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Tribunal Supremo de Justicia

Contraloría remitió al TSJ documentos sobre inhabilitación de María Corina Machado
Con esta copia certificada, el TSJ debe responder el reclamo emprendido por Machado sobre su inhabilitación , así como su solicitud de amparo cautelar

La Contraloría General de la República entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la copia certificada de los actos administrativos que impusieron la sanción de inhabilitación política a María Corina Machado por 15 años.

La remisión de los antecedentes administrativos se hizo el pasado 21 de diciembre de 2023, según señala una cuenta de ese día publicada por la Sala Político Administrativa en el sitio web del TSJ.

El máximo tribunal solicitó estos documentos a la Contraloría el pasado 19 de diciembre y le otorgó un plazo de tres días para hacer el envío.

Con esta copia certificada, el TSJ debe responder el reclamo emprendido por Machado sobre su inhabilitación , así como su solicitud de amparo cautelar.

La candidata presidencial, elegida durante las Primarias opositoras del pasado octubre, interpuso el reclamo el pasado 15 de diciembre de 2023, justo cuando vencía el plazo que el gobierno de Nicolás Maduro dio a los opositores para impugnar sus inhabilitaciones.

Días antes, Machado había asegurado que no haría nada al respecto. Pero en la mañana del 15 de diciembre, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela publicó un mensaje en redes sociales para felicitar a Machado y a todos los opositores que introdujeron acciones para reclamar por sus inhabilitaciones.

Tal plazo fue parte de las negociaciones de la administración de Nicolás Maduro con el Washington a fin de que se resuelvan, jurídicamente, las restricciones que tienen decenas de dirigentes políticos antichavistas para ejercer o ser candidatos a cargos públicos.

Una interpretación sobre la situación de Machado

De acuerdo con el abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, la petición de información del TSJ «estaría allanando el camino para inadmitir la demanda» de Machado.

El experto explicó en la red social X que «la solicitud de información no es un trámite necesario», sino que el máximo tribunal debió pronunciarse directamente sobre la medida cautelar que pidió la candidata presidencial.

«El TSJ podría declarar inadmisible la demanda de Machado, al considerar que sí hay un acto de inhabilitación. Sin embargo, no existe ninguna inhabilitación cuya nulidad pueda ser declarada», acotó. 

TSJ solicita documentos a Contraloría para pronunciarse sobre inhabilitación de María Corina Machado
El máximo tribunal dio un plazo de tres días al órgano del Poder Moral para que le remita una copia certificada de los actos administrativos contra Machado

El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Contraloría General de la República que, en un lapso de tres días, remita los antecedentes administrativos de la inhabilitación política de la candidata opositora a las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado.

El documento, con fecha del 19 de diciembre de 2023, pide una «copia certificada de los actos administrativos» que impusieron la sanción a Machado por 15 años.

El máximo tribunal requiere los documentos para pronunciarse sobre el reclamo de Machado ante su inhabilitación política y su solicitud de amparo cautelar.

La acción la emprendió la candidata el pasado 15 de diciembre de 2023, justo cuando vencía el plazo que el gobierno de Nicolás Maduro dio a los dirigentes opositores para impugnar sus inhabilitaciones. Días antes, Machado había asegurado que no haría nada al respecto. 

Tal plazo fue parte de las negociaciones de la administración de Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos a fin de que se resuelvan, jurídicamente, las restricciones que tienen decenas de dirigentes políticos antichavistas para ejercer o ser candidatos a cargos públicos.

 

Este #15Dic vence plazo que puso el gobierno para revisar inhabilitaciones: posibles escenarios esperables
«Un escenario probable es que el mecanismo no logre el objetivo de permitir la libre postulación, incumpliéndose la condición fijada por el Departamento de Estado», señaló José Ignacio Hernández

Este viernes, 15 de diciembre, vence el plazo que puso la administración de Nicolás Maduro para que políticos opositores soliciten ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una revisión de sus inhabilitaciones políticas, que les impide ejercer cargos públicos.

Entre los afectados por esa medida se encuentra María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024, en las que espera participar a pesar de esta medida.

José Ignacio Hernández, exprocurador especial del disuelto gobierno interino de Juan Guaidó, explicó algunos escenarios posibles que podrían presentarse.

Mediante un hilo que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), Hernández señaló como una posibilidad que varios políticos inhabilitados decidan presentar «una demanda de nulidad».

«A pesar de que el mecanismo no es efectivo, esto pudiera ser considerado como un avance. Pero la decisión de María Corina Machado es esencial», agregó.

Para Hernández, pese a que el mecanismo se pretende aplicar a todos los interesados, María Corina Machado tiene «la traba más importante».

«Si la Plataforma no puede inscribir su candidatura, las primarias quedarían sin efecto. El problema es que el caso de María Corina Machado no está cubierto por el mecanismo», explicó.

 

En ese sentido, recordó que no hay ninguna resolución del contralor general que inhabilite a Machado. «Luego, ella no puede acudir al TSJ. Esta es una de las grandes fallas del mecanismo adoptado», destacó.

«Un escenario probable es que el mecanismo no logre el objetivo de permitir la libre postulación, incumpliéndose la condición fijada por el Departamento de Estado», apuntó.

Hernández recordó que Estados Unidos consideró como «positivo» el acuerdo que se alcanzó sobre el mecanismo, pero el objetivo final no se ha alcanzado porque «no hay un mecanismo expedito y efectivo que permita la libre postulación en elecciones».

«Dependiendo de lo que suceda esta semana, en los próximos días podría revisarse la política de flexibilización de sanciones, sea para revocar o limitar alguna de las licencias, o para imponer nuevas sanciones», acotó.

Finalmente, consideró: «Cada día que pase las probabilidades de tener elecciones libres y justas en Venezuela en 2024 son menores. El tiempo es apenas justo para cumplir con el Acuerdo de Barbados».

María Corina Machado no tiene pensado ir al TSJ por ahora
Machado recordó que el acuerdo de Barbados implica una serie de compromisos por parte de la administración de Nicolás Maduro, y que estos «no se han cumplido»

Foto: EFE/Rayner Peña R

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y ganadora de la primaria opositora, aseguró este miércoles, 6 de diciembre, que no tiene pensado, por ahora, acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una revisión de su inhabilitación.

Durante una rueda de prensa, la dirigente opositora señaló: «El documento que propuso el régimen, lejos de facilitar la vía electoral, la hace más compleja. Lejos de demostrar la disposición a cumplir con las condiciones que exige la comunidad internacional, las restringe (…) Plantea restricciones a libertades ciudadanas que son inaceptables».

Prosiguió señalando que nunca fue notificada de la supuesta inhabilitación. 

«Yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Aquí no hay un acto de la Contraloría, ni yo he sido notificada de ninguna manera. Aquí yo no he recibido un papel. Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente. Y si quedaba alguna duda antes del 22 de octubre, yo hoy estoy más que habilitada», añadió Machado.

En ese sentido, señaló que no hay algún motivo por el cual acudir al TSJ: «No hay cumplimiento de ningún acuerdo y lo que he dicho es que esto es un tema de orden político, no jurídico y tiene que aclararse previamente (…) La realidad es que, al día de hoy, el régimen está violando los acuerdos de Barbados».

Machado recordó que el acuerdo de Barbados implica una serie de compromisos por parte de la administración de Nicolás Maduro, y que estos «no se han cumplido».

«Por lo tanto, este régimen no es confiable. ¿Por qué creer que van a cumplir con una parte si no cumplen con otra? (…) Este régimen no es confiable. Y por mi parte les digo: así no», sentenció.

Machado dijo que estarán evaluando el tema «día tras día», pero por ahora, no manifestó intención de acudir al TSJ.

“Acudan al TSJ y ejerzan su derecho”: el llamado de Capriles a políticos inhabilitados
Capriles reiteró su apoyo a María Corina Machado, ganadora de la elección primaria de la oposición realizadas el pasado 22 de octubre

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, instó este domingo 3 de diciembre a todos los opositores inhabilitados para que acudan ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar un amparo para obtener una respuesta sobre las inhabilitaciones políticas.

«Mi llamado es que todos los que han sido inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente acudan al tribunal y ejerzan su derecho. Voy a preguntarle al abogado si debo volver a ir al tribunal para que se me restituya mi derecho que fue violentado hace siete años», dijo Capriles.

 

Asimismo, agregó: «Todos hemos sido violentados. Todos tienen derecho a que se restituyan sus derechos políticos», sentenció.

Por otra parte, reiteró su apoyo a María Corina Machado, ganadora de la elección primaria de la oposición realizadas el pasado 22 de octubre.

«Nosotros elegimos a una candidata, espero que nuestra candidata pueda inscribirse y participar en esas elecciones», dijo después de votar en el referéndum consultivo del Esequibo.

El procedimiento

El pasado 30 de noviembre el Reino de Noruega informó que recibió de la administración de Nicolás Maduro un procedimiento, acordado con la Plataforma Unitaria, para levantar las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiren a la Presidencia en 2024.

El documento indica que cualquier persona con una medida impuesta por la Contraloría General deberá acudir a la Sala Político Administrativa del TSJ y ejercer un recurso contencioso contra su inhabilitación.

Según el Reino de Noruega, ese documento contencioso debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, «en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos».

Tras la medida, abogados y especialistas expresaron sus inquietudes sobre el mecanismo de habilitaciones acordado, algunos lo califican de «trampa», mientras que otros señalan que se trata de «una obligación de medio pero no de resultado».

*Con información de TalCual

Estudiantes de la Universidad de Carabobo exigen respeto al derecho a escoger sus autoridades
Evelyn Ruíz, presidenta de la Comisión Electoral de la UC, recalcó la falta de concertación de acuerdos entre distintas fuerzas políticas, lo que provocó la criticada sentencia

Estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender las elecciones de autoridades universitarias y exigen el derecho a escoger sus candidatos.

Gabriel Cabrera, coordinador de Gritemos con Brío en Carabobo, señaló: «Le dieron muerte a la posibilidad de renovar autoridades rectorales y decanales de nuestra casa de estudios».

Cabrera, egresado de la UC, explicó que el sentimiento del estudiantado sigue siendo el mismo: una renovación inmediata de las autoridades para destrabar el juego político y administrativo.

“Hemos insistido durante todos estos meses en llegar a un consenso para lograr este proceso electoral que involucre a todos los miembros de la comunidad universitaria”.

 

Para Cabrera, no existe persona en la universidad que no quiera que se realicen las elecciones en la UC.

Por su parte, Alejandro Brito, representante estudiantil de la Escuela de Relaciones Industriales de la UC, tildó de «absurdo» que las elecciones se suspendieran y que estos dieran como resultado la sentencia del TSJ.

En la opinión de Brito, dichos acuerdos forman parte de negociaciones entre diversas facciones y que se hacen a la sombra de lo público.

Asimismo, Evelyn Ruíz, presidenta de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo, también recalcó la falta de concertación de acuerdos entre distintas fuerzas políticas, lo que provocó la criticada sentencia.

En respuesta a la suspensión, la rectora de la UC, Jessy Divo, junto al Consejo Universitario, rechazó la propuesta de igualdad de peso en el voto planteada por dos trabajadores, Pedro Ulacio y Hernán Barrios de forma simple. «No es la opción», dijo.

Ante la gravedad del asunto y la incertidumbre sobre el futuro electoral de la UC, el Consejo Universitario decidió entrar en sesión permanente.

*Nota de prensa

Reuters: Gobierno permitiría que avancen en el TSJ apelaciones contra inhabilitaciones políticas
María Corina Machado, quien se hizo con la victoria en la primaria opositora, se encuentra entre los excluidos del cargo

La administración de Nicolás Maduro permitiría que avancen las apelaciones de políticos opositores contra las inhabilitaciones políticas que les impiden ocupar cargos públicos.

Esta sería una forma de cumplir «parcialmente» con las demandas de Estados Unidos, según indicaron fuentes a Reuters.

Dos fuentes opositoras y otra con conocimiento del asunto dijeron que el régimen de Maduro podría permitir avances en las apelaciones contra las inhabilitaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante octubre, Estados Unidos alivió sanciones a la industria petrolera en Venezuela y levantó una prohibición de negociar bonos a cambio de un acuerdo sobre las elecciones de 2024 entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición.

Washington ha dicho que revocará el alivio de las sanciones si Maduro no ha tomado medidas antes del 30 de noviembre para liberar a los presos políticos y a los estadounidenses «detenidos injustamente» y avanzar hacia el levantamiento de las prohibiciones a los cargos públicos.

 

María Corina Machado, quien se hizo con la victoria en la primaria opositora, se encuentra entre los excluidos del cargo.

No estaba claro con qué fuerza o cuándo podría reaccionar Estados Unidos si el chavismo no toma ninguna medida o qué mínimo podría alcanzar Maduro para evitar o retrasar una respuesta estadounidense.

Según una fuente de Washington, hay deliberaciones en curso dentro de la administración Biden, que ha sido presionada por los republicanos para restablecer las sanciones, y una decisión dependerá de lo que haga Maduro, si es que hace algo, antes del jueves.

 

Otras fuentes se mostraron escépticas ante gran parte de una respuesta inmediata de Estados Unidos y anticiparon que podría producirse una reacción semanas después.

La prioridad de EEUU a fin de mes es la liberación de estadounidenses detenidos

Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, señaló días atrás que para el gobierno de Joe Biden es una prioridad la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela para finales de noviembre.

En una entrevista que concedió a TalCual, Palmieri recordó que el secretario de Estado, Antony Blinken, instó a la administración de Nicolás Maduro a respetar el acuerdo de Barbados o, de lo contrario, se revertirá el alivio de sanciones a Venezuela.

«Para nosotros es muy importante los americanos detenidos de una manera injusta», acotó Palmieri.

Delcy Rodríguez espera una resolución favorable a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia
La funcionaria dijo que en los próximos días el tribunal debe pronunciarse 

 

Venezuela cree «firmemente» en el «respeto del derecho internacional», dijo este viernes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la espera de una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto al referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial por el Esequibo con Guyana, que pidió al tribunal tomar medidas para «bloquear» esta consulta.

«En los próximos días, la CIJ debe pronunciarse sobre la insólita solicitud de Guyana de prohibir el referéndum consultivo en defensa de nuestro Esequibo. Creemos firmemente en el respeto del derecho internacional», escribió Delcy Rodríguez en X (antes Twitter).

Rodríguez, quien encabezó la delegación venezolana que acudió esta semana a las audiencias en La Haya, aseguró que el Gobierno no va a defraudar a los venezolanos, cuya dignidad «siempre» defenderá.

Según un video compartido por la vicepresidenta en la red social, en las audiencias convocadas por la corte, Guyana «expuso que Venezuela no puede realizar ningún referéndum, irrespetando los derechos del pueblo venezolano establecidos en su carta magna».

Venezuela denunció que la solicitud de Guyana es un «exabrupto sin precedentes en la historia», y rechazó la «acción temeraria de Guyana, que busca intervenir y promover un cambio en el sistema político venezolano».

El Gobierno chavista ratificó su posición de «apegarse al Acuerdo de Ginebra» de 1966 como «único mecanismo para resolver la controversia» por el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales.

Por su parte, Guyana pidió el martes pasado a la Corte que se declaró competente para dirimir esta disputa y tomar cinco medidas provisionales para «bloquear» el referendo, entre ellas evitar que Caracas proceda con esta consulta «en su forma actual».

Georgetown solicitó que Venezuela no incluya la «primera, tercera o quinta» pregunta, que consultan, respectivamente, si se está de acuerdo en rechazar el laudo arbitral de 1899 que defiende Guyana, en la jurisdicción de la CIJ para resolver este asunto, y en la creación de una región para anexionarse el territorio y otorgar ciudadanía y documentos de identidad a sus habitantes.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente este jueves la solicitud de protección del referendo ante cualquier acto o decisión extranjera, hecha el día anterior por el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez. 

 

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