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Tribunal Supremo de Justicia

Sala Político Administrativa del TSJ no ha movido un dedo en 2024

En lo que va de 2024, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha trabajado.

En diciembre, la Sala Político Administrativa del TSJ dictó 130 sentencias y en enero emitió apenas nueve fallos, ocho de los cuales fueron sobre las inhabilitaciones. Sin embargo, estas decisiones las dictó la “Sala Político Administrativa Habilitada”, una figura que no existe en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) de acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia.

La sentencia nro. 0005 ratificó la inhabilitación electoral a María Corina Machado por 15 años impuesta por la Contraloría General de la República. 

De acuerdo a Acceso a la Justicia, la SPA incurrió en una práctica que ya tiene algún tiempo empleando: la omisión de publicar los textos completos. En lugar de hacerlo, se limita a anunciar las medidas mediante un extracto en su página web. “Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, asomó la ONG.

El artículo 9 de la LOTSJ advierte que las “salas especiales” son aquellas creadas por los magistrados reunidos en plenaria en los casos en que se “acumulen, por materia, cien o más causas para que sean decididas”.

Acceso a la Justicia informó que la SPA del TSJ tiene una “Sala Especial Primera”, cuyo mandato fue prorrogado por otro año en el mes de diciembre como aparece publicado en la resolución nro 2023-0072 de la Sala Plena. 

La ONG denunció que, hasta el sol de hoy, la Sala Especial Primera de la SPA no ha emitido decisión judicial alguna en 2024, pues su más reciente actuación fue el 14 de diciembre de 2023.

“Lamentablemente, se trata de una situación bastante irregular que genera zozobra e incertidumbre a los justiciables, y al mismo tiempo un grave riesgo de indefensión para la tutela de los derechos fundamentales de las personas”, indicó la ONG. 

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

Plataforma Unitaria no planea sustituir candidatura a presidenciales de María Corina Machado...por ahora
El tema ha sido abordado solo en conversaciones informales porque el objetivo sigue siendo presionar para que se respeten los acuerdos de Barbados

 

El triunfo de María Corina Machado en la Primaria organizada por la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, que la convirtió en abanderada para las elecciones presidenciales previstas en 2024, así como la ratificación de la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin cumplir con los procesos legales, impone nuevos escenarios a los actores políticos, que buscan la salida del oficialismo del poder por la vía democrática. 

Pero, ahora, la Plataforma Unitaria está en una encrucijada para determinar cuál es la ruta a seguir y quién sería el sustituto de Machado en la candidatura presidencial, en caso de que se llegue a considerar esta alternativa. 

El Pitazo entrevistó a analistas políticos y miembros de la Plataforma Unitaria y el comando de campaña de Machado, para saber si han discutido los nombres de posibles sucesores si la candidata sigue imposibilitada para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tres fuentes de oposición aseguran que el tema ha sido abordado solo en conversaciones informales porque el objetivo de la Plataforma Unitaria está centrado en que se levante la restricción contra Machado en cumplimiento del Acuerdo de Barbados, suscrito por el Gobierno y la oposición en octubre de 2023, que establece un mecanismo para las habilitaciones.

“Tenemos que agotar la vía de la presión al gobierno de Nicolás Maduro. No podemos ceder al primer obstáculo. Aunque todos no tenemos las mismas ideas, estamos claros en que María Corina cuenta con un gran liderazgo. De no ser ella la candidata, su voz será la de más peso a la hora de seleccionar a su sucesor o sucesora. Sin embargo, para eso hay que esperar. Hay que agotar todas las rutas que puedan lograr que se inscriba ante el Consejo Nacional Electoral”, indica un miembro de la Plataforma Unitaria que solicitó no ser identificado en este reportaje. 

En el partido de Machado, Vente Venezuela, también postergan la discusión de un eventual sustituto. 

“No se puede pretender que ella claudique cuando ha logrado que su liderazgo sea reconocido dentro de la propia oposición por el apoyo que consolidó a través del voto en la Primaria. El plan de Vente Venezuela y de María Corina, que debería ser el mismo de la Plataforma Unitaria, es trabajar en función de lograr la inscripción de su candidatura”, explica Morella Rodríguez, integrante de la organización política de Machado. 

La ruta de vencer la inhabilitación parece contar con el aval de Estados Unidos, uno de los actores internacionales que media por la realización de elecciones presidenciales transparentes y competitivas en Venezuela. 

“En este momento estamos enfocados en la inhabilitación. Ella es la candidata de oposición y debe tener el derecho a participar”, afirmó el jefe de Misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, en entrevista realizada con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El PitazoRunrun.es y TalCual, el 1 de febrero de 2024.

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos ejerce presión para que el Gobierno de Venezuela habilite a Machado. Washington le dio plazo a la administración de Maduro hasta el 18 de abril para asegurar la participación de los actores de oposición y continuar con la liberación de presos políticos, de acuerdo con un comunicado oficial publicado el 4 de febrero. El incumplimiento de estas condiciones por Venezuela puede ser el final del alivio de las sanciones a las industrias de petróleo y gas establecido en la licencia general 44. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. revocó la licencia a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) luego de que el TSJ ratificó el bloqueo a la candidatura de Machado.

Debate pendiente sobre posible reemplazo de Machado

Hay dos preguntas pendientes en la oposición respecto a la inhabilitación de Machado: quién podría suplirla y cómo se haría esa designación. La otra interrogante es si la abanderada ejercerá su liderazgo y respaldará a un outsider para que se inscriba como candidato presidencial.

“Aunque se ha abierto un debate en el seno opositor sobre la estrategia ante la inhabilitación a Machado, la Plataforma Unitaria se mantiene cerrada en torno a su liderazgo, pero tiene el reto de tomar prontas decisiones estratégicas ante el escenario que impulsa el Gobierno para adelantar las elecciones [en abril o mayo]”, explica el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, en su pódcast Análisis político.

La consultora política Carmen Beatriz Fernández aseguró a El Pitazo que Machado no tiene que mostrar sus cartas a la opinión pública ahora sino cuando haya un cronograma electoral. 

“María Corina va a tener acciones preferentes en el camino que se escoja, cualquiera sea ese camino. Creo que es un tema que debe crear consenso, pero no cabe duda de que María Corina tiene acciones preferentes”, indica.

Oposición necesita protocolos de respuesta 

La inhabilitación de Machado, que ratificó la Sala Político Administrativa del TSJ el 26 de enero de 2024, debe conducir a la oposición a establecer protocolos para actuar frente a estas circunstancias, en palabras del politólogo Doriam González.

“Uno de los grandes problemas que tiene la oposición es que toma decisiones sobre la ola de las encuestas y no sobre un parámetro que le permita decidir más allá de las posibilidades de liderazgo que, por supuesto, hay que respetar. Eso indica que María Corina Machado es la gran electora de la oposición venezolana”, responde González a El Pitazo.

El analista recordó que desde la contienda electoral entre Hugo Chávez y Manuel Rosales de 2006, la oposición venezolana designa líder máximo temporal al actor que tenga mejores condiciones ante la opinión pública. Machado, sostuvo, tiene esa característica y ahora necesita convertirse en la articuladora de los actores políticos

“El chavismo sigue avanzando políticamente, fuera de la institucionalidad y de la legalidad, sí, pero sigue avanzando. El dilema que tiene que resolver María Corina es si mantiene la posición de líder que asume hasta ahora o si busca una posición de liderazgo más conjunta y grupal”, precisa.

Si la Plataforma Unitaria evalúa la opción de inscribir a un sustituto en las elecciones, se deben revisar las características que garantizaron el triunfo de Machado en la Primaria del 22 de octubre de 2023, en la que obtuvo 92 % de los votos.

“Mostró un perfil que compraron todos los que salieron a votar por ella en la Primaria, sabiendo que estaba inhabilitada”, reiteró.

Para González, la oposición necesita ver la unidad como una institución y no solo como una instancia que actúa en momentos electorales.

Públicamente, Machado sigue exigiendo la restitución de sus derechos políticos. Durante una entrevista con la revista Semana, la dirigente criticó al gobernador de Barinas, Sergio Garrido, por plantear la búsqueda de un sustituto en caso de que ella no pueda inscribir su candidatura presidencial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay gente que dice ser opositora y realmente no lo es. El gobernador de Barinas es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen y promueve sus ideas”, declaró la ganadora de la Primaria opositora con 92 % de los votos, el 22 de octubre de 2023.

El escenario del sustituto no es del agrado de Machado porque la deja en una posición de minusvalía y arriesga su conexión con el electorado, dijo un miembro del comando de campaña que pidió la reserva de su identidad. 

“Es por ello que se trabaja para reforzar su candidatura, su liderazgo y no dejarse minimizar por los ataques, como el que pasó en Charallave. Muchos creemos que ella ya tiene algo visualizado y no quiere adelantarse a decirlo”, sostiene la fuente interna.

Por lo pronto, el reemplazo de Machado no es un tema de discusión en su comando ni un punto en su agenda. Mientras tanto, el oficialismo prepara un cronograma electoral en la Asamblea Nacional (AN) desde el 5 de febrero con actores políticos y sociales para consignar esta propuesta en el CNE, el organismo que tiene la tarea de anunciar la fecha de las presidenciales y presentar el cronograma.

 

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Con escasas cifras y consignas políticas arrancó año judicial en el TSJ
La nueva presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, emitió un escueto informe y alabó al partido de Gobierno 

 

De acuerdo al artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia “el Sistema de Justicia y órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente un informe detallado y preciso de la gestión realizada y deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados”

Pero en el informe que presentó el pasado 31 de enero la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, durante el acto de inicio de actividades judiciales 2024, no hay detalles ni precisiones. 

De acuerdo a la recién nombrada magistrada, otrora concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y alcaldesa encargada de Caracas, en 2023 se “incrementaron los índices de productividad judicial”.

Durante los 30 minutos que duró su discurso, la también presidenta de la Sala Electoral apenas aportó 11 cifras. 

Informó que durante el año pasado el máximo juzgado recibió 3.800 casos, pero dictó 5.971 sentencias, lo que representó un incremento del 50,97 %, dejando una tasa de resolución general de 154,40 %. 

No solo no precisó cuántos casos recibió ni cuántos decidió cada una de las salas del organismo, sino que tampoco informó cuántos asuntos de años anteriores quedan pendientes por resolver.

Anunció que los tribunales dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, lo que significó un aumento de 41,44 % respecto a 2022. Sin embargo, la ex presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2022 los jueces emitieron 423.242 sentencias, por lo que la variación sería de apenas 7,26 %. 

La presidenta del TSJ tampoco precisó cuántos casos resolvieron los jueces penales, civiles, mercantiles y laborales, ni mucho menos cuántos asuntos recibieron a lo largo de los últimos 12 meses.

Dijo que la Comisión Judicial nombró 773 jueces en 2023, lo que significó un incremento de 18 %, y reportó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 345.074 inspecciones, tramitó 2.449 denuncias, abrió 1.003 procedimientos y se dictaron 181 actos conclusivos contra jueces. 

Por último, informó que en 2023 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) inauguró 25 tribunales y 11 nuevos espacios (salas de audiencias y telemáticas, enfermería). 

La justicia alabando al partido de Gobierno

El tiempo que Rodríguez no destinó a ofrecer cifras de la gestión judicial lo utilizó para dejar en claro la alineación de la justicia con el Gobierno.

“Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede existir: el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y oponiéndonos a toda forma de discriminación, opresión y de cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional”.

La politización del acto quedó al descubierto desde el inicio cuando al momento de interpretar el himno nacional se utilizó una grabación en la que el fallecido presidente Hugo Chávez canta el Gloria al bravo pueblo.

¿Dónde está Bárbara?

La opacidad y falta de transparencia del TSJ no solo quedó de manifiesto en las escasas cifras aportadas por su presidenta al momento de rendir cuentas, sino porque sigue sin aclarar la situación de la magistrada Bárbara César Siero.

A finales de enero, se conoció de la detención de los presuntos hermanos de la integrante de la Sala Político Administrativa, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, por su supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno. 

El TSJ no ha informado sobre la situación de la funcionaria, pero su ausencia en el acto de apertura judicial no ha hecho más que aumentar las interrogantes.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

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Machado convoca a venezolanos en el exterior a protestar por elecciones libres
El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó la inhabilitación política de María Corina Machado, acción que le impide competir en los comicios presidenciales y otras elecciones hasta 2036

María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora del 22 de octubre del 2023, convocó a los venezolanos en el exterior para protestar el próximo domingo, 4 de febrero, por la exigencia de elecciones libres en el país.

«En muchas ciudades alrededor del mundo se están organizando los venezolanos (…) Los venezolanos que están afuera y que quieren a su país libre, alzan su voz, porque exigimos que se pare de una vez la persecución a los que estamos aquí luchando por elecciones limpias y libres (…) Que se liberen los presos políticos», dijo Machado en un video difundido en X (antes Twitter) por Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas.

Entre las ciudades que se organizan para esta protesta se encuentran Madrid, Bogotá, Santiago, Cuenta, México, Brusela, Buenos Aires, Berlín, Lima, Arequipa, Trujillo, Panamá, Miami, entre otras.

Machado señaló la importancia también de exigir que se establezca una fecha para las elecciones presidenciales y que «se respete el mandato que nos dimos el 22 de octubre cuando ejercimos la soberanía popular y elegimos a nuestro candidato a las elecciones presidenciales».

«El candidato lo elige la gente, no Nicolás Maduro», sentenció Machado.

El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó la inhabilitación política de María Corina Machado, acción que le impide competir en los comicios presidenciales y otras elecciones hasta 2036.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de «regímenes autoritarios», por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.

«Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad», consideró la CIDH

Inhabilitación a María Corina: sin juicio ni derecho a la defensa 
Aunado a todas las irregularidades en el caso de Machado, las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales

 

Para muchos venezolanos, no fue una novedad que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación política por 15 años a la abanderada presidencial por la oposición venezolana, María Corina Machado

La Sala Político Administrativa (SPA) no solo impidió ejercer la voluntad de millones de venezolanos en una elección presidencial, sino que incurrió en una practica que ya es costumbre: la omisión de publicar los textos completos de sus decisiones. 

En lugar de ello, la SPA se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. La práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan.

Un claro ejemplo de esto es el texto que suspendió temporalmente las primarias del pasado 22 de octubre que aún no se conoce en su totalidad, pese a que fue anunciado hace casi tres meses.

La ONG Acceso a la Justicia alertó que esta práctica atenta contra el principio de seguridad jurídica, así como contra el derecho de acceso a la información pública (artículo 28 de la Constitución) y la obligación de que la justicia sea transparente (artículo 26). 

Además, coloca en situación de indefensión a las partes involucradas en un caso, en vista que es difícil que en esa circunstancia puedan ejercer los recursos correspondientes en su contra si la sentencia los perjudica.

Aunado a esto, Machado sostiene que la sanción en su contra no existe, porque nunca fue notificada ni se enteró de la misma. Aseguró además que nunca se le permitió ejercer su derecho a la defensa en el proceso que concluyó con su inhabilitación.

De acuerdo al TSJ, la opositora “está inhabilitada por 15 años por ser partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

María Corina sin derecho a la defensa 

Acceso a la Justicia expone que la SPA no le permitió a la representación de Machado ejercer su derecho a la defensa, “pues exista o no un acto de inhabilitación en su contra por la Contraloría, al no haberse cumplido el procedimiento se configura una vía de hecho, y para determinarlo era necesario un juicio, y ello ni siquiera ocurrió, porque la Sala declaró sin lugar de una vez la demanda sin abrir su caso a trámite”.

El artículo 49.1 de la Constitución establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.

Sin el debido proceso y fuera de lapso 

A las irregularidades anteriores se añade que las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales.

Ninguno de los plazos se respetó en el caso de Machado. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LOJCA) le daba a la SPA un máximo de 3 días de despacho (días de la semana en los que la Sala efectivamente recibe casos o los tramita) para anunciar si admitiría la demanda o no. 

El pasado 21 de diciembre a más tardar el TSJ ha debido anunciar si admitía o no la petición, pero en lugar de eso el 19 dictó un auto en el cual le solicitaba a la CGR información sobre el caso de la opositora.

De acuerdo con lo establecido por la LOJCA (artículo 67), la solicitud de información a la CGR debería haberse verificado una vez que la Sala anunciara la admisión de la demanda de Machado, no antes. Este requerimiento legal tiene un propósito claro: evitar lo sucedido, donde la información proporcionada por la contraparte (la Contraloría en este caso) podría alterar los hechos del caso demandado, generando una indefensión para la demandante que, sin la admisión de su demanda, carece de la oportunidad de defenderse.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

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Unión Europea considera que ratificación de inhabilitación a Machado socava la democracia
Igualmente condena el castigo al dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles 

 

De acuerdo con la Unión Europea, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación de la abanderada presidencial por la oposición, María Corina Machado, y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski socava la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

«Decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales solo pueden socavar la democracia y el Estado de derecho», declaró en un comunicado el portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El español añadió que la UE está «muy preocupada por los recientes acontecimientos en Venezuela y la ratificación por parte del TSJ de la inhabilitación de los políticos de la oposición María Corina Machado y Henrique Capriles en las próximas elecciones presidenciales».

«La UE pide la plena implementación del Acuerdo de Barbados y la continuación de un proceso de diálogo inclusivo que pueda conducir a unas elecciones justas y competitivas en 2024. Por tanto, nos alegramos de la decisión de las partes en el proceso de negociación liderado por Venezuela de permanecer en la mesa de negociación», afirmó el portavoz.

En octubre del año pasado, el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática firmaron en Barbados un «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos de cara a las presidenciales de 2024”.

El portavoz de la la UE, Peter Stano, aseguró que esta institución continúa con su «compromiso, también junto a los socios internacionales, para asegurar que las partes se atienen a su compromiso y siguen con la implementación del Acuerdo de Barbados, sin socavarlo».

«El compromiso es nuestro próximo paso para ver cómo podemos trabajar bajo las condiciones creadas por la última decisión del Tribunal Supremo», agregó Stano.

La Sala Político Administrativa del TSJ ratificó el pasado viernes 26 de enero las medidas administrativas, ambas con 15 años de duración, en contra del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y de Machado, que el pasado 22 de octubre arrasó en unas primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática con el 92,35 % de los votos.

Mientras Capriles fue castigado por supuestas «irregularidades administrativas» detectadas durante su período como gobernador, Machado no puede competir electoralmente, según el TSJ, por haber «sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó”.

Desde enero de 2019 al mismo mes de 2023, Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos.

 

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Gobierno viola la Constitución al no aumentar salario mínimo y el TSJ lo avala
El 14 de diciembre del 2023, la Sala Político Administrativa del TSJ desechó dos demandas por abstención que se interpusieron contra Nicolás Maduro por incumplir con el mandato constitucional de ajustar el salario mínimo

El gobierno de Nicolás Maduro no aumenta el salario mínimo desde marzo del año 2022, lo cual viola la Constitución de Venezuela.

«El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica», reza el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución.

De acuerdo con la denuncia de Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, ese contenido de la Carta Magna «ha probado ser letra muerta» pues, no solo «han sido destruidos» los ingresos de los venezolanos, sino que el Poder Ejecutivo tampoco cumple con la orden de incrementar los sueldos anualmente. Una omisión que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha tenido problemas en avalar.

 

El 14 de diciembre del 2023, la Sala Político Administrativa del TSJ desechó dos demandas por abstención que 18 sindicatos y asociaciones de jubilados interpusieron contra Nicolás Maduro por incumplir con el mandato constitucional de ajustar el salario mínimo.

En los fallos redactados por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, se dio el mismo argumento para desechar las denuncias: no acudieron ante el gobierno para solicitarle, por escrito, que subsanara la situación.

“Se advierte de la revisión efectuada a las actas que conforman el expediente judicial, que la parte actora no acompañó a su libelo documentos que acrediten la realización de petición alguna ni de las gestiones efectuadas ante la Administración para obtener respuesta, razón por la cual, al no estar cumplidos los extremos previstos en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe esta Sala declarar inadmisible la presente demanda por abstención”, se lee en el dictamen.

El artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estipula que el  demandante «deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención” para que su solicitud sea analizada.

Huella digital | Caryslia Rodríguez, la magistrada psuvista que anuló la primaria
La abogada, que acaba de ser juramentada en el máximo tribunal del país, ha sido concejal del Psuv y alcaldesa encargada de Caracas
Rodríguez fue la responsable de emitir la sentencia que anuló lo resultados de la primaria opositora del pasado 22 de octubre 

 

-Acaban de nombrar a Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ.

-¿A quién?

-Caryslia Rodriguez, una mujer que -para variar- es del PSUV.

-¿Y por qué?

-No tengo idea.

La conversación pudo haber ocurrido en cualquier lugar de Venezuela, incluso en el mundo.

El nombre de Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez no era conocido hasta la tercera semana de enero de 2023 cuando la presidenta saliente, Gladys Gutiérrez, la juramentó como máxima figura del Tribunal Supremo de Justicia. 

En su primera alocución como presidenta del TSJ, y en un estilo similar al de Nicolás Maduro y sus acólitos, Rodríguez declaró: “Esta responsabilidad que hoy asumo no se puede hacer individual, todo se puede lograr en unidad perfecta entre los patriotas, en una unidad cívico militar. Todos y todas vamos a lograr obtener grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar de la historia del país”. 

Apenas hace tres años, Rodríguez portaba un carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Participó en las elecciones primarias de la tolda roja en agosto de 2021, donde fue precandidata para el municipio Libertador del Distrito Capital.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial en octubre de 2010, entre los requisitos para ser magistrado del TSJ se establece el renunciar a cualquier militancia política  y carecer de cualquier vínculo partidista.

De la UCV a Ipostel 

La nueva presidenta del TSJ egresó de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Penal Militar en la Universidad de Nueva Esparta en colaboración con el Ministerio de la Defensa.

La actual magistrada hizo una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional e igualmente posee un doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público conseguida también en la Universidad de Nueva Esparta. 

Entre sus primeros cargos en la administración pública fungió como consultora jurídica en el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) en 2014.

Carrera psuvista 

Rodríguez no ha ocultado su vinculación con el partido de gobierno. En los comicios municipales del pasado 9 de diciembre de 2018 fue electa concejal por el Circuito 3 del municipio Libertador del Distrito Capital por el PSUV, con el apoyo del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otras organizaciones de izquierda. 

Ese mismo año, pero en enero, se desempeñó como integrante suplente de la Junta de Liquidación del Nivel Metropolitano de Caracas, designada por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente liderada por la actual vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

En febrero de 2021 pasó a presidir el Concejo Municipal de la Alcaldía de Caracas, y en agosto de ese año fue juramentada por el Concejo de la Cámara Municipal como alcaldesa encargada de la capital luego de la renuncia de Erika Farías.

Luego de ser juramentada, y en una entrevista al medio oficialista Ciudad CCS, se identificó como una mujer «profundamente comprometida con las tareas que delega la revolución, leal al comandante Hugo Chávez, al presidente obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo».

En esa misma conversación, reveló que lo más «fuerte y difícil» que le había tocado vivir durante la «revolución· fueron hechos como  «el golpe de Estado de abril de 2002, la desaparición del Presidente, la incertidumbre sobre su paradero y su posible asesinato, para luego asistir a la recuperación del poder desde la movilización del poder popular en la calle, exigiendo la liberación del comandante Chávez».

«Luego, un momento crítico fue su declaración aquel 8 de diciembre, cuando se despidió de nosotros y finalmente el momento de su muerte. Confieso que lloré por mucho tiempo la desaparición física del Presidente y que he aprendido a vivir sin él físicamente. Pero siempre pienso dónde estará y lo recuerdo y lo vivo en los ojos de la gente y en todo lo que me legó a mí, a lo colectivo y a nuestro pueblo. Desde allí mi compromiso con esta gestión», expresó a propósito del fallecimiento de Chávez. 

Tarjeta roja a la primaria desde el TSJ

Pese a no tener mayor experiencia en el área judicial, en abril de 2022, la Asamblea Nacional chavista presidida por Jorge Rodríguez la nombró magistrada de la Sala Electoral del TSJ, conjuntamente con Inocencio Figueroa y Fanny Márquez.  

Como miembro de la Sala Electoral, de la cual es presidente, Rodríguez participó en la sentencia número 122 que anuló la elección primaria de la oposición apenas ocho días después de efectuada.  

El máximo tribunal del país abolió la consulta donde según la Comisión Nacional de Primaria asistieron cerca de 3 millones de personas por “configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ilícitos electorales y delitos comunes”.

Tras conocer su designación como nueva presidente del TSJ, Voluntad Popular destacó justamente que Rodríguez fue la responsable “de la ridícula sentencia contra las primarias”.

«Una prueba más de que el Poder Judicial en Venezuela no es más que el bufete de Miraflores y responde a las directrices del régimen. Una nueva muestra del nulo compromiso de la dictadura para cumplir con las garantías electorales que contiene el Acuerdo de Barbados. ¿Zamuro cuidando carne? Les reiteramos: sin María Corina Machado no hay elección libre», advirtieron en un mensaje en la red social X. 

Un perfil progobierno en X

En su cuenta en Twitter, la magistrada se identifica por su segundo nombre (Beatriz) y no es activa a diario. Por lo general publica un resumen de sus actividades dentro del Tribunal Supremo de Justicia, pero entre el contenido que comparte se ha evidenciado en varias ocasiones su afinidad por las directrices del gobierno madurista. 

Durante noviembre y principios de diciembre de 2023 promovió fuertemente la votación en el referéndum de consulta sobre el Esequibo.

En agosto de 2023, reposteó un comunicado del Ministerio de la Defensa en el que se advertía de supuestos actos de la oposición «extremista» venezolana para desestabilizar el país, y sumó el mensaje: «Venezuela, territorio de paz».

También, se hizo eco en enero de 2023 del llamado de Nicolás Maduro a consolidar la «revolución judicial» en Venezuela.

Dentro del TSJ también ha denunciado en varias ocasiones el supuesto impacto que han tenido las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

 

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