El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, descartó que la negociación con los dueños de la empresa española Agroisleña, expropiada en 2009 y bautizada como Agropatria, pueda considerar su reprivatización.
«Pa’atrás, ni pa’coger impulso. Estamos en un litigio con los antiguos dueños de la empresa por el pago de la misma ¡La Patria no se negocia!», escribió el ministro luego de que su información previa sobre una reunión con los antiguos dueños de la empresa diera pie a que medios de prensa evaluaran esa posibilidad.
Castro Soteldo había informado este viernes que el próximo 5 de febrero se reunirá con los representantes de la compañía de agroquímicos para «negociar este litigio que está en marcha».
«Vamos a ver qué ofertas trae cada quien», dijo al canal privado caraqueño Globovisión, donde aseguró que en manos privadas la compañía atendía a 114.000 productores «y ahora a 420.000».
«Como dijo nuestro hermano (el fallecido presidente Hugo) Chávez: vamos a conquistar la soberanía agroalimentaria. Agroisleña es ahora propiedad popular, propiedad de la patria!», añadió hoy en Twitter.
El litigio para definir el monto del justiprecio fue revelado por el ministro tres días después de que la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada desde este mes por una mayoría de diputados opositores al Gobierno, decidiera investigar formalmente la situación de las empresas y propiedades que fueron expropiadas.
El Parlamento decidió que, a través de la comisión de Finanzas de la AN, «se investiguen la expropiaciones de fincas, empresas y agroindustrias, para saber el estatus actual y comparar los niveles de productividad antes y después de la expropiación», señala el texto aprobado con el voto de los legisladores opositores.
Asimismo, solicitó que próximamente comparezcan al Legislativo los ministros Castro; de Agricultura Urbana, Lorena Freitez, y Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, así como el presidente de Agropatria, Yván Gil.
Agropatria es la empresa estatal creada tras la expropiación de Agroisleña, fundada por españoles procedentes de las Islas Canarias y que se convirtió, además de proveedora de agroquímicos, en entidad de financiación para pequeños agricultores de Venezuela.
Antes de la expropiación, Agroisleña era la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país.
Según datos registrados por el Consulado General de España en Caracas, las autoridades venezolanas expropiaron hasta 2013 un total de 106 fincas agrarias y otras 46 urbanas e industriales a ciudadanos españoles.
Según datos de la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, durante el Gobierno de Chávez (1999-2013) las empresas expropiadas reportadas dentro de los sectores que controla se elevaron a 1.190.
En el caso de Agroisleña, la expropiación fue decidida por Chávez tras acusarla de supuestamente incurrir en especulación con los precios de los fertilizantes y en una presunta usura en los préstamos que otorgaba a los pequeños productores.
