Walid Makled

A diferencia del narcotraficante Walid Makled y del exjefe de inteligencia, Hugo Carvajal, el empresario colombiano y supuesto testaferro del presidente Maduro, terminará en un calabozo de alguna prisión estadounidense

 

@ronnarisquez

 

Todo apunta a que el angustiante y novelesco proceso de extradición del empresario colombiano Álex Naim Saab Morán, arquitecto financiero del régimen de Nicolás Maduro, de Cabo Verde a Estados Unidos, tendrá un final feliz para la mayoría de los venezolanos. 

Saab fue detenido en Cabo Verde, África, el 12 de junio de 2020 por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y enfrenta una acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. por ocho cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero relacionado con un plan de sobornos en Venezuela. Además Saab es requerido por las autoridades de Colombia e investigado en México.

A la tercera va la vencida

La captura del empresario emocionó a los venezolanos, pero también generó preocupación y miedo ante la posibilidad de que el supuesto testaferro de Maduro fuera liberado y devuelto a Venezuela. Este temor no es gratuito. En el pasado los casos del exjefe de inteligencia militar Hugo “el Pollo” Carvajal, en Aruba; y del narcotraficante Walid Makled, en Colombia, probaron como el poder del Gobierno venezolano atraviesa fronteras para burlarse de la justicia.

Sin embargo, el trauma que dejaron los dos intentos fallidos de las autoridades estadounidenses se ha ido borrando con cada anuncio del Poder Ejecutivo y Judicial de Cabo Verde; como la autorización de ese gobierno de extraditar al empresario a Estados Unidos.

Aunque hay interesantes similitudes entre los tres casos, las diferencias entre los personajes y sus procesos son notorias. En Runrun.es las analizamos: 

Los personajes 

Alex Saab es un peso pesado de la corrupción, si se ubicara en ranking junto a otras figuras que Estados Unidos ha solicitado en extradición, como Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; el mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, y el propio Hugo Carvajal. 

Mientras que “El Pollo” Carvajal era un hombre muy inteligente y se movía muy bien en Venezuela, sus contactos en el exterior eran reducidos y se limitaban a sus labores como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Había tenido tratos con la guerrilla colombiana de las FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia)”, explicó la exzar de la droga en Venezuela, Mildred Camero.

Por su parte, Makled era un “simple” narcotraficante radicado en Venezuela. Aunque puede ser considerado quizás el “capo” más importante en la historia criminal venezolana, sus conexiones se quedaban en el continente. Su trato era con narcos latinoamericanos (mexicanos principalmente) y traficaba con droga en un ámbito regional. Su campo de acción era fundamentalmente nacional. 

“No era como “El Chapo” Guzmán (Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa); ni mucho menos como Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Su fama y poder eran más local”, dijo Camero, quien fue presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), entre 1999 y 2005.   

En cambio, la trascendencia de Álex Saab es mayor. El colombiano es quizás, el hombre más importante asociado a las supuestas actividades ilegales del gobierno de Venezuela, que será extraditado a Estados Unidos hasta la fecha. Desde 2011 ha trabajado en distintos negocios internacionales con el Gobierno. 

Su primer contacto con el chavismo fue gracias a un convenio para la construcción de viviendas de interés social entre los gobiernos de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, de Colombia. En esa ocasión el empresario, radicado en Barranquilla, fue uno de los contratistas favorecidos junto a su socio Alvaro Pulido, también requerido por las autoridades estadounidenses. 

Curiosamente en una entrevista reciente con el periodista Nelson Bocaranda, el expresidente Santos dijo que no conocía a Saab. “A ese señor no lo conocía, no sabía quién era. Cuando reanudamos relaciones con Venezuela, Chávez organizó un evento para firmar todo tipo de acuerdos y mostrar que las relaciones se habían restablecido… Recuerdo que cuando se anunció la firma de ese contrato apareció un señor y le pregunté a la canciller “ese tipo quién es”, se acercó, nos dio la mano y después desapareció. Me dijeron, “se llama Alex Saab”.

Sin embargo, ese apretón de manos catapultó internacionalmente al barranquillero. Sus actividades no se quedan dentro del territorio venezolano, y mucho menos en  su país, Colombia. Sus relaciones y negocios van más allá del mar Caribe y atraviesan el océano Atlántico, con conexiones en México, Turquía, Irán y otros países. 

Camero no tiene certeza sobre posibles vínculos de Saab con el narcotráfico, pero sí tiene clara la función del barranquillero en la estructura criminal que sostiene al Gobierno de Venezuela. “Está metido en corrupción y lavado de dinero.

Esos son su fuerte. Es un hombre inteligente. Es abogado, ha manejado muy bien varios esquemas de lavado de dinero. Puede ser que uno de esos esquemas esté vinculado al narco, aunque él más que todo es un broker”, dijo la experta.

“Lo de él es negociar. Hacer los acuerdos y contactos. Él era el que hacía los negocios. Con un tren de personas detrás. Él era el broker. Aparte de que tenía relaciones interesantes en países islámicos”, aseguró. 

A pesar de que a Walid Makled se le relacionó con algunos gobernadores, como Luis Felipe Acosta Carlez; magistrados del Tribunal Supremo de Justica, como Eladio Aponte Aponte y supuestos miembros del Cartel de los Soles, como el mismo Carvajal, e incluso con el presidente Chávez. Utilizaba su poder e influencia para desarrollar con tranquilidad su negocio personal de narcotráfico, nunca alcanzó el nivel que ha conseguido Saab.

Al colombiano se le señala de ser testaferro y socio del presidente Maduro, además se le vincula con Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario mejor conocido como “Nicolasito”, en el negocio de la comercialización ilegal de oro venezolano. “Todo su poder está muy relacionado con las conexiones que tiene con Irán (justamente el país al que se dirigía Saab cuando fue detenido en Cabo Verde), con las gestiones para conseguir gasolina para Venezuela y con negocios, como el oro y las cajas Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción)”, apuntó Camero.

Estas conexiones le dan a Saab un valor aún mayor dentro de la administración de Maduro y lo convierten en una pieza muy atractiva para Washington, en su objetivo de acorralar al presidente venezolano. 

La experta, quien fue jueza y continúa desempeñándose como asesora internacional en materia de drogas, tiene claro el valor estratégico de Saab de cara a un proceso judicial. “Es un hombre muy importante porque es la persona que conoce los negocios por dentro. Sabe quiénes están vinculados a estos negocios, cómo se hacen. Es el que tiene toda la información. Él debe llevar un registro de las cuentas”, destacó Camero.

“Debemos recordar que el lavado es un delito subyacente. Para que haya lavado debe haber otros delitos. Eso significa que su función de lavador es global dentro de la estructura criminal. Él seguramente lavaba dinero de todo tipo de delitos y operaciones: corrupción, minería, trata, narcotráfico y terrorismo”, agregó la exjueza.

El proceso

Pero más allá de la importancia, que como personaje tiene Álex Saab, versus Carvajal y Makled, para los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, hay otros factores judiciales que hacen que la balanza se incline hacia la extradición.

En primer lugar, los sistemas procesales son distintos en los tres casos. Lo que en esta ocasión favorece la petición de EE. UU. “Me tiene gratamente sorprendido el sistema procesal el de Cabo Verde. Es acusatorio y adversarial. Su código penal es incluso más moderno que el de Venezuela. Se vé la influencia portuguesa”, explica Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela. 

Mildred Camero también está convencida de que Saab no regresará a Venezuela. “Aquí las cosas han cambiado, aunque Estados Unidos no tiene convenio de extradición con Cabo Verde. Sí hay un acuerdo de colaboración en materia de drogas y delincuencia organizada”, afirma.

“En el caso de Cabo Verde la norma que rige la extradición es la de los Principios Generales de Cooperación Internacional en materia penal. Una vez recibida la solicitud, la fiscalía revisa si se dan algunos principios básicos contenidos en el artículo 37 de la constitución de Cabo Verde que dice que la extradición no opera por razones políticas, religiosas o delitos de opinión, o cuando se presume que la persona va a ser sometida a torturas o tratos crueles en el país donde la van a enviar”, detalla Mundaray, quien ahora vive exiliado en Colombia.

Luego el Ejecutivo emite una opinión, que es de carácter político, dice si está de acuerdo y ordena darle continuidad al proceso. La solicitud de extradición pasa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que procede a hacer una sentencia. “Este modelo es bien interesante porque el control político es previo a la sentencia. Es decir el Ejecutivo hace su evaluación y decide si cooperar, pero la decisión final queda en manos del Poder Judicial”, prosiguió el exfiscal. 

Con Makled fue diferente. “En Colombia el presidente tiene la última palabra. El control político es posterior a la decisión judicial. Es sumamente importante para muchos gobiernos tener control absoluto de esos procesos y por eso lo colocan así en la ley. ¿Qué ocurre? La Corte Suprema toma una decisión y luego la pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene dos opciones: ejecuta la sentencia o dice que no, y debe exponer las razones en un acto administrativo. Esas decisiones de los poderes ejecutivos que no tienen forma de ser recurridas. El Ejecutivo tiene la última palabra”, afirmó Mundary.

Camero coincide con el exfiscal y lanza un señalamiento directo: “En el caso de Makled estaba (Juan Manuel) Santos de por medio. Santos fue una figura muy negativa con respecto a Venezuela y su apoyo a las FARC”.

Adicionalmente, en el caso Makled hubo dos solicitudes de extradición. Cuando uno o más países piden a una persona en extradición se entregará al país que presentó la solicitud primero. Aunque no hay certeza de qué país hizo el requerimiento inicial, Mundaray afirma que: “por una decisión política el presidente Santos prefirió entregarlo a Venezuela”. 

Con relación a “El Pollo” Carvajal en Aruba, las cosas fueron diferentes y se saltaron los procedimientos judiciales. “En el caso de Aruba hubo mucho miedo quizás por los negocios que tenía Maduro con el reino de Holanda. Además creo que a Estados Unidos le fallaron los procedimientos, porque la detención no cumplió los requisitos de la DEA (Administración de Control de Drogas”, dijo Carmero.

Otra diferencia sustancial que encuentra la exzar de la droga es que la detención de Saab fue montada desde la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, cumpliendo los requisitos legales internacionales. “Ha sido más jurídico que policial, a diferencia de lo que ocurrió en Aruba, donde casi todo estaba en manos de la DEA”.

Tan lejos de Venezuela y tan cerca de EE. UU.

“Desde mi perspectiva yo creo que Álex Saab no tiene posibilidad de que se modifique la decisión en estricto derecho. Si ocurre es porque hubo alguna manipulación”, aseguró Mundaray. 

La defensa del empresario ha presentado al menos tres habeas corpus. Pero ni las alegaciones exageradas e irónicas de Saab y sus abogados sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y tratos crueles en el país africano, salvarán al empresario de los interrogatorios de las autoridades estadounidenses y de los calabozos de alguna prisión en Estados Unidos. 

Así que este proceso de extradición sí tiene un inminente final feliz para los millones de venezolanos que tomaron leche de mala calidad de los Clap; para los niños que no pudieron jugar en los 50 gimnasios verticales que el Fondo Global de Construcción nunca concluyó; y para los centenares que deambulan por las calles comiendo de la basura, mientras el oro venezolano vuela hacia Turquía, Emiratos Árabes y otros destinos. Apenas algunos de los negocios irregulares en los que, investigaciones periodísticas han revelado que, Saab y sus socios tienen las manos metidas.

NO POCAS HAN SIDO LOS SEÑALAMIENTOS y acusaciones contra uno de los hombres más visibles del régimen de Nicolás Maduro. Y es que Tareck El Aissami, actual ministro de Industrias y Producción Nacional, ha tenido puestos claves dentro del chavismo, escalando hasta el puesto de vicepresidente.

Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump no ha perdido la oportunidad para aplicar sanciones a funcionarios del gobierno chavista, incluido El Aissami, vinculado a actividades de narcotráfico.

El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que dio detalles de una serie de documentos obtenidos a través de un exfuncionario de inteligencia venezolano, y que además aseveran que El Aissami y su padre reclutan a miembros del Hezbolá, grupo islámico calificado como terrorista por el gobierno de Estados Unidos.

Hezbolá es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, y funcionarios estadounidenses dijeron que desde hace tiempo tiene presencia en América del Sur, donde ha ayudado a lavar dinero del narcotráfico. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a un diplomático venezolano tras acusarlo de recaudar fondos para Hezbolá y de ayudar a sus integrantes a viajar hacia Venezuela.

Según la investigación del medio, Carlos Zaidan El Aissami, padre del ministro, estaría al frente de un proyecto para capacitar a elementos de Hezbolá en territorio venezolano con el objetivo de ampliar redes de inteligencia y facilitar algunas operaciones relacionada con el narcotráfico.

El archivo no especifica si Hezbolá logró establecer su red de inteligencia o rutas de drogas en Venezuela, pero si menciona que miembros de esa organización se establecieron en Venezuela con la ayuda de El Aissami.

Además, se vincula al vicepresidente para el Área Económica y su hermano con Walid Makled, narcotraficante venezolano que paga una condena de 14 años en prisión desde 2015, y tenía casi 45 millones de dólares guardados en cuentas bancarias suizas.

“Los documentos muestran que El Aissami —con ayuda de un testaferro que es blanco de sanciones económicas estadounidenses— compró un banco en Estados Unidos, parte de una constructora, una participación accionaria en un centro comercial panameño, tierras pensadas para un complejo turístico de lujo y varios proyectos inmobiliarios en Venezuela, incluyendo una “mansión millonaria” para sus padres”.

Lee la investigación completa en The New York Times.

*Con información de Tal Cual Digital y El Pitazo.

 

La revolución bolivariana estrena voceros. Para combatir el linchamiento mediático internacional, Jorge Rodríguez. Para azotar a la disidencia interna, Walid Makled. Ministro y capo. Los defensores que se gasta el presidente Nicolás Maduro. “Venezuela es una democracia que cuenta con la libertad de expresión, yo diría, más amplia de todo el continente americano. Todo el mundo puede decir lo que quiera, cuando quiera, en las condiciones que quiera a veces en situaciones que otro país no toleraría”, dice Rodríguez en su entrevista con la BBC de Londres. Y tiene absoluta razón. ¿Qué país democrático admitiría que un narcotraficante abra una cuenta en Instagram para desde la cárcel disparar contra antiguos funcionarios del régimen? Solo en la patria del bolívar soberano.

“Clíver Alcalá Cordones, narcotraficante, te dije que voy a ser tu sombra, voy por ti”, amenaza Makled cómodamente apoltronado. Se le ve fresco, seguro, rollizo. No le ha pegado la dieta de Maduro. En otro fragmento de su conversación con BBC, Rodríguez afirma que “somos el país menos desigual del continente americano”. Sin duda, pero aún quedan detalles por corregir. Por ejemplo: mientras un diputado aparece tras las rejas demacrado y con un precario uniforme azul, un delincuente acusado por tráfico de drogas y asesinato se muestra en las redes tranquilo con jean, chaqueta y mocasines de marca. La diferencia entre ser un Caro opositor y un caro amigo. Odiosa discriminación.

El régimen lo enchufa y Makled prende el ventilador. Asegura que los exministros Rafael Ramírez y Rafael Isea, el mayor general Alcalá Cordones, la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz y su esposo el diputado chavista Germán Ferrer son unos vulgares narcotraficantes. Todos enemigos de Maduro. Todos apoyados y promovidos por el comandante eterno. “Gobierno bolivariano”, puede leerse en el cartel. Antes de regenerarse y convertirse en el “hombre nuevo”, Makled también enlodó al vicepresidente Tareck El Aissami y al ministro Néstor Reverol, pero obviamente eso sí era falso. En cambio, quien siempre habla con la verdad es Jorge Rodríguez. “Ya salimos de lo peor de la crisis (…) ya verá, ya verá, que este año 2018 será el año de la prosperidad económica definitiva de Venezuela”, anuncia el psiquiatra. Menos ceros, más cinismo.

@pppenaloza

TARECK EL AISSAMI SE ENCUENTRA y comparte un espacio con Walid Makled. Todo por culpa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el lunes 13 de febrero incluyó al Vicepresidente de la República en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde ya estaba ubicado el famoso capo de la droga.

“El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”, aseguró en su informe el Gobierno norteamericano, que también sancionó al empresario Samarck López Bello, a quien identificó como el “principal testaferro” del exgobernador del estado Aragua.

El caso Makled, con su alargada sombra, se posa otra vez sobre los nombres de altos jerarcas del régimen chavista. Funcionarios que estuvieron involucrados en la operación que concluyó con la detención e incautación de los bienes de “el Turco”, hoy ocupan puestos clave en el frente de la lucha contra el tráfico de drogas.

Por órdenes del presidente Nicolás Maduro, El Aissami y el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Luis Reverol Torres, se encargan de combatir la criminalidad en el país. Sin embargo, así como coinciden en tareas, también han compartido acusaciones. Antes de caer en las manos de la justicia bolivariana en mayo de 2011 –y, en consecuencia, en el más absoluto silencio- Makled prendió el ventilador contra ambos.

En sendas entrevistas publicadas por el diario El Nacional en octubre de 2010, el capo de la droga declaró que pagó 100 mil dólares a Firaz El Aissami, hermano del Vicepresidente, para manipular la designación de un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Aragua, y afirmó que Reverol Torres sacó provecho de las propiedades que le había confiscado el Estado.

“Quiero denunciar al general Néstor Reverol. Él ha manejado mis empresas durante 23 meses. Esas empresas han generado en ese tiempo 140 millones de dólares. Esos 140 millones tendrían que estar depositados en un tribunal y no están”, expresó desde la cárcel de la Cómbita –Tunja, Colombia- donde se encontraba recluido tras ser capturado el 19 de agosto de 2010 en Cúcuta.

Los señalamientos –siempre desmentidos por los afectados– han encontrado eco en el exterior. Además del castigo impuesto por el Departamento del Tesoro contra El Aissami, el titular de Relaciones Interiores enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntamente haber recibido dinero de narcotraficantes a cambio de cooperación, según anunció el Departamento de Justicia el primero de agosto de 2016. Empero, en el seno de la revolución estos funcionarios no han dejado de fortalecerse, desplegando a sus fichas más cercanas en el tablero burocrático.

Todos para uno

Reverol Torres puso en manos de Susana Coromoto Acosta de Márquez el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB). ¿Y quién es Acosta de Márquez? Su consuegra, la madre de la esposa de su hijo, Néstor Luis Reverol Patiño, primer secretario en la embajada de Venezuela en Argentina.

La actual directora general del SNB -organismo que se encarga de fiscalizar y custodiar las posesiones de los narcotraficantes que recupera el Estado– se desempeñó anteriormente como responsable del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) y de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (Fundapret). Además, fue la consultora jurídica del MIJ durante la gestión de El Aissami en ese despacho, y prestó asistencia legal en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La Gaceta Oficial número 40.997 del 27 de septiembre de 2016 recoge los nombramientos de distintos colaboradores del titular de Relaciones Interiores. Allí destaca Edylberto José Molina Molina, viceministro del Sistema Integrado de Policía. El antiguo subdirector de la ONA enfrenta el mismo proceso que llevan contra Reverol Torres en Estados Unidos por narcotráfico.

El ascenso de Molina Molina coincidió con la designación de Víctor José Martínez Rojas como director encargado del Sistema Registral del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Martínez Rojas viene de la ONA y también llevó la dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Saren.

Annalibe Ruiz González trabajó como directora Contra Legitimación de Capitales en la ONA, bajo la égida de El Aissami, Reverol Torres y Molina Molina. Desde el 2 de agosto de 2016, fecha en la que Reverol Torres volvió al MIJ, Ruiz González es la gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban).

El general de división (GNB), Alejandro Keleris Bucarito, se presenta en su cuenta Twitter como “socialista y revolucionario”.  Sin embargo, esos no son los únicos títulos que acumula. Siempre al lado de Reverol Torres, ha sido viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, jefe de la ONA e inspector de la Guardia Nacional Bolivariana. En estos momentos ejerce la presidencia de la Comisión Nacional de Casinos.

Otro soldado del ex comandante de la GNB tomó las riendas de la ONA el 25 de octubre de 2016. Se trata del general de brigada (GNB) José Ramón Castillo García, jefe del Comando Antidrogas de ese componente militar. “La ONA acaba de recibir a un hombre que conozco desde hace muchos años, el general José Castillo García, quien estuvo aquí conmigo y conoce muy bien su trabajo, cuenta con 25 años en el servicio antidrogas”, subrayó el ministro de Relaciones Interiores al entregarle el cargo.

Todo este equipo, que emprendió la cacería de Makled a mediados de la década pasada, ahora asciende hacia la primera línea de la lucha contra el narcotráfico de la mano de dos hombres tan fuertes como polémicos de la revolución: Tareck El Aissami y Néstor Luis Reverol Torres.

Recuadro: Damas de la justicia

– En su condición de fiscal séptima nacional en mayo de 2011, Marisela de Abreu Rodríguez imputó a Makled por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y sicariato en grado de determinador. En la actualidad, De Abreu Rodríguez es la directora Contra las Drogas del Ministerio Público.

– Al frente del Tribunal Cuarto de control del estado Carabobo, Carina Zacchei Manganilla ordenó la intervención de la aerolínea Aeropostal –antigua propiedad de la familia Makled– para que su administración fuera asumida por el Estado venezolano. En la actualidad, Zachhei Manganilla ejerce como juez accidental en la Corte de Apelaciones del estado Cojedes.

 

La autocensura practicada por los medios en manos del régimen o de sus enchufados y testaferros quedó en evidencia con el escandaloso ocultamiento del veredicto unánime de un gran jurado, en un tribunal de Nueva York, que declaró culpables a los llamados narcosobrinos de la pareja presidencial: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Esos medios decidieron esconder el sol con un dedo e inútilmente desaparecieron la noticia bomba de sus periódicos y canales de televisión. Las impactantes grabaciones, los mensajes de celulares, correos y documentos fueron tan contundentes que la defensa no tuvo otra estrategia que apelar a la lástima del jurado, al declarar que los pobres muchachos “eran tan estúpidos que es muy poco probable que pudieran armar una conspiración para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos”.

Allí está la confesión –grabada secretamente– de esos dos “hombres nuevos”, productos finamente acabados de la narcorrevolución, que se ufanaban del poder de los tíos que les facilitaron sus pasaportes diplomáticos, y como un par de bocones se las echaban de su dinero proveniente del narcotráfico. Los sobrinos presidenciales resultaron ser dos expertos en manipular cocaína de alta pureza con guantes quirúrgicos, de esos que hacen falta hoy en los hospitales de este país.

Todas esas aberraciones fueron borradas de la memoria oficial, de los medios rojos y semirrojos venezolanos, mientras el escándalo puso a Maduro a bailar con sus narcosobrinos, en diferentes memes en las redes sociales que se hicieron virales en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente inaceptable es que el Ministerio Público no haya ordenado una inmediata investigación, que revele cuál es la conexión de los narcosobrinos con la familia Maduro-Flores, las complicidades existentes en la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería, que tienen mucho que explicar o, mejor dicho, confesar sobre el uso que los narcosobrinos dieron a la rampa 4 –la rampa presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar–, convertida en una de las pistas preferidas por los narcotraficantes, sean miembros de la narcoguerrilla de las FARC, los narcosoles o de ¿ex aliados revolucionarios?, como Walid Makled, que usaba sus aviones de Aeropostal para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, hasta llegar a los “estúpidos” narcosobrinos que la usaban a sus anchas.

Inventaron un supuesto complot político y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestro, y hasta de sembrar el caso para promover una invasión. Un argumento que causó risas en el jurado cuando los abogados, pagados por el magnate rojo Wilmer Ruperti –con dólares obtenidos sin licitación en Pdvsa–, intentaron aplacar la contundencia de las pruebas y, lo que es más grave, la poderosa fuerza de las grabaciones en las que también dejan al descubierto la lucha de poder entre el número dos, Diosdado Cabello y la familia Maduro-Flores.

El caso de los narcosobrinos es la punta del iceberg. La justicia internacional descubrirá y enjuiciará a los verdaderos capos que manejan la extensa red de narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. El país está a un tris de ser declarado como narcoestado. La Asamblea Nacional debe llegar hasta las últimas consecuencias e impedir que el G3 de la MUD, encompinchado con los representantes del narcorrégimen, paralice las investigaciones en las mesas de diálogo, como hicieron con el debate sobre las responsabilidades políticas del tío en la debacle del país.

 

@AliasMalula

El Nacional 

 

El Ministerio Público condenó a 20 años de prisión a Víctor Rafael Reales Hoyos, de 40 años, colaborador de la organización  de Walid Makled, por su responsabilidad en la muerte del veterinario Francisco Larrazábal (51) y el periodista Orel Sambrano (62), ocurrida el 5 y 16 de enero de 2009, respectivamente, en el estado Carabobo.

Durante la audiencia preliminar, las Fiscalías 30º nacional y 152ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ratificaron la acusación contra Reales por los delitos de sicariato en grado de coautor y asociación para delinquir.

Tras la admisión del hecho, el Tribunal 39º de Control del AMC dictó la sentencia condenatoria para el hombre, quien permanecerá recluido en el Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito.

Por este caso, Álvaro Luis Ospino (29) también fue acusado por los mismos delitos.

A solicitud del Ministerio Público, el 25 de febrero de 2009, el Tribunal 6º de Control de Carabobo emitió las respectivas órdenes de captura contra Reales y Ospino, por su vinculación con la muerte de Larrazábal y Sambrano.

El 10 de mayo de 2011, ambos hombres fueron incorporados a la alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y cuatro días después fueron detenidos en Barranquilla por funcionarios de la Policía Nacional de Colombia e Interpol.

Luego del requerimiento del Ministerio Público, el 15 de junio de 2011, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó la extradición a Venezuela de Reales y Ospino, quienes arribaron al país el 25 de julio de 2012.

En respuesta a otra solicitud de esta institución, el TSJ ordenó el 20 de agosto de 2012 la radicación de esta causa en Caracas.

Es oportuno recordar que el 26 de octubre de 2015, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, a través del cual solicitó la celebración de un nuevo juicio contra Makled, quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por el Tribunal 20º de Juicio del AMC, tras comprobar su vinculación con el tráfico de droga y legitimación de capitales.

En su oportunidad, el citado juzgado de juicio absolvió a Makled por los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.

En agosto de este año la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas decidió incrementar las penas para los involucrados del caso.

Vale destacar que el pasado 23 de septiembre, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación contra la decisión de la referida corte, instancia que no respondió al petitorio de realizar un nuevo juicio contra Walid Makled y otras 12 personas.

Makled fue detenido el 19 de agosto del año 2010, en Cúcuta (Colombia), por efectivos de Interpol. Su extradición a Venezuela se materializó el 9 de mayo de 2011.

 

La Fiscalía General de Venezuela pidió el viernes una nueva revisión de la sentencia contra el narcotraficante Walid Makled, quien presuntamente habría sido favorecido por un juez.

La acción se produce casi un año después de que el Ministerio Público apeló la condena de 14 años y medio de cárcel que le fue impuesta a Makled por tráfico de drogas y lavado de dinero en febrero de 2015.

En agosto, la Corte de Apelaciones de Caracas decidió incrementar las penas para los involucrados del caso, sin pronunciarse sobre la petición de revisión, lo que motivó la nueva acción de la fiscalía.

El pedido de revisión también incluye a otras 12 personas que fueron condenadas junto a Makled, quien fue detenido en agosto del 2010 en la ciudad colombiana de Cúcuta y extraditado nueve meses después a Venezuela.

Makled fue procesado por los delitos de tráfico de estupefacientes, legitimación de capitales, asociación ilícita, y homicidio por su presunta vinculación con los asesinatos del periodista venezolano Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal, quien fue testigo en el caso.

A pesar de que el narcotraficante enfrentaba cargos por cuatro delitos que implicaban sentencias de más de 10 años, solo fue condenado por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Menos de 24 horas después de haberse anunciado la sentencia que condenó a Makled, un tribunal capitalino ordenó el arresto y luego el enjuiciamiento del juez de control Alí Fabricio Paredes.

Makled encendió una gran polémica tras declarar a una televisora estadounidense que pagó 5,5 millones de dólares a un ex comandante general de la Armada venezolana por la concesión de un importante puerto, y que mantenía pagos mensuales de 1 millón de dólares a un grupo de 40 generales, así como coroneles y mayores.

Los primeros 30 días de Néstor Reverol al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dejaron una estela de acciones enfocadas en impedir o retrasar la “Toma de Caracas”. Otras de sus obras estuvieron orientadas a desmontar un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, «dar de baja» a presuntos delincuentes y defenderse de la acusación que pesa sobre él: la conspiración para el narcotráfico

 

@loremelendez

UN DÍA DESPUÉS DE QUE EL TRIBUNAL del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, acusara al general (GNB) Néstor Reverol por conspirar para traficar drogas, el presidente Nicolás Maduro lo hizo parte de su gabinete. Así, pasó a ocupar por segunda vez la titularidad del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que Hugo Chávez le había delegado en el ocaso de su vida, en noviembre de 2012. Así fue que continuó la tendencia militarista que se ha mantenido en esa cartera desde 2013, por donde han circulado más de una docena de militares como Ramón Rodríguez Chacín, Miguel Rodríguez Torres, Carmen Meléndez y Gustavo González López.

Días después de su nombramiento, se dieron sus primeros movimientos: medios de línea oficialista, como Últimas Noticias, publicaron que, gracias a las labores de Reverol, se había desmantelado a la banda de narcotraficantes que comandaba “Lucas El Flaco”. Poco después, Walid Makled, el traficante que en 2010 había señalado al flamante ministro de apoderarse de recursos provenientes de sus empresas, recibió una sentencia mayor a la que tenía. La novia de “El Loco” Barrera, otro narcotraficante detenido por órdenes de Reverol y procesado por el mismo tribunal que acusa al militar, también recibió su condena luego de una larga espera.

Las otras acciones del titular de Interior y Justicia estuvieron relacionadas con una nueva fase de la OLP, en la que continuaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, y con la adopción de una serie de medidas de seguridad en la región capital del país, y hasta un plan para retardar el tránsito de personas, previo a la “Toma de “Caracas”, manifestación convocada por la oposición para exigir el cronograma del referendo revocatorio contra Maduro. Nada, sin embargo, pudo detener la marcha multitudinaria, que según la MUD reunión a más de un millón de personas, ni la criminalidad desbordada que azota a la ciudad, que terminó con el agosto más violento de los últimos tres años.

6 de agosto

Atrapan a “Lucas El Flaco”

El 6 de agosto, funcionarios de la PNB practicaron un par de operativos para desmantelar la banda de un narcotraficante venezolano: “Lucas El Flaco”, cuyo verdadero nombre es Carlos Reynaldo Lucambio Moreno. El presunto delincuente cayó junto a otras dos personas cuando allanaron la casa en donde estaba, en la urbanización Safari de Valencia, estado Carabobo. Ese mismo día, funcionarios del mismo cuerpo policial llegaron a una quinta de su propiedad ubicada en el sector El Palmar Este, en Caraballeda, estado Vargas, donde detuvieron a otras cuatro personas.

El grupo se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia España y Francia y se presume que contaba con el apoyo de algunas autoridades aduaneras y de funcionarios de los aeropuertos internacionales de Caracas y Valencia.

Cinco días después de la captura, las autoridades colombianas entregaron a Venezuela a Harry Romero, un delincuente detenido hace un año en ese territorio, a quien se le había vinculado con “Lucas El Flaco”.

Medios de tendencia oficialista destacaron que el hecho había ocurrido a solo días de que Reverol tomara su investidura ministerial.

9 de agosto

Nuevo juicio para Makled

Una semana después de que Reverol llegó a su nuevo cargo, Walid Makled, quien había señalado al entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de quedarse que el dinero que generaban las empresas de su propiedad, volvió a ser noticia. La Fiscalía General de la República pidió un nuevo juicio en su contra, luego de que había sido condenado a 14 años y 6 meses de prisión por tráfico de droga y legitimación de capitales.

Los fiscales del caso hicieron la solicitud ante la Corte de Apelaciones de Caracas e indicaron que en el proceso anterior se cometió “contradicción y falta de lógica” en la motivación de la sentencia. El 26 de agosto se decidió que la pena de Makled se aumentaría a 21 años.

10 de agosto

La sentencia contra la novia modelo de “El Loco” Barrera

Tras la petición de juicio contra Makled, Gabriela Alexandra Fernández Ocando (Miss Zulia 2008) y Sarah Carolina Penso Hernández fueron condenadas a 8 años y 8 meses de prisión, luego de admitir que habían incurrido en legitimación de capitales por medio de actividades ilícitas realizadas por el narcotraficante colombiano Daniel “El Loco” Barrera.

Ambas mujeres fueron apresadas entre septiembre y octubre de 2012, pero no fue hasta este año que se les dictó sentencia. Fernández Ocando era conocida como la novia del “Loco”, el mismo capo de la droga capturado en Venezuela días antes de que ella fuese puesta tras las rejas. Para aquel momento, Reverol – a quien le encanta decir que durante su gestión cayeron varios traficantes de estupefacientes – era viceministro de Seguridad Ciudadana y en un mes sería designado ministro de Relaciones Interiores y Justicia del gobierno de Hugo Chávez.

Barrera, deportado a Colombia y finalmente extraditado a EE UU, fue entrevistado por la revista Semana, de Colombia, poco después de su aprehensión. A este medio le declaró que iba “a colaborar a la justicia”. Él tenía información sobre funcionarios venezolanos que habían estado involucrados en su mismo “negocio” y, casualmente, su caso pasó por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que hoy acusa a Reverol de  de conspirar “para la distribución internacional de cocaína”.

13 de agosto

OLP y Patrullaje Inteligente a revista

El 13 de agosto, el ministro de Interior y Justicia informó que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) sería sometida a una fase de revisión que contemplaba el reentrenamiento de los funcionarios policiales integrados al plan, la consolidación de las zonas de paz y seguridad, el fomento de una “cultura de paz” lograda por medio de actividades culturales, deportivas y recreativas. Ya Reverol había estado vinculado a la OLP, pues en estos operativos –ejecutados por su antecesor, Gustavo González López– participaban efectivos de la Guardia Nacional cuando él ocupaba el puesto de jefe de la Comandancia General de ese cuerpo. Sin embargo, nunca figuró en estas actividades.

En esa misma intervención pública, el ministro adelantó que se evaluaba la implementación de un sistema único de comunicación para enlazar a todos los cuerpos policiales del país, además de bomberos y funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres.

Comentó que el Plan de Patrullaje Inteligente, que se aplica en los 79 municipios del país que concentran 81% de incidencia delictiva, se relanzaría luego de que se revisara y que la Policía Nacional Bolivariana sería reestructurada luego de que se redefinieran los servicios policiales y se hiciera un diagnóstico integral para equipar a los funcionarios.

13 de agosto

PNB del interior refuerza a Caracas

Desde la segunda semana de agosto, el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz comenzó a preparar un despliegue de contingentes de policías y militares tanto en Caracas como en otras ciudades del país con altos niveles de criminalidad. Hubo reuniones con la GNB, así como con cuerpos policiales regionales y municipales, todo con el objetivo de disminuir en 40% la incidencia delictiva en la región capital. En un informe de la PNB, al que hace referencia un reportaje de Javier Ignacio Mayorca en Runrun.es, se detalló que el primer operativo se haría entre el 22 y 28 de agosto.

Pero lo más relevante del documento es que se acordó que, para encarar el déficit policial y poder cumplir con las exigencias del nuevo plan en Caracas, la PNB restaría funcionarios emplazados en Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui para trasladarlos a la capital. En total, 3.138  agentes serían reinstalados. Una segunda avanzada se haría para cubrir las necesidades de los municipios de los Altos Mirandinos.

17 de agosto

Los inocentes de El Valle

Dos ejecuciones en El Valle han sonado en los medios de comunicación desde que Reverol tomó el control de la cartera. En ambas se ha visto implicada la PNB e, incluso, un plan que él ya había declarado en revisión: la OLP

El 17 de agosto, Skimler Jesús Reyes Escobar, de 20 años de edad, murió luego de que una comisión de la PNB lo arrodillara en las escaleras de la casa de su abuela, en la calle 10 de Los Jardines de El Valle, y le disparara tres veces en la espalda. Posteriormente, los uniformados hicieron disparos al aire para simular que lo que sucedido había sido un enfrentamiento. De acuerdo con el relato de los vecinos, los policías aseguraron que el joven solo estaba herido. Además, robaron productos de primera necesidad de la vivienda, la Canaimita del hermano de 10 años de la víctima y le dieron un tiro al perro. Afirmaron que se trató de una OLP.

Una hecho similar ocurrió cuatro días después, el 21 de agosto, cuando mataron a seis personas en la calle 7 del mismo sector. Una de estas fue Brayan Márquez, de 18 años de edad, quien salía de una fiesta en el momento en el que llegaron comisiones del Cicpc y la PNB para practicar un operativo y así dar con los responsables de la masacre de 10 personas, registrada el 18 de agosto, a manos de un grupo de delincuentes que peleaba por el control del lugar. Quienes andaban con Márquez salieron corriendo al ver a los uniformados, pero el joven se quedó sólo y recibió un impacto de bala en el pecho. Su familia aclaró que era inocente.

22 de agosto

Cicpc declara otra vez

Desde diciembre de 2003, las autoridades policiales dejaron de hacer públicas las cifras de la criminalidad de cada fin de semana. Se acabaron los balances de seguridad, las ruedas de prensa y las declaraciones oficiales sobre el tema. Por ningún lado se podían conseguir el número de muertes que se había producido en el mes o en el año. Sin embargo, con la llegada de Reverol a la cartera de Interior y Justicia, por segunda vez, surgió un pequeño cambio.

El lunes 22 de agosto de 2016, el Cicpc ofreció un balance de seguridad después de 13 años. El comisario Douglas Rico, director nacional de ese cuerpo, detalló que durante el fin de semana anterior se habían realizado dos procedimientos en los Valles del Tuy, en los cuales murieron 11 presuntos delincuentes. Aunque no especificó la cifra completa de muertes violentas sucedidas en la semana previa, sí afirmó que entre una semana y otra, los números habían bajado 71%.

“El trabajo que se está haciendo por instrucciones del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, está produciendo sus efectos de disminuir el delito y generar esa percepción de seguridad a todos los venezolanos que hacen vida en el área. Pero no sólo nos estamos quedando en el Área Metropolitana de Caracas, en todo el país también se están realizando estos operativos a fin de disminuir estos índices delictivos que venían en una proyección elevada. Hoy en día podemos decir que se siente la presencia policial en las calles de Venezuela”, dijo Rico en medio de una apertura que se esperaba desde hacía más de una década.

El propio Reverol ha participado en eventos en los que se convoca a los medios privados, aunque no ha permitido preguntas.

23 de agosto

Espaldarazo al Cicpc con nuevos equipos, sueldo y sede

El 23 de agosto, el Presidente transmitió su programa de radio y televisión “Contacto con Maduro”, desde la nueva sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Agustín del Sur, en Caracas, un edificio que llevaba más de una década a la espera de que se culminaran las obras para su inauguración. El mandatario bautizó el lugar con el nombre de “Luis Monroy”, comisario del Cicpc en Táchira que fue asesinado hace tres años “por paramilitares” durante un operativo de rescate de un ganadero secuestrado.

Pero ese no fue el único espaldarazo que el jefe de Estado dio a la policía técnica. Ese día también anunció un aumento salarial de 50% para los funcionarios de esa fuerza y entregó 22 camiones para traslados de detenidos, 8 furgonetas para el Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) y 2 unidades VN4 para operativos de OLP en su nueva fase.

En ese programa, Maduro dijo que trabajaría junto a Reverol para “construir la seguridad que necesita el país”, que depuraría a los cuerpos de seguridad y que fortalecería las inspectorías.

29 de agosto

La guerra de los drones

Min. @NéstorReverol: Aeronaves Pilotadas a Distancia monitoreo y Vigilancia constante para garantizar la seguridad pic.twitter.com/rtbkchWgcV

— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 29 de agosto de 2016

Tres días antes de la “Toma de Caracas”, protesta de la oposición para exigir celeridad al CNE en la realización del referendo revocatorio presidencial, Reverol restringió el tránsito de drones por la «seguridad de los venezolanos», aunque aclaró que por ese mismo motivo, el gobierno desplegaría 30 de estos artefactos en todo el territorio nacional, sobre todo en Caracas y el estado Miranda.

El día del anuncio también informó que los propietarios de drones tendrían 120 días para registrarlo ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y comunicó que una resolución de esta institución y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas prohibió, hasta el 5 de septiembre, las operaciones de aeronaves particulares y no tripuladas, incluyendo avionetas y helicópteros. Aunque los pilotos protestaron por la medida, nada se sometió a reconsideración.

29 de agosto

Cota 905 y la nueva fase de la OLP

En el “Eje de la muerte” que conforman la Cota 905, El Cementerio, El Valle y Coche, se desplegó la nueva fase de la OLP con 1.704 efectivos. Dos jóvenes, Jackson David Angulo Lander, alías “Pecho”, de 28 años de edad, y Arnold José Bullones Marcano, de 24, murieron tras presuntos enfrentamientos con policías.

28 de agosto

Plan “retardatriz”

Ideado contra la “Toma de Caracas”, involucró tanto a la PNB como a la GN y a los colectivos, quienes pusieron alcabalas y escollos en todo el país para dificultar que se llevara a cabo la concentración en la capital. De acuerdo con un reportaje publicado por Javier Mayorca en Runrun.es, la primera señal la recibieron un grupo de manifestantes de Tinaquillo, quienes intentaron unirse a una caravana que había partido de Portuguesa a Caracas, hasta que simpatizantes del PSUV le cerraron el paso con palos, piedras y hasta armas de fuego. El día de la marcha, el 1 de septiembre, se multiplicaron los puntos de control que retrasaron a los marchistas que viajaban desde el interior del país a la capital. Los agentes tenían la orden de verificar a los transportes públicos y retener los vehículos sospechosos.

2 de septiembre

El golpe del 1S

Se primer mes en el gabinete cerró con una conspiración. Tras la “Toma de Caracas”, el ministro de Interior y Justicia reveló ante los medios, y posteriormente ante el cuerpo diplomático presente en Venezuela, que dirigentes de oposición tramaban un golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

Días antes, se libraron persecuciones y allanamientos contra la residencia del diputado zuliano Lester Toledo, y del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, Delson Guarate, a quien finalmente detuvieron el viernes 2 de septiembre. Además, trasladaron al ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, desde su apartamento en Caracas, donde cumplía su condena, hasta el Internado Judicial “26 de Julio”, en Guárico. También apresaron a Yon Goicochea, de Voluntad Popular, y a Carlos Melo, de Avanzada Progresista, a quienes supuestamente se les descubrió material explosivo. A todos ellos los incluyeron en un complot para acabar con el gobierno.

Reverol, en rueda de prensa, informó que a Ceballos le fue incautado un documento que revelaba la gestación de un “plan desestabilizador” que se activaría en Caracas el 1 de septiembre, cuando se harían asesinatos selectivos. Afirmó que se desarticuló un campamento paramilitar cerca del Palacio de Miraflores, donde se incautaron cuatro armas largas, municiones, material explosivo y varias prendas militares.