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Sobrinos de Cilia Flores

Sobrino de Cilia Flores era el Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa cuando se realizó parte de la operación de lavado

 

Según el expediente presentado este miércoles por la Fiscalía de EEUU en una corte de Miami, en el que se denuncia a ocho personas, entre ellos cinco venezolanos, quienes habrían participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, la operación se activó en diciembre de 2014, con un primer movimiento de $600 millones. Luego, en mayo de 2015, cuando Carlos Erick Malpica Flores era el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, ocurrió el otro desembolso de la estatal petrolera, también de $600 millones, para un total de $1.200 millones.

El 30 de diciembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la nueva directiva de Pdvsa, entre ellos a Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien desde ese momento ocuparía la vicepresidencia de Finanzas de la estatal petrolera, al mismo tiempo que era Tesorero de la Nación, cargo que recibió en septiembre de 2013. En ambas funciones estuvo hasta noviembre de 2015.

 

 

De acuerdo con el expediente, el esquema de lavado de dinero parte de préstamos en bolívares realizados a Pdvsa por una empresa ubicada en Caracas llamada Rator. La estatal petrolera pagó la deuda con euros. Por el diferencial cambiario existente en el país desde que el expresidente Hugo Chávez estableció el control de cambio en 2003, existe un precio de las divisas oficial y otro en el mercado negro. De esa diferencia se aprovecharon los prestamistas para obtener una ganancia.

En este caso, el expediente reporta una operación de por Bs 7,2 milllados el 23 de diciembre de 2014, siete días antes de que se nombrara oficialmente a Malpica Flores como vicepresidente de Finanzas, en sustitución de Víctor Aular, aunque ya para la fecha el sobrino preferido de Cilia Flores era Tesorero de la Nación. Pdvsa, dice el expediente, en vez de pagar 35 millones de euros por el empréstito, pagó 510 millones, equivalentes a $600 millones.
*Vea la nota completa en El Pitazo
La justicia “fuerte pero misericordiosa” que salvó a los sobrinos Flores de pasar su vida tras las rejas
La benevolente sentencia de 18 años de cárcel impuesta a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo y Franqui Flores, echó por tierra cualquier análisis previo sobre el caso. El juez Paul Crotty consideró que las penas propuestas por la Fiscalía eran “desproporcionadas”. Los sentenciados defendieron su “buen corazón” con uñas y dientes

 

@AdrianitaN

EL JUEZ PAUL CROTTY HABLA DESPACIO, gesticula cada palabra como tratando de que no quede duda de lo que dice. Efraín Campo Flores entrelaza los dedos; Franqui Flores de Freitas observa atento.  “Voy a imponer una sentencia de 216 meses (18 años) y una fianza de 50 mil dólares a cada uno”, dice Crotty mirando a los acusados directamente y aclarándoles que no tendrán beneficios alternativos. Todas las quinielas, proyecciones y apuestas al respecto cayeron estrepitosamente. Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro, salieron ilesos de cumplir pena máxima en una cárcel de Estados Unidos. Silencio total en la sala. Los acusados asienten lentamente con la cabeza.

Una hora antes habían entrado a la sala los cuatro abogados defensores, detrás de ellos la esposa de Campo Flores, Jessair Rodríguez, y otra mujer de identidad desconocida. Rodríguez esperaba a su esposo en la primera hilera de la izquierda de las gradas destinadas al público. Su cabellera, teñida de castaña a un rubio platinado, la hacía parecer otra persona pero su característica expresión fija en el estrado del juez, inamovible, sin mirar a los lados, hacía evidente que era ella quien estaba allí, nuevamente, acompañando a su esposo.

Minutos después, los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Emil Bove y Brendan Quigley, entran a la sala envueltos por un aire de victoria. Sonríen confiados. Cada uno carga un par de gruesas carpetas llenas de hojas. Las sueltan ruidosamente en los escritorios de la corte asignados para ellos, justo entre el juez y los acusados. Entra Sandalio González, el agente de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) responsable de toda la recolección de evidencias y captura de los primos Flores. Se ubica al lado del equipo de la Fiscalía.

A las tres de la tarde en punto dos oficiales enfundados en chalecos antibalas y guantes negros abren un maciza puerta de madera ubicada a la izquierda de la sala. Una rendija deja al descubierto un pequeño salón de paredes cubiertas con baldosas blancas. Se escucha el tintinear de un llavero que pareciera cargar todas las llaves del mundo y un ligero choque de cadenas que anuncia la entrada de los condenados.

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Entra Efraín y guiña frenéticamente ambos ojos a su esposa, le lanza besos tratando de sacar ventaja a los segundos. Saluda a sus abogados con una sonrisa y un apretón de manos. Se sienta a la izquierda de John Zach y Randall Jackson, sus dos abogados. Luego entra Franqui con el ceño fruncido y los labios apretados. No saluda a nadie. Lanza una mirada furtiva pero cargada a la prensa. Se sienta entre sus abogados, David Rody y Elizabeth Espinosa. Ambos visten uniforme de franela y mono azul oscuro, zapatos de suela blanca del mismo color de su nueva ropa habitual; están esposados por los tobillos pero sus manos están libres de ataduras.  

Campo Flores y Flores de Freitas reunían todos los números necesarios para ser condenados a cadena perpetua. De acuerdo con la tabla de cálculo de la pena utilizada en la justicia estadounidense, ambos acumulaban 38 puntos por la conspiración y la cantidad de cocaína negociada durante la operación, dos por el uso de armas, dos por el uso de un avión privado y dos por su papel como jefes del hecho. A juicio de la Fiscalía 30 años no eran suficientes, pero eran aceptables; para la defensa 10 años eran suficientemente ejemplarizantes. En ese momento el juez era el único capaz de imponer su criterio.

La Fiscalía recalcó que la cantidad de droga involucrada, las armas y el uso de aviones privados y aeropuertos privilegiados eran razones suficientes para mantener a los sobrinos de Maduro al menos tres décadas tras las rejas. Añadieron otros argumentos: que actuaban como jefes de una organización criminal, de que habían declarado una “guerra” contra Estados Unidos apoyándose en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que los fondos de esta operación delictiva estarían destinados a la perpetuación de un régimen de gobierno que violaba derechos humanos a su población. Campo se encogió de hombros al escuchar el último.

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La Defensa subrayó una y otra vez elementos que intentaban probar que sus clientes no eran malas personas y estaban muy lejos del estereotipo de un narcotraficante. Recordaron que más de 30 familiares y amigos habían enviado cartas al juez para abogar por su honradez. Resaltaron que no tenían antecedentes penales, ni riquezas en Venezuela. “Por supuesto, ellos vivían un poco por encima de los venezolanos normales, pero no eran millonarios”, aseguró Jackson.

Pero fueron los mismos Campo y Flores quienes defendieron su bondad con todo empeño. La primera vez que la voz de los primos se escuchó en la sala fue en 2016, en las grabaciones ocultas en las que se jactaban del poder y conexiones que les garantizaban el desarrollo total de sus “negocios” en Venezuela; la segunda fue hoy, 14 de diciembre de 2017 cuando dirigieron al juez emotivas palabras que buscaban tocar su corazón y, de este modo, obtener una pena menos severa.

 

***

 

Campo, como de costumbre, toma la delantera sobre su primo. Con voz fina, aguda, sumisa, agradece al juez la oportunidad de hablar y el respeto con el que fue tratado desde el inicio del proceso. “Sé que he cometido errores y perdí de vista lo más importante”, dijo. En adelante se enfoca en agradecer a su esposa por su apoyo, a pedirle disculpas por no estar presente en el nacimiento de su segundo hijo juntos y a recordarle que la ama. Hizo lo propio con su madre, sus amigos y su familia. Distribuye en igual medida los saludos a primos y tíos, sin decir ningún nombre en especial. “Estoy muy avergonzado por todo el daño y sufrimiento que esto les ha causado”, menciona. Dice un par de frases en un tímido inglés, en un esfuerzo por demostrar que su tiempo encarcelado ha sido productivo. “Estoy muy avergonzado y arrepentido”, reitera.

Flores de Freitas rompe su expresión ruda de un segundo a otro. Cuenta que su familia siempre le ha dicho que no es un buen orador, pero que es hábil con gestos y acciones. “Estoy tan arrepentido. Todos somos humanos y caemos en el pecado”, dice trastabillando en su lectura. Como forzado por las circunstancias, contó segmentos de una infancia traumática propiciada por la muerte de su madre, los maltratos verbales y físicos infligidos por su padre (hermano de Cilia Flores) y la vida en casa de una abuela que, asegura, a duras penas podía alimentarlo.

“No soy una mala persona. Trato de ayudar a las personas que están en una situación psicológica peor que yo. Corto el cabello de otros presos y reparo sus radio como un acto de caridad, lo hago con todo el gusto. Estudio inglés y la Biblia. Mi hijo de nueve años es lo más importante para mi”, se defiende. Su voz se quiebra y lágrimas corren por sus mejillas. Se disculpa, aclara su garganta y continúa: “Estoy deshecho y desconsolado al saber que no estoy con mi hijo mientras crece”, dice. Inmediatamente pide disculpas a su otro talón de Aquiles: su abuela y sus amigos. “Le pido que me dé la oportunidad de reponer mis errores”, súplica al juez aún entre lágrimas.  

Crotty se mantiene sereno durante ambas intervenciones, hasta que llega su momento. Para el juez tanto la sentencia de por vida, como la de tres décadas resulta “desproporcionada”. “En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas. No hay prueba alguna de distribución de drogas en Estados Unidos”, puntualiza. Desde su perspectiva “la justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad” y “la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”.

Aclara que cada condena es independiente y se desliga de decidir en concordancia con el castigo impuesto en un caso similar —el del hijo del expresidente de Honduras Fabio Lobo, condenado a 24 años de cárcel por delitos parecidos—. “360 meses (30 años) es extraordinariamente largo. Por su edad equivale a toda su vida”, menciona. Hace una pausa larga. “La sentencia que voy a imponer…—hace una pausa más corta— es de 216 meses y una multa de 50 mil dólares a cada uno”. Los dos agachan ligeramente la cabeza. En este punto no hubo lágrimas.

Es imposible descifrar solo con una mirada qué pasa por la mente de alguien que sabe que entrará a una cárcel como un joven vigoroso de 30 años y saldrá como un menguado adulto de 50 años, con hijos que pasan de niños a adultos y, quizás, con cambios significativos en su país de origen. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de que todas la probabilidades jugaban en su contra y de haberse ganado a pulso todos los números para tener el mayor de los castigos, la benevolencia del juez los salvó de lo que parecía un destino seguro. Crotty les dio la oportunidad de ser mejores.

A los sobrinos de Maduro y Flores les resta pasar en la cárcel la misma cantidad de años que el chavismo ha ocupado el gobierno de Venezuela hasta 2017.

 

Después de conocida la sentencia, la defensa pidió al juez sugerir a la la Agencia Federal de Prisiones —mejor conocida como BOP, por las siglas en inglés del Federal Bureau of Prisons— que ambos sentenciados sean trasladados al estado Florida, para facilitar los viajes y abaratar los costos de sus familiares en Caracas. Antes de conocer la sentencia, los abogados mencionaron las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano como otro posible impedimento para estas visitas. El juez Paul Crotty puede hacer recomendaciones, pero la última palabra sobre el nuevo sitio de reclusión la tiene el BOP. Hasta el momento de la redacción de esta nota las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto.

Pastrana sobre sentencia a los sobrinos Flores:

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El expresidente colombiano Andrés Pastrana aseguró el jueves que empezó a caer la “narcodictadura” en Venezuela tras la condena a 18 años de cárcel que recibieron en Estados Unidos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, familiares del mandatario venezolano Nicolás Maduro

“Comenzó a caer la Narcodictadura” de Maduro, del vicepresidente Tareck El Aissami, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, escribió Pastrana en Twitter.

Acompañó el mensaje de una noticia sobre la condena anunciada el jueves en Nueva York contra Campo Flores y Flores de Freitas por intentar llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Los primos, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, y que están en una cárcel federal en Nueva York tras ser arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015, deberán cumplir la sentencia en su totalidad.

También tendrán que pagar cada uno una multa de 50.000 dólares, según el juez Paul Crotty, a cargo del caso, que se cerró el jueves después de que el anuncio de la condena fuera pospuesto en varias ocasiones.

Con información de EFE

 

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NO EXISTIÓ. ANTE EL DICTAMEN de la sentencia que condenó a prisión por 18 años a los dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana por conspirar para traficar drogas, los medios oficialistas hicieron caso omiso de la noticia y no replicaron la decisión del tribunal americano. Los principales actores del gobierno y los familiares de los acusados no tocaron el tema en las redes sociales.

En las cuentas de Twitter de los principales funcionarios del gobierno también silenciaron el caso.

Ni Jorge Rodríguez, el ministro de comunicación;

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Ni el vicepresidente, Tareck El Aissami;

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Ni el fiscal general designado por la anc, Tarek William Saab;

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Ni la presidenta de la asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez;

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Tampoco el presidente Nicolás Maduro;

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Y ni siquiera su tía, la primera dama Cilia Flores hizo mención de sus sobrinos, anteponiendo en sus redes la visita a a Turquía y su parada por Cuba.

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El único en mencionar a Estados Unidos fue el canciller Jorge Arreaza y en el tuit asegura que se estaba revisando “las amenazas dentro de la nueva fase del imperialismo”, sin referirse directamente a los Flores.

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Por otro lado, la cuenta de Telesur Venezuela invisibilizó la sentencia de los sobrinos de Cilia Flores, prefiriendo noticias como “la invisibilización de los procesos electorales en Venezuela” por parte de “grandes medios”.

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La Agencia Venezolana de Noticias consideró más importante la detención de 180 personas por corrupción en los CLAP que la detención de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores por querer llevar 800 kg. de droga a Estados Unidos.

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La web del canal Venezolana de Televisión prefirió mostrar noticias internacionales, al igual que Con el mazo dando, la web del programa de Diosdado Cabello.

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Sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron sentenciados a 18 años de prisión

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Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, fueron sentenciados a 18 años de prisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EE.UU.

Además del tiempo en prisión, deberán pagar una multa de $ 50.000 cada uno, sin la posibilidad de ningún beneficio alguno. Según información de la periodista Meibort Petit, los sobrinos permanecerán recluidos en una cárcel de Florida.

A los sobrinos de la Primera Dama Cilia Flores se les acusaba de conspirar para ingresar droga a territorio estadounidense, y de fabricar o distribuir la droga, con la intención de enviarla a ese país

Flores de Freitas y Campo Flores habrían llorado al escuchar la sentencia a cargo del juez Paul Crotty.

El juez consideró que una pena de 30 año era excesiva y desproporcionada. La defensa pidió que el centro de reclusión fuera en Florida para que sus familiares pudieran visitarlos.

El 10 de noviembre de 2015, los sobrinos Flores fueron arrestados en Haití mientras realizaban negociaciones para hacer el primer envío de la serie de cargamentos de droga que habían negociado con unos supuestos narcotraficantes mexicanos que eran funcionarios encubiertos de la DEA, quienes los investigaban.

 

 

En breve más información…

Crímenes sin castigo: Para entender los casos de Andorra (I)

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La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

 

@javiermayorca

 

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.

El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.

Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.

Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.

Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.

A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.

En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.

Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.

Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.

Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.

Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.

En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.

Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

 

Breves

 

*El día de la publicación de esta columna está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

 

*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

 

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Defensa de Franqui Flores de Freitas pide sentencia de 10 años de prisión

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La defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas sometió a consideración del Juez Paul Crotty un memorando donde solicita que el convicto por narcotráfico se le imponga una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, motivado a que la naturaleza del crimen y la historia personal del acusado no lo hacen merecedor de una condena superior a una década en prisión.

La solicitud de los abogados de Flores de Freitas difiere de la presentada por los defensores de Efraín Antonio Campo Flores, la cual no establece pena mínima sino que solicita que el acusado no merece cadena perpetua ni una larga condena, tal cual lo ha solicitado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la parte acusadora en este caso.

La defensa de Flores de Freitas condensó en 14 páginas el historial del acusado, donde sostiene que en su caso individual obliga al Tribunal a imponer una sentencia no mayor al término mínimo obligatorio de diez años requerido bajo el título 21 del Código de los Estados Unidos.
En los detalles aportados por la defensa destaca que Flores de Freitas  vivió trágicas circunstancias durante su infancia, y a pesar de ellas se convirtió en un padre dedicado, responsable y afectuoso para su hijo de nueve años, también que el acusado ha hecho muchas contribuciones positivas a su comunidad, para lo cual la defensa entregó a la corte una serie de cartas de familiares y amigos del acusado donde se destaca su buena conducta y sus logros. Los defensores dicen además que Flores ha sido un recluso modelo en el Centro de Correcciones Metropolitano, y que en su tiempo de reclusión no ha incurrido en infracciones disciplinarias y que por el contrario se ha ganado el reconocimiento de sus guardias de la prisión.
Los defensores de Flores de Freitas señalaron que debido a la naturaleza y las circunstancias del crimen en cuestión deben ser tomadas por el juez, ya que la operación del caso fue “seca”, es decir, “donde el Gobierno no recuperó drogas; donde no hay alegación de que los demandados participaron en ningún acto violento relacionado con la ofensa; y donde el Gobierno no tiene pruebas de que hayan distribuido con éxito  a entregar ni un solo gramo de drogas a nadie en ningún lugar, mucho menos a los Estados Unidos, lo cual justifica una condena mucho más baja que la  solicitada por el Gobierno de “no menos de 30 años”.
*Vea la nota completa en Venezuela Política
Ruperti financia la defensa del estadounidense Joshua Holt encarcelado en Venezuela

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Las esperanzas de un hombre de Utah de ser liberado de una cárcel venezolana en la que lleva más de un año residen ahora en un magnate naviero muy cercano al gobierno de Venezuela.

Aún no está clara la razón por la que Wilmer Ruperti está financiando la defensa del ex misionero mormón Joshua Holt. El empresario venezolano no ha comentado al respecto, y los padres de Holt solo dicen que están agradecidos por la ayuda después de que su hijo ha pasado 16 meses confinado, acusado de acopio de armas en un caso que, de acuerdo con los simpatizantes de Holt, era una trampa orquestada como represalia contra Estados Unidos en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

El apoyo financiero para la defensa jurídica de Holt es incluso más notable debido a que Ruperti también respalda al equipo que defiende a los dos sobrinos del presidente Nicolás Maduro en un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, además de que sigue haciendo negocios con el gobierno de Maduro. El año pasado, una de sus compañías ganó una licitación de 138 millones de dólares de la paraestatal petrolera PDVSA para retirar una duna de 12 millones de toneladas métricas de un derivado del petróleo utilizado como combustible en plantas termoeléctricas.

Ruperti, de 57 años, rechazó una solicitud de comentarios, pero el año pasado dijo a The Wall Street Journal que ayudaba a la defensa de la familia del mandatario porque piensa que los cargos que presentó Estados Unidos son un intento de desestabilizar a Venezuela y proyectar al país como un narcoestado.

Los sobrinos de Maduro, Efraín Campos y Francisco Flores, fueron arrestados en 2015 en Haití y trasladados a Nueva York, donde hace un año se les declaró culpables de asociación delictuosa para contrabandear más de 800 kilogramos (1.700 libras) de cocaína hacia Estados Unidos.

En el caso de Holt, Ruperti se ha convencido de que el estadounidense está siendo retenido injustamente como moneda de cambio, afirman personas con conocimiento de su participación. Señalan que Ruperti, quien ha presionado activamente a las autoridades para la liberación del estadounidense, es un católico devoto con hijos de la misma edad que Holt.

Holt, de 25 años, viajó a Venezuela en junio de 2016 y se casó con una mormona que conoció en internet mientras practicaba su español. Había planeado pasar varios meses en Caracas con ella y las dos hijas de ella para tramitar las visas para que todos pudieran mudarse a Estados Unidos.

Sin embargo, fue arrestado en el apartamento de su esposa en un conjunto habitacional público. La policía alega que escondía dos fusiles de asalto y granadas, y funcionarios del gobierno posteriormente lo relacionaron con intentos no específicos por parte de Estados Unidos de perjudicar al gobierno de Maduro durante un momento de inestabilidad económica y política.

Después de guardar silencio durante meses sobre el insólito benefactor de su hijo, Laurie y Jason Holt ahora le dan el crédito a Ruperti por mantener abierto un caso que temían quedara en el olvido debido al apuro del presidente estadounidense Donald Trump por imponer sanciones tanto a Venezuela como a altos funcionarios de ese país.

Ruperti visitó este año a la familia de Holt en su residencia de Salt Lake City, y se ha reunido con Holt en algunas ocasiones dentro de la prisión de Caracas en la que está encerrado junto con algunos de los más destacados rivales políticos de Maduro. Al empresario también se le vio la semana pasada mientras salía de un tribunal de Caracas con una pulsera en la muñeca que traía la leyenda #JusticeForJosh (Justicia para Josh), la cual fue regalo de la familia Holt.

“Es como el padrino de Josh”, dijo Laurie Holt a The Associated Press. “Intenta ocuparse de todo lo que necesita Josh”.

Las posturas aparentemente contradictorias de Ruperti ofrecen un vistazo a la enmarañada y a menudo desconcertante red de conexiones políticas y empresariales que dominan el proceso de toma de decisiones en Venezuela.

Ruperti, quien también trabajó como capitán de un buque petrolero antes de iniciar su propio negocio naviero, tiene añejos nexos con el gobierno venezolano. En 2002 salió al rescate del entonces presidente Hugo Chávez al alquilar una flota de barcos cisterna rusos para importar gasolina después de que los trabajadores de PDVSA se declararon en huelga y provocaron un desabasto de combustible en Venezuela.

Gracias a sus esfuerzos, Chávez lo condecoró con honores militares, y Ruperti vio prosperar su negocio al convertirse en un valioso contratista de PDVSA. El empresario demostró su gratitud al regalarle al mandatario dos pistolas que utilizó Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana, y que según reportes tuvieron un costo de 1,6 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente fue demandado por una unidad de una compañía naviera rusa por el supuesto pago de millones de dólares en sobornos. La disputa comercial se resolvió el año pasado.

El empresario se involucró en el caso Holt hace cuatro meses a pedido de un amigo estadounidense que práctica la navegación en yates, Bill Duker, según tres personas familiarizadas con la situación que acordaron discutir el asunto solo si no se mencionaban sus nombres por la naturaleza delicada del tema. Indicaron que con el respaldo financiero de Ruperti, Duker solicitó la ayuda de su amigo David Boies, cuya firma de abogados de Manhattan también está defendiendo a uno de los dos llamados “narcosobrinos” de la primera dama venezolana Cilia Flores. Ambos acusados firmaron una exención de conflicto de intereses después que los fiscales estadounidenses les advirtieron que un tercero que esté pagando su defensa podría no seguir la estrategia que más les convenga. Su sentencia está programada para el próximo mes.

Mientras tanto, Holt también consiguió comparecer un día ante la corte bajo la custodia de Ruperti.

El mes pasado, los abogados pidieron que se desestimaran los cargos durante una audiencia preliminar que debió realizarse en los 20 días posteriores al arresto de Holt, pero que se retrasó sin explicación durante 15 meses, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a cuestionar los motivos de su detención. La jueza Ana María Gamuza aún tiene que emitir un fallo. La próxima audiencia está programada para el miércoles.

Aun así, los intereses comerciales y políticos de Ruperti podrían complicarse aún más.

El gobierno de Trump ha estado aumentando la presión sobre el gobierno socialista de Venezuela, y gran parte de la atención se ha centrado en la corrupción en PDVSA.

Como parte de una investigación estadounidense los fiscales han obtenido declaraciones de culpabilidad de 10 personas por su papel en el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA. Y el mes pasado en España, la policía arrestó a cuatro ex funcionarios de alto rango vinculados con Rafael Ramírez, quien dirigió PDVSA durante una década hasta que fue designado embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en 2014.

El gobierno de Estados Unidos dice que sospecha que funcionarios desviaron al menos 2.000 millones de dólares de PDVSA durante la gestión de Ramírez.

Por ahora, los padres de Holt dicen que han dejado de preguntarse por qué Ruperti está ayudando con el caso de su hijo. Simplemente están preocupados por la salud de Holt.

Laurie Holt dijo que su hijo ha estado perdiendo peso en las últimas dos semanas como resultado de una infección intestinal, y que su esposa Thamara Candelo, quien está detenida como presunta cómplice, necesita una cirugía en el manguito rotador para aliviar el dolor que se ha propagado por el lado derecho del cuerpo.

“No tenía que hacer esto”, dijo Laurie Holt sobre Ruperti. “Pero realmente ama a Josh y Josh lo ama. Él sabe que es inocente”.