World Justice Project

Entre 142 países evaluados en materia de Estado de derecho, Venezuela volvió a quedar en el último lugar

La justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la justicia penal. Así lo refleja el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.

En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de Derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022.

Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.

Ningún cambio en la justicia 

Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.

Desde 2021, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado leyes como la Ley Orgánica de amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal y ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). En el mismo período, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, redujo el número de magistrados de ese organismo de 32 a 20, y designó funcionarios como el defensor público general. Las medidas buscaban, de acuerdo con las autoridades, combatir el retardo procesal, evitar el uso abusivo de la detención preventiva o el procesamiento de civiles por parte de los juzgados castrenses.

Pese a los cambios, muchas de estas prácticas continúan registrándose, tal y como lo denunció a finales de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV).

Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de WJP, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo.

En contraposición los fineses, daneses y los singapurenses son quienes gozan de la mejor justicia criminal, mientras que los neerlandeses y noruegos son los que tienen los mejores jueces civiles. En América Latina, entretanto, Uruguay, Costa Rica y Chile comparten los primeros tres lugares en las categorías antes señaladas.

Un dato importante es que todos los países antes mencionados, a excepción de Singapur, son considerados democracias consolidadas o en vías de consolidación.

No hubo progreso

El Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice.

Son llamativos los resultados referidos a la corrupción; los mismos se han producido el mismo año en que las autoridades lanzaron su última campaña en contra de los delitos que afectan al patrimonio público. A principios de 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Público realizaron varias operaciones policiales que permitieron la desarticulación de redes que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela, en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y hasta en el Poder Judicial.

Unas 55 personas fueron detenidas, entre ellas el diputado oficialista Hugbel Roa y el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles, como informó el fiscal general Tarek William Saab, quien anunció que había una docena de órdenes de captura por ejecutar.

«Hemos logrado imputar desde el año 2016 a 2023 a 21.534 funcionarios. Hemos acusado a 9.398 y logrado condenar a 5.365», denunció Tarek William Saab.

La corrupción fue uno de los temas que salió a relucir en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en octubre pasado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque en general Venezuela sale mal parada, en algunos indicadores del Índice de Estado de derecho se recogen algunos progresos. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público. el país subió unos peldaños. Actualmente Venezuela está en el lugar 132 de 142 y en América Latina y el Caribe está en el antepenúltimo lugar, superando a México y Haití. Desde 2016 hasta 2021 Venezuela fue considerado el país más inseguro de la región.

Con información de Acceso a la Justicia

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Venezuela obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor». Las autoridades venezolanas parece que jamás han escuchado esta frase del filósofo chino Confucio, al menos esa es la sensación a la que se llega al revisar los resultados de la última edición del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual el país ha vuelto a quedar, por octavo año consecutivo, en el último lugar de los 140 países evaluados.

En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27.

El Estado de derecho, según WJP, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presenten en una sociedad determinada.

Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se entrevistaron 154.000 hogares y se consultó la opinión de 3.600 abogados, académicos, juristas y catedráticos en Derecho en los 140 países.

Déjà vu

Como en 2021, el país quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba las ocho, que es Estado de derecho.

Son llamativos los resultados obtenidos por la justicia penal, donde el país tiene más de una década en el foso. ¿La razón? En los últimos doce meses no se produjo ningún avance y Venezuela volvió a obtener 0,12 puntos. Estos datos confirman las sospechas de que la «revolución judicial» puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2020 no está sirviendo para hacer más eficiente y eficaz al sistema.

Desde finales de 2021 las autoridades han reformado o aprobado alrededor de una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia penal, a través de las cuales han reducido lapsos procesales, estipulado nuevas obligaciones a los actores estatales e incorporado garantías para los ciudadanos. Asimismo, han adoptado medidas como la reducción en el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o designado al titular de la Defensa Pública.

Sin embargo, instancias nacionales e internacionales han advertido que estas medidas no atacan los principales males que aquejan al sistema. «Las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad», denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, publicado en septiembre pasado.

Las modificaciones legales no abordan la provisionalidad de jueces y fiscales, la cual viene siendo señalada de manera reiterada por organismos como la Comisión y la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como un factor que favorece la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales.

El Índice corrobora estas afirmaciones: en el subrenglón del factor que mide la justicia penal en el país, relacionado con la ausencia de interferencias indebidas del Ejecutivo sobre ese sistema, el país obtuvo una evaluación de 0,02; es decir prácticamente cero. Una puntuación aún peor recibió en cuanto a la garantía del debido proceso en los procedimientos administrativos, donde el país apenas logró 0,01 y que forma parte del factor que mide el cumplimiento del marco regulatorio.

Casi en el foso

El Índice no solo reveló que las reformas legales aprobadas por las autoridades no han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia, tampoco han hecho nada para combatir la corrupción.

Los funcionarios judiciales son percibidos como los más propensos a incurrir en irregularidades administrativas, seguidos por los del Gobierno y los agentes policiales y efectivos militares, de acuerdo con el reporte.

Los datos de WJP están en sintonía con los de otras organizaciones como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 de 180. Esto supone un retroceso de un puesto en comparación con 2021.

¿Avances?

En el Índice de WJP también figuran algunas áreas en las que Venezuela está más cerca del promedio mundial; sin embargo, ello no significa que sea un buen resultado. Por ejemplo, en el ámbito del respeto a los derechos fundamentales, en la libertad religiosa obtuvo una puntación de 0,59, que está cerca de ubicarse en el promedio mundial de 0,64.

Por su parte, en materia de igualdad y no discriminación y de derechos laborales, el país consiguió un 0,48 y 0,53, respectivamente; también cercanos al promedio global, esto a pesar de que Venezuela sigue siendo de los pocos países de la región que no ha adoptado medidas para garantizar sus derechos a minorías como el colectivo LGBTI, o de que en los últimos meses el número de protestas laborales no dejan de crecer, debido a medidas como el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha reducido los ingresos de millones de funcionarios públicos.

En materia de Gobierno abierto, el Índice registró leves avances, sobre todo por la existencia de mecanismos formales para presentar quejas. Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público hasta ahora no ha tenido ningún impacto, pues de acuerdo con el reporte, el país sigue en el último lugar en la región en lo que se refiere a la posibilidad de que los ciudadanos accedan a información y datos que están en poder del Estado.

La clasificación por factores que determinan el índice del Estado de Derecho de un país, muestra que en casi todos, Venezuela estuvo en los puestos más bajos

Venezuela volvió a ocupar el último puesto del Índice de Estado de Derecho 2022 del World Justice Project (WJP), publicado este miércoles, 26 de octubre.

De acuerdo con el informe, el Estado de Derecho se debitó globalmente, según un análisis y recolección de datos del World Justice Project en 140 países.

Los datos muestran que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61% de los países estudiados este año, incluyendo a Venezuela.

El documento señala que globalmente, 4.4 miles de millones de personas viven en países donde el Estado de Derecho es más débil que el 2021.

Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del World Justice Project (WJP), señaló al respecto: «Estamos saliendo de la pandemia, pero no de la recesión global del Estado de Derecho».

El Estado de Derecho en Venezuela

Según los datos que presentó el informe, en Venezuela, el puntaje general del Estado de Derecho disminuyó 1.4%. Se encuentra en el último lugar de 140 países evaluados.

En cuanto a la región, Venezuela se situó en el puesto 32 de 32 países estudiados en América Latina y el Caribe.

Contrario a Venezuela, el mejor desempeño de la región corresponde a Uruguay (puesto 25 de los 140 países encuestados en el mundo), seguido de Costa Rica y Chile.

Además de Venezuela, los países de la región con los puntajes más bajos son Nicaragua y Haití.

Durante este último año, señala el documento, 21 de los 32 países de América Latina y el Caribe empeoraron sus puntajes. De esos 21 países, 16 también empeoraron sus puntajes el año pasado.

Entre los países de ingreso medio-alto, Venezuela ocupa el puesto 42 de 42.

Clasificación de Venezuela en el ranking global

La clasificación por factores que determinan el índice del Estado de Derecho de un país, muestra que en casi todos, Venezuela estuvo en los puestos más bajos.

Por ejemplo, en el factor de ausencia de la corrupción, Venezuela ocupó el puesto 130 a nivel global, 29 en la región y 40 por rango de ingreso.

En el caso de factores como la justicia penal, el informe situó a Venezuela en el último lugar de los tres renglones evaluados.

1 es el mejor lugar de la clasificación del Índice de Estado de Derecho del WJP

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Venezuela es la nación más corrupta en el continente 

Venezuela ocupó el último lugar en el Índice de Estado de derecho, elaborado por la organización World Justice Project, en el que participaron 139 naciones. 

De acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia para realizar el índice se evaluaron la actuación de jueces y fiscales; la capacidad del Poder Judicial de poner límites al poder del gobierno; el estatus de la corrupción en el país; la transparencia en la toma decisiones de la administración chavista; el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; el estatus de orden y seguridad interna; y el grado de cumplimiento de las leyes venezolanas.

Explicaron que para ello se realizaron más de 4.200 entrevistas a abogados, académicos y juristas, así como a 138.000 familias.

En materia de corrupción, Venezuela alcanzó 0,29 puntos, dos décimas menos que el año pasado, y ocupó el puesto 129 de 130. República Democrática del Congo se llevó el último lugar

En las categorías límites al poder, cumplimiento de la ley y actuación del sistema de justicia penal, el gobierno venezolano obtuvo una calificación de 0,12 frente al 0,22 que logró Bolivia, el país que ocupó el penúltimo puesto en el ranking. 

En la escala de orden y seguridad interna, Venezuela se ubicó en el puesto 132. Afganistán está en el último lugar del índice.

La tabla que elaboró WJP muestra los puntajes generales y las clasificaciones del Índice de Estado de Derecho 2020 por país

Venezuela quedó de último en el ranking mundial de Estado de Derecho 2020, de acuerdo con un informe del World Justice Project (WJP).

El documento publicado por WPJ mide de forma anual el Estado de Derecho con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo.

Asimismo, el índice presenta un panorama del Estado de Derecho en 128 países, al asignar puntajes y rankings para ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.

Los puntajes se calcularon a partir de información de más de 130 mil encuestas a población general y más de 4,000 cuestionarios a expertos en justicia alrededor del mundo.

Además, este índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye a partir de datos primarios.

El Estado de Derecho en el mundo

La tabla que elaboró WJP muestra los puntajes generales y las clasificaciones del Índice de Estado de Derecho 2020 por país.

En este caso, las puntuaciones van del 0 al 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.

Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo con el informe,  Dinamarca es el primer con la máxima adhesión al Estado de Derecho, con una puntuación de 0.90.

Asimismo, le siguen Noruega con 0.89, Finlandia con 0.87, Suecia con 0.86 y Países Bajos con 0.84.

Del extremo contrario, para los cinco últimos lugares se encuentran: Camerún con 0.36, Egipto con 0.36, República Democrática del Congo con 0.34, Camboya con 0.33 y Venezuela con 0.24. 

En Latinoamérica

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, es Uruguay el país con mayor adhesión al Estado de Derecho, con una puntuación de 0.71. Además, se encuentra en el puesto 22 del ranking mundial.

A Uruguay le siguen Costa Rica con 0.68, Chile con 0.67, Barbados con 0.65 y San Vicente y las Granadas con 0.64.

Para los últimos puestos, que están por encima de Venezuela, están México con 0.44, Honduras con 0.40, Nicaragua con 0.39, Bolivia con 0.38, siendo este el penúltimo de la región.

Límites al poder gubernamental

En este caso, el factor 1 mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley. Además, incluye mecanismos constitucionales e inconstitucionales que «limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas».

También, incluye los controles no gubernamentales, «como una prensa libre e independiente».

Para esta clasificación, Venezuela tuvo una puntuación del 0.17, lo que la ubica en el último puesto.

Ausencia de corrupción

Este factor mide la ausencia de corrupción en el gobierno, para lo que toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. 

Asimismo, se analiza la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército.

En este caso Venezuela se sitúa en la posición 117 (de 128) con una puntuación de 0.31. De último, en este factor, quedó el Congo con 0.16.

Gobierno abierto

Aquí se mide la apertura del gobierno de cada país, y si este publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

También, mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno.

Venezuela quedó en la posición 125 de este factor con una puntuación de 0.28.

Solo tienen un peor desempeño que Venezuela Camboya, Mauritania y Egipto.

Derechos fundamentales

El Factor 4 reconoce que, para que un sistema sea un Estado de Derecho, «debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional».

Sin embargo, ante la existencia de otros índices que miden los derechos humanos, y que sería imposible medir la adhesión a todos ellos, este factor se centra en una lista de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están intrínsecamente relacionados con el Estado de Derecho.

Venezuela está en la posición 124 con una puntuación de 0.31.

Myanmar, Chino, Egipto e Irán son los países peores clasificados que el nuestro.

Orden y seguridad

El factor 5 mide si la sociedad puede garantizar la seguridad de las personas.

De acuerdo con WJP «la seguridad es una función fundamental del Estado, y una característica de una sociedad con Estado de Derecho».

La seguridad, según el informe, «es una precondición para la realización de derechos y libertades que el Estado de Derecho busca promover».

Venezuela quedó en la posición 123 con una puntuación de 0.48.

Los países peores clasificados que Venezuela en este punto son Camerún, República del Congo, Pakistán, Nigeria y Afganistán.

Cumplimiento regulatorio

En este factor se mide si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva.

Vale aclarar que no se evalúan las actividades que los gobiernos deciden regular, ni considera si las regulación son apropiadas, sino que se enfoca en la implementación y aplicación de dichas regulaciones. 

A la cola de la lista, Venezuela queda en el puesto 128 con una puntuación de 0.20.

Justicia civil

El factor de la Justicia Civil evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil.

Además, este factor mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles, y si están libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos.

Por otra parte, examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no son razonables, y si las decisiones se aplican de manera efectiva.

Finalmente, mide la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas.

Venezuela quedó en el puesto 127 con una puntuación de 0.27.

Justicia penal

El último factor evalúa el sistema de justicia penal de cada país, considerando que un sistema de justicia de justicia penal efectivo es un «aspecto clave del Estado de Derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones hacia los individuos que cometan delitos contra la sociedad».

Además, este factor considera a la policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario.

Venezuela quedó de último con una puntuación de 0.13.

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MEDIO

¿ QUÉ SON LAS SANCIONES?

El gobierno utilizó,  desde el primer momento que se anunciaron, las palabras “embargo y bloqueo” así como compararon el momento con las situaciones de Cuba, Irak, Irán y Siria donde sí tuvieron esas consecuencias. Por cierto sin un verdadero logro para derrocar al mandamás de turno. Los medios de la hegemonía comunicacional estuvieron prestos a sembrar esa matriz de opinión y así lograron que muchos lo tomaran como una roja verdad. Por ello,  tras la declaración de la Casa Blanca y los departamentos de Estado y del Tesoro, el presidente (e) Juan Guaidó hizo un llamado a todos los venezolanos para que entendieran el significado de esas acciones sancionatorias por parte de los Estados Unidos. Enfatizó que Citgo y todos sus activos están protegidos. Explicó que “toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la Nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado. Enfatizó que toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben. Completó explicando que la acción anunciada tiene excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicamentos. También que se protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura que siempre ha atacado al aparato productivo. Finalmente recalcó que la dictadura no cuenta con apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado a la República, por tanto, esta acción busca proteger a los venezolanos”. Coincidencialmente el anuncio de la Casa Blanca ocurrió mientras se celebraba la convocatoria del Grupo de Lima en la capital de Perú. El jefe de la diplomacia peruana reiteró el llamado a una mayor presión: “Apelamos a que la comunidad internacional impulse colectiva y decididamente un entorno que facilite una pronta solución política en Venezuela, así como la reconstrucción de la economía, bajo el amparo de su Constitución y los principios del derecho internacional”. La declaración al finalizar el encuentro reiteró su contundente apoyo al rescate de la democracia venezolana donde muchos de esos funcionarios conocieron la libertad, el aprecio y adquirieron el conocimiento en nuestras universidades durante sus años de exilio. Esta presión ira “in crescendo”.

GUIA RÁPIDA PARA ENTENDERLAS

Como el gobierno de Nicolás ha querido montar una matriz de opinión comparando las sanciones con “un embargo a la cubana o a la siria o a la iraní” en nuestro portal runrun.es hicimos una guía para entender su verdadero significado y las dependencias gubernamentales estadounidenses relacionadas con las nuevas medidas y las anteriores. Aquí el enlace.

VENEZUELA OCUPA ÚLTIMO PUESTO

En el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) en su informe 2018-2019 como lo reseñó la página de Acceso a la Justicia. De 126 países evaluados, Venezuela ocupa el foso. También en la región está en la retaguardia en la casilla 30. En el renglón de restricciones de poderes del gobierno está en el puesto 126, ausencia de corrupción 111, gobierno abierto 122, derechos fundamentales 120, orden y seguridad 123, cumplimiento obligatorio 126, justicia civil 126 y justicia criminal 126. “Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la asamblea nacional constituyente o del Tribunal Supremo de Justicia”, reza un texto de Acceso a la Justicia. “El TSJ también ha respaldado con sus sentencias o con su negativa a recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país desde 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido se han realizado desde 2017, elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral”, prosigue el documento. Según Acceso a la Justicia, el quiebre de la institucionalización ha devenido en una política de represión para todo el que se oponga el gobierno de Nicolás Maduro, la indiferencia para atender las necesidades básicas del ciudadano como los servicios públicos elementales y una crisis humanitaria compleja reconocida por varios actores internacionales como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su más reciente informe sobre Venezuela.

VENEZUELA OCUPA EL ÚLTIMO PUESTO en el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) en su informe 2018-2019.

Así lo reseñó la página de Acceso a la Justicia. De 126 países evaluados, Venezuela ocupa el foso. También en la región está en la retaguardia en la casilla 30.

En el renglón de restricciones de poderes del gobierno está en el puesto 126, ausencia de corrupción 111, gobierno abierto 122, derechos fundamentales 120, orden y seguridad 123, cumplimiento obligatorio 126, justicia civil 126 y justicia criminal 126.

“Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la asamblea nacional constituyente o del Tribunal Supremo de Justicia”, reza un texto de Acceso a la Justicia.

“El TSJ también ha respaldado con sus sentencias o con su negativa a recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país desde 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido se han realizado desde 2017, elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral”, prosigue el documento en Acceso a la Justicia.

Según Acceso a la Justicia, el quiebre de la institucionalización ha devenido en una política de represión para todo el que se oponga el gobierno de Nicolás Maduro, la indiferencia para atender las necesidades básicas del ciudadano como los servicios públicos básicos y una crisis humanitaria compleja reconocida por varios actores internacionales como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su más reciente informe sobre Venezuela.

Venezuela se ubica en el último lugar del Índice de Estado de Derecho 2016 que evalúa el desempeño de los gobiernos del mundo dentro del marco jurídico y apego a los derechos fundamentales.

El Índice de Estado de Derecho, preparado por la organización Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project), evalúa el estado de derecho de 113 países a partir de más de 110 mil encuestas en hogares realizadas por 2700 expertos alrededor del mundo.

Venezuela se posiciona en el último lugar de 113 países medidos. Obtuvo la peor puntuación en los 8 factores: limitaciones a los poderes del gobierno; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; ejecución regulatoria; justicia civil y justicia criminal.

El World Justice Project afirma que un Estado de derecho efectivo “reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias tanto pequeñas como mayores”.