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Secuestro

Asesinan a ex gobernador del estado Cojedes, Johnny Yáñez Rangel

A TRAVÉS DE REPORTES EN REDES SOCIALES, se conoció la noticia de que el cuerpo del exgobernador de Cojedes Jhonny de Jesús Yánez Rangel fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en la carretera vieja Caracas-Charallave, sector Bejarano del municipio Los Salias.

En el lugar se presentó la comisión de homicidios y antisecuestros del CICPC al mando del Comisario Jesus Ramirez, quién informó que las características del vehículo concordaban con denuncia interpuesta el día de ayer donde fue secuestrado en el Este de Caracas entre Macaracuay y la Clinica Metropolitana el ciudadano Jhonny de Jesús Yanes Rangel, Tcnel. (RA) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según el parte policial el cuerpo estaba en la parte trasera de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, placas AG327KM. 

Jhonny Rangel, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana en condición de retiro, fue gobernador de Cojedes en dos períodos, desde el año 2000 hasta el 2008, por el partido MVR, aunque en la actualidad era militante del PSUV.

En octubre de 2018, un tribunal de control dictó orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa continuada y asociación para delinquir. 

 

Juan Guaidó frustró intento de secuestro de su equipo de trabajo

UN GRUPO CIVIL CON ARMAS largas, no identificado, intentó secuestrar al equipo de trabajo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la mañana de este miércoles.

El hecho ocurrió en la Autopista Francisco Fajardo, de la ciudad capital, cuando un grupo armado pretendía llevarlos hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Guaidó llegó al lugar e impidió que se los llevarán.

Al menos seis civiles armados, en motos de alta cilindrada y con armas de asalto, escopetas y pistolas automáticas fueron los que intentaron secuestrar a parte del equipo del presidente del Parlamento venezolano, quien es reconocido desde enero por más de 50 países como mandatario interino del país.

 

Esta no es la primera vez que Guaidó o parte de su equipo intentan ser secuestrados por civiles o funcionarios del cuerpos de seguridad del Estado. Poco después de asumir la jefatura del Parlamento venezolano, el también dirigente de Voluntad Popular fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el sector El Limón de la autopista Caracas-La Guaira cuando se dirigía a un mitin político en el estado Vargas.

Tras más de 20 minutos de zozobra Guaidó fue liberado por los funcionarios, algo que desde el régimen de Nicolás Maduro fue catalogado como una acción independiente de los efectivos del Sebin y que iba a ser investigada.

El 16 de enero fueron detenidos 12 funcionarios del Sebin que fueron involucrados a la detención de Guaidó. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional y su equipo también fueron perseguidos por civiles no identificados, que se presumen son de cuerpos de seguridad, luego de su visita al estado Yaracuy.

*Con información de TalCual 

#MonitordeVíctimas | Asesinan a dos militares secuestrados en la Cota 905

Funcionarios del Cicpc acudieron al lugar para levantar los cadáveres luego de que una persona aseguró haber escuchado varias detonaciones

Los investigadores manejan la hipótesis del secuestro y el tráfico de armas como posibles móviles del doble crimen

 

@SandraGuerrero1 | Fotos: Carlos Ramírez

LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN de Homicidios de la policía científica y la Dirección de Contrainteligencia Militar investigan los homicidios del sargento II de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Giovanny Alberto Rodríguez Suárez, de 21 años de edad, y el funcionario de la Dgcim, Edgar Alberto Dávila Araujo, de 22 años de edad.

Los cadáveres de ambos fueron hallados la noche del pasado lunes en la estación de la PNB, situada en el sector Cagigal, parroquia El Valle, por funcionarios que atendieron el llamado de una persona que indicaba que en la dirección señalada se habían escuchado detonaciones y que había dos cadáveres.

Inicialmente los investigadores manejan varias versiones como móvil del doble crimen. Una de ellas indica que los funcionarios fueron secuestrados en la Cota 905, municipio Libertador, donde ambos estaban domiciliados. Presuntamente a la madre uno de ellos también se la habrían llevado. Luego se iniciaron las conversaciones entre familiares de los cautivos y los presuntos plagiarios para el pago del rescate.

Otra hipótesis apunta a una presunta negociación de armas de fuego que fueron sustraídas por los hombres que ajusticiaron a los funcionarios. Pero serán las pesquisas que adelantan los cuerpos policiales las que determinarán el móvil de lo ocurrido.

 

Apertura de juicio a Rafael Correa por secuestro alejaría su regreso a Ecuador

EL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA, protagonista del período más largo de un gobierno en la historia reciente de Ecuador, podría mantenerse alejado del país por varios años si finalmente es llevado ante la justicia por los delitos de secuestro y asociación ilícita.

Este jueves concluyeron cuatro maratonianas jornadas de la audiencia preparatoria de juicio que se sigue contra él y otros tres procesados involucrados en el caso de plagio al político opositor Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012 y que la Policía colombiana consiguió impedir tras interceptar el vehículo en el que se lo llevaban, expresó Efe.
La jueza nacional Daniella Camacho, encargada del proceso, tiene previsto analizar las pruebas y alegatos de las partes para dar a conocer su dictamen, después de que el martes la Fiscalía pidiera que todos fueran llamados a juicio.

Además de Correa, están imputados el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los dos últimos, testigos protegidos y colaboradores eficaces tras haber admitido su culpabilidad como autores materiales de los hechos.

En caso de que la jueza acoja la solicitud de la Fiscalía, en el banquillo de los acusados solo se sentarían los dos exagentes, al encontrarse tanto Correa como Romero fuera del país, en Bélgica y España, respectivamente, prófugos de la justicia.

“En el caso de los delitos que se le imputan, no se puede juzgar en ausencia y el juicio va a quedar suspendido hasta que lo detengan”, explicó Pablo Encalada, exfiscal y profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y en la Andina de Quito.

Según el código penal anterior que regía en el momento en que se produjo el secuestro, para este tipo de delitos la prescripción es de 10 años, plazo que se iniciaría con la instrucción fiscal del proceso penal iniciado este año, lo que supone que concluiría el plazo en 2028, refiere el jurista.

Sin embargo, en la misma sala de la audiencia el Fiscal General, Raúl Pérez, defendió que conforme a la legislación vigente, el plazo establecido para investigar y sancionar a los responsables del secuestro es de diez años, pero a partir del momento en que se cometió La infracción.

Este último punto situaría la prescripción del proceso en agosto de 2022, tiempo hasta el cual Correa podría ser arrestado si regresa al país.

Por su parte, Felipe Rodríguez, el abogado de Balda y que ejerce la acusación particular del caso, calcula que disquisiciones aparte en torno a la “prescripción del ejercicio de la acción” o cometimiento del delito, una vez que se formulen cargos contra los procesados se vuelve a contabilizar un plazo mínimo de 7 años, de acuerdo al código más favorable al acusado, para la prescripción del delito, por lo que concluirá en 2025.

Sea como fuere, y a no ser que el exmandatario decida someterse al escrutinio de la justicia de su propio país, en un proceso que ha calificado como “una persecución política” y “farsa”, lo más probable es que Correa se ve obligado a esperar antes de retornar a Ecuador.

De momento, afronta una orden de prisión preventiva por incomparecencia judicial dictada en julio por la jueza Camacho, y una solicitud a Interpol de detención internacional, que no se ha hecho efectiva.

El economista que gobernó el país andino entre 2007 y 2017 reside desde que dejó el cargo en Bruselas, de donde es oriunda su esposa, y podría estar gestionando una solicitud de asilo o la nacionalidad belga como salida a su situación legal.

Encalada sostiene que “es probable que la Interpol no cumpla con ese pedido” de arresto y que “esté tramitando la ciudadanía por lo que se vuelve imposible que lo extraditen”.

El letrado penalista recuerda que aunque los estados tienen la obligación de acoger las solicitudes de extradición, no se estila proceder a entregar a la justicia de otro país a sus propios nacionales.

El experto constitucionalista Jorge Benavides, profesor de la Universidad de las Américas (UDLA) en la capital ecuatoriana, reconoce que Correa lidia con “un escenario muy complicado”.

Y recuerda que en caso de que el exgobernante busque la condición de asilo en Bélgica, implicaría la obligatoriedad de abstenerse de emitir comentarios o juicios políticos respecto a Ecuador.

Comenta además que, de acuerdo a lo analizado en la audiencia preliminar en relación con el delito de asociación ilícita, se derivan “indicios importantes de que se usaron de forma irregular recursos públicos, lo que apunta a la figura de peculado”.

El propio Balda ha advertido de que tiene intenciones de presentar una nueva denuncia por este delito, que según la legislación, es imprescriptible y podría bloquear definitivamente el regreso de Correa.
#MonitordeVíctimas | A un año de la muerte de su hijo madre espera que hagan justicia
A José Daniel Bruzual Pulido lo mató una comisión de las FAES en su casa del callejón Rondón de Santa Rosalía la mañana del 22 de agosto de 2017 y aún el expediente del caso no ha llegado a la Fiscalía 127º

 

ELIBETH PULIDO TIENE UN AÑO ESPERANDO que se haga justicia en la muerte de su hijo, José Daniel Bruzual Pulido, pero hasta ahora sus esperanzas parecen desvanecerse puesto que el expediente ni siquiera ha llegado a manos del fiscal 127º, Yendry Hernández designado en la investigación.

Pulido presume que no existe expediente relacionado con ese homicidio ocurrido la mañana del 22 de agosto de 2017.

Recuerda que ese día salió muy temprano a trabajar mientras que José Daniel, quien era electricista, se quedó en la vivienda con sus dos hijos, de 4 y 2 años de edad. Ambos quedaron a su cargo luego de la separación de la madre de los niños.

Desde que ocurrió el homicidio Pulido ha estado pendiente del avance de la investigación pero aparentemente ésta estaría como el primer día. En vista de que todo parece haber quedado en el olvido para las autoridades envió una comunicación al fiscal 127º pidiéndole que adelante la pesquisa y se practiquen las diligencias inherentes para determinar la identidad de los autores del homicidio cometido en su casa del callejón Rondón de Santa Rosalía, en La Bandera.

De acuerdo a lo que ella pudo observar cuando regresó a su domicilio una vez que los vecinos la llamaron porque en la vivienda se escuchaban disparos y el llanto de sus dos nietos, los autores de la muerte del segundo de sus tres hijos fueron funcionarios de las FAES de PNB, los hombres vestían de civil, llevaban chalecos antibalas color negro y llegaron en unidades policiales.

“A un año de ocurrido no han detenido a los responsables y el tiempo transcurrido juega en contra de la obtención de oportuna justicia”, señala un párrafo de la comunicación dirigida al fiscal.

Pulido además acudió a la Defensoría del Pueblo a plantear su situación y en ese despacho, le manifestaron que sin expediente no podían hacer nada. Por eso ella se pregunta “porqué no hay expediente a un año de lo ocurrido”.

Ahora recuerda que cuando ese día retornó a su casa los policías no le permitieron entrar. Ya el cadáver de su hijo, de 25 años de edad, se lo habían llevado envuelto en una sábana.

La esposa del coronel de la GNB

La muerte del hijo de Pulido ocurrió la mañana del 22 de agosto, en la madrugada de ese día las FAES habían ultimado, en supuestos enfrentamientos, a tres hombres y dos mujeres los presuntos responsables del secuestro de la esposa del coronel de la GNB, Alirio Cruz Ortega, que fue liberada a las 6:00 am. Había sido plagiada la noche anterior en su camioneta Ford Escape en El Cementerio.

Mediante rastreo telefónico la policía científica logró la ubicación de los presuntos implicados y hasta allá llegaron las comisiones de las FAES

Dos de los implicados fallecieron en un tiroteo en una casa del barrio Bruzual de El Valle y las mujeres murieron en una vivienda del barrio San Antonio de la misma parroquia.

Los vecinos le contaron a Pulido que cuando las Fuerzas Armadas Especiales de PNB llegaron al callejón Rondón, José Daniel estaba asomado al balcón y los policías le pidieron que bajara y él se negó por lo que los hombres entraron a la vivienda, lo sometieron y lo golpearon.

Al niño de 4 años lo interrogaron y le preguntaron donde guardaban la pistola de su papá. El pequeño subió con los policías al segundo piso y pensando que se referían al arma de fuego de la pareja de su abuela, que es escolta, les mostró la parte alta del escaparate.

A esa hora el guardaespaldas estaba trabajando y se había llevado el arma de fuego. Sin embargo a José Daniel lo obligaron a arrodillarse y le hicieron el disparo. Luego los policías simularon el enfrentamiento haciendo disparos en las paredes de la casa.

Pulido indicó que mientras eso ocurría a su nieto menor lo encerraron en un cuarto y le pusieron el televisor a todo volumen para que no escuchara lo que ocurría.

Al hijo mayor de José Daniel lo sacaron de la residencia y obligatoriamente tuvo que ver el cadáver de su papá lo cual lo afectó porque ahora se asusta y llora cuando oye ruidos o cuando ve policías.

Elibeth Pulido se pregunta porque a su hijo lo implicaron en ese secuestro cuando su vivienda está ubicada muy distante de los dos sectores de El Valle donde hubo los enfrentamientos con las cuatro personas que presuntamente  implicadas en el plagio.

Expresó que es difícil pensar que José Daniel hubiese dejado solos a sus dos hijos en la casa para participar en un plagio sin tomar en cuenta el riesgo que corrían los pequeños.

A todo lo ocurrido se agrega que los funcionarios policiales cargaron con comida, pertenencias y dinero en efectivo de la familia.

#MonitorDeVíctimas | Hallan osamentas de exdiputado del Psuv y de su pareja a 11 días de su desaparición en Bolívar

Los cadáveres de la pareja estaban cerca del vehículo del exdiputado del PSUV

Autoridades presumen que el exlegislador del estado Bolívar y miembro de la dirección estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrín Torres, y la registradora civil del municipio Heres, Rebeca Núñez, fueron asesinados el mismo día en que fueron sometidos por desconocidos

 

@GEDV86

LOS CADÁVERES QUE A PRIMERA VISTA corresponden al exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrín Torres, de 48 años, y a su pareja, Rebeca Núñez, de 41 años, fueron localizados la tarde de este sábado en la carretera que comunica a Ciudad Bolívar con Ciudad Guayana.

El hallazgo fue realizado por el trabajador de un fundo cercano a la escena del crimen después de las 2:00 pm, quien informó la situación a comisiones de la Policía del estado Bolívar (PEB) adscritas al Centro de Coordinación Policial Marhuanta, cuyos funcionarios se trasladaron al lugar -una llanura con monte y árboles de chaparro ubicada a unos 500 metros del Distribuidor El Rosario- y confirmaron lo que el hombre les decía.

Un vehículo Cherry Orinoco (que coincidía con las características del carro de Torres) totalmente quemado y dos cadáveres a pocos metros del mismo, fue el panorama observado por los policías. “El de la mujer estaba a poco menos de un metro y el del hombre estaba a casi tres metros del carro”, describió uno de los policías estadales que atendió el caso.

Las probabilidades de que las osamentas pertenezcan al ex vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Bolívar y miembro de la dirección estadal del PSUV, y a la registradora civil de Heres son muy altas, sin embargo desde el Cicpc señalaron que serán los exámenes médico-forenses los que determinen la identidad de los fallecidos. “Todo apunta a que son ellos, pero debemos tener la confirmación científica”, aclararon.

“El carro estaba quemado, pero los cuerpo no”, precisaron funcionarios del Cicpc en el levantamiento de los cadáveres en una zona boscosa paralela a la autopista Ciudad Bolívar – Puerto Ordaz.

El mismo día

La desaparición del exparlamentario Aldrin Torres, que en 2016 fue denunciado por su presunto vínculo con los autores materiales de la Masacre de Tumeremo, y Núñez ocurrió a tempranas horas de la mañana del 1 de agosto, cuando fueron interceptados y sometidos por los tripulantes de una moto y un vehículo Mitsubishi Signo a las afueras de la casa de la mujer, ubicada en el sector Marhuanta de Ciudad Bolívar.

Desde ese entonces permanecieron desaparecidos y se realizaron sin éxito varios operativos de búsqueda por parte de las autoridades regionales. El jueves el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron un sobrevuelo sobre Ciudad Bolívar y sus adyacencias, pero no lograron conseguir los cadáveres, ni el vehículo.

El levantamiento del lugar del suceso culminó pasadas las 7:30 de la noche de este sábado en una zona boscosa en el km 36 de la autopista Ciudad Bolívar

“El carro estaba quemado, pero los cuerpos no… quedaban eran las osamentas como parte del proceso de descomposición, lo que nos hace presumir que la pareja fue asesinada el mismo día en que fue raptada”, revelaron desde la policía científica sobre la data de muerte de los cuerpos hallados a pocos metros de la autopista Simón Bolívar.

De la lealtad plena a la crítica

El dirigente oficialista Aldrín Torres tuvo un perfil mediático alto durante el mandato del exgobernador de Bolívar, general Francisco Rangel Gómez, quien confió el “padrinazgo político” de los municipios del sur de la entidad al entonces diputado regional.

El legislador era un irrestricto defensor de las políticas regionales y un cumplidor fiel de las líneas nacionales del partido de gobierno, a tal punto que era una voz de choque en momento de alta tensión política como las protestas de 2014 y 2017 que tuvieron a Ciudad Guayana como enclave importante de las manifestaciones de la oposición y de un grueso de la sociedad civil en contra la represión del gobierno de Nicolás Maduro y por la agudización de la crisis económica.

Hasta poco antes de las elecciones municipales en Venezuela, Torres figuraba como candidato prominente del PSUV para la Alcaldía de Sifontes, cuya capital, Tumeremo, cobró notoriedad nacional en 2016 por ser escenario de una masacre de 17 mineros en medio de una escalada de violencia debido a la pugna en los yacimientos mineros en el profundo sur del país.

Sin embargo, los cambios de mando en el partido oficial, debido a la salida del cuestionado general Rangel Gómez, que en su momento negó la Masacre de Tumeremo, redujeron las opciones del exdiputado. La nueva cúpula del PSUV en la región, comandada por el nuevo gobernador de Bolívar, Justo Noguera, quien también proviene de las filas castrenses, alejó a Aldrín Torres de su opción política de convertirse en alcalde Sifontes.

Luego de las elecciones municipales, realizadas en diciembre de 2017, el dirigente bajó su perfil y ya no aparecía como en los tiempos de Rangel Gómez, en la primera línea del partido.

Por el contrario, Torres comenzó a través de columnas de opinión publicadas por medios regionales a formular críticas y denunciar supuestas irregularidades en CVG Minerven, cuestionando directamente a la gestión del hasta hace poco presidente de la estatal aurífera, Nino Ángulo.

“Es criminal lo que algunos permiten en Minerven, una empresa que en 2009, con solo dos plantas, menos yacimientos asignados, menos equipos y menos trabajadores, superó las cuatro toneladas de oro producidas, pero luego de la nacionalización que correctamente Chávez ordenó en 2011, con planes de superar las 10 toneladas de oro hacia 2015, hoy sus directivos hayan hecho descender su producción a menos de 500 kilos anuales”, escribió Torres en una columna de opinión citada por Correo del Caroní a propósito de su desaparición hace 11 días.

Reacciones

Varias figuras de la vida política bolivarense y nacional lamentaron lo que hasta ahora luce como un trágico desenlace de la desaparición del dirigente oficialista y su pareja. En las redes sociales abundaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas y otros tantos para exigir celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso:

Américo De Grazia. @AmericoDeGrazia

Justo Noguera Pietri. @JustoNogueraP

Lamentamos la pérdida irreparable de nuestros camaradas Aldrin Torres y Rebeca Núñez. Repudiamos todo acto terrorista y vándalico, no descasaremos hasta encontrar a los responsables de este hecho tan inhumano. Me pongo a la disposición de los familiares. Paz a sus almas! #11Ago

Nicmer Evans. @NicmerEvans

César Ramirez. @Cesarramirezpoz

 

#MonitorDeVíctimas | Localizan muerto comerciante secuestrado hace dos semanas en La Yaguara

@MoreLosada24

“¿USTED ES PABLO JOSÉ GIRÓN BETANCOURT? Por favor venga con nosotros”. El 19 de junio dos hombres, vestidos con camisa, jeans y zapatos casuales, llegaron al negocio en La Yaguara de Pablo José, comerciante de 65 años de edad. Ese día se lo llevaron secuestrado bajo la amenaza de sus armas de fuego. Dos semanas después su cadáver fue localizado en un barranco de la carretera vieja Caracas – La Guaira.

De acuerdo con información policial, los hombres armados llegaron al comercio donde desde hace más de diez años la víctima tenía un taller de instalación de tuberías de gas directo. Preguntaron directamente por el sexagenario y le dieron datos de ubicación de sus parientes cercanos. A Pablo José no lo agredieron en ese momento. Le pidieron que los acompañara y lo montaron en su camioneta Chevrolet Trail Blazer color plateado.

Desde ese día los familiares no supieron más de la víctima. Entre el 19 de junio y el 20 de junio, los secuestradores llamaron cinco veces a los parientes para solicitar una suma de 150 mil dólares en efectivo.

La familia del secuestrado se puso en contacto con los detectives de la División de Contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) ubicada en El Llanito. Pero los secuestadores no volvieron a comunicarse con sus familiares.

El Cicpc activó el rastreo de llamadas y una estrategia de búsqueda nacional.

El 22 de junio, el vehículo, donde se la llevaron secuestrada a la víctima, apareció en La Vega. Estaba desvalijado y parcialmente quemado.

Dos semanas después, el jueves 5 de julio, encontraron el cadáver de Pablo José en un barranco del barrio El Limón de la carretera vieja Caracas – La Guaira.

Los resultados forenses arrojan que la víctima recibió un golpe en la cabeza que le causó un traumatismo cranoencefálico. Esta herida produjo la muerte. Las experticias también determinan que este hecho se produjo hace 15 días, aproximadamente.

Pablo José era comerciante. Este era su oficio desde hace más de dos décadas. Es padre de cinco hijos.

Como él, en lo que va de año 10 adultos mayores han sido asesinados en Caracas en lo que va de año, desde mayo de 2017 la cifra de crímenes asciende a 41.

Vale destacar que entre enero y mayo de 2018 dos personas secuestradas fueron asesinadas en el Área Metropolitana de Caracas, según el registro de Monitor de Víctimas.

Desde Tocorón

Las pesquisas adelantadas por el Cicpc apuntan que las llamadas se hicieron desde el Internado Judicial de Tocorón, estado Aragua. Esta es la única cárcel que queda sin Nuevo Régimen, modelo de disciplina aplicado por la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

Desde la cárcel de Tocorón también se habría planificado el secuestro del hijo del basquebolista Juan Manaure. El 23 de diciembre de 2016, Dereck Manaure, fue secuestrado en San Agustín (Distrito Capital). Su padre pagó una suma de dinero en dólares por su recaste pero no volvió a ver a Dereck con vida.

Funcionarios del Cicpc indicaron que quien planificó el secuestro fue un recluso de la cárcel de Tocoró apodado “El Oso”, quien fue asesinado días después dentro del penal.

 

Crímenes sin Castigo: ¿Qué está pasando con los secuestros?
Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de los cuerpos de seguridad en zonas periféricas

 

@javiermayorca

EL FIN DE SEMANA, las redes sociales dieron cuenta del video en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.

Posteriormente, la información procesada en cuerpos policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado poco después de las 9 am.

Este caso no figura en las estadísticas oficiales.

En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una voz ahogada por el llanto.

Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.

En la primera semana de abril, un grupo que opera en Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58 años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la intervención del gobierno colombiano.

Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.

Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado Portuguesa.

Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes exigieron el pago de 50 mil dólares.

Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.

El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad que omite el discurso oficial.

Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un experto en negociación de secuestros.

A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente. Algo de esa desconfianza perdura.

Las estadísticas muestran una realidad deformada a conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.

Por otra parte, el secuestro está solapándose con los asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en Colinas de Carrizal.

A menudo, los afectados directamente o sus parientes denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.

Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas. En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente, está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas.

El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si ven que eso les representará una mayor ganancia.

Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales, por ahora.

BREVES

*El 12 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la captura de dos hombres de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de una avioneta identificada con siglas falsas estadounidenses N3995W, que aterrizó de emergencia en la finca Mis Amores, municipio Baralt del estado Zulia. Curiosamente, el funcionario nunca aportó los nombres de los aprehendidos por este caso. Gracias a los pasaportes que llevaban se pudo conocer que se trata de Héctor Jabes Rincón Torres, copiloto de 32 años de edad, y Andrés Vargas Flores, piloto de 40 años. El primero de Xalapa y el otro de Mérida (Yucatán). Ambos están actualmente en manos de autoridades militares zulianas. Habían despegado de tierras aztecas en una Beechcraft 90 y se cree que luego de cargar drogas volarían hasta algún país centroamericano, probablemente Costa Rica, que en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los carteles mexicanos. Pero los aviadores no llegaron a la cita. Aunque las autoridades venezolanas asociaron a Rincón y a Vargas directamente con el cartel de Sinaloa (organización liderada por Juan José Esparragoza, alias el Azul, luego de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán), fuentes mexicanas indicaron que actualmente los pilotos operan de manera independiente, como si fuesen contratistas externos, a cambio de un pago por cada viaje. Un trabajo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá precisó que durante todo 2017 fueron detectados 177 vuelos sospechosos que iban o venían por cielo venezolano. La Fuerza Aérea Colombiana se blindó mediante la incorporación de 62 expertos en la detección de estas aeronaves, y ahora los pilotos de la droga están usando con mayor frecuencia las rutas que pasan por Venezuela, rumbo al Caribe. En menos de seis meses se han detectado 200 vuelos ilegales, más de uno en promedio diario, por el espacio aéreo nacional.

*La victoria de Iván Duque en las pasadas elecciones colombianas traerá diversas consecuencias en materia de seguridad para Venezuela. Una de ellas será la intensificación de las actividades de las bandas derivadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que poseen una especie de santuario en el estado Amazonas. Esto no es nuevo. No se olvide que el Boyaco José María Corredor (enlace entre las FARC y los brokers nacionales como Walid Makled) fingía ser un venezolano nacido en esa región del país, con el nombre de Andrés Yanave. Y por allí pasaba buena parte de la cocaína elaborada bajo la tutela de los líderes de los bloques Sur y Oriental del grupo guerrillero. Ahora, con Duque en el poder, se espera una mayor presión policial y militar sobre estas rutas. Las alternativas para ellos son desplazarse al estado Bolívar para incorporarse a la explotación del Arco Minero (cosa que ya han comenzado a hacer), o reagruparse utilizando la “marca” de la antigua organización subversiva, o usando otra. El problema con el Arco Minero, indican fuentes, es que la relación entre el trabajo y la ganancia no les satisface. Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, en ese estado llegaron a permanecer unos cuatro mil guerrilleros colombianos.

*La historia del último complot contra el presidente Maduro da para todo. En la medida en que ocurren las detenciones se conocen nuevos ingredientes del supuesto plan, bautizado por la Contrainteligencia Militar como Armagedón, una referencia al pasaje bíblico del Apocalipsis, sobre “la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, en la que ocurrían terremotos y tsunamis, además de “un enorme granizo”. Para darle alguna consistencia a esto, los investigadores militares supuestamente advirtieron al Gobierno que una parte de la conspiración consistía en la toma de un cazabombardero Sukhoi 30, emplazado en la base Luis del Valle García de Barcelona, que luego de atacar Miraflores u otro objetivo de importancia huiría hacia la isla de Aruba. Más allá de esto, las aprehensiones han continuado con la estudiante de medicina Arianna Granadillo, de 21 años de edad, quien al momento de la redacción de esta nota no había sido presentada aún ante el juzgado segundo militar en Caracas. En cambio, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien hasta mayo fue segundo comandante de la Brigada de Comandos del Mar con sede en Turiamo, sí fue impuesto de los cargos por instigación a la rebelión y traición a la patria. En el acto estuvo asesorado por un abogado asignado de oficio. Las detenciones probablemente continuarán, pues la Dgcim ha convencido al Gobierno de que Armagedón contaba con la participación de por lo menos siete unidades operativas de la Fuerza Armada: tres de la Guardia Nacional, dos del Ejército, una de la Aviación y la restante de la Armada. Hasta ahora, salvo dos generales sin tropas, la Guardia Nacional no ha sido tocada. En el sector policial, según la Dgcim, este complot contaba con el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.