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Cuatro y cinco años de prisión para adolescentes por muerte de dos sargentos en Sabana Grande

A cuatro y cinco años de privación de la libertad fueron condenados tres adolescentes de 17, 16 y 15 años por su responsabilidad en la muerte de los sargentos del Ejército Yohan Miguel Borrero Escalona (24) y Andrés José Ortiz (23) ocurrida el pasado 19 de marzo de 2017 en la calle San Antonio del bulevar de Sabana Grande, parroquia El Recreo, municipio Libertador.

El Tribunal 5° de Control del Área Metropolitana de Caracas sección adolescentes sentenció a la joven de 16 a cuatro años de privación, dos años de libertad asistida y ocho meses sujeta a reglas de conducta, mientras que los adolescentes de 15 y 17 años, deberán cumplir una pena de cinco años de privación, un año de libertad asistida y ocho meses de reglas de conducta tras la acusación realizada por el Ministerio Público de ser coautores en el delito de homicidio calificado perpetrado durante la ejecución de robo agravado, así como de agavillamiento.

En su oportunidad el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador dictó una medida de protección para dos menores involucradas en el hecho, estos tenían 8 y 12 años de edad, quienes se encuentran bajo el amparo del Estado.

La madrugada del 19 de marzo los militares se encontraban compartiendo en un local nocturno enel área de Sabana Grande, al salir fueron atacados por una banda integrada por menores. Al oponer resistencia fueron apuñalados. El sargento Borrero Escalona murió en el lugar, mientras que Ortíz fue llevado poco después hasta un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

Los condenados así como los infantes, quienes integraban una banda denominada “Los Cachorros”, resultaron aprehendidos por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pues varios transeúntes notificaron lo ocurrido a las autoridades.

Crímenes sin Castigo |Niños feroces por Javier Ignacio Mayorca

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Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor intensidad en el círculo de la violencia.

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”, es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.

La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares. De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones. Ahora, ocurre otra vez.

Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.

 

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Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados 38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.

En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía judicial como un “ajuste de cuentas”. Esto refuerza las profundas sospechas que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles de cada crimen.

Los varones suelen ser los que primero se incorporan al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.

La participación de los menores de edad en la violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.

 

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“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores cada día están involucrados en delitos más atroces”, alertó la profesora de derecho y docente en el área de protección penal del niño y del adolescente Magaly Vásquez.

Según la experta, las personas con menos de dieciocho años de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los catorce años.

“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.

Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos. Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.

Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado pronto los perdonará.

 

Breves

 

*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar adelantan una nueva investigación por los supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos “patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero. Esto hace suponer que ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.

*En la Guardia Nacional hay preocupación por el comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (excomdandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias. Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada. En los casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario de la confianza de sus superiores.

*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmará que en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas, negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisan la actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.

*La práctica de los linchamientos se ha extendido a todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11 muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del ejercicio de la violencia.

 

@javiermayorca

Se fugó uno de los niños presuntamente involucrado en homicidio de dos sargentos en Sabana Grande

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Uno de los adolescentes detenidos por su presunta participación en el homicidio de los dos sargentos del Ejército, ocurrido el 19 de marzo en el bulevar de Sabana Grande, se fugó de la Casa Hogar Forjando el Futuro, ubicada en Mariches.

Fuentes judiciales indicaron que el jovencito, de 14 años, fue detenido por funcionarios del Cicpc el mismo día del doble homicidio y trasladado hasta la casa hogar.

En relación a la niña de 15 años, la fuente detalló que permanece recluida en la entidad de atención a niños y adolescentes en conflicto con la ley, Doctor José Gregorio Hernández, ubicada en Antímano. El resto de los detenidos permanecen en la casa hogar de Mariches.

Cabe destacar, que cuatro de ellos de 14, 15, 16 y 17 años fueron acusados por el Ministerio Público la semana pasada y se les dictó medida privativa de libertad por los delitos de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado en grado de coautoría en concurso real y agavillamiento.

Otros dos niños implicados en el mismo caso, de 8 y 12 años, recibieron medida de protección y están cumpliendo con un cronograma de actividades especiales, y recibiendo ayuda psicológica y médica.

Imputarán a gerente de Aeroméxico y dos sargentos de la GNB tras decomiso de 600 kilos de cocaína

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El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Vargas al gerente de Estación y Seguridad de la aerolínea Aeroméxico, Robert Fermín Pérez, así como a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Elkin Fuentes y Víctor Molina, tras el decomiso de 600 kilos de cocaína el pasado viernes 17 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El alijo fue transportado a bordo de un avión de la citada línea mexicana, procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, estado Vargas.

Por este mismo caso se presentarán ante la referida instancia judicial a los empleados de la empresa de seguridad aérea SSAI 2021 C.A., Simón Malavé (coordinador) y Evelyn Moreno. Además serán imputados los trabajadores de la compañía Airline Ground Service C.A., Darwin Linares, Andrés Málaga, David Orozco, Mervy Gómez y Reinier burgos.

 

 

En la audiencia de presentación, los fiscales 7ª y 70°nacionales, así como la 11ª del estado Vargas, Marisela De Abre, Gustavo González y Maricel Arrechedere, respectivamente, imputarán a las diez personas por delitos previstos en la legislación venezolana.

La investigación del caso inició este sábado 18 de junio, tras la información suministrada por funcionarios de la Unidad Antidrogas  de la GNB ubicada en el aeropuerto de Maiquetía, quienes fueron notificados por parte de las autoridades mexicanas de la incautación de ocho maletas con droga en un avión procedente de Venezuela.

Horas más tarde, tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por funcionarios de la GNB se presume la vinculación de las diez personas con el citado caso, por lo que fueron detenidas en las instalaciones del terminal aéreo venezolano, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por un tribunal de control de Varga.

 

Detienen a dos sargentos de la Guardia de Honor Presidencial por robar con sus armas de reglamento

Sargentos Guardia de Honor Presidencial

 

 

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a dos funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial luego que los efectivos fueran sorprendidos cometiendo un robo en la Avenida Baralt con sus armas de reglamento el domingo en la noche

Otro caso delictivo involucra a funcionarios activos. En esta oportunidad son dos sargentos de la Guardia de Honor Presidencial que fueron apresados por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana, luego que fueran sorprendidos cometiendo un robo en la Avenida Baralt con sus armas de reglamento el domingo en la noche.

Un reporte policial indica que cuando los funcionarios de la PNB abordaron a los sargentos, uno de ellos se identificó como miembro de la Guardia de Honor Presidencial. Aunque la comisión de la Policía Nacional Bolivariana les dio la voz de alto, iniciaron una persecución para apresarlos.

Los detenidos fueron identificados como el sargento segundo Jeferson Bravo González y el sargento segundo José Gregorio Fernández Pacheco.

Privan de libertad a tres sargentos de la GNB y dos civiles por tráfico de cocaína

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30 kilos de cocaína, incautadas el pasado 4 de enero en el interior de una camioneta de ese componente militar, estacionada en las instalaciones del Puerto de Guanta, estado Anzoátegui.

 

En la audiencia de presentación, la fiscal 9º auxiliar de esa jurisdicción, María Gabriela Martínez, imputó a los sargentos Rosbert Maldonado (24), Yosbert Yánez (25) y Hugo Torres (21), así como a los civiles Jean Carlos Rodríguez (37) y Cruz del Valle Rodríguez (59), por la comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

 

Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en las leyes orgánicas de Drogas y contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

 

Una vez evaluados elementos de convicción expuestos por la fiscal, el Tribunal 2° de Control de Anzoátegui dictó la medida privativa para los cinco hombres, quienes permanecen recluidos en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.

 

A las 11:00 de la noche del citado día, en la Comandancia del Destacamento Antidrogas de la GNB del Puerto de Guanta, se recibió una denuncia en la que lo alertaban sobre un cargamento de cocaína que iba ser embarcado en un buque de nombre Palamedes.

 

Luego de activarse un operativo de inteligencia, se incautó en el interior de una camioneta del comando 30 panelas de cocaína ocultas en un bolso, las cuales arrojaron un peso total de 30 kilogramos.

 

Durante el procedimiento, se logró determinar que momentos antes los sargentos Maldonado y Yánez utilizaron el vehículo, mientras que Torres se encontraba de servicio esa noche.

 

Por su parte, los dos civiles trabajaban en la naviera responsable del buque de carga en el referido embarcadero.

3 funcionarios del Comando Antidrogas de la GNB fueron asesinados en Valles del Tuy

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Tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Comando Nacional Antidrogas, fueron asesinados anoche en una zona boscosa del sector San Vicente de Santa Teresa del Tuy.

Se trata del sargento mayor de tercera Reinaldo Meza Arellano, el sargento primero Pedro López González, y la sargento primero Jessika Arias Ramírez. Todos fueron amordazados y metidos en un vehículo Chevrolet Aveo azul, para luego ser llevados al sector referido donde los mataron. Les robaron dos armas de reglamento.

Según fuentes policiales, los funcionarios estaban realizando un trabajo de investigación antidrogas en la zona y fueron sorprendidos por un grupo de hampones.

Los cadáveres fueron hallados a las 8:30 de la noche del sábado.