William Castillo

Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, revisión de las leyes que regulan las telecomunicaciones y el asedio a los medios fueron algunas constantes en el EPU de Venezuela

Maruja Dagnino, Juan Francisco Alonso, Edecio Brito, Ronna Rísquez, Gitanjali Wolfermann y Maru Morales P.

La libertad de expresión fue una de las grandes preocupaciones que mostraron los países durante la sesión del Examen Periódico Universal de DDHH que presentó Venezuela en la ONU, en Ginebra este martes.

Mientras embajadores como Cuba, hicieron sugerencias muy generales como «continuar desarrollando acciones para proteger los derechos humanos de toda la población frente a la agresión económica que se desarrolla contra el país», otros presentaron recomendaciones concretas que de ser aplicadas redundaría en mayores garantías para la libertad de las comunicaciones en Venezuela. Cada estado contaba con apenas un minuto y 10 segundos para formular sus observaciones y sugerencias.

El otro aspecto que ocupó a una treintena de delegaciones, de las 103 que intervinieron en el examen de Venezuela fue solicitar garantías para la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la invitación a relatores que Venezuela ha venido negando sistemáticamente. Entre 2015 y 2016 según el informe del Alto Comisionado para los derechos humanos Venezuela ha rechazado la visita de 10 relatores especiales, entre ellos el de libertad de expresión.

Garantizar la integridad de periodistas, promulgar leyes que garanticen una expresión plural e independiente, tomar medidas que eviten la estigmatización y las agresiones contra defensores de derechos humanos en los medios públicos, fueron recomendaciones que destacaron entre la recomendaciones formuladas al Estado venezolano, cuyo discurso careció de autocrítica.

«La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente». Con esa frase inició su intervención el ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo. La afirmación se niega a si misma al ser contrastada con una realidad que solo en los últimos nueve años da cuenta de restricciones en la venta de papel a medios impresos por su línea editorial, cierre de estaciones de radio y televisión por la misma vía; migración o desaparición de medios impresos por falta de insumos; ataques directos a periodistas y medios privados a través de los canales del Estado, entre otras.

Castillo sostuvo que el país cuenta con «con un marco constitucional y legal que refuerza la libre circulación de ideas e informaciones, garantiza la democratización y el acceso del pueblo y la responsabilidad ulterior como pilares esenciales y que está en perfecta armonía con el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás instrumentos».

Destacaron intervenciones como la de Alemania, que recomendó a Venezuela salvaguardar el derecho a la libre expresión, la libre circulación de la prensa y de los ciudadanos, mientras que Portugal considero necesario que el gobierno tome medidas para que no haya represalias contra periodistas.

William Castillo insistió en el argumento de que en Venezuela «no hay un solo periodista o miembro de una organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad profesional’, y justificó que hubiese «dueños de medios que enfrentan juicios por delitos de difamación e injuria, y que se encuentran prófugos de la justicia».

El funcionario, que no es el titular del Ministerio de comunicación e información, pero que ha asumido la vocería del tema en otras evaluaciones ante organismos internacionales, omitió en su cuenta los casos de los periodistas Hernán Lugo, Sofía Nederr y Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, demandados por difamación e injuria por el actual diputado del PSUV, Hugo Carvajal. Castillo tampoco considero los casos de los columnistas Carlos Genatios (demandado en 2014) y Laureano Márquez (2016), demandados por unos artículos de opinión publicados en el diario Tal Cual. También demandaron al diario en ambos casos.

Castillo afirmó que en «Venezuela la voz, la palabra y el acceso al conocimiento son derechos de todos y para todos», y que el Estado venezolano se compromete a «seguir avanzando hacia mayores niveles de modernidad, pluralidad y democratización de la comunicación».

Qué preocupa a los países sobre Venezuela

Japón: Las restricciones a los medios

Kenya: La privacidad de las comunicaciones

Letonia: Leyes que restringen la libertad de expresión

Países Bajos: Uso de la represión por disidencia

México: Incumplimiento de los estándares internacionales de libertad de expresión

Nueva Zelandia: Garantías para la libertad de expresión

Perú, Sudán: Ley de acceso a la información de interés público

Portugal: Represalias contra la prensa y los periodistas

España: garantías para la libertad de expresión y acceso a la información, y separación de poderes.

Suiza: El silencio de Venezuela respecto a data económica, de seguridad ciudadana y salud.

Ucrania: Integridad de los defensores de DDHH

EEUU: Derecho a manifestación pacífica opositora con acceso libre a la prensa

Existencia de delitos de opinión en el sistema penal.

Australia: Veto a las visitas en Venezuela de relatores de DDHH

Austria: Que no se respeten garantías constitucionales en materia de libertad de expresión

Bélgica: Sugiere que se respete de manera pública la labor de defensores de DDHH

Islandia: El acoso a los que critican al gobierno y la renuencia a recibir procedimientos especiales. Pidió que se cree una comisión de la verdad, con el Alto Comisionado

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designó a Andrés Eloy Méndez, como nuevo director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en sustitución de William Castillo, según reseñó VTV.

Así quedó establecido en el decreto presidencial número 2.494, publicado en la Gaceta Oficial 41.014con fecha del 21 de octubre de 2016, reseñó el portal web Correo del Orinoco.

Andrés Eloy Méndez fue el fundador y primer coordinador regional de la Misión Sucre en el estado Falcón, y ha sido parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional.

También fungió como superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), cargo que desempeñó desde el mes de agosto del 2014 hasta mayo del año 2015.

*Con información de VTV

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a través de un comunicado suspender el aumento de las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en todo el país.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro:

El comunicado cierra con la firma de William Castillo, director general de Conatel.

ALTO

¿UN PRÉSTAMO?:

El país o mejor dicho el Banco Central de Venezuela recibió un «préstamo» de US$ 483 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Ha sido noticia pues como han hecho en 17 años se pasaron por encima la obligatoriedad de solicitar su autorización a la Asamblea Nacional. Pero este dinero del FLAR no es otra cosa que el capital aportado por Venezuela en ese fondo. En otras palabras, de derecho es un préstamo con garantía del aporte de capital venezolano, que de no pagarse se iría con nuestra participación de capital. En la práctica es un retiro de capital. Más aún, nos están prestando nuestro propio dinero y además debemos estar pagando intereses. El FLAR tiene $ 2 mil millones de 8 países (Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) de los cuales el nuestro aportó $ 482,5 millones. Añádale medio millón y así alcanza a nuestro rojito  raspado de olla. Farsa tras farsa y Nico, con gríngolas para no ver de lado, aferrado a la silla…

MEDIO

¿ALLENDE  2?:

La Gaceta 40950 trajo el decreto con el que el gobierno ordena la “incorporación” de trabajadores de las empresas públicas, privadas, mixtas, de interés social a labores agroproductivas. Se trata de un régimen laboral transitorio, obligatorio y estratégico para fortalecer la producción nacional. Estará vigente por 60 días prorrogables. Esto se aplicó en Cuba con motivo de recoger la zafra azucarera, y se aplicó en el Chile de Allende,  mediante un «voluntariado», por el que estudiantes, profesionales y obreros en general eran llevados a colaborar con labores agropecuarias y otras de carácter estratégico ante “la guerra económica de la derecha”. Aquí los muy ramplones y escasos ministros del área económica, incluyendo al vicepresidente Istúriz, se les ocurrió la idea para destruir aún más las empresas privadas que al no tener materia prima para la producción han enviado los obreros a sus casas aunque pagándoles sus salarios. Obligarían así a llevarse ese personal especializado a las paupérrimas y quebradas empresas expropiadas so pena de prisión si no lo hacen. Aristóbulo, hoy el lateral, anunciaba que venía otro aumento de salario para así enfrentar la inflación. No terminan de entender que es echarle gasolina al fuego inflacionario. Cambio de programa económico  es lo único que haría falta. ¿No entienden o lo hacen a propósito? ¿Cómo las arengas del locuaz Jorgito o el temible Diosdado contra el referendo que los aculilla? …

Y LAS MEDICINAS ¿PIRATAS?:

Otra investigación de www.runrun.es, esta vez a cargo de la periodista Gitanjali Wolfermann, sobre los riesgos que hoy tenemos al medicarnos arroja datos espeluznantes. Lo resumen tres subtítulos: “Los riesgos sanitarios que el Tribunal Supremo de Justicia buscaba blindar con su sentencia del 9 de junio de 2016 –evitar la exposición de la población a fármacos susceptibles de afectar la salud– son ya una realidad a causa de la aguda escasez”; “Los casos de adulteración, falsificación, venta ilegal, fallas en la calidad de los fármacos y la importación de genéricos cuestionados por la FDA se han incrementado. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel reporta 55 alertas sanitarias por circulación de medicamentos ilícitos, 27 por fallas en la calidad y 67 por cambios en la ficha de seguridad de los fármacos” y “La ley sancionada por el Parlamento para atender la crisis nacional de salud hubiera permitido recibir, de manera legal y segura, fármacos e insumos de la Organización Mundial de la Salud y de la Cruz Roja Internacional. Con el veto del TSJ a la recepción de ayuda humanitaria, miles de pacientes venezolanos se seguirán persignando y tomando lo que les den”. Informaciones de las Federación Farmacéutica Venezolana dan cuenta de cómo los medicamentos que han robado a los camiones de laboratorios y droguerías en la Autopista del Centro desde el 2015 aparecen en las redes sociales. Entre ellos hay hasta 300 principios activos en anticonceptivos y en medicamentos para enfermedades crónicas y de uso pediátrico.

CÍNICO:

El inefable director de Conatel, William Castillo (ex-enchufado en la Cuarta y acusado de corrupción en su paso por TVES por Trapiello) estuvo en Chile en “una gira comunicacional para decir la verdad de Venezuela” y el diario La Tercera (14/7/16)  recogió sus palabras. Repite que “la crisis es por la baja del precio del petróleo, que hay una guerra económica de la derecha, que hay más de 100 diarios privados, plena libertad de prensa y que no hay crisis humanitaria alguna. Falso que no hay medicinas ni comida y que la gente se muere de hambre”. Enchufado y feliz con el éxito robolucionario.

BAJO

CADA DÍA MÁS:

Son muchos los casos de corrupción que van apareciendo a medida que la Comisión de Contraloría de la Asamblea recibe, revisa y procesa las denuncias que le llegan. Del anterior ejercicio no hay rastro en los archivos de los más emblemáticos rojos alguna vez denunciados en los once años que controlaron la instancia. La voracidad de los últimos años –y meses- está rompiendo récords. La denuncia presentada por la constructora Edivial contra el exmagistrado Marco Dugarte lo acusa de presuntamente hacerse propietario de 14 apartamentos en un edificio de El Rosal a nombre de Actiempresas que ya comenzó a traspasar a través de un ahijado suyo. El valor de esas propiedades sobrepasa los 3 millones de dólares. La demanda de los constructores ante los tribunales lo acusa de forjamiento de documentos a través de una notaría de Río Chico para “legalizar las ventas”. Otras empresas son de amigos y familiares. Dugarte, ex­-miembro del TSJ, es hermano del director del Saime y exjefe del Distrito Capital. Una papa caliente parece ser el caso …

 MAS MILITARES:

El Mayor General Efraín Velasco Lugo fue designado Autoridad Única del Sistema Portuario Nacional y tendrá bajo sus órdenes a 2 generales de división, 2 de brigada y 2 Contralmirantes que a su vez tendrán a cargo las distintas zonas portuarias nacionales y las aduanas. Es parte del cogobierno del ministro Padrino con Maduro. También comienzan con ellos las investigaciones que sobre otros uniformados en esos u otros cargos relacionados fue ordenada desde “arriba”. Revisan toda la carga existente al detalle…

[scroller style=»sc1″ title=»LECTURAS RECOMENDADAS EN RUNRUN.ES» title_size=»30″ sub_title=»Artículos, noticias y trabajos de investigación de RunRun.es» display=»cats» cats=»1011″ number_of_posts=»4″]

En entrevista con La Tercera, el dirigente chavista William Castillo, Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela, denunció una «conspiración» contra su país. Castillo también dijo que no es cierto «que la gente se está muriendo» y que «la oposición tiene poca chance en Venezuela de ganar el revocatorio».

Venezuela está en el epicentro de la atención regional y no son días fáciles para el país. Ante la alarmante crisis por la escasez de alimentos, el domingo 35.000 venezolanos aprovecharon la apertura temporal de la frontera con Colombia, para abastecerse de en distintos supermercados de la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y la noche del lunes, el Presidente Nicolás Maduro anunció que los militares supervisarán la distribución de alimentos.  En este contexto, el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, William Castillo, estuvo en Chile esta semana como parte de una “gira comunicacional” para entregar la visión chavista del país, ya que según dijo a La Tercera, “se están creando prejuicios que no son reales”.

¿Usted cree que hay una campaña mediática contra la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela?

Creemos que contra el gobierno de Venezuela y contra la nación hay una campaña muy intensa en muchos medios de comunicación internacionales, que convierten la situación venezolana, a través de campañas de comunicación, y distorsionan lo que está ocurriendo.

¿Hay libertad de prensa en su país?

En la prensa venezolana hay una prensa privada muy importante.   Existe la más amplia libertad de expresión. Más de 100 diarios privados. Ha habido algunos problemas con la importación de papel. Pero más del 80% de los diarios están circulando. A partir de situaciones específicas de escasez en ciertos rubros se ha generado la idea de que Venezuela vive una crisis humanitaria, de que no hay comida. Que no hay medicina y que la gente se está muriendo en las calles. Eso dista de ser verdad.

Pero ¿hay una crisis humanitaria?

No existe una crisis humanitaria en Venezuela.

¿Por qué el nivel de escasez de alimentos y medicinas es tan alto?  

La caída del precio del petróleo ha afectado a muchos países.  Ha habido restricciones para la entrega de divisas en el sector productivo y ha generado retrasos en la importación de ciertos productos y cierta materia prima. Pero hay otro problema, paralelo. Se han articulado grupos que están sacando del país (cosas por) contrabando. Eso, por supuesto, también ha afectado la distribución. Hay una combinación de factores coyunturales en la economía  mundial y  venezolana, lo que llamamos conspiración económica, para debilitar a la Revolución Bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro.

¿Quién querría hacer esa conspiración económica?

Las elites económicas de Venezuela y sus aliados internacionales que no terminan de aceptar que en Venezuela hay un proceso de izquierda, un proceso pacífico.

¿Qué sucede con los informes de organizaciones mundiales que sí han tildado la situación de crisis humanitaria y que han advertido sobre la alta inflación?

No negamos que existan problemas. Hay una inflación muy alta en Venezuela. Parte de esa inflación es inducida, no responde al  mecanismo tradicional de formación de precios, sino que es por una actitud especulativa. Si se esconden los alimentos, suben los precios. La gente no consigue los alimentos. Hay toda una distorsión de la economía tradicional que se ha unido a la crisis económica que ha afectado al país por los precios del petróleo. Un factor fundamental es que existe una conspiración económica que tiene fines políticos, para justificar una intervención en Venezuela.

¿Cómo ve su gobierno el proceso de referendo revocatorio?

Venezuela es uno de los tres países del mundo que tienen un proceso de referendo revocatorio en su Constitución. Nosotros creemos en un modelo de democracia que no solo sea representativa, sino que participativa y protagónica. Pero se tienen que cumplir una serie de pasos que están establecidos en un reglamento, ese reglamento es bien estricto. La oposición dejó pasar cinco meses este año y casi que en mayo y junio solicito el referendo. La oposición ha hecho las cosas muy mal y ahora los tiempos no les dan para hacerlo este año, y le están diciendo al mundo que el gobierno no quiere que se haga el referendo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 156º período de sesiones de audiencias, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión. El comisionado Felipe González, quien es además relator para Venezuela y Estados Unidos, indicó que el Estado no se ha hecho cargo de las observaciones sobre el derecho a la información pública  y agregó que «es importante que Venezuela cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Radio Caracas Televisión”.

Tras las críticas de los representantes del Estado acerca de la actuación de la CIDH, el comisionado Paulo Vannuchi indicó que las acusaciones contra la instancia “no tienen fundamento” e invitó a revisar el informe sobre Guantánamo para que se verifique el trabajo que hacen. “El Estado venezolano tiene una visión mal informada y falsa de nuestro trabajo”, aclaró.

El Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB,  Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Transparencia Venezuela llevaron informes con documentación sobre las violaciones a la libertad de expresión, las cuales persisten y configuran una situación de hostilidad sistemática para las voces críticas e independientes. “Desde enero y hasta septiembre de 2015 registramos un total de 205 denuncias de violaciones a este derecho. El hostigamiento verbal (52), la intimidación (50), la censura (36) y las agresiones (27) constituyeron los principales patrones de violaciones”, señalaron desde Washington.

Los representantes de la sociedad civil recordaron que el Estado niega información de interés público y no publica las  estadísticas macroeconómicas del país, memorias y cuentas de instituciones públicas, presupuestos, información sobre la escasez de medicinas y alimentos, balances del El Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (FONDEN), información sobre el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, e información sobre bloqueos a Internet.

Con respecto a las restricciones indirectas indicaron que persiste una serie de prácticas institucionales-burocráticas que limitan el funcionamiento regular de los medios de comunicación, afectando así el derecho de la sociedad a estar informada.

Las organizaciones recordaron que hay falta de pluralidad y diversidad, pues cada vez existen menos espacios para la crítica y la divulgación de informaciones contrarias al gobierno nacional. Los medios públicos mantienen una perspectiva completamente politizada al servicio del partido de Gobierno, se abstienen de transmitir informaciones críticas, opiniones de miembros de partidos opositores, cubren de forma parcial los hechos y promueven únicamente la ideología partidista del Gobierno. Los medios privados cada vez son más censurados e intimidados por el Gobierno, y como consecuencia de esto se inhiben con regularidad de dar espacio a la crítica.

Por último recordaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mantiene hostigamiento en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación en su programa televisivo, que es transmitido por el Venezolana de Televisión, el canal del Estado. “Estas acciones intimidan la labor realizada por estas personas y mantiene persistentes amenazas contra su vida e integridad”, comentaron durante la intervención.

Habla el Estado

Por el Estado asistió el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien aseguró que “ningún periodista ha sido encarcelado por sus opiniones”.

Indicó que “el 75% de los periódicos reciben papel”, sin aclarar en qué estatus está el 25% restante, y acusó a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, de “revender” el insumo.

Sobre el caso de RCTV, el presidente de Conatel dijo que “ya existe una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las concesiones, podemos conversar”, pero no dio más detalles. También, por Estado intervino quien desestimó las documentaciones de las violaciones de DD.HH. llevada por las organizaciones venezolanas.

Informe Enero-Septiembre Situación de Libertad de Expresión en Venezuela https://goo.gl/qR8gat

Informe sobre restricciones indirectas a la libertad de expresión en Venezuela CIDH https://goo.gl/DsS0Pa

Cuando el director de Conatel, William Castillo, pide más conciencia a los medios, ¿se refiere a que hay que ocultar las colas y asegurar que el país está plenamente abastecido de alimentos?

Afirmar que las causas de la crisis es la llamada “guerra económica” y una agresión paramilitar es no tener conciencia del verdadero origen del malestar general que sacude a Venezuela.

Ante la tragedia de las largas colas, la reacción del gobierno no es enfrentar las causas de la escasez, sino atropellar y perseguir a los periodistas que informan sobre este drama.

¿Puede explicar el director de Conatel por qué se producen atropellos contra periodistas y reporteros gráficos en Anzoátegui, Aragua y Carabobo?, para mencionar solo los más recientes.

Ante la necesidad de acceso a la información, se responde con más restricciones, el cierre y la compra de medios para que ignoren la realidad. Se criminaliza el derecho a expresarse y el derecho a la información y toda crítica o denuncia es catalogada de “golpista”.

William Castillo debería reconocer que dirige un organismo creado para censurar a los venezolanos: es la “versión radioeléctrica de Vitelio Reyes” (Ramón Hernández dixit) aquel censor de la dictadura Pérez Jiménez. ¿Cómo usted afirma en la ONU que la señal de NTN24 fue bloqueada por “promover la agitación social” y que la ley de Responsabilidad Social de los Medios es usada “para la protección de la sociedad”.

En las escuelas de comunicación social no enseñamos a censurar, eso lo aprendió usted en el gobierno licenciado Castillo, usted está embarcado en un proyecto sin rumbo que nunca tuvo destino.

El director de Conatel debería estar respondiendo a la demanda de protección y una solicitud de amparo cautelar contra las amenazas y salida del aire del canal de noticias NTN24 que Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la Asociación Civil Expresión Libre interpusieron el 28 de julio, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dieron lugar a una restricción indebida del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de comunicación de este medio de comunicación.

*Eduardo Orozco, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas

Las instituciones públicas venezolanas tuitean en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y lo impulsan para ganar la supuesta batalla que se libra en la red de microblogging Twitter. Al menos 65 cuentas oficiales promocionaron etiquetas durante mayo de 2015 para impulsar al PSUV, al presidente Nicolás Maduro y al expresidente Hugo Chávez

Redacción Runrunes

La promoción de etiquetas a través de cuentas oficiales en Twitter revela un patrón del comportamiento del Estado y del abuso de los recursos públicos para fines políticos partidistas, indica el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) en su más reciente reporte publicado el domingo 19 de julio. La organización denuncia que el poder e infraestructura (recursos, personal y cuentas) del Estado son empleados para la promoción de las etiquetas favorables al oficialismo y al partido de Gobierno.

IPYS Venezuela monitoreó una muestra de cinco hashtags o etiquetas promovidas por el oficialismo en Twitter durante mayo de 2015. El seguimiento y análisis de los tuits que contenían estas cinco etiquetas permitierona la organización determinar  que todas habían sido promocionadas a través de al menos 65 cuentas públicas, que publicaron miles de tuits para amplificar el alcance, impacto y para posicionarla en la clasificación de tendencias.

Además, se indica que las jornadas de promoción de etiquetas —denominadas “tuitazos”— fueron incluso anunciadas días antes por medios de comunicación estatales, que incluso fijaron horas de inicio para tuitear. Los tuits publicados desde cuentas oficiales hacían también mención a las cuentas de funcionarios públicos, que retuiteaban —es decir, replicaban— los mensajes a sus seguidores.

Todas las etiquetas alcanzaron —en mayor o menor grado— posiciones en el ranking de tendencias (trending topic o TT) en el país. Este hecho fue, en algunos de los casos, destacado por portavoces del gobierno en declaraciones y reseñado en medios de propiedad pública como un logro del Gobierno o de la “revolución bolivariana”.

Gran Tuitazo este jueves en apoyo a los precandidatos de las #PrimariasDelPueblo (+Video) http://t.co/XyCKYz5uu9 pic.twitter.com/GPtrEu6iHN

— VTVCANAL8 (@VTVcanal8) Mayo 28, 2015

La colocación y ascenso de las etiquetas promovidas desde el Gobierno por todo el aparataje del Estado en Twitter es presentada a los ciudadanos como un éxito de la gestión gubernamental —un logro de la autodenominada revolución—, como demostración de la aprobación del Gobierno. Pero también es instrumentalizada para manipular la opinión pública, colocar temas en la agenda pública; y potenciar e intensificar mensajes diseñados desde el alto gobierno, en ocasiones con fines proselitistas, geopolíticos, electorales, indica IPYS Venezuela.

«Durante los meses de mayo y junio de 2015 los medios oficiales —como Venezolana de Televisión (VTV), Telesur, Radio Nacional de Venezuela (RNV), YVK Mundial, la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), y los diarios Correo del Orinoco, Ciudad Caracas— intercalaron en su programación algunos mensajes para promocionar las etiquetas de Twitter que impulsó el partido oficial», indica la organización.

También se advierte que esta estrategia comunicacional evidencia que la red de televisoras, emisoras de radio, periódicos y portales web de propiedad pública de Venezuela ha servido de plataforma para amplificar los mensajes gubernamentales que tienen fines proselitistas. Bajo un híbrido de información y opinión promueven las estrategias partidistas en redes sociales.

«La utilización de este discurso propagandístico demuestra que la autonomía y la independencia de la red de medios del Estado están debilitadas y comprometidas. Están ausentes los principios de diversidad, pluralidad, independencia y libertad informativa, fundamentos esenciales de la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional».

Los espacios de información y opinión de esta plataforma de medios estatales está cooptada por un discurso proselitista que impide que los ciudadanos estén informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.