlandesas, que también se consideran afectadas por el tono de la definición. Guyana anunció que llevaría ante los Jefes de Gobierno del Caricom, los primeros días de Julio una posición dirigida a los Países del Caribe, con lo que se corre el riesgo de otras respuestas que pondrían en peligro todos los esfuerzos de estar presentes en el Mar Caribe.

Lo cierto es que si no se lleva el tema fronterizo con la necesaria cautela, y en la próxima reunión de la Asamblea Nacional ya anunciada, se procede a usar un lenguaje guerrerista, sin tener en cuenta la preocupación de nuestros vecinos, o acusar a los diputados de oposición como “traidores a la Patria” por no unirse de manera incondicional a los errores producto de la improvisación, sería muy grave.

Pero si ante el creciente deterioro del Gobierno por la crisis humanitaria, económica, social, política e institucional, se procura crear una cortina de humo para obtener respaldos “patrióticos”, se corre un riesgo mayor, porque además de poner en peligro nuestras fronteras, repetiría  errores de Gobernantes como Videla con las Malvinas, cuyos resultados fueron desastrosos. La delimitación arbitraria fijada, lejos de defender nuestra soberanía, más bien pone en riesgo las legítimas aspiraciones fronterizas de Venezuela, por lo que es necesario que se revise con mucho cuidado el rumbo emprendido y se convoque a todos los sectores del país para encontrar una posición común.

 

@milosalcalay

 

Colombia espera que Venezuela responda la nota de protesta que envió para solicitar que se modifique el decreto 1787, emitido el 26 de mayo de 2015 por el presidente Nicolás Maduro, debido a que incluye áreas marítimas pendientes por delimitar.

“Son aguas que están en disputa. Hay una comisión negociadora presidencial desde 1990. Este decreto del gobierno venezolano es una decisión unilateral que va contra el derecho internacional”, declaró la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, en La Habana, donde participa en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Estamos convencidos de que Venezuela debe responder y esperamos que responda esta nota de protesta lo más pronto posible”-

La funcionaria afirmó que ella personalmente entregó la nota de protesta formal, el miércoles pasado, al embajador de Venezuela en Bogotá, Iván Rincón Urdaneta, después de haber conversado ese mismo día sobre el tema con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El decreto presidencial 1787 creó las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares, que divide las aguas de Venezuela en cuatro áreas de carácter militar: Atlántica, Oriental, Central y Occidental.

Las coordenadas de la Zodimain Atlántica —que incluyen aguas correspondientes al territorio Esequibo— provocaron un reclamo de Guyana, que calificó el decreto de violación flagrante del derecho internacional, y aseguró que defendería su soberanía.

La queja de Colombia es por las coordenadas de la Zodimain Occidental, que abarcan áreas marítimas no delimitadas en el golfo de Venezuela, que está ubicado entre las penínsulas de la Guajira y Paraguaná.

“Las áreas en las que unilateralmente Venezuela establece sus coordenadas no pueden asumirse como venezolanas, por cuanto continúan en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, dice la nota de protesta.

En la misiva Bogotá solicita a Caracas que se “adopten las medidas necesarias para corregir el decreto”. Holguín señaló que las coordenadas que se usen deben corresponder a áreas venezolanas y excluir las aguas que están en negociación.

Consultada sobre que haría Colombia si Venezuela no responde, la canciller dijo: “Somos convencidos de que estas diferencias con los países se deben mantener en lo bilateral, lo vamos a mantener a nivel diplomático”.

 

La canciller colombiana María Ángela Holguín se pronunció este fin de semana frente al decreto emitido por Venezuela el pasado 26 de mayo, en el que establece de manera unilateral las fronteras marítimas con Colombia en el área del golfo de Venezuela y traza, en zonas reclamadas por Colombia, una línea sobre la cual tendría jurisdicción la Zona de Defensa Marítima e Insular Occidental venezolana (Zodimain). La ministra de relaciones exteriores indicó que para el gobierno colombiano dicho decreto va en contra del derecho internacional, debido a que establece límites en zonas que aún están en diferendo entre ambos países.

Las delimitaciones marítimas establecidas en la Zodimain Occidental comprenden aguas del Golfo de Venezuela o golfo de Coquibacoa, en el área de la Guajira, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan hace años un diferendo por límites marítimos.

En tal decreto, el Estado venezolano «reconoce la existencia de áreas marítimas pendientes por delimitar» y que a su juicio «requieren ser atendidas por el Estado venezolano hasta tanto se logre una demarcación definitiva de manera amistosa».

 

Mapa: El Espectador

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado colombiano, el senador del Partido de la U Jimmy Chamorro, pidió agotar las instancias diplomáticas para resolver el incidente.

«Desde la comisión de Relaciones exteriores del Senado rechazamos contundentemente este accionar arbitrario, irresponsable (de Venezela)», dijo Chamorro a radio Caracol.

Por su parte, el senador y ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, indicó que este nuevo de decreto lo que busca es «ocultar la crisis de Venezuela» y sirve para despertar un sentimiento anti colombiano en vísperas electorales». Hizo un llamado para que esta «desorientación no se permita ni en Venezuela ni en Colombia».

 

Los antecedentes del diferendo con Venezuela se pueden remontar a 1830, con la separación de la Capitanía General de Venezuela de la Gran Colombia, y al laudo español de 1891 y el suizo de 1916. La historia es larga y son múltiples los incidentes y tensiones que se han despertado entre las partes en la zona del golfo de Venezuela. Muchos argumentos históricos, jurídicos y económicos han impedido un acuerdo final sobre los límites marítimos, en una zona estratégica por la salida al mar Caribe y por sus recursos energéticos.

Para Venezuela la zona es vital, no sólo por la cantidad de petróleo, sino porque permite la conexión de regiones venezolanas con el mar Caribe, siendo un lazo para el desarrollo interno de estados venezolanos como Zulia, Mérida y Trujillo. Además es la entrada y salida necesaria del lago de Maracaibo, una importante área económica con yacimientos y refinerías.

Las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela fueron pactadas en 1941, cuando se firmó un tratado entre los presidentes Eleazar López Contreras y Eduardo Santos. A partir de entonces Colombia posee 50 km lineales de costa sobre el golfo de Venezuela y los restantes 500 kilómetros son costas venezolanas. El tratado no definió, sin embargo, la delimitación de las áreas marinas y submarinas.

Apenas después de la primera Conferencia del Mar, en 1958, en la que se firmaron las cuatro convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar, empezaron las negociaciones en las que Colombia defendió la demarcación de una línea media, a diferencia de Venezuela. En 1969 empezaron diálogos entre ambos estados, pero fracasaron en 1973, cuando el canciller Alfredo Vázquez Carrizosa decidió eliminar la comisión negociadora colombiana e iniciar una nueva negociación directa, que también fracasó en 1974.

Luego subió al poder el presidente Alfonso López Michelsen y simultáneamente, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Con dos presidentes que tenían afinidades personales, políticas e ideológicas, parecía factible retomar las negociaciones. Entre 1974 y 1978 se logró un acuerdo que Pérez puso a consideración del Copei, el principal partido de oposición en Venezuela, que lo descalificó y acabó, nuevamente, con la promesa de un acuerdo bilateral.

Una nueva fase de negociaciones se inició en 1979, con Julio César Turbay como presidente de Colombia. Se acordó con el presidente venezolano Luis Herrera Campins crear una comisión de alto nivel para solucionar la disputa de una vez por todas. Venezuela designó como jefe de la comisión al reconocido jurista Gustavo Planchard y por Colombia presidía Julio Londoño, quien había participado en las negociaciones desde 1969 y seguiría participando en los posteriores intentos de negociación. Las partes llegaron a la famosa hipótesis de Caraballeda, una línea que marcaría la división marítima entre los estados y que se incluiría en un acuerdo más grande dividido en cuatro partes: primero, la delimitación marítima; segundo, el cierre del golfo; tercero, la exploración conjunta, y cuarto, acuerdos sobre el suministro del petróleo.

Este acuerdo, que había sido socializado por las comisiones negociadoras en sus respectivos países con fuentes del alto gobierno, también fracasó cuando en Venezuela se conoció que la información compartida era parcializada. Las Fuerzas Armadas venezolanas estuvieron a punto de dar un golpe militar a Herrera Campins. Así se frustró la negociación en abril de 1981.

Después de este fracaso vinieron unos cuantos más. Durante el gobierno de Virgilio Barco se restablecieron negociaciones después del incidente generado con la corbeta Caldas, que el 9 de agosto de 1987 navegó por aguas que Venezuela consideraba suyas. Las negociaciones empezaron pero se volvieron crónicas, no avanzaron, aunque tampoco se rompieron formalmente. Más recientemente, en 2007 y 2009, se hicieron intentos de negociación y Venezuela hizo nuevas propuestas, que tampoco arrojaron resultado alguno.

 

*Con información de El Espectador