Era señalado de ser uno de los asaltantes que el 27 de marzo de este año asesinaron a Erick Leonardo Núñez Rojas, supervisor de la Policía Nacional Bolivariana y a su esposa Elsy Carolina Peña Mejías

@DaiGalaviz

FAMILIARES DE JOHANSONPH JOSEPH SILVA MÁRQUEZ, 19 años, denunciaron que un grupo de funcionarios del cuerpo táctico de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), le dispararon dentro de su vivienda, dispararon en varias ocasiones «para fingir en un enfrentamiento» y se lo llevaron envuelto en una sábana a un centro de salud.

El hecho se registró el lunes 13 de agosto, en el kilómetro 3 de El Junquito, alrededor de las 3:30 pm. De acuerdo a la madre de la víctima, que pidió omitir su identidad, los efectivos «llegaron a mi ranchito. Me sacaron a mí y a mi esposo. Mi marido tuvo que correr porque un funcionario lo persiguió y dijo que también estaba muerto. A mi gordo me lo dejaron en la casa. Sonó un disparo. Me lo mataron y sin un papel que decía que era culpable de algo», relató la señora.

La mujer comentó que a su esposo no le dispararon porque unos niños se encontraban volando papagayo. Desconoce el estado en el quedó su vivienda luego del asesinato de su hijo, pues hasta la noche del martes los funcionarios del Faes todavía permanecían en el sitio. Tanto a ella, como a su pareja y a su hijo les quitaron sus celulares: dos teléfonos inteligentes y uno de gama baja.

La víctima no deja hijos. Llegó hasta primer año de bachillerato y para ganarse la vida ayudaba a su papá en la albañilería.

Presuntamente en marzo mató a un PNB y a su esposa

De acuerdo a información policial, el joven era miembro de la banda «el pelúo», la cual opera en la parroquia Sucre de Caracas.

También fue señalado como uno de los jóvenes que asaltaron y le dispararon el 27 de marzo de este año a Erick Leonardo Núñez Rojas, supervisor de la Policía Nacional Bolivariana y a su esposa Elsy Carolina Peña Mejías. Al funcionario le dieron cinco disparos y a la mujer uno en el tórax.

El hecho se registró entre los bloques 7 y 8 de Propatria. Elsy Peña falleció el mismo día y el policía murió días después.

Familiares de David Junior García Chávez, de 32 años, denunciaron que el viernes 20 de julio un grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional entraron a su vivienda, sacaron a sus hijas y a su esposa, le dieron dos disparos y luego lanzaron su cuerpo envuelto en una sábana blanca en las adyacencias del Cementerio Judío, en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador.

Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de efectivos ingresaron a la  vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Primero de Mayo, específicamente en sector El Porvenir.

La esposa de la víctima cuenta que tanto David como ella y sus dos hijas (una era hijastra) se encontraban dormidos. «Los policías me empujaron, me sacaron por los pelos. A mí y a mis niñas nos sacaron de nuestro ranchito y nos metieron en la casa de una vecina».

De acuerdo con la pareja de la víctima, los funcionarios permanecieron en su vivienda por más de cuatro horas. Denuncia que se llevaron varios electrodomésticos,  alimentos de primera necesidad y cambiaron la escena del crimen para simular un enfrentamiento.

El cuerpo de David fue localizado por conocidos en la calle del Cementerio Judío con dos disparos en la cabeza.

La víctima se encontraba bajo régimen de presentación pues pagó condena de cuatro años en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, tras haber sido involucrado en un homicidio. Actualmente se ganaba la vida como carnicería en un establecimiento comercial cercano a su residencia.

@Daigalaviz

El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica. Uno y El Coorperante- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

“La sociedad venezolana está afectada transversalmente por la violencia, convirtiéndose en un eje fundamental para poder leer a los venezolanos”, señaló la abogada y directora de Cofavic, Liliana Ortega. El resumen anual de 2017 de la fundación InSight Crime ubica a Venezuela como el país más homicida de la región, con una tasa de 89 homicidios por 100 mil habitantes. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.616 homicidios en Venezuela durante 2017.

Zonas más violentas

La psicólogo social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, explicó que los grupos delictivos tienden a concentrarse en sitios donde la posibilidad de hacer un proyecto de vida, lejos del delito, son menores.  “El sujeto de la violencia se construye día a día y nada estimula más la delincuencia que la impunidad”.

Los vecinos de Catia, municipio Libertador, denunciaron el aumento de casos en los que la muerte se produce en otras zonas de la capital y los cuerpos son abandonados  en las riberas del río Guaire, a la altura de Los Flores, por ejemplo. “A un señor del Junquito, como de 60 años, lo secuestraron y lo mataron, encontraron su cuerpo en el Guaire. Varios cadáveres fueron  arrojados en la zona cercana al río es muy sola y muy oscura”, contó un residente de la zona.

Los casos más frecuentes son ajuste de cuentas y redadas policiales; según los líderes en la zona no existen bandas organizadas de delincuencia común, ya que el control lo tienen los llamados colectivos o grupos armados afectos al gobierno que asumieron el control de gran parte del oeste de la capital de la República. “Hace unos días quitaron la luz de todo el sector porque buscaban un joven que estaba robando en las casas, nosotros desde las nuestras oíamos pasar las motos”, relataron los vecinos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que según el Derecho Internacional todos los crímenes que comentan particulares, en los que se pueda probar que hay tolerancia del Estado, constituye responsabilidad internacional del mismo.

Por otra parte en las parroquias que conforman la zona del centro de Caracas (Sucre, Candelaria, San José, 23 de Enero, La Pastora, Altagracia y Catedral) se registraron 160 asesinatos en seis meses; siendo el robo, el ajuste de cuenta y la violencia policial los móviles con mayor número de víctimas .

La psicólogo social Magally Huggins denunció que en la capital existen zonas controladas por grupos delictivos gracias a la impunidad, lo cual ha permitido que tomen el control del tránsito en las calles y el tráfico de drogas, entre otras actividades. Indicó también que, en muchos casos, algunos de estos líderes delictivos tienen vínculos con los miembros de los cuerpos policiales del Estado.

“En Propatria, la policía entra a los bloques buscando personas solicitadas, pero a la semana sigue habiendo los mismos problemas de drogas y violencia”, contó Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Los vecinos comentan que la comunidad siente mayor temor cuando entran los cuerpos policiales que por los mismos delincuentes. “Cada banda tiene su lugar y hay zonas a las que no se puede acceder, pero la gente teme más a la policía. Hubo un caso en el que los cuerpos de seguridad entraron a la cancha buscando a una persona solicitada y mataron a gente inocente que no estaba relacionada” señaló Zambrano.

El 77% de las muertes violentas en Caracas son en la vía pública, 19% en viviendas y 3% en establecimientos comerciales. De los casos de asesinatos en las viviendas 64% (129 casos) fueron muertes registradas como resistencia a la autoridad y ejecuciones policiales, solo 30 casos fueron por robo.

En el mes de septiembre El Nacional reseñó la muerte de Edward López Ojeda, tenía 20 años de edad y era mecánico. Su familia denunció que la Policía Nacional Bolivariana abrió la puerta de su vivienda, en la parte alta de La Vega, se lo llevó y lo asesinó de un disparo en el pecho.  Dentro del municipio Libertador, las parroquias La Vega, El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle y Coche, zonas del sur oeste de Caracas, registraron 284 homicidios, 121 de ellos fueron resistencia a la autoridad y ejecuciones.

Esteban Farías, líder en la parroquia La Vega, relató el caso de cuatro jóvenes que la policía se llevó de La Ladera y fueron encontrados muertos en Mamera, parroquia Antímano. En La Vega el mayor número de casos se registra por robo, sin embargo los enfrentamientos con la policía son constantes. Farías también recuerda un caso en el que un joven se enfrentó contra los cuerpos de seguridad y al querer lanzar una granada, esta le detonó antes y le amputó el brazo; en ese hecho murieron dos personas que no estaban solicitadas.

Víctimas menos visibles

Entre los meses de mayo y enero en  Caracas se registraron 68 mujeres asesinadas, 69% de ellas en el municipio Libertador.

De estos 68 casos, 22% tuvo como móvil el robo y 19% entra en la categoría de violencia de género. no de los casos que más conmovió a los vecinos de Propatria en el oeste de Caracas fue el de Ana Luna, una joven de 16 años asesinada por su pareja. “Los vecinos contaron que estaba en una fiesta y le dispararon en la frente por celos, ella tenía una bebé de 6 meses”, dijo Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Para la abogada Liliana Ortega, la violencia de género es un tema por el que hay que continuar trabajando a pesar de que ha habido algunos avances; pero considera que al igual que todas las violaciones a Derechos Humanos, este tema también está en un manto de impunidad.

Monitor de Víctimas también registró que durante nueve meses 83 menores de edad fueron asesinados. La comunidad de Petare recuerda la muerte de Carlos Rivera, un joven de 17 años, que era parte del equipo Deportivo MB de la zona. Estaba celebrando con sus amigos el triunfo de su equipo, pero cuando iba regresando a su casa recibió un disparo desde un carro en el barrio Los Trailers. “A Carlos le gritaron y por curiosidad volteó, en ese momento le dispararon, pero no era a él a quien buscaban”, contó uno de sus compañeros y líder de la zona, Eyker Racero.

La psicóloga social Magally Huggins indicó que cada vez los delincuentes son más jóvenes, pero a la vez cada vez más las víctimas del delito también son más jóvenes.  “Las condiciones de vida de nuestra juventud son muy carentes. Los ejemplos positivos cada día son más escasos”, señaló.

Solo en el municipio Sucre se registraron 23 (28%) asesinatos a menores de 18 años. El promedio de edad en general entre las víctimas es de 47 años, sin embargo 161 (12%) de los 1.242, registrados en nueve meses, eran menores de 20 años.

“El Estado es el responsable de que no se comentan violaciones de Derechos Humanos, de los menores y de cualquier persona, debe velar porque se cumpla el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.”, señaló Liliana Ortega.

Móviles de la violencia

Los casos de violencia policial (resistencia a la autoridad y ejecuciones) lideran la lista de los móviles con 571 muertes, 46% de los casos, en segundo lugar el robo con 298 crímenes, 24%, y el tercero ajuste de cuenta con 124 asesinatos, 10%.

“Está claro que todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, que no hay resultados positivos, ni para mejorar la seguridad ciudadana y mucho menos para garantizar los Derechos Humanos; las cifras sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales son elocuentes”, indicó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

La psicólogo social y criminóloga Magally Huggins expresó que la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) demostró que hay zonas de Caracas en donde la arremetida policial es más fuerte. “En el caso de Petare parecería que hay un nivel de convivencia entre la población y la delincuencia, y la policía entra prácticamente en complicidad con ellos” opinó.

Los vecinos de Petare contaron que a diferencia de otras zonas, los mayoría de las muertes violentas en el municipio Sucre son por robo, ajuste de cuenta y enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, según lo registrado por Monitor de Víctimas, el 30% de los homicidios en el municipio fueron por violencia policial. “Creemos que no hay tantos casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones debido a la corrupción, los cuerpos policiales pasan de largo por la zona. En sectores como La Dolorita, El Chorrito y El Torre es muy peligroso acceder”, denunció uno de los líderes comunitarios.

Uno de los casos que recuerda la comunidad fue la muerte de “Justo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico, quien fue asesinado supuestamente en  un ajuste de cuentas en la parte baja del barrio San Isidro, en Petare. Sin embargo Monitor de Víctimas registró en total solo nueve casos de enfrentamiento entre bandas, de los cuales siete sucedieron en el municipio Libertador.

Según la abogada Liliana Ortega, el Estado debería hacer un plan integral que permita desarrollar, lo que se llama en derecho internacional, las garantías de no repetición, que son aquellas que van dirigidas a las víctimas secundarias y a la sociedad. Que incluya reformas legislativas, acciones de reconocimiento, reparación integral a las víctimas y cohesión social, ya que considera que cada caso tiene que ser estudiado de manera específica para determinar las medidas.

“Está la vía de investigar y sancionar a los responsables, pero también están las garantías de no repetición para contribuir a la reducción de violencia y reparación de las víctimas, ambas tiene que ser transitadas por el Estado” apuntó la directora de Cofavic.

Por otra parte, la psicóloga social Magally Huggins, explicó que para disminuir los niveles de delincuencia debe haber una red articulada interministerial con la sociedad civil y que el  Estado que no estimule la violencia. “Con este nivel de deterioro, normalizar el sistema de justicia sin ocuparse del sistema educativo y la violencia intrafamiliar, los esfuerzos no serán suficiente. Debe haber una limpieza de los cuerpos policiales y también ocuparse de la población”, dijo finalmente Huggins.

@fabicrisci17

DE ACUERDO CON EL MONITOREO DE PRENSA realizado por el OVV Región Capital, en 2017 los homicidios se mantuvieron en el primer lugar de los delitos más frecuentes en los sucesos violentos, repitiendo lo ocurrido en 2016. En el segundo lugar se ubicaron los robos y en el tercero las lesiones, destacando también un repunte en los casos de secuestro, especialmente en los últimos meses del año.

El hallazgo más relevante en el monitoreo del año que acaba de culminar tiene que ver con los casos de resistencia a la autoridad, ya que según lo registrado en la prensa fue el móvil en 14,4% de los sucesos, lo que significa un aumento de casi 10% respecto a 2016, mientras que el robo continuó ocupando el primer lugar como móvil con alrededor de 40% de las causales en los artículos analizados.

El monitoreo también indicó que 4 de cada 10 víctimas en los hechos violentos tenía una edad comprendida entre los 20 y los 29 años, en su mayoría eran hombres trabajadores de servicios, vendedores de comercios y mercados o funcionarios de organismos de seguridad. Como se observó a lo largo de 2017, esta descripción es muy similar en el caso de los victimarios.

Uso indiscriminado de las armas de fuego

En 2017 también continuó el alto uso de las armas de fuego para cometer delitos.

Según datos del Observatorio de Prensa Región Capital, programa del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, más de 80% de los sucesos presentaron empleo de este tipo de armas. Adicionalmente, se observó un leve incremento en la utilización de armas blancas.

Entretanto, más de un tercio de los sucesos acontecieron los días de semana durante el día, siendo la calle el lugar con mayor ocurrencia de hechos violentos, con casi 70% de los registros. No obstante, la vivienda ha dejado de ser un sitio totalmente seguro, debido a que estos mismos datos arrojan que 24% de los sucesos tuvieron lugar en las casas.

El monitoreo de prensa de la Región Capital en 2017 se realizó en los cinco municipios que comprenden el Área Metropolitana de Caracas y en las ciudades aledañas de Guarenas, Guatire, Cúa, Charallave y Los Teques, a través de los artículos publicados en los diarios El Nacional y La Voz, además del portal web Crónica Uno.

Las cifras divulgadas recientemente por el ministro de Relaciones Interiores reflejan que la acción de los policías y los militares fue la más mortífera de la historia reciente

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

En 2017, la expresión “resistencia a la autoridad” se convirtió, más que nunca antes, en un sinónimo de muerte.

De nada sirvió que a las operaciones Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno de Nicolás Maduro le pusiera el adjetivo “humanista”, y que de hecho al final del período las hayan borrado por completo de su léxico. Como si nunca hubiesen existido.

Con o sin OLP, las policías y los militares continuaron matando.

Es cierto: hay circunstancias en las que el uso de la llamada “fuerza potencialmente letal” se justifica plenamente. Cuando no hay otro recurso para neutralizar una amenaza a la vida del funcionario, o incluso para resguardar a terceras personas; cuando la oportunidad no permite el uso de un recurso distinto para afrontar una situación de riesgo inminente para la integridad física, pues no queda otro remedio que acudir a la pistola, a la escopeta o incluso el fusil, en el caso de los guardias nacionales.

Uno supone que estas deben ser situaciones excepcionales. Nadie en su sano juicio debería enfrentarse a individuos como los policías y los militares, que han sido entrenados para utilizar sus recursos con la mayor efectividad posible. Y entre estos recursos desde luego están las armas de reglamento. Para decirlo de otra manera: cuando un individuo está en el proceso de formación para convertirse en policía, le dicen muy claramente que una pistola solo debe ser desenfundada para matar. Por ende, esta no puede ser una acción cotidiana.

En Estados Unidos, un país con una población diez veces mayor que la de Venezuela, fueron registradas 1.093 muertes a manos de policías en 2016, de acuerdo con un trabajo publicado por The Guardian. Ese mismo año, la acción de los cuerpos de seguridad venezolanos arrojó 6.042 cadáveres, según cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente.

Este ya es un indicio de que las cosas no van bien en Venezuela.

Pero hay más. Ese año fue récord en cuanto a número de cadáveres producto de los supuestos enfrentamientos entre delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad. Estos casos, como se dijo más arriba, están clasificados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. Cuando se divide el número de muertos entre el total de casos, tenemos un resultado de 0,84. La cifra podría ser denominada índice de letalidad policial. Como el resultado fue inferior a 1, se puede concluir que durante 2016 no todas las resistencias a la autoridad terminaron con cuerpos tendidos sobre el pavimento.

Pero en 2017 la situación cambió. Los supuestos enfrentamientos en los que intervinieron policías o militares totalizaron por lo menos 5.545 muertos. Hubo casos en los que claramente el bando de los llamados delincuentes fue masacrado, como sucedió durante la intervención al retén de Puerto Ayacucho (37 muertos). El total de expedientes por “resistencia a la autoridad” fue de 5.040, lo que ubica el índice de letalidad en 1,1.

Entonces, durante el año recién finalizado, las policías y los componentes de la Fuerza Armada declararon una menor cantidad de casos de resistencia a la autoridad, pero en cada ocasión la probabilidad de un final fatal fue más elevada que la vista en 2016.

Este es el resultado de las tácticas de “mano dura”, que en círculos académicos son asociadas generalmente a gobiernos de derecha.

Otro dato interesante es que las muertes por “resistencia a la autoridad” se incrementaron más de 20% en Distrito Capital con respecto a 2016. Esto explicaría por qué algunos delitos, como el secuestro, se desplazaron hacia regiones periféricas, sin abandonar del todo la principal plaza, representada por los municipios del Area Metropolitana de Caracas.

Cuando un jefe policial advierte a sus subalternos: “No quiero presos”, ya sabemos a qué se refiere.

Breves

*Los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, continuarán sancionando al régimen de Nicolás Maduro. La primera medida, tomada por este conglomerado a finales de 2017, implicó un embargo que afecta esencialmente algunos sistemas de armas de la Marina, así como la dotación de fusiles de la Guardia del Pueblo, marca Beretta. Ahora, las sanciones serán individualizadas. Se habla de los nombres de altos jerarcas, que hasta el momento no han sido tocados. La extensión de esta nueva lista dependerá de los resultados que arroje las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana. El proceso de sanciones en la Unión Europea es más lento que el de los países norteamericanos, puesto que requiere de unanimidad, y esto implica conciliar diversidad de intereses. En la primera ronda, Grecia y Portugal fueron los más reticentes. Veremos ahora …

*Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para exponer la delicada situación que se vive en los campos petroleros de Morichal, estado Monagas. Allí, como en el norte de Trujillo, las bandas actúan a sus anchas, ante la ausencia o la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Nacional. Por su ubicación geográfica, en los complejos de Morichal confluyen grupos hamponiles de Anzoátegui, Sucre e, incluso, de Bolívar. Se llevan los vehículos pertenecientes a las subcontratistas de Petróleos de Venezuela, o a empleados de estas compañías, los ocultan en zonas de difícil acceso y posteriormente los negocian vía telefónica. Las averiguaciones han permitido establecer que existe un nexo entre estos grupos y organizaciones que operan desde los internados judiciales de Puente Ayala, La Pica y Vista Hermosa. Las empresas han tenido que pagar a los delincuentes por la recuperación de los equipos. Solo una de ellas canceló Bs 160 millones en dos años, hasta que se vio obligada a cesar sus operaciones.

*Hay que poner atención en el caso que se ventila en una corte de San Luis, estado de Missouri, en contra de los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gómez y Fabrizio Della Polla De Simone. Hasta ahora, debido a las pesquisas, las autoridades estadounidenses han confiscado dos yates, un jet y dinero por $1,8 millones, que permanecía depositado en cuentas de los procesados en los bancos Wells Fargo e International Finance Bank. Se trata de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El documento de confiscación de la corte del Distrito Este de Missouri indica que las embarcaciones, la aeronave y el dinero fueron entregados voluntariamente por los investigados, lo que implica la existencia de un acuerdo para intentar un “control de daños”. Esto por el cargo de llevar a cabo operaciones cambiarias que son penadas por la legislación estadounidense. Della Polla había recibido un crédito gubernamental con el que instaló una pollera en Guárico. El mismo se encargaba de publicitar en redes sociales el avance de este proyecto, en la cuenta @servinaca1. La foto viene de ahí.

Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.

Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.

Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos … todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.

Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.

¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.

Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.

De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.

Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.

Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.

No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves

* La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

* La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

* Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.