vladimir padrino

 

El general Vladimir Padrino dijo el 27-Freciente: “Tenemos la firme convicción de que los soldados y soldadas de la patria nunca más empuñarán sus armas contra el pueblo y permanecerán siempre a su lado en procura de la suprema felicidad, la paz y la convivencia de un Estado democrático, con verdadera justicia social y libertades plenas”.

Excusemos el ripio, pues “soldada” en castellano es “sueldo, salario o estipendio”, y exploremos el amago de pensamiento que se cuela.

Hay varias hipótesis sobre lo dicho por el locuaz oficial.

Primera hipótesis: se refiere a que los militares no saldrán a la calle como lo hicieron en el Caracazo. Como se recordará de esos eventos trágicos, hubo una rebelión que fue retransmitida por los medios, el gobierno que tenía 25 días (sí, 25 días en Miraflores) no reaccionó porque había una huelga policial y las hipótesis de empleo de las fuerzas armadas estaban ligadas a los conflictos fronterizos (Colombia y Guyana), por tanto, no había fuerzas militares en Caracas. Los saqueos escalaron y cuando salió el grueso de los militares ya era una situación incontrolable. Se produjeron muchos muertos en una cifra suficientemente pavorosa (alrededor de 290 personas) que no requiere ser magnificada. Esas muertes ya son un dolor y un horror.

Padrino López puede querer decir que si hay una explosión social como entonces, los militares no saldrán a reprimir como lo hicieron en esos días de 1989.

La segunda hipótesis es que el misil que dirige el ministro no es contra los oficiales del 27-F de 1989, sino hacia su colega, general Miguel Rodríguez Torres, quien encabezó la brutal represión en contra de los jóvenes y estudiantes de 2014. Como se recordará, en ese año se produjo una rebelión fundamentalmente juvenil, que contó con la solidaridad de los dirigentes de La Salida, y que fue reprimida a sangre y fuego, sobre todo por las unidades antimotines de la Guardia Nacional.

Padrino López puede aludir a que no volverán los militares a disparar, reprimir, acosar, encarcelar, como lo hicieron Maduro y su colega en 2014.

La tercera hipótesis es que los militares, tal como el 6-D y el 5 de enero en la instalación de la Asamblea Nacional, ahora defenderán la institucionalidad y no aceptarán órdenes ilegales de represión contra el creciente, actual e indetenible descontento popular. Así desobedeció el Alto Mando el 11 de abril de 2002 al negarse al Plan Ávila.

Esta última hipótesis revelaría un notable avance político, intelectual y militar, porque ayudaría al fin institucional de la fiesta de lobos.

 

@carlosblancog

El Nacional 

 

 

 

ONG’s, triunfo electoral del 6D, desabastecimiento, derechos humanos, inseguridad, liberación de presos políticos y democracia son algunos de los enemigos internos que debe enfrentar la FANB, según un documento presentado por el ministro Vladimir Padrino a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado. Rocío San Miguel, experta en el tema militar, considera grave algunos aspectos contenidos en el instructivo y asegura que la Milicia Bolivariana «son soldados al servicio de la revolución»

 

@ronnarisquez

 

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó dotar de armas largas y municiones a la Milicia Bolivariana y al pueblo en 2016. Esta y otras directrices están establecidas en un documento entregado a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado para su ejecución ante supuestas amenazas a la independencia y soberanía del país debido -entre otras cosas- a “acciones conspirativas internas y externas para la desestabilización del Estados”.

En una reunión que se realizó el pasado 5 de febrero de 2016 para analizar la seguridad de la nación, el titular de la Defensa giró una serie de instrucciones a los oficiales del Estados Mayor Superior Ampliado orientadas a atender una supuesta amenaza interna y externa “implementada por el gobierno de Estados Unidos” mediante una estrategia de Estados fallido. Estas indicaciones están especificadas en un documento, de 10 páginas, se denomina: “Guía de planteamiento del comandante estratégico operacional de la FANB ante las amenazas contra la independencia, soberanía y la integridad del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

 

 

En la página 9, al abordar el punto relacionado con la logística, destaca una de las órdenes del ministro Padrino López en el apartado identificado con la letra “c”:  “Desconcentrar todo el armamento y munición que sea posible con el objeto de acercarlos a las Unidades y al pueblo, especialmente a la Milicia Bolivariana que requiere de la dotación de armas largas y munición para elevar su apresto operacional. Hacer máximo uso de las instalaciones de la FANB existentes”.

Previamente, en el apartado “b”, se indica que el Comando Logístico Operacional (COLOP) y los Comandos Generales deben establecer un plan conjunto de preservación de sistemas de armas a fin de “garantizar la disponibilidad de los mismos para ser usados cuando la amenaza lo imponga”.

“Esto es algo gravísimo, muy grave, porque la Milicia Bolivariana no es un componente de la Fuerza Armada. No está contemplada en la Constitución. Esto significa que se están entregando las armas a grupos no profesionales de la FAN, que están al margen de la ley. Son soldados al servicio de la revolución”, asegura Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.

La experta explica que la estructura militar actual contempla en todo el territorio nacional 7 Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), 24 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y 99 Áreas de Defensa Integral de la Milicia (ADI). “Esto quiere decir que se están entregando finalmente las armas a las 99 ADI, que están constituidas por aproximadamente 1.500 agrupaciones de Milicia Bolivarian que ocupan todas las parroquias a nivel nacional”, afirma San Miguel, y detalla que sólo en la zona noroeste de Caracas (entre San Bernardino y el 23 de Enero) operan ocho grupos de milicianos identificados como Ezequiel Zamora.

“Se está avanzando en la afirmación de la milicia como organizaciones de combatientes que se deben a la defensa de la revolución y esto es absolutamente inconstitucional, y sumamente grave”, insistió la presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Explicó que desde la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2014, la Milicia Nacional Bolivariana pasó a ser parte de la FANB, sin embargo no es uno de sus componentes. “La FAN es la única depositaria de las armas de la República”, precisó San Miguel.

¿La guerra de la FANB contra la FANB?

El documento presentado por el ministro Vladimir Padrino a sus oficiales comienza de la siguiente manera: “Hoy los he reunido con la finalidad de impartirles las instrucciones que considero deben atender y tomar en cuenta en la planificación y ejecución de actividades que acometeremos durante el año 2016 ante la situación de amenazas contra la independencia, soberanía y la integridad del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela puestas de manifiesto en la realidad actual como parte de la GUERRA DE CUARTA GENERACIÓN, GUERRA NO CONVENCIONAL Y ESTRATEGIA DE ESTADO FALLIDO implementada por el gobierno de EE UU”, dice el documento.

Luego enumera las expresiones de esa supuesta guerra: “…han sido el boicot de las corporaciones internacionales, el desabastecimiento, acaparamiento, especulación de productos de todo tipo, contrabando de extracción, mercado negro de divisas y ataque a la moneda y economía nacional; inseguridad (hampa común, crimen organizado, narcotráfico, paramilitarismo); corrupción y crisis de valores éticos y morales; operaciones psicológicas (internas y externas) para el debilitamiento de todo tipo; ataques a las empresas estratégicas y a los servicios públicos pudiendo estos últimos generar manifestaciones espontáneas o inducidas por falta de servicios básicos como alimentos, agua electricidad, aseo, transporte, gas, servicios para higiene y salud, entre otros; y las acciones conspirativas internas y externas para la desarticulación del Estado”.  

Lo llamativo en este aspecto es que todas las supuestas “amenazas o expresiones” de esa “estrategia de Estado fallido” aparecen asociadas a actividades que son responsabilidad o que están bajo el control de la FANB desde varios años. Por ejemplo, toda la cadena de importación y distribución de alimentos en el país está bajo la administración de militares (desde el ministerio de Alimentación hasta Guías de Distribución); y también son funcionarios de la FANB quienes se encargan de custodiar las fronteras para evitar el contrabando de extracción.

En el caso de la seguridad ciudadana, se trata de una área que ha estado en manos de la Guardia Nacional desde hace 17 años (bajo la identificación de diversos planes y misiones que llegan hasta A toda Vida Venezuela y las OLP) y el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz es un mayor general del Ejército.

En el caso del narcotráfico como amenaza a la estabilidad del Estado, es imposible obviar el papel que ha desempeñado el estamento militar en este escenario, con resonancia internacional incluso. Son innumerables las denuncias que vinculan a funcionarios de la FANB con el tráfico de drogas. Recientemente destaca una supuesta investigación en una fiscalía de Nueva York al mayor general Néstor Reverol, comandante de la GNB. Y hace apenas dos semanas fue detenido el mayor del Ejército, Juan José Sorja Ojeda, con casi 500 kilos de cocaína. Una amplia lista de nombres de militares vinculados a la revolución y señalados por narcotráfico ofrece Mildred Camero, ex presidenta de Conacuid, en su libro Chavismo, Narcotráfico y Militares.

 

Venezuela lideró la compra de armas en América Latina en 2015, bajo la administración del ministro Padrino López

 

Sin embargo, según el documento del ministro de la Defensa la amenaza interna está en la población civil, representada en las ONG y en el triunfo electoral de la oposición el 6 de diciembre. “No podemos dejar de visualizar a las grandes corporaciones internacionales con intereses en los recursos naturales de Venezuela, el financiamiento de corporaciones y gobiernos a las ONG’s y organizaciones sociales con carácter desestabilizador… y la presión geopolítica ejercida por los EEUU para garantizar el control de nuestra patria por cualquier medio, usando como pretexto la restauración de los derechos humanos, la democracia, las libertades públicas, la liberación de ‘presos políticos’ y el resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015”, dice un párrafo de la página 2 del documento.

Esta concepción de la población civil como enemigo de la nación es otro de los aspectos que preocupa a Rocío San Miguel, quien recuerda que en el caso de Venezuela estas medidas especiales en momentos de conflictividad social “revisten una inquietud particular por el modo en que operan y por la vigencia del decreto (008610) que permite el uso de armas de fuego y la fuerza mortal contra manifestantes”.  

El documento también destaca que “la palabra clave para el año 2016 es MANTENER el apresto operacional de la FANB y la Milicia Bolivariana desde el punto de vista de personal, adiestramiento, armamento, munición; materiales y equipos, para estar en capacidad de dar respuesta a las diferentes amenazas”. Además garantiza el abastecimiento de alimentos para los funcionarios.

Por otra parte, esta semana fue publicado un informe del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo que revela que Venezuela fue el mayor comprador de armas de América Latina en 2015 y ocupa el lugar 18 entre los países del mundo que más armamento adquirieron el año pasado.

 

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no quiere guerra, ni enfrentamientos en Venezuela. «A quién le puede interesar una guerra fatricida, civil, entre hermanos, quién quiere guerra y violencia entre nosotros, aquí lo que se anida es la paz de la República», preguntó.

Padrino López mencionó las recientes declaraciones del jefe del Comando Sur estadounidense, las cual calificó de «no pertinentes» para la concordia, para la armonía, la paz, y las buenas relaciones.

«El general John Kelly ha manifestado que está destinando diariamente 40 segundos de rezo para Venezuela (…) pero yo le pediría a todos los venezolanos que eleváramos también nuestras oraciones para que la política imperial de los Estados Unidos abandone de una vez por todas su política que tanto daño y dolor le ha puesto al mundo entero».

En ese sentido, recordó a los actores políticos que deben actuar con prudencia y sensatez, para que pueda haber justicia y paz. «Cuando somos actores políticos, cuando ocupamos cargos de alto nivel en la administración publica, estamos llamados a ser prudentes, respetuosos».

Lee más de este nota de Odra Campero en El Universal.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó hoy su «profunda indignación» por el «ultraje» de la retirada de los retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez de la sede de la Asamblea Nacional (AN) venezolana ordenada por el presidente del Legislativo, ahora de mayoría opositora, Henry Ramos Allup.

«La FANB en inquebrantable unidad y consciente del momento histórico que vive nuestro país expresa a todo el pueblo bolivariano su profunda indignación por la forma irrespetuosa, cargada de soberbia y desprecio en que se ha ordenado retirar las imágenes», dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que leyó un comunicado de la Fuerza Armada.

En un acto de desagravio en el Cuartel de la Montaña de Caracas, donde reposan los restos de Chávez, Padrino consideró, acompañado de decenas de cargos militares y soldados, además del Gobierno en pleno, «un ultraje a la FANB, al honor militar y a la patria toda» la retirada de las imágenes.

El ministro dijo, al leer el comunicado, que Simón Bolívar es el «padre de la patria» que representa «un símbolo sagrado» para los venezolanos y sus retratos «han sido y serán siempre objeto de admiración y respeto».

Asimismo, en el escrito de la FANB se indica que «el comandante supremo Hugo Chávez es un hijo insigne de esta nación» que se basó «en el ideario y acción de Bolívar» y «emprendió la colosal empresa de transformar los destinos del país para rescatar a un pueblo oprimido por una oligarquía».

También señala la FANB que el presidente Maduro «es la máxima autoridad del Estado, elegido por el voto popular, quien enfrentando complejos obstáculos, adversidades de todo tipo, y siguiendo las imborrables huellas de Bolívar, hoy lidera acertadamente la consecución de los más elevados intereses del país».

El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ordenó más temprano colocar imágenes de Bolívar y de Chávez en las calles de la ciudad en desagravio a una decisión de Ramos Allup de retirar sus imágenes de la sede del Legislativo.

Ramos Allup argumentó hoy su decisión de retirar las imágenes de Chávez, y de su sucesor, por considerarlo un «abuso» contra la independencia del Poder Legislativo.

Precisó además que la instrucción de retirar las imágenes del prócer iba dirigida solo a aquellas que se tratan de una simulación del rostro de Bolívar, producto de un estudio ordenado por Chávez, a través del análisis de los huesos del personaje histórico, pero no se afectaba a las pinturas originales del Libertador.

Con esta decisión «lo que ha habido es una reparación o sustitución de un abuso (…), porque reitero, mientras yo sea presidente de la Asamblea Nacional, el único retrato que va a haber es el retrato original de Simón Bolívar, no la copia falsificada hecha por una computadora», afirmó Ramos Allup.

 

El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, se pronunció sobre la situación generada con la nueva Asamblea Nacional por la decisión del TSJ de «suspender» a los diputados electos en Amazonas. El ministro pidió excluir a la FANB de la diatriba generada por sectores políticos para «inmiscuirla en lo que no le corresponde» y explicó que la FANB no está para «desconocer la institucionalidad democrática.»

 

La FANB es una Institución cuyos pilares fundamentales son la Disciplina, la Obediencia y la Subordinación. La lealtad tambien lo es. 1

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

Por ende, es una Institución respetuosa del Estado de Derecho y del Poder Público constituido, creación constituyente del pueblo. 2

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

 

En tal sentido, no le corresponde a la FANB dilucidar, y menos aún convertirse en árbitro de las decisiones o dictamenes del TSJ. 3

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

Es menester excluir a la FANB de esta diatriba generada por sectores políticos que de manera tendenciosa y manipuladora pretenden… 4

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

 

.. inmiscuirla en lo que no le corresponde. Insisto: La FANB no es órgano para subvertir el orden constitucional, ni para desconocer la.. 5

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

… institucionalidad democrática, mucho menos para dar golpes de estado. Si algo nos enseñó en Cmdte Hugo Chavez fue a respetar y… 6

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

 

… defender nuestra Constitución: «Dentro de ella todo, fuera de ella nada». La FANB es profundamente bolivariana, revolucionaria… 7

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

… amante de la paz, de la Democracia, respetuosa de DDHH y es garantía de Independencia y soberania nacional. Prudencia y más prudencia. 8

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) enero 4, 2016

 

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la Guardia Nacional Bolivariana, rechazaron las acusaciones que está preparando la Justicia estadounidense en contra de los generales Néstor Reverol y Edilberto Molina por supuestamente recibir dinero del narcotráfico.

“Que cese la campaña de descrédito que existe contra la FANB y sus líderes. Que se imponga la verdad!”, escribió Padrino en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la GNB también señaló en su cuenta de Twitter: “Rechazamos la campaña de descrédito en contra nuestro Mayor General @NestorReverol #NestorReverolSoldadoDeLaPatria”.

Ayer se conoció que la Justicia estadounidense está preparando una causa para intentar llevar ante los tribunales al comandante general de la GNB, Néstor Reverol, y al antiguo oficial de la unidad antidrogas de Venezuela Edilberto Molina, según el diario The New York Times.

El Times, que cita fuentes no identificadas que están al corriente de este caso, asegura que Reverol y Molina serán acusados “pronto” ante una corte federal del distrito neoyorquino de Brooklyn.

La acusación, según el periódico, representará un nuevo caso en los intentos de la Justicia estadounidense por perseguir a “quienes han asumido un importante papel en el narcotráfico”.

La acusación contra Reverol podría ser anunciada este mismo mes y representará uno de los casos de alto perfil que involucran presuntamente a la élite política venezolana, dice el diario.

Según las mismas fuentes, Reverol presuntamente ha estado “más de una década” en la nómina de las organizaciones criminales “que supuestamente tenía que perseguir”.

El diario también dice que el jefe de la policía militarizada “alertó regularmente a narcotraficantes sobre cuándo y dónde se iban a llevar a cabo” acciones policiales y, en algunos casos, presuntamente paró o impidió determinadas investigaciones.

Reverol fue ministro para las Relaciones Interiores y Justicia durante el Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y estuvo a cargo de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).

En Estados Unidos se encuentran actualmente dos familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fueron detenidos en noviembre pasado en Haití y trasladados a Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

Se trata de Efraín Antonio Campo Flores, de 29 años, y Francisco Flores de Freitas, de 30, ahijado y sobrino de Maduro, respectivamente, quienes comparecerán mañana ante un juez en una audiencia inicialmente programada para el 18 de noviembre.

La Fiscalía acusa a los familiares de Maduro de conspirar junto a otras personas para introducir al menos 5 kilos de droga en Estados Unidos a través de Honduras.

Los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables.

Ramón Rodríguez Chacín, enlace con las Farc del gobierno de Hugo Chávez, participó en la firma del acuerdo en La Habana el 23SEP15. Foto: Cubadebate

 

Se están creando las condiciones para un innecesario incidente armado entre Venezuela y Guyana. David Granger, presidente de Guyana, anunció el 21SEP15 que llevará el caso del diferendo con Venezuela a una corte internacional. Dos días después, el Gobierno Maduro movilizó tropas y equipos, incluyendo sistemas de misiles antiaéreos Pechora, hacia el estado Bolívar próximo al territorio del Esequibo bajo control guyanés. La movilización fue calificada por el Ministro de Defensa de Maduro, general Vladimir Padrino, como un “ejercicio de despliegue operacional”. El Gobierno de Guyana lo calificó como una inusual concentración de tropas en la frontera y colocó sus pocos puestos policiales y militares en alerta. Durante su estadía en Nueva York, el presidente de Guyana no dudó en acusar a Venezuela de país agresor, en la intensa agenda de reuniones bilaterales que desarrolló con motivo del inicio de la Asamblea General de la ONU.

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La reactivación del diferendo con Guyana se convirtió en una seria derrota para la diplomacia chavista con altísimos costos para los intereses venezolanos. Alrededor de Guyana se ha ido formando una alianza de terceros gobiernos que obvian los derechos esgrimidos por Venezuela.

El Gobierno de Brasil, pese a su alianza política con el castrochavismo, anunció apoyo a Guyana. El 07SEP15, día de su fiesta nacional, el embajador de Brasil en Guyana, Lineu Pupo de Paula, ofreció un brindis en Georgetown al cual asistió David Granger. El embajador de Dilma Rousseff se refirió al tema de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, en lo que constituye una posición oficial de Brasil sobre el tema: “Suramérica es un lugar de paz y por ello Brasil no aceptará disturbios en sus fronteras”. Con ello, EEUU y Brasil se convierten en virtuales garantes de Guyana en detrimento de los intereses territoriales de Venezuela.

 

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Las FARC no entregarán sus armas al Gobierno colombiano en caso de llegar a término las actuales negociaciones en La Habana y firmarse un acuerdo. El anuncio ha causado una nueva ola de críticas dentro de importantes sectores colombianos contra los acuerdos que el gobierno Santos ha alcanzado con las Farc en las negociaciones que ya cumplen tres años.

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Desde el documento firmado el 26AGO12 por delegados del Gobierno colombiano y las Farc, el cual norma las actuales negociaciones, ha sido utilizado el impreciso término “dejación de las armas”, lo cual no es igual a entrega de armas. Esta misma expresión fue utilizada en el comunicado conjunto difundido el 23SEP15 en La Habana en el cual indica que esa “dejación” comenzaría dos meses después de firmarse el “Acuerdo Final”.

Si bien el mecanismo operativo para el desarme aún no está precisado, se habría impuesto la idea de que las Farc harían entrega de sus arsenales a una delegación internacional como parte de los esquemas de verificación de los acuerdos. La intervención de terceros países en el proceso de desarme señala el alto grado de internacionalización que adquirió el proceso de paz. De hecho, el Gobierno de Uruguay y la ONU, en las personas del exministro de defensa uruguayo José Bayardi y del diplomático francés Jean Arnault, forman parte de las negociaciones sobre el “fin del conflicto”. Desde aviones aportados por Venezuela para el traslado de guerrilleros, hasta reputados asesores legales de las Farc pagados por Noruega, muchos gobiernos y entes internacionales están directamente involucrados en el proceso. Eso ha llevado a una situación donde el alborozo externo por los avances en las negociaciones contrasta con la pérdida de apoyo dentro de Colombia.

Es tal el grado de “internacionalización” del proceso que fue el Gobierno de EEUU que propició y sirvió de anfitrión a dos encuentros, celebrados el 12JUL15 y el 08SEP15, entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y emisarios de Juan Manuel Santos, entre ellos el jefe negociador Humberto de la Calle y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. El Gobierno Obama, quien mantiene un representante especial para las negociaciones Santos-Farc, hace esfuerzos para que Uribe esté informado de primera mano de los avances, baje el tono de sus ataques y eventualmente muestre respaldo a los acuerdos. Las gestiones de la diplomacia de EEUU parecieran poco fructíferas dadas las gruesas críticas de Uribe a los acuerdos parciales alcanzados por Santos.

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El acuerdo entre Santos y las Farc no está concluido y algunos temas ya analizados deberán ser objeto de revisiones. Su aplicación, una vez firmado, dependerá de un complejo proceso de aprobación popular mediante una “refrendación” aún no precisada. Las Farc exigen participación política inmediata y que el Estado les garantice sus vidas. Además, aún falta la aprobación por el Congreso de una reforma constitucional presentada por el Gobierno el 15SEP15 que, a su vez, permita la rápida tramitación de leyes implícitas al acuerdo con las Farc. Santos procura ser dotado de poderes para legislar vía decreto, una “ley habilitante” que se ha convertido en otro motivo de choque entre Gobierno y uribismo.

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Faltando tantos pasos previos, Santos y las Farc decidieron dar muestras del estado de avance, en un intento de frenar la caída del apoyo a las negociaciones. El 23SEP15, en un curioso acto celebrado en La Habana bajo la conducción de Raúl Castro, con ceremonial cubano y con casi todos los presentes vestidos con guayaberas blancas a la moda oficial castrista, se produjo el primer encuentro público de Santos y el jefe del Secretariado de las Farc Rodrigo Londoño “Timochenko”. En ese acto, los jefes de las delegaciones negociadores y los representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, firmaron un comunicado sobre la creación de un esquema judicial para el procesamiento de los implicados en delitos en el marco del “conflicto armado”. Las felicitaciones a Santos y las Farc llegaron desde el Departamento de Estado de EEUU hasta del Palacio de Miraflores en Caracas. Pero en Colombia la presentación del esbozo de un eventual esquema para el juzgamiento de los guerrilleros de las Farc, dejó una sensación de inquietud en diversos sectores. La creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” que incluirá a jueces no colombianos, conlleva a la aplicación de lo que en la actualidad se denomina “justicia transicional” y que sería la vía para que los altos jefes guerrilleros no cumplan penas de cárcel por sus delitos.

En sus palabras en La Habana, “Timochenko” resaltó que la jurisdicción especial sería aplicada a los dos bandos en conflicto. Casi simultáneamente la agencia de noticias de las Farc, Anncol, comenzó a tuitear mensajes informando sobre supuestos futuros enjuiciamientos a expresidentes colombianos, empresarios y altos jefes castrenses. El acto de La Habana, en todo caso, sirvió para que Santos pusiera sobre la mesa los temas más sensibles de sus pactos con las Farc. Aún falta mucha agua por correr antes de que pueda hablarse de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc.

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El Gobierno de Evo Morales está creado falsas y peligrosas expectativas entre la población de Bolivia sobre la supuesta e inminente obtención de costa en el Océano Pacífico a expensas de territorio chileno.

El 23SEP15, la Corte Internacional de Justicia CIJ se pronunció ante una demanda presentada por Bolivia contra Chile. Ese día los magistrados fallaron a favor de Bolivia en relación a un punto previo presentado por Chile que no tiene nada que ver con la demarcación fronteriza. Ante la acción judicial boliviana, Chile alegó que la Corte carece de facultades para analizar el caso ya que los límites con Bolivia son producto de un Tratado de 1904. Tanto Bolivia como Chile son parte del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, el cual coloca en la jurisdicción internacional la resolución de conflictos limítrofes entre los países del Continente. El 23SEP15 la Corte anunció que si tiene facultades para atender la demanda boliviana en razón de un artículo del propio Pacto de Bogotá, pero la instancia internacional no tiene en mente fijar nuevos límites entre Bolivia y Chile.

La demanda que Bolivia presentó contra Chile el 24ABR13 no coloca en manos de los jueces una eventual modificación de la frontera entre ambos países y, cualquiera que sea una futura sentencia, no implicará que Bolivia obtenga territorio. El objeto del proceso judicial abierto por Bolivia, a unos costos altísimos, es simplemente para determinar si Chile tiene la obligación de “negociar de buena fe” un “acceso soberano” de Bolivia al Océano Pacífico y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido con esa obligación. Tras un proceso cuya resolución aún puede tardar cuatro años, la CIJ pudiera determinar que Chile debe negociar con Bolivia, igualmente pudiera determinar que Chile no ha cumplido con esa hipotética obligación, pero la Corte no podrá fijar costa a Bolivia ni obligar a Chile a cederla.

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Evo Morales ha logrado congregar a su alrededor, sobre el tema de límites, a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz y Guido Vildoso. Igualmente ha generado una intensa movilización popular y hasta una nueva bandera de la “reivindicación marítima” ha sido agregada a los símbolos nacionales y al ceremonial oficial. La noche del 22SEP15, Morales convocó a una vigilia en espera de la sentencia de la CIJ la cual, al ser conocida, fue celebrada como una victoria patria. En medio de su exaltación y sin mucho atino sobre la situación legal real, Morales anunció que buscaría a la mandataria chilena Michelle Bachelet, con quien coincidiría en la sede la de ONU en Nueva York, para iniciar conversaciones limítrofes en paralelo al proceso de la CIJ. No existe ninguna posibilidad de que el gobierno chileno se siente con Morales a negociar límites y menos bajo la presión de un proceso judicial de casi nulo impacto como el abierto por Morales. En tanto, el líder cocalero ha convertido el tema del acceso al mar en su principal muletilla en procura de una reforma electoral que le permita optar indefinidamente a la Presidencia boliviana.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Amércias

 

 

 

 

El ex ministro de Relaciones Interiores publicó en Twitter su opinión sobre la resolución. Recomienda aplicar el manual del Uso Diferenciado y Progresivo de la Fuerza para el control de orden público, y dejar esta tarea a la PNB

 

@ronnarisquez

 

 

El ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expresó su desacuerdo con la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa y la calificó de “innecesaria y provocadora”.

El documento, que establece las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de orden público y control de manifestaciones, contempla el uso de armas de fuego y la aplicaciòn de la fuerza potencialmente mortal.

Rodríguez Torres, que es mayor general del Ejército y fue director de la DISIP (ahora Sebin), apeló a su experiencia para elaborar un artículo que publicó en su cuenta de Twitter @RodriguezT4F con sus objeciones a la resolución firmada por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladrimir Padrino López.

“Se ha polemizado mucho en torno a esta resolución emanada desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa que pretende regular las actuaciones de la FANB en el tema tan sensible del orden público. Voy a emitir opinión al respecto, dada mi experiencia en la materia”, escribió, Rodríguez Torres, quien fue destituido de su cargo como ministro en 2014, luego de un incidente en el que fueron asesinados cinco integrantes del Frente 5 de Marzo.

 

 

El ex titular de Interior y Justicia considera que la intención de la resolución es “buena”, porque coloca límites a la FANB cuando participa en el restablecimiento del orden público. “Sin embargo, creo que es innecesaria y provocadora de un debate que por lo sensible debe manejarse con la sutileza correspondiente. Aclaro que la revolución bolivariana y sus instituciones han rescatado el sentido sagrado y fundamental de los Derechos Humanos, inclusive ampliando su valor en tiempo y espacio”.

Rodríguez Torres recordó que: “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68 prohíbe taxativamente el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas”. Agregó que además ya existen en el país normas que complementan la actuación de los cuerpos policiales, orientadas a garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Explicó que a estas regulaciones se suman los principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza de los cuerpos policiales, que están recogidos en un manual. “Son un marco sólido para la actuación ante las protestas de los ciudadanos”, aseguró el ex ministro, quien considera que estos instrumentos son suficiente para regular la participación de los cuerpos de seguridad en protestas.

 

 

 

 

Apoyo a la PNB

“Es válida la preocupación sobre el qué hacer en caso de que una manifestación se torne violenta y los manifestantes o algunos de ellos utilicen armas de fuego contra los representantes de la autoridad. Y digo que es válida porque en las llamadas “guarimbas” del año 2014 murieron oficiales de la FANB y funcionarios policiales por disparos hechos desde las filas opositoras que disfrazaron de pacífica a una insurrección armada y con el claro fin de derrocar al gobierno del presidente Maduro”, precisó Rodríguez Torres,

Sin embargo, aclaró que: “Ante una situación así, ya vivida, se aplica las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, empleando entonces a las unidades tácticas especiales de los cuerpos de policía para la neutralización de tales amenazas… Por estas razones, creo que tal resolución es innecesaria y me atrevo a recomendar que más bien se unifiquen los criterios de actuación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la GNB, tomando como guía las normas y principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, aprovechando la coyuntura para generar una doctrina propia y profundamente humana en el tema del control de las manifestaciones”, escribió el ex ministro.

Finalmente recomendó que los recursos para la adquisición de equipos de orden público sean a la Policía Nacional Bolivariana “de manera de fortalecerla y darle suficiente capacidad para alejar cada día más a la GNB de tales misiones, que solo sea por vía de excepción que se emplee a este componente militar en el control del orden público”.

El artículo publicado por el ex ministro y líder del alzamiento militar del 4F concluye con la siguiente frase: “¡Puede haber razones para molestarnos, pero jamás para matarnos!”

 

La fiscal también cuestionó la resolución

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuestionó el jueves la resolución elaborada del por el Ministerio de la Defensa país que permite a la FANB el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.

“Yo creo que a esa resolución hay que hacerle correcciones; además, rectificar es de sabios, yo no veo problema en que se le hagan algunas correcciones, esa es la opción de la fiscal”, dijo Ortega Díaz en Globovisión.