El pasado 29 de julio tuvo lugar una nueva actuación del Gobierno nacional que dejó en evidencia la vigencia de una política sistemática de desconocimiento de los derechos de propiedad en Venezuela. En horas de la tarde, un grupo de funcionarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (SUNAVI), en compañía de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y – presuntamente – de funcionarios de un tribunal de Caracas, se presentaron en los centros de distribución de bienes pertenecientes a las empresas Polar, Cola-Cola Femsa, Cargill, Zara y Nestlé, ubicadas en La Yaguara, Caracas, “siguiendo órdenes superiores”, para notificar a los representantes de dichas empresas el desalojo de las instalaciones comerciales mencionadas en un lapso de 60 días.
El argumento para ejecutar esta medida, presuntamente una “ocupación temporal”, es la construcción de nuevas edificaciones para la Gran Misión Vivienda, específicamente la “Nueva Comunidad Socialista Amatina”. Según la poca información proporcionada por los agentes gubernamentales, los terrenos de propiedad privada deben ser evaluados para tal fin, e indicaron además que pasaran a la toma y control sobre todos los inventarios y activos existentes en las plantas ubicadas en zona industrial de La Yaguara, en Caracas. A la fecha, no está claro cuál sería en específico el “fundamento jurídico” de la medida, si bien cabe presumir que es la inconstitucional declaratoria de utilidad pública prevista en el artículo 3 del Decreto -Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y el Decreto de Expropiación del Presidente de la República publicado en la Gaceta Oficial No. 39.596 de 18 de enero de 2011.
Esta acción del Ejecutivo nacional, se estima, no sólo afectará a unos 600 trabajadores directos y otros tantos indirectos de los distintos establecimientos comerciales del Distrito Capital y otras zonas aledañas, sino que incidirá directamente sobre los procesos de distribución y comercialización de los bienes presentes en estas plantas, como lo son alimentos y otros rubros de consumo frecuente por parte de la población, los cuales automáticamente han sido confiscados por el Estado, generando nuevas trabas a la libre empresa que todavía continúa produciendo a pesar de las circunstancias adversas. Esta medida niega a las empresas privadas la posibilidad de cooperar en el abastecimiento y suministro de bienes y servicios cuando el país más lo necesita, pero además provoca pérdidas importantes a los propietarios de dichos espacios y zonas comerciales.
