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Tribunal Supremo de Justicia

Plan de descongestionamiento de calabozos: 83 personas fueron liberadas y 90 trasladadas a cárceles
Hasta los momentos no han sido beneficiados reclusos  en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana

 

El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dio detalles el 1 de noviembre en rueda de prensa del Plan de Descongestionamiento en Calabozos Policiales que fue anunciado a mediados del mes de octubre de este 2019.

Saab explicó que entre miércoles y jueves se realizaron 123 audiencias para evaluar los casos de los privados de libertad que optaban por una medida de libertad o traslado desde los centros policiales en los  los que estaban detenidos para cárceles.

En las dos primeras semanas del plan que es impulsado por la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicio Penitenciario, 83 personas quedaron en libertad y 90 reclusos fueron trasladados a centros carcelarios.

“Se dictaron 118 privativas de libertad, de los cuales, en 65 casos se admitieron los hechos, 53 reclusos pasaron a juicio, se dictaron seis sobreseimientos provisionales, 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias. En total quedaron en libertad por sobreseimientos, medidas cautelares y medidas humanitarias, 83 personas”, refirió. 

“Este es un logro para las estaciones de policía, para que sean lugares de tránsito y que las estaciones no se conviertan en lugares provisionales de reclusión”, manifestó el fiscal general designado por la ANC. 

Una Ventana a la Libertad confirmó con fuentes extraoficiales que el plan gubernamental para descongestionar los centros de detención preventiva fue instalado el 16 de octubre de este 2019 en la sede del Cicpc ubicada en El Rosal, Caracas. Desde esa policía funciona una especie de centro de operaciones para evaluar la situación de los internos que están detenidos en otras comisarías de la policía científica ubicadas en la capital de Venezuela. 

UVL también confirmó que, hasta los momentos, no han sido beneficiados reclusos detenidos en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, sí se tuvo conocimiento de una inspección que hizo el equipo multidisciplinario de las distintas instancias del Estado en la PNB de Boleíta, pero hasta la fecha, ningún detenido de ese CDP ha sido trasladado a una cárcel o ha recibido beneficios procesales. 

Chavismo le quitó la inmunidad a 20 diputados solo en 2019
Después del arranque de la Operación Libertad, el Tribunal Supremo de Justicia  y la asamblea nacional constituyente han embestido contra el parlamento y sus diputados

 

Entre mayo y octubre de 2019 suman 20 los diputados a los que se les ha violado la inmunidad parlamentaria otorgada por la Constitución en el artículo 200. Entre los afectados se encuentra el presidente y el primer vicepresidente del Parlamento. 

El accionar del TSJ y la cuestionada Constituyente ha dejado 4 curules vacíos en el Parlamento y mutilado las comisiones permanentes de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Integral, instancias claves para el rol contralor del Parlamento. Los presidentes y diputados integrantes de estas comisiones pasaron a la clandestinidad o están en el exilio. 

El TSJ acusó a los 20 diputados de cometer traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

 

Juan Guaidó- Presidente de la AN 

VP- Vargas

Sentencia sin publicar de la Sala Plena del TSJ | 01-04-2019

Henry Ramos Allup

AD- Dtto. Capital 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Freddy Superlano

VP- Barinas

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019

Miguel Pizarro

PJ- Miranda 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

José Guerra

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Edgar Zambrano (1er vicepresidente AN)

AD- Lara 

Sentencia 17 de la Sala Plena | 02-05-2019 

Mariela Magallanes

Causa R- Aragua

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Sergio Vergara

VP- Táchira

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019 

Franco Casella

VP- Miranda

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Tomás Guanipa

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la  Sala Constitucional | 12-08-2019

Luis Florido

Independiente – Lara 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

José Simón Calzadilla

MPV- Aragua 

Sentencia 18 de la Sala Pleba | 07-05-2019

Juan Andrés Mejía

VP- Miranda 

Sentencia 19 de la  Sala Plena | 08-05-2019

Winston Flores

VP- Vargas

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Juan Pablo García

Vente – Monagas

Sentencia 56 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Richard Blanco

ABP- Dtto. Capital

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Américo de Grazia

Causa R- Bolívar

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Carlos Paparoni

PJ- Mérida 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Rafael Guzmán

PJ- Miranda 

Sentencia 33 de la Sala Plena | 28-05-2019 

Juan Pablo Guanipa

PJ- Zulia

Sentencia 58 de la Sala Plena| 25-10-2019 

Sala Plena del TSJ adjudica ocho delitos al diputado Juan Pablo Guanipa
La sentencia señala que el enjuiciamiento de Guanipa correspondería a “tribunales ordinarios en materia penal”

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acusa al diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa de cometer ocho delitos, según la sentencia publicada el pasado 25 de octubre.

De acuerdo con la sentencia, a Guanipa se le acusa de la presunta comisión flagrante de de los delitos de “Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones; Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y al odio”.

Según el texto, los delitos anteriores están previstos y sancionados en los “artículos 128, 132, 143,145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.

Lea la sentencia completa:

N° SENTENCIA: 58
N° EXPEDIENTE: 2019-000066

Procedimiento: SolicitudPartes: El ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la “calificación de situación de flagrancia contra el ciudadano diputado a la Asamblea Nacional, JUAN PABLO IDISORO GUANIPA VILLALOBOS.

Decisión: PRIMERO: La COMPETENCIA esta Sala Plena para el conocimiento de la presente solicitud de calificación de flagrancia.

 

SEGUNDO: Que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la presunta responsabilidad del ciudadano JUAN PABLO ISIDORO GUANIPA VILLALOBOS, en la comisión flagrante de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones; Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y al odio, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143,145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

 

TERCERO: Que, en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión número 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano JUAN PABLO ISIDORO GUANIPA VILLALOBOS, Diputado de la Asamblea Nacional, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: Se ORDENA remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, para su conocimiento y demás fines.

QUINTO: Remítase copia certificada de las presentes actuaciones al ciudadano Fiscal General de la República, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

Ponente: Guillermo Blanco Vázquez

Con información de TSJ

TSJ autoriza el pago de alquileres a tasa del dólar oficial
La medida tiene como finalidad dinamizar las operaciones de compra y venta de divisas a través de operadores especializados

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), autorizó a los inquilinos pagar los arriendos fijados al equivalente en dólares, según la cotización oficial del día establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La información aparece en la Gaceta Oficial N° 41.264, a través la sentencia N° 424 del 16 de octubre de 2019, de conformidad con la Resolución N° 19-05-01, fechada el 2 de mayo del 2019, dictada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Según el texto, la referida resolución suscribe que a través del Convenio Cambiario N° 1 del 21 de agosto del año 2018, se implantó “la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, con el propósito de favorecer al desarrollo de la actividad económica, en un mercado cambiario ordenado”.

La medida tiene como objetivo dinamizar las operaciones de compra y venta de monedas extranjeras por medio de los operadores especializados.

El Artículo N° 3 estipula: “El BCV conforme a la información que suministren los operadores cambiarios, publicará diariamente en su página web el tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas en las mesas de cambio de los operadores cambiarios”.

Por su parte, el Artículo N° 4 expresa: “Los interesados en realizar operaciones de compraventa de monedas extranjeras conforme a lo previsto en el artículo N° 1 de la presente Resolución, deberán acudir directamente a los operadores cambiarios, o hacer uso de los servicios de la banca electrónica dispuestos al efecto, en los términos y condiciones que se establezcan para tal fin”.

Con información de El Universal

Estudiantes y profesores defienden la autonomía universitaria con asamblea y protestas

ESTUDIANTES, PROFESORES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS realizaron este lunes 13 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en defensa de la autonomía universitaria.

Durante la asamblea, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, se refirió a la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que exige a las universidades adelantar las elecciones internas de las casas de estudios, decisión que la autoridad universitaria rechaza.

“Nos oponemos a la reciente sentencia 0324 dictada por la Sala Constitucional del TSJ del régimen, luego de 10 años que los rectores de las universidades nacionales interpusimos ante esa sala demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”, dijo García Arocha.

Por otra parte, García Arocha informó que se comunicará con la ONU y su alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, por la violación sistemática de los DDHH.

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“Insistiremos en todas las acciones que signifiquen el rescate de nuestra academia (…) Para ella y por ella estamos aquí”, añadió la rectora de la UCV.

Estudiantes protestaron

Luego de que finalizara la asamblea, estudiantes salieron a protestar en las adyacencias de la casa de estudios de Caracas, a pesar de la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana.

Durante la manifestación, los estudiantes y el resto de los participantes de la protesta cantaron el himno nacional de Venezuela frente al piquete policial.

Perú deporta a dos magistrados chavistas tras acuerdo del TIAR

EL GOBIERNO DE PERÚ DEPORTÓ a los magistrados oficialistas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales.

De acuerdo con una nota de Primer Informe, esta decisión se tomó tras la participación de Perú en el respaldo de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia (TIAR) para Venezuela.

Según la nota, Alfonzo y Delgado fueron retenidos en su llegada a la ciudad de Lima, se les negó la entrada al país y fueron deportados.

Las autoridades de Perú alegaron antes de deportarlos que se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.

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Vale destacar que Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales son parte de los magistrados que están sancionados por Canadá y Estados Unidos.

Cancillería venezolana reacciona

En un comunicado difundido en la web de la Cancillería, el gobierno venezolano rechazó la deportación de ambos magistrados calificando la acción como un “atropello”.

A continuación el comunicado:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo ante la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano de dos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de las autoridades migratorias de ese país, el 01 de octubre de 2019.

Al respecto, es preciso informar que los Magistrados arribaron a la ciudad de Lima, para representar a la República Bolivariana de Venezuela, en la 2da Reunión Preparatoria de la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”, a desarrollarse del 02 al 04 de octubre en la República del Perú. Sin embargo, a la llegada de los funcionarios, se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, el atropello causado a funcionarios venezolanos, negándole el ingreso a territorio peruano, bajo los argumentos de “Restricciones migratorias ordenadas por el gobierno del Perú”, en flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión, así como también de los convenios internacionales celebrados y ratificados por ambas naciones.

La decisión unilateral del gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos, no solo representan un atropello a los Magistrados, sino que además atenta con los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, insta a las autoridades peruanas a evitar que hechos como éste se repitan, y apegarse al Derecho Internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos.

*Con información de Primer Informe

Acceso a la Justicia: TSJ condena sin delitos ni pruebas

EN VENEZUELA, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) en vez de actuar como un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos se convirtió es un ente represor. Las prácticas de persecución, instauradas especialmente desde 2014 cuando hubo masivas protestas en el ámbito nacional, se incrementaron significativamente luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición alpresidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría.

Esta situación fue denunciada por Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, durante su participación en 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019. Allí la abogada expuso que la organización no gubernamental (ONG) contabiliza 105 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN); por lo menos 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, entre los que figuran 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales. El máximo tribunal también ha emitido decisiones contra 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), incluida la propia fiscal, y 27 diputados del Parlamento.

La persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal. De allí que en Venezuela no pueda hablarse de un verdadero Poder Judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del Ejecutivo y, además, de talante represor.

Acceso a la Justicia destacó que esas ejecutorias arbitrarias se basan en la ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios sin debido proceso yderecho a la defensa en particular, y la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido.

La cadena de vicios en los que ha incurrido el TSJ incluye la creación de figuras o incluso de consecuencias jurídicas inexistentes en las normas. Un ejemplo de ello es la  anulación de actos jurídicos futuros o de todo un órgano como el Parlamento por el desacato a una sentencia cautelar. Al mismo tiempo, se han asimilado delitos continuados, que no son tales, a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la norma respecto de altos funcionarios.

El TSJ, en su subordinación descarada al Gobierno, ha incurrido en la violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos; y el proceder incluso de oficio, como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para suspender motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional. 

Falsa renovación institucional

Otro elemento importante reportado ante la CIDH por Laura Louza es la persecución manifiesta del Poder Judicial desde enero de 2016 a los adversarios de Maduro, mediante la estrategia de anulación de los partidos políticos bajo el falso argumento de la renovación institucional. Esta medida forma parte del proyecto chavista de la toma del poder absoluto.

Esta anulación se dio al no permitirse la renovación de la organización por estar compuesta de varias organizaciones ya renovadas y atentar supuestamente contra el principio de la doble militancia, aunque no esté prohibida constitucionalmente. Pero, justamente con la tarjeta de la MUD, la oposición se hizo de la mayoría delPoder Legislativo en 2015, y por si fuera poco, se trata de tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela.

Además de la inhabilitación de la MUD, la ONG recordó que la represión del tribunal dio lugar a una disminución abrumadora de partidos políticos inscritos. De 67 toldas que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron laselecciones parlamentarias, actualmente solo hay 18, 12 progobierno y 6 de oposición, que son minoritarios en la Asamblea y que de hecho fueron los contendores a los comicios presidenciales, efectuados en mayo de 2018, y no los que realmente representan a la gran mayoría de la oposición.

Ampliación de medidas cautelares

En el petitorio presentado por Acceso a la Justicia ante la CIDH se incluyó la solicitud de medidas cautelares para los diputados de oposición de la AN  que aún no las tienen, así como para el diputado disidente Germán Ferrer. También se pidieron medidas institucionales de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para documentar y denunciar las sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la ONG solicitó medidas institucionales de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

 

Acceso a la Justicia: Un Poder Judicial autónomo, reto de la transición hacia la democracia en Venezuela

LA JUSTICIA, como valor e institución, ha sido fustigada en Venezuela en los últimos veinte años. Su deterioro, que comenzó con la gestión del fallecido Hugo Chávez Frías, se incrementó desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 hasta convertirse en un arma que el régimen utiliza de acuerdo con sus intereses para mantenerse en el poder, lo que ha permitido que la impunidad, la corrupción y la criminalidad campeen y alimenten una crisis humanitaria compleja sin precedentes que asola al país.

Rescatar el sistema de justicia autónomo, transparente y eficaz es uno de los retos de la transición hacia la democracia. Para ello es imprescindible contar con un gobierno judicial integrado por funcionarios independientes, capaces e imparciales que garanticen la aplicación irrestricta de una justicia que obedezca a los criterios del estado de Derecho, el debido proceso, los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Pero, ¿cómo lograr estas metas?

Expertos, juristas y representantes de la sociedad civil, tanto venezolanos como de otros países de América Latina que también han padecido gobiernos autocráticos y dictatoriales, participaron en el encuentro Transición de la Justicia en Venezuela: Construyendo propuestas desde la sociedad civil, donde analizaron las vías para diseñar una hoja de ruta para transitar el camino de la reinstitucionalización de la justicia y para enfrentar los crímenes de lesa humanidad, así como los esquemas de corrupción enquistados en las instituciones públicas venezolanas.

Mantener el modelo y respetar la Constitución

Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se refirió a que las necesidades de cada nación determinan su modelo de justicia, así como su vigencia y aplicación. No obstante, para la abogada “nada más paradisíaco para que florezca la corrupción que un sistema autocrático combinado con mecanismos políticos de designación”, pues los regímenes dictatoriales controlan el Poder Judicial para, a través de este, también dominar los otros poderes púbicos. 

Indacochea considera que hay que establecer criterios que conduzcan a la independencia en la aplicación de justicia, lo que a su criterio pasa por diseñar órganos autónomos con funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias en el ámbito judicial; definir las competencias y acciones de los organismos del gobierno judicial, así como establecer presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la transparencia y combatan la corrupción.

Los especialistas Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia; Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Comisión Internacional de Justicia; Román Duque Corredor, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y miembro fundador de Bloque Constitucional, y Fernando Fernández, del Observatorio de Crímenes contra la Paz, coincidieron en que la transición hacia la democracia se puede desarrollar a través del modelo de justicia previsto en la Constitución venezolana, que desde su entrada en vigencia no se ha aplicado, lo que hay que hacer por tanto es ponerlo realmente en marcha.

Alí Daniels considera que hay que garantizar la independencia en el ámbito judicial, lo que históricamente ha sido una de las falencias más importantes de la justicia en Venezuela. Durante su intervención explicó que en el país se han puesto en práctica varias modalidades de gobierno judicial, no obstante, estas no siempre han asegurado la independencia judicial. “El problema no es el modelo, sino la falta de voluntad política para garantizar las condiciones de independencia judicial”.

El director de Acceso a la Justicia hizo un recorrido histórico en el que explicó cómo fue evolucionando el modelo del gobierno judicial. Habló de cinco períodos: en los últimos 50 años Venezuela ha pasado por las  estructuras de gobierno judicial que se pueden identificar como los modelos fundamentales a nivel internacional: el que está bajo la tutela del Ministro de Justicia, que nombra jueces y supervisa su gestión (modelo europeo); el que un órgano externo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, lo detente, es decir, el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura (modelo latinoamericano), y aquel en el que el propio Poder Judicial está a cargo (modelo norteamericano).

También señaló que, a pesar de que el último modelo –implementado en el año 2000 con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999– podría ser calificado como el que mayor independencia podría asegurar, en el caso venezolano ha sido, en la práctica, el más afectado y el que menos se ha aplicado.

Carlos Ayala Corao, al explicar el proceso a través del cual la aplicación del modelo de justicia se fue desvirtuando, indicó:

“El modelo ya está diseñado, existe en la Constitución, tiene problemas de implementación, pero no para partir de cero. Nosotros tuvimos 40 años de reflexión sobre la justicia en democracia, la sociedad civil fue empoderándose y cuando llegó la Constituyente de 1999, universidades, sociedad civil y expertos hicimos las propuestas. Y las que llegaron a la Constitución fueron propuestas, no de la clase política, son de la sociedad civil (…) El modelo está allí. No es malo, es que nunca se aplicó”.

Para Ayala hay que aplicar la Constitución de 1999 y evaluar “cómo hacemos la transición de la no justicia a la justicia que está en la Constitución”. Exhortó a recuperar la formación profesional de quienes aspiran integrar el Poder Judicial y a fortalecer la meritocracia.

Combatir la “justicia de plastilina”

Fernando M. Fernández propuso combatir la “justicia de plastilina” que se amolda a los intereses del poder y revisar el papel de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Vista la situación actual de la Sala Constitucional, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, es también un conflicto de intereses. Ellos son quienes han decidido, en el tema ético de los jueces, por ejemplo, está desaplicado todavía el Código de Ética. Entonces, ellos intervienen en el gobierno judicial porque tienen sus propios intereses, ya no es el dominio de varios partidos ni de un bufete, sino el dominio de un partido político y, muy particularmente, en el ámbito de la justicia penal”.

Fernández señaló la importancia de la participación ciudadana en la aplicación de la justicia a través de mecanismos como los jurados y llamó a identificar y atacar conflictos de intereses políticos, económicos y personales que opaquen la imparcialidad de las decisiones.

La transición

Román Duque Corredor habló del Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobado por la Asamblea Nacional (AN), como un medio para determinar las acciones a seguir una vez que se inicie el proceso de transición política.

“El Estatuto establece, entre otros cometidos y objetivos, que la AN puede regular la actuación de las diferentes ramas del Poder Público y dentro de eso está lo que corresponde al gobierno del Poder Judicial. Hay ya un cauce jurídico para empezar a trabajar algo inmediato, que es el gobierno judicial tal como existe para cuando llegue la transición”.

El exmagistrado planteó no hacer cambios que impliquen la posibilidad de una reforma constitucional:

“Cuando ocurra la transición, la Asamblea va a tener que ratificar o designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para recuperar lalegitimidad de los Poderes Públicos. Una manera de hacerlo es corregir lo que se ha hecho mal dentro de lo que ya existe en la Constitución. Lo que cabe en este momento político es el proceso jurídico de revisar el modelo del gobierno judicial dentro de las pautas del Estatuto de Transición, de manera de que cuando llegue el momento planteamos si más que una simple transición lo que necesitamos es una reforma del modelo”.

Miguel Mónaco, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, advirtió que en las transiciones aumenta la inestabilidad: “Todos los reclamos de la sociedad civil se ejercen ante el Poder Judicial y se harán con fuerza. El sistema será puesto a prueba”.

El diputado de la AN, Juan Miguel Matheus, planteó una interrogante: ¿el país vive una transición y de qué tipo: hacia la democracia o hacia una regresión? Para Matheus, uno de los principales retos es recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno judicial y el sistema de justicia en Venezuela.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano instó a que también se fortalezca y depure el Ministerio Público, institución que está controlada por el régimen de Maduro.

“En Venezuela jueces y fiscales actúan de manera concatenada, ellos saben que uno y el otro van absolutamente de la mano. De manera que nosotros tendríamos que ir, en este proceso de reformas, también hacia repensar el actual Ministerio Público”.

Rafael Armando Rodríguez, de Fundación Provene, calificó la situación como “el peor momento de la justicia en Venezuela” y exhortó a encontrar vías que conduzcan a la transparencia, la autonomía y la solución de las necesidades de justicia del ciudadano común.

Ramiro Orias, abogado y defensor de derechos humanos boliviano, miembro de la Fundación para el Debido Proceso comparó el caso de Venezuela con el de Ecuador: “Aquí no son jueces del régimen, sino los representantes del sistema judicial de un Estado fallido. Ya no es cuestión de remover unos magistrados por otros”. Considera que una de las lecciones aprendidas para el futuro una vez iniciada la recuperación del sistema de justicia en Venezuela es tener mayor precisión sobre el jurado del Comité de Postulaciones para nombrar magistrados.

“Como se hizo en España, se debe establecer un pacto de reinstitucionalización de la justicia; es decir, hacerlo a través de un pacto, incorporando a ONG, sociedad civil y no dejar solo al Estado o al órgano encargado. Sería un ‘Pacto de Fortalecimiento de Justicia”.

El experto peruano David Lovatón, también miembro de la Fundación para el Debido Proceso, opina que en Venezuela debe conformarse una comisión de la verdad para analizar y dar a conocer a la sociedad las causas que originaron las graves violaciones de derechos humanos y a la democracia en estos años, así como para formular recomendaciones en relación con la judicialización “de casos emblemáticos de gran corrupción y graves violaciones de derechos civiles, sociales y ambientales y a medidas de reparación y de no repetición”.

“Venezuela deberá definir su camino, pero dada la gravedad, profundidad y extensión de lo ocurrido, nos inclinamos hacia que dicha Comisión tenga un componente internacional, aunque la dosis deberán definirlo los venezolanos. Esta Comisión de la Verdad en Venezuela no debería confundirse con una posible Misión o Comisión Internacional de Apoyo a Venezuela, como mecanismo heterodoxo para apoyar la transición democrática en varios frentes”.

 

Con información de Acceso a la Justicia