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Relatos del Absurdo

Mar 27, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Tras la
Entrar a un supermercado y comprar los productos esenciales es algo excepcional para los venezolanos. Las opciones disponibles ponen a los ciudadanos al borde de su dignidad

 

Por Lorena Meléndez y Arysbell Arismendi y para Relatos del Absurdo* 

DONY NO ES UN INDIGENTE, pero los sábados hace un viaje de más de una hora para hurgar en los contenedores de basura de un mercado popular. Luisa prefiere bregar por comprar una de las bolsas de alimentos que reparte el gobierno de Nicolás Maduro. Luz Marina pasa siete horas de cola para entrar a los supermercados donde llegan ocasionalmente productos con precios regulados. María Elena, para evadir las largas filas, negocia con revendedores. Antonia visita un bodegón, una suerte de réplica de un almacén de Miami, que solo vende mercancía importada a precios dolarizados. Manuel, empresario con una billetera más profunda, llena su despensa con compras en línea en Estados Unidos y luego las trae a Venezuela en barco.

Todo esto ocurre en Caracas, donde ese acto cotidiano de hacer la compra se volvió un imposible. Para millones de ciudadanos de América Latina, entrar al supermercado, tomar un carrito, empujarlo por los pasillos y llenarlo de alimentos básicos es lo común, pero para los venezolanos es un hecho extraordinario. Por eso, para conseguir alimentos, cualquier alternativa vale en un país que tuvo el año pasado una inflación de aproximadamente 480 por ciento según el Fondo Monetario Internacional y en el cual prácticamente uno de cada dos productos de la cesta básica escasea, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, observatorio que hace seguimiento del tema.

En febrero pasado se divulgó la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del Venezolano, realizada por tres universidades públicas y privadas. El estudio reveló las consecuencias de la conjunción del aumento de los precios y de la restricción de la oferta: 32,5 por ciento de los habitantes del país solo ingiere alimentos un máximo dos veces al día y 93,3 por ciento afirma que sus ingresos no le alcanzan para comer. Se calcula que más de 74 por ciento de la población ha perdido al menos 8 kilogramos de peso. Las personas sometidas a ese rigor explican su delgadez con una frase: “La dieta de Maduro me tiene así”.

Para Dony Machado, un herrero de 29 años de edad, una alternativa de subsistencia ha sido sumergirse en los desechos del Mercado de Quinta Crespo. Junto a él, un sábado de septiembre, otros hombres, mujeres y ancianas hacían lo mismo. Ninguno vivía en la calle, ninguno vestía de andrajos. Cuando el dinero se les hizo insuficiente para comprar comida, debieron buscar otras maneras de conseguirla. A Dony apenas le alcanza para mantener a su hija de dos años de edad.

La nueva “dieta” del venezolano from CONNECTAS on Vimeo.

Cada vez más personas como él acuden al mercado a registrar entre los desperdicios. Así lo apunta una vendedora de verduras, de 60 años de edad, que tiene cuatro décadas en el mismo puesto y que vio cómo el fenómeno empeoró en enero de 2016. En el país que hace 10 años lideraba el crecimiento en América Latina, muchos, súbitamente, quedaron atrapados en la miseria.

Las palabras de la verdulera coinciden con el estudio de la firma privada More Consulting que en agosto de 2016 reveló que 15,7 por ciento de la población ha hurgado en la basura para comer. Según los datos serían cinco millones de personas las que pululan, como se ve comúnmente, en las puertas traseras de panaderías, restaurantes y supermercados.

Luisa, una vecina de El Valle, zona popular de Caracas, no ha ido por los basureros y en cambio sobrevive bregando para adquirir las Bolsas Clap, denominadas así porque son las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esa es una forma de organización popular impulsada por el gobierno para efectuar la distribución y ventas de alimentos con precios regulados. La última bolsa que obtuvo tenía un kilogramo de leche, dos de arroz, dos de pasta, dos de azúcar, una botella de aceite y un pollo. “No alcanza ni para una semana”, se queja mientras hace el inventario. Por el combo pagó un monto cercano a la cuarta parte de un salario mínimo. Ella trabaja en una empresa textil y vive junto a un hijo de nueve años y una hija de 26 que tiene dos bebés. “Lo que gano lo gasto solo en comida”.

Los comités están integrados por seguidores del gobierno, principalmente mujeres. Fueron ideados en abril de 2016 y se calcula que a la fecha existen más de 8.000. Su modo de funcionamiento ha ido quedando claro en el último año. El gobierno y algunas empresas privadas entregan directamente los productos regulados a esos comités que a su vez los venden entre familias que previamente han sido censadas.

El mecanismo de reparto de bolsas varía según la comunidad. En algunos casos se hace en sedes de instituciones públicas y en otros en casas comunales o incluso en los lugares de residencia de los integrantes de los Clap o de los beneficiarios. Las jornadas de entrega deberían tener frecuencia mensual, pero en muchas ocasiones ocurren cada 45 días. Los Comités iniciaron sus labores recibiendo dinero en efectivo, pero ahora aceptan transferencias bancarias, porque el costo de la bolsa va en aumento y es mayor la cantidad de billetes que deben manejar. En algunas comunidades prefieren que la jornada se realice en la noche, para evitar que los camiones con la mercancía sean detectados y queden expuestos a saqueos, que se han hecho cada vez más frecuentes con los vehículos de carga que transportan alimentos escasos en Venezuela.

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Las Bolsas Clap son repartidas por comités populares apoyados por el gobierno.

(Foto: Rayner Peña/Adaptación: Sandra Barrón)

Aunque comenzó a aplicarse en sectores populares, la modalidad se ha extendido a zonas residenciales de clase media. Los despachos que llegan a cada lugar son diferentes y pueden ocasionar decepción o felicidad. En la comuna Teatro Miranda, situada en el centro de Caracas, los vecinos afirman frustrados que hace cinco meses recibieron bolsas que contenían apenas dos kilogramos de harina de maíz –principal ingrediente para preparar arepas, el plato nacional– y un envase de margarina. En una urbanización de Cumaná, a 600 kilómetros de la capital, en cambio recibieron jubilosos en Navidad bolsas con pasta, azúcar, sal, café, aceite, arveja, mayonesa, salsa de tomate, margarina, harina de maíz y crema dental. En teoría, la distribución no distingue entre chavistas y opositores. Sin embargo, los críticos del sistema afirman que el gobierno pretende controlar a los ciudadanos a través de sus estómagos y no han faltado denuncias acerca de repartos selectivos de los alimentos.

Para adquirir su Bolsa Clap, Luisa hizo fila durante cinco horas. El día que le correspondió su turno, había cuatro hileras que reunían aproximadamente 400 personas. Era tal la muchedumbre que se desplegó custodia policial para evitar alteraciones. Aún así, para Luisa estas filas son mejor opción que las que se hacen en los supermercados, que exigen pasar las madrugadas al frente de los establecimientos. “Para hacer eso hay que amanecer por allí y arriesgarse a todo. Yo no me puedo ir en la noche con un niño y quedarme hasta el día siguiente porque es peligroso”.

La repartición de las bolsas es el eslabón más reciente de una cadena de medidas adoptadas por el gobierno en los últimos tres años conforme ha aumentado la escasez y las reventas de productos con precio controlado. Primero se fijó un límite a las cantidades a vender por persona; luego se estableció los días de la semana en los que podían ser adquiridos según el último número del documento de identidad; y más tarde se ordenó a los establecimientos comerciales a incorporar dispositivos de identificación biométrica para cerciorarse que nadie violase las rigorusas medidas impuestas.

Las Bolsas Clap en ese contexto de restricciones crecientes, son buscadas con intensidad. La maquinaria oficial ha creado una plataforma de canales digitales que las promocionan como una revolución en el concepto de reparto de alimentos. La ansiedad por ellas incluso ha adoptado expresiones dramáticas: tres días antes de Navidad un joven de 25 años de edad fue asesinado por un delincuente que le dio un disparo para quitarle la Bolsa que le llevaba a su madre.

En las redes sociales abundan solicitudes a los responsables oficiales para que mejoren el sistema de distribución. En los medios de comunicación se reportan protestas, cierres de calles y autopistas por manifestantes que las exigen, pero que también denuncian sobre el origen de los productos. El control de las importaciones lo tiene el Ministerio de Alimentación, que ha sido manejado por militares durante el gobierno de Maduro. Según investigaciones periodísticas, una de las empresas que ha vendido productos para los Clap es propiedad de Samarck López, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo identificó como testaferro de Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela a quien el gobierno norteamericano también sancionó por relacionarlo con el tráfico de drogas. Ambos han negado su relación con negócios ilegales.

En cambio, Luz Marina Boscio, de 62 años de edad y vecina de Palo Verde en Caracas, está entre los que tiene como primera opción ir a los supermercados. Acaba de salir de uno con una compra que le hace sentir que valió la pena aguardar siete horas bajo el sol. Se siente aliviada, a pesar de que está cansada, temblorosa y hambrienta. El día anterior tenía la nevera vacía y ella y su nieta de siete meses solo comieron arroz con huevo. Hoy lleva dos botellas de aceite, más arroz y harina de maíz.

La nueva “dieta” del venezolano (2) from CONNECTAS on Vimeo.

A pesar de que se ha desmayado en las colas, la han golpeado y empujado, Luz Marina se ve obligada a abastecerse de esta forma: perder sueño y mañanas enteras a la espera de que entreguen a los establecimientos algo que no tiene en casa. Si llega un producto subsidiado que ya tiene, también lo compra y lo intercambia con algún vecino. Lo del trueque lo comenta sin sobresalto porque no sólo es algo frecuente para ella, sino también para el país. Se ha vuelto habitual el uso de las aplicaciones de mensajería telefónica como Whatsapp o Telegram para transar los productos que cada quien tiene virtualmente. Si estuviese en Wall Street, la experiencia seguramente le serviría para ser una avezada corredora porque sabe exactamente qué trocar sin salir perdiendo.

Con la pensión de Luz Marina y con los ingresos como moto taxista que percibe su hijo mayor, es mantenida una familia de cuatro personas. En eso de estirar y estirar la comida para que alcance se le va buena parte del día. Así resiste. Otras mujeres, con un poco más de recursos, se esmeran en evitar gastar tanto tiempo de vida en filas para comprar. Recurren entonces a los revendedores –conocidos como “bachaqueros”– quienes pueden proveer cantidades de productos suficientes para varios meses o para compartir o intercambiar. Al principio eran solo gente común que adquirían productos a precios regulados para la reventa, pero con la persistencia de la escasez la modalidad evolucionó y fue aprovechada por grupos organizados que obtienen ganancias millonarias con el hambre ajena.

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En las filas para los supermercados, adultos mayores sufren desmayos.

(Foto: Lorena Meléndez G.)

María Elena de 62 años de edad, por ejemplo compró clandestinamente un bulto de azúcar y uno de arroz a un vendedor de frutas del centro de Caracas. Fueron 20 kilogramos de cada producto. Aunque los obtuvo entre 5 y 10 veces más caros, sintió que valió la pena porque evitó pagarlos más caros a futuro según la cotización de ese “mercado negro”.

Las oportunidades para quienes buscan un suministro regular en muchas ocasiones están fuera del alcance del bolsillo común. Las colas que se forman en el Centro Comercial Polo de Colinas de Bello Monte, una urbanización situada al este de Caracas, llaman más la atención que el resto. La razón es que no están frente a un supermercado o farmacia, sino frente a una costosa cafetería italiana llamada Cine Cittá. La mayoría de quienes acuden allí no van por un helado o una bebida. Acuden para entrar a un bodegón ubicado al final del local donde venden productos importados de primera necesidad.

Lucía, una comerciante capitalina, sale del lugar llevando a cuestas varios kilos de arroz, un gran saco de harina de trigo y algunos empaques de azúcar. “Venimos aquí porque los productos son de calidad. Uno tiene esa seguridad. Si se le compra al bachaquero uno no sabe lo que come. Ellos mezclan la comida con cualquier cosa para rendirla, como pasa con la leche o con la harina a la que le ponen cal”, dice.

Cine Cittá se ha convertido en una versión venezolana de los “diplomercados”. Ese era el nombre que empleaban en Cuba para identificar a los comercios bien surtidos que antes de la década de los noventa eran de uso exclusivo de diplomáticos y extranjeros radicados en la isla. Entrar en la cafetería es como ingresar a una versión diminuta del área de alimentos de Costco, la mayorista estadounidense, porque todas las marcas que se ofertan allí provienen de esa cadena. Es un oasis en medio de la sequía de los anaqueles de los supermercados.

“Aquí se consigue de todo, pero dolarizado”, cuenta Antonia, una mujer de gafas, camiseta y jean desteñido que aguarda. El costo de muchos de los productos, en realidad, es mucho mayor que el que se paga en Estados Unidos, al punto que en algunos casos sus tarifas lo duplican o triplican. A pesar de lo caro, el lugar luce con frecuencia atestado por gente adinerada, funcionarios extranjeros, empresarios que hacen negocios con el gobierno y una reducida clase media que tiene ahorros en dólares o conserva canales para obtenerlos.

Manuel se queja de los precios del bodegón desde su oficina. Sabe que hay otras maneras de conseguir la comida desaparecida de los anaqueles, pero para ello hay que estar dispuesto a pagar en dólares y a comprar en grandes cantidades. Él mismo se encarga de hacer que esos productos lleguen desde Estados Unidos: “De allá puedes traer los productos de la canasta básica”, comenta.

Esos son los productos que se han convertido en la base de su negocio: una compañía de envíos puerta a puerta de Norteamérica a Venezuela que cobra los traslados por volumen y no por peso. Como todo llega en barcos, los mercados que le encomiendan deben surcar las olas por tres semanas antes de atracar en las cocinas caraqueñas. La empresa de Manuel lleva más de seis años de fundada. En los últimos 24 meses, el tipo de peticiones que recibe ha cambiado drásticamente. Al principio traía los antojos de los venezolanos que ordenaban productos a través de Amazon, que iban desde gadgets hasta repuestos para vehículos. En noviembre de 2014 vio cómo uno de sus clientes ordenaba aceite de aguacate, delicateses que nunca más llegaron al país. Ya para agosto de 2015 había empezado a traer toallas sanitarias y afeitadoras. Dos meses después, jabones y salsas se sumaron a las demandas. “En enero de 2016, la historia ya era otra”. Desde ese momento, el transporte de comida y medicinas pasó a ocupar 60 por ciento de los envíos.

Sus clientes, de clase media alta en adelante, suelen organizarse para hacer pedidos entre varios. Las compras las hacen a través de la web o personalmente. “Yo mismo me traje hace poco cereales para los chamos, galletas y una caja de cerveza. A un amigo le traje una caja de pañales porque su bebé estaba por nacer y aquí no conseguía. Todo sigue siendo más barato afuera”, confirma minutos antes de mostrar la foto de un gabinete de cocina de una de sus clientes. Casi todos los productos llevan etiqueta en inglés. Surcaron el mar para alimentar a los pocos afortunados que pueden adquirirlos en dólares.

* Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Relatos del Absurdo | La crisis de la cocina más grande
Hace cuatro años fue inaugurada en el Hospital Universitario de Caracas la mayor instalación de preparación de alimentos de Venezuela. Hoy el centro de salud público no es capaz de alimentar a sus enfermos

 

Por Charlie Barrera para Relatos del Absurdo*

26 DE ENERO DE 2013. La Agencia Venezolana de Noticias, órgano del sistema de medios públicos, difunde una noticia con grandes titulares: “Inauguran cocina más grande de Venezuela en el Hospital Universitario de Caracas”. El cable afirma que el área tendrá más de 2.000 metros cuadrados y que con el nuevo equipamiento tendrá un salto de capacidad: de 3.000 raciones diarias que elabora para la fecha mejorará su desempeño hasta completar 8.000. Eugenia Sader, ministra de Salud de la época, aparece sonriente en las fotografías, mientras apunta con su dedo unas ollas de presión gigantes que no parecen anticipar escasez alguna, sino todo lo contrario.

29 de agosto de 2016. El desayuno que Carmen Álvarez recibe en la habitación es solo una fruta tropical: un mango. La bandeja que las cocineras usan para servir los alimentos tiene seis compartimientos pero el fruto ovalado solo ocupa, a medias, uno de ellos. La paciente, quien tenía 22 días ingresada en el servicio de ginecología, se quejaba de que eso no era suficiente. “Las raciones son muy pequeñas. Uno se lo come porque a veces no tengo más nada”. Originaria de Maturín, en el interior de Venezuela, dependía de lo que una amiga le llevaba para completar su alimentación.

El episodio refleja una situación que ha aquejado a los enfermos recluidos en la institución. Las dificultades para proporcionarles regularmente la comida que necesitan según sus cuadros de salud. Las denuncias por la situación se hicieron frecuentes el año pasado. En junio de 2016, pacientes manifestaron públicamente por la pérdida de peso que sufrieron por las reducidas cantidades de comida que les servían a diario. A principios de este año el diario El Universal reportó que trabajadores habían colocado una pancarta en la que advertían de una fuga de vapor en la cocina y exigían solución inmediata para prevenir “una desgracia”. Fuentes de la institución añaden que además ni un mango como el de Carmen Álvarez puede ser convertido en jugo: dos licuadoras industriales están dañadas desde hace varios meses.

El personal de guardia en la cocina afirma que allí se preparan en la actualidad aproximadamente mil comidas diarias, una cantidad que está muy distante de las 8.000 que se proyectaban en 2013. En el área trabajan 50 personas. Adicionalmente hay grupos de cuatro mujeres en cada uno de los dos servicios de distribución de alimentos que hay entre el piso uno al cinco del hospital. Una de las nutricionistas encargadas del servicio dijo que debido a la escasez de alimentos se ha visto limitado el trabajo de los estudiantes de la escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela que hacen pasantías: “En cada piso había un pasante de nutrición que le diseñaba el menú diario al paciente dependiendo de su patología. Eso se acabó. Lo que se hace es distribuir o rendir la cantidad de comida que llega para que alcance para todos. Todos los internos comen lo mismo, sin importar la enfermedad que presenten”.

El 18 de febrero del presente año a los pacientes les sirvieron de desayuno, cereal sin leche y un bollito –pastel de harina de maíz, típico de Venezuela– con queso rallado. Esa fue la comida para todos en el hospital. Niños, ancianos, personas que sufren del corazón o de la próstata, para quienes preparan la comida es indiferente ya que no tienen otro tipo de alimentos qué ofrecerles. Ese día almorzaron una ración de pasta y carne mechada.

“Servimos pequeñas porciones para que rindan para todos. Una de las pasantes hizo sus cálculos y determinó que entre el desayuno, almuerzo y cena, aporta cuando mucho 1.100 calorías a pacientes, cuando mínimo un adulto promedio debe consumir 2.000 calorías al día”, explicó. Toda la comida que reciben en la institución, de acuerdo con las fuentes del hospital, proviene de la red de alimentos Mercal impulsada por el Estado desde el año 2003.

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El Hospital Clínico Universitario ha vista mermada su capacidad de atender pacientes

(Foto: Cheché Díaz/ Adaptación: Sandra Barrón)

La cocina fue reformada para sustituir los equipos que habían funcionado por 57 años en la institución, según la explicación oficial que se dio en 2013. El Hospital Clínico Universitario de Caracas es, de hecho, uno de los más grandes de Venezuela y desde su inauguración se convirtió además en uno de los más prestigiosos de la red de instituciones de atención pública en el país. Allí ejercen los profesores y estudiantes de la reputada Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

Las dificultades que se enfrentan hoy para asegurar la alimentación de los pacientes son una metáfora del retroceso de desempeño de un centro de salud que vivió una época de oro. Fue estrenado en mayo de 1956 por el entonces presidente y dictador Marcos Pérez Jiménez. Diez años después, la institución ya ofrecía 160 mil consultas médicas anuales; admitía 1.522 parturientas al año y en una década se habían practicado 7.900 intervenciones quirúrgicas. “En los primeros 20 años, el Hospital Universitario de Caracas llegó a ser de los mejores de Latinoamérica”, dice Iván Machado, coordinador de Cardiología Infantil.

El Servicio de Cardiología en 1972 tenía 15 años y el jefe del departamento de ese período, el doctor Alfonso Anselmi, informó que habían logrado disminuir la mortalidad de los pacientes de esa área de 35 por ciento a 11,5 por ciento. El índice estaba por debajo de la media norteamericana para la fecha, que era de 15 por ciento. Un promedio de 20 personas al mes eran operadas en la Unidad de Cuidados Coronarios: en Estados Unidos se consideraba “de primera” a todo centro de salud que interviniera 15 enfermos del corazón cada cuatro semanas.

En aquellos días el porcentaje de mortalidad de la Sala General de Cuidados bajó de 16 a 9 por ciento y se convirtió en uno de los más reducidos del mundo. Para 1974, la calidad de atención que brindaba el hospital era una de las principales causas de la saturación de los servicios. En esa década en los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Apure, entre otros, no existían servicios de neurocirugía ni especialistas en esa rama, por ello, los pacientes del interior se trasladaban hasta el centro de salud universitario en Caracas.

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El centro de salud de la Universidad Central de Venezuela pese a la crisis es uno de los mejores del país

(Foto: Cheché Díaz)

Las condiciones del hospital en la actualidad son tan precarias que las mujeres encargadas de asear las habitaciones no tienen desinfectantes ni ningún tipo de producto para limpiar el piso. Solo emplean agua. La ropa de cama, las fundas para las almohadas, la comida, y el agua potable deben ser llevados por los familiares de los pacientes. También, desde luego, muchos insumos médicos y fármacos. Es muy poco lo que el Clínico le puede ofrecer a sus pacientes, más allá de la atención del personal médico, enfermeras y camilleros, entre otros. Sin embargo, las listas de esperas para intervenciones son interminables.

El hospital enfrenta la peor crisis de sus 60 años de historia, pero para médicos como Machado sigue siendo de los mejores del país: “Nunca ha perdido su estatus. Aunque ahorita funciona al 30 por ciento de todo lo que puede ofrecer y a pesar de todos los problemas de insumos, inseguridad, problemas salariales, la institución es de las que brinda mejor atención en el país. Tú nunca vas a escuchar a nadie que diga que aquí hay doctores malos, que no saben hacer su trabajo”.

La comida sigue siendo un motivo de preocupación para los enfermos que convalecen sin tener garantizadas las dietas más adecuadas para sus cuadros de salud. “Aquí tenemos muchos pacientes que se están desnutriendo porque dependen 100 por ciento de los alimentos que les ofrece el hospital. Ni siquiera algo tan básico como la comida, les podemos garantizar”, detalló la nutricionista de turno. En la cocina más grande de Venezuela no es necesario usar las siete ollas de presión, sino cuatro por la poca cantidad de comida. La freidora pasó a la historia, porque llevan meses sin ver el aceite y el presupuesto del hospital, que es aún más reducido que la comida, no alcanza para comprar los repuestos que necesitan las licuadoras para hacer jugo.

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Mar 25, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Peregrinar por una batería
Los repuestos para automóviles son escasos y costosos en Venezuela. Por eso adquirir un acumulador no solo es asunto de tener dinero, sino de contar con buena suerte

 

Por David González para Relatos del Absurdo*

EL MOTOR DEL AUTOMÓVIL apenas tosió como un paciente agónico con el primer intento de encendido. El carraspeo fue menor en la segunda oportunidad y en la tercera apenas se escuchó un click. No podía haber peor noticia para comenzar la mañana. La batería había quedado sin carga suficiente para encender el vehículo. Ya presentaba fallas, ya había dejado recados de urgencia, ya se sabía que era inevitable, pero cada día de funcionamiento, así fuera precario, era como una dulce prórroga que llegaba de la mano de la buena fortuna. Esa suerte, sin embargo, se había agotado y no quedaba otra opción sino enfrentar la hora de la verdad:  había que reemplazarla.

¿Por qué recelar de algo que no representaría una grave dificultad en país alguno de América Latina? ¿Por qué ese empeño en exprimir cada mínimo amperio de ese cubo que despacha electricidad al automóvil? Una pista vale para responder esas preguntas: cuando se vive en Venezuela puede tornarse azaroso el acto cotidiano de comprar desde un medicamento contra la hipertensión arterial hasta harina de maíz, el ingrediente básico de las arepas, el plato que representa la seña más sólida de identidad nacional. ¿Qué podía esperarse entonces de buscar una batería? ¿Cómo sería salir a comprarla en la Caracas de finales de 2016, capital de un país que tuvo ese año una inflación de aproximadamente 480 por ciento y donde 8 de cada 10 productos básicos llegaron a escasear según la encuestadora privada Datanálisis?

Pasara lo que pasara no podía evadirse la realidad. Una opción era caminar de vuelta desde el estacionamiento a la casa, paralizarse frente a las circunstancias y dejar el carro aparcado por meses a la espera de un repuesto como le ha sucedido a cientos de propietarios de vehículos que se les ha dificultado obtener una pieza, bien porque escasea o por sus altos costos. Otra alternativa era pensar en algún revendedor ilegal –de los que son conocidos como “bachaqueros”– ante la evidencia de que los pequeños distribuidores comerciales carecen de inventarios. La última de ellas era probar un camino que podía no dejar resultados: llamar por teléfono a la principal fábrica para confirmar si esa mañana podía tenerse un golpe de suerte como el que vive un defensa, digamos Sergio Ramos, que anota el gol de la victoria en el minuto 94 o como el que experimenta un bateador de Grandes Ligas, como Miguel Cabrera, quien con un jonrón en el último inning se lleva la gloria en un bolsillo.

La suerte de las estrellas favoreció ese día. “Venga rápido”, dijo una representante de ventas, al otro lado de la línea. “Hoy nos quedan, pero mañana quién sabe”. Era una buena noticia y había aún algo de dinero en la cuenta. Correspondió entonces cancelar las reuniones de trabajo de la mañana. No hizo falta urdir excusas complicadas, sino tan solo explicar la verdad. “Me quedé sin batería y me dijeron que si iba ya podía comprar una”. Así terminaba un modelo de texto despachado por la mensajería del teléfono. Lejos de respuestas con recriminaciones, llegaron líneas de apoyo y con los mejores deseos: “Te entiendo, buena suerte”.

La solidaridad vía WhatsApp y Telegram fue como un soplo inspirador para dar el siguiente paso. Pedir ayuda de un vecino para empujar el diminuto Renault y encenderlo. Cuando las baterías tienen mínimas cargas, es posible echar a andar un vehículo estándar si se le hace avanzar con suficiente velocidad y se cuenta con destreza para coordinar el embrague, la palanca de cambios y el encendido. El carro reaccionó y así se hizo el trayecto rumbo a la fábrica. ¿Por qué era necesario llevarlo para hacer la compra?  Sí; hay que aclararlo. Por regulaciones del Gobierno para evitar el mercado negro, la empresa solo vende a quienes acuden a ella con su vehículo y con una batería evidentemente desgastada. No puede presentarse cualquier conductor, sino específicamente el propietario del automóvil con los documentos originales que así lo acrediten. Si el comprador ha sido víctima de un hurto, entonces se debe mostrar la denuncia policial. En casos como esos, es frecuente que el vendedor pida al afectado una batería en mal estado así haya sido de otro vehículo. El requisito, ilógico para muchos que han recibido la visita de la delincuencia, ha hecho prosperar de modo inesperado la venta de acumuladores inservibles. Es el tipo de negocios fértiles en una economía donde hay mayor abundancia de controles que de bienes.

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La oferta de baterías tuvo una reducción sustancial en el país luego de la intervención estatal en el mercado a finales de 2013.

(Foto: Ana V. Fernández)

El camino rumbo a la fábrica, en la zona industrial de Los Cortijos, se logró sin contratiempo. Llegar con cierto retardo supuso una desventaja ante quienes habían arribado mucho antes. Desde las puertas de la instalación había una fila de 136 automóviles. La esposa del conductor que estaba justo delante se tomó el trabajo de contarlos uno por uno. Eran las 9:30 a.m. y ella quería calcular si para las 3:00 p.m. habría terminado para poder buscar a sus hijos que esa hora concluirían sus actividades en el colegio. “Ojalá nos alcance el tiempo”, dijo resignada después de concluir el inventario. No bien había terminado de decir la frase cuando llegaron más vehículos a la última posición de la hilera. En los primeros segundos fueron dos o tres, pero en cuestión de una hora, 40 se sumaron a la espera. Después dejó de ser importante reconfirmar cuántos automóviles había allí ese día.

Lo único relevante, en cambio, era recorrer aproximadamente el medio kilómetro que faltaba para llegar a la meta. El motor del pequeño Renault estaba encendido pero por una maniobra descuidada se apagó y esta vez no fue posible prenderlo de nuevo de nuevo. Así que no existió otra alternativa sino la de empujarlo a lo largo de un trayecto que se completó en casi cinco horas bajo el generoso sol caribeño. Para nada resultó un consuelo confirmar que había otros conductores que hacían lo mismo con vehículos y camionetas bastantes más pesados y voluminosos. ¿Una grúa para remolcarlos? Ni pensarlo: en ese caso es un gasto suntuario.

Pueden pasar muchas cosas en un período equivalente a un cuarto de día. Las conversaciones de trabajo que no pudieron ser reprogramadas, tuvieron lugar vía telefónica en los momentos durante los cuales la hilera no avanzaba. Si por casualidad había que hacer adelantar el carro, bastaba una advertencia: “No cuelgues. Dame un segundo y retomamos la conversación”. También fue posible, como sucede con frecuencia en esperas tan largas, trabar una nueva amistad. Sucedió con el anciano que conducía una Toyota Terios y quien ayudó a empujar al diminuto Renault a lo largo del camino.

Una frase estrenó la conversación. “Somos afortunados”, dijo él. Sus palabras, desde luego, deben ser entendidas en su contexto. No reflejaban resignación: eran la constatación de un hecho. En los meses precedentes, era difícil que cinco horas en una cola bastaran para comprar una batería en la fábrica. Era necesario llegar de madrugada a las puertas de la industria, dormir allí, resistir el sereno y rogar a Dios que ningún delincuente se aproximara, como más de una vez ocurrió, a robar a mano armada a los conductores que pernoctaban para buscar baterías. Las colas recientemente se han reducido mucho más por el ascenso de los precios que han hecho a los conductores incluso desistir de intentar la compra, al punto de hacer lucir despejados algunos centros de ventas donde no hay colas aunque el predicamento de los consumidores no desaparece.

Hace cuatro años comenzaron a aparecer los síntomas del desbalance en el mercado. Fue entonces cuando se desplomó la entrega de dólares preferenciales por parte del gobierno para los principales importadores de baterías que cubrían entre 30 y 40 por ciento de las necesidades del país. La parte restante era atendida y aún lo es por una empresa privada nacional, Inversiones GB, cuyas fábricas no han sido capaces de abarcar toda la presión de la demanda interna, según lo han explicado sus voceros. Un hito de 2013 quedó grabado en la memoria de los consumidores como el momento cuando nunca más fue posible adquirir una batería sin las dificultades que después se hicieron rutinarias. Ocurrió en noviembre de ese año cuando el gobierno ejecutó una medida de ocupación temporal en las instalaciones de la compañía fabricante y les obligó a reducir los precios de sus productos en 25 por ciento. Luego de esa intervención, los inventarios se agotaron y a la larga los consumidores enfrentaron las semanas más difíciles de acceso, se multiplicaron las colas maratónicas y proliferaron los hurtos: dos años más tarde policías y transportistas afirmaban ante reporteros de sucesos que conocían más de 100 denuncias semanales solo en Caracas.

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La demanda desbordó a los fabricantes nacionales de baterías en vista de la caída de las importaciones

(Foto: William Dumont/ Cortesía El Nacional)

A días como esos, cuando las esperas interminables alcanzaron el cénit, se refería el viejo conductor de la Toyota Terios cuando afirmaba que, después de todo, se sentía con suerte por no tener que realizar un madrugonazo. Aguardar junto con él hizo la jornada más llevadera. Entre un avance y otro, él habló de su trabajo, de su familia y de la época, para nada lejana, cuando comprar una batería era una transacción rutinaria que no merecía un recuerdo especial. Esa historia sí sonó como una postal de los buenos tiempos. De tanto en tanto el viejo conductor miraba adelante y repetía en voz alta el número de vehículos que restaban antes de llegar a la entrada del centro de servicio de la fábrica, donde son reemplazadas las baterías. “Nos quedan 30 adelante”; “Nos quedan ocho”; “¡Llegamos!”. Era un alivio: no nos cerrarían las puertas en el rostro.

Uno de los técnicos de la compañía está en la entrada con un aparato para recargar por última vez las baterías de quienes han empujado su carro con paciencia hasta llegar allí. Será la última carga, suficiente para encender el vehículo y estacionarlo en un punto donde será cambiado el repuesto. Antes hay que pasar por la caja y pagar. El monto que toca hoy, cuando no ha terminado 2016, es 27 veces superior al que gobierno estableció tres años antes cuando ocupó la empresa y en vano intentó controlar por decreto lo que no era posible con racionalidad económica. Los precios en los primeros meses de 2017 siguieron aumentando. Reemplazada la batería, el diminuto Renault se activa otra vez como un caballito brioso. Oír el sonido del motor da alivio y cuando el vehículo comienza a rodar es imposible no pensar que es verdad, que esa mañana fuimos afortunados por una razón: porque buscábamos una batería y no un alimento para un bebé o una medicina para un enfermo.

* Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Mar 24, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Cuando lo amargo es el azúcar
Mientras en los campos se deja de moler la caña por la falta de maquinarias, el endulzante está en la lista de los productos más escasos en Venezuela

 

Por María Fernanda Sojo para Relatos del Absurdo*    

La escasez de azúcar ha afectado por igual a venezolanos comunes como Rossana Rodríguez y a gigantes multinacionales como Coca Cola y Pepsi Cola.

A la mujer, de 56 años de edad, le obligó a cambiar de vocación. Vivía de preparar postres para venderlos a familiares y amigos, pero debió conseguir un trabajo como empleada de limpieza para sobrevivir. Antes hacía a la semana entre cuatro y cinco pasteles y tres docenas de ponqués y ahora solo hornea algún dulce esporádicamente. “De vez en cuando preparo algo, pero así gano muy poco”, dice. Uno de sus encargos más recientes para una torta de cumpleaños lo aceptó con dos meses de anticipación para poder reunir todos los ingredientes: al cabo del período no ha conseguido el endulzante y ello no deja de provocarle amargura.

A Coca Cola y a Pepsi Cola le sucedió algo semejante, pero en una escala mayor. En mayo del año pasado la primera de las compañías emitió un comunicado para informar al público sobre la paralización temporal en la fabricación de su línea tradicional de gaseosas. La empresa luego lanzó una marca cero calorías con otros endulzantes. Pepsi Cola hizo un anuncio semejante un mes después e introdujo al mercado un producto sin azúcar mientras las publicaciones de negocios referenciaban cómo ambas corporaciones se adaptaban a una realidad difícil para todos los paladares ante la obligación de producir menos de sus marcas más conocidas.

Mientras pobres y ricos buscan el producto, millones de kilogramos de caña de azúcar quedan rezagadas en los campos principalmente porque las maquinarias para molerlas carecen de repuestos que garanticen su funcionamiento. La de 2016 fue la peor zafra en medio siglo, según los registros de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca). La molienda alcanzó para producir 246 millones de kilos de azúcar refinada, con la cual se cubre apenas 20 por ciento de la demanda anual.

Rossana no tiene presente ese dato cuando acelera sus actividades para salir a buscar azúcar. Rocía un desinfectante sobre los lavamanos, les vierte agua y los deja relucientes. Es un lunes de enero y le darán permiso en su trabajo en Los Cortijos, Caracas, para ir a hacer fila en un supermercado que queda a cinco calles: “Acordamos con nuestra jefa que un día a la semana íbamos a salir en horario de trabajo para ver qué producto escaso llega al mercado”.

Permitir que los empleados hagan compras en sus horas laborales es una práctica que se ha difundido ante el panorama de escasez de los productos regulados y en vista de que se venden de acuerdo con los últimos números del documento de identidad. Así los ciudadanos solo tienen dos días fijos a la semana para buscarlos y a Rossana le toca el turno.

El azúcar que ella busca es uno de los 23 productos de la cesta básica que tiene el precio regulado. Desde hace 14 años, el gobierno fija de modo unilateral su precio sin hacer mayores consultas a los fabricantes y a los productores que se quejan de que les obligan a trabajar a pérdida.

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Los comerciantes informales venden el producto hasta 15 veces por encima de su precio regulado.

(Foto: William Dumont/ Adaptación: Sandra Barrón)

Son las diez de la mañana y Rossana llega al supermercado. Su hija ha logrado ponerse entre los primeros de una fila cuyo final no se percibe a simple vista. Luego de la espera compra crema dental y pasta. “Algo es algo, por lo menos no nos iremos con las manos vacías”, expresa. No desiste de seguir buscando el endulzante que le falta para hacer la torta. El dinero que recibirá por venderla no es mucho, pero tampoco lo quiere descartar: “Aunque pierdo tiempo buscando las cosas, necesito lo que me van a pagar”.

Como no se da por vencida, sigue su travesía. Sabe que antes de llegar a la estación del Metro de Caracas más próxima a su trabajo, un hombre vende el producto.  Camina hacia el puesto del buhonero y lo encuentra en una esquina sentado sobre una cubeta. Tiene una tabla en las piernas en las que hay bolsas con azúcar, de diferentes tamaños.

-¿A cómo la tiene?

-A 3.500 bolívares la de medio kilo, responde el hombre.

-¡3.500! Eso es una exageración, exclama Rossana.

-Tómelo o déjelo, le replican.

Por supuesto: la mujer siguió su camino sin hacer compra alguna. “Está loco si cree que le voy a pagar eso. Es un abusador”, se queja.

Para entenderla hay que hacer cuentas. El revendedor cotizaba 15 veces más cara la mercancía. Un kilo de azúcar al precio regulado cuesta 460 bolívares equivalentes a 46 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio controlada que el gobierno aplica para los alimentos. El dato hay que mirarlo con lupa: es consenso entre los economistas que el bolívar está mucho más devaluado frente al dólar que lo que indica esa tasa.

Más allá de esos cálculos, Rossana murmura con frustración: “La escasez me hizo cambiar de oficio, pero a ese hombre le dio trabajo”.  De haber comprado el azúcar al precio que le pedían, habría invertido aproximadamente la sexta parte del salario mínimo que le pagan como empleada de mantenimiento. “Tendría que vender la torta a un precio que nadie pagaría y eso no tendría sentido alguno”.

Nunca antes ella había enfrentado una situación semejante para encontrar un producto que le proporcionaba el sustento. Si la producción de azúcar cayó dentro del país, las importaciones oficiales con las cuales se atendía la demanda interna también se redujeron. Eso sucedió a partir de 2014 con la baja de los precios petroleros. El año pasado solo una vez un representante del Ministerio de Alimentación se refirió a las adquisiciones en el exterior: entonces dijo que habían arribado 90 millones de kilogramos procedentes del extranjero, solo una fracción del consumo nacional.

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Las importaciones compensaban la reducción de la producción nacional, pero también se desplomaron.

(Foto: William Dumont)

Esas compras internacionales impedían que la ciudadanía sintiera con más rigor los efectos del desplome en el campo venezolano donde en 2016 se quedaron al menos 1.500 millones de kilos de caña que no pudieron molerse. Por la escasez de repuestos, hay muchas cosechadoras inoperativas, dijo José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca. El vocero afirma que el precio que se les paga a los productores por kilo de azúcar no es suficiente para cubrir sus gastos y reponer los equipos que se dañan.

“La caña que se quedó en los campos no está perdida”, agrega. “Se le conoce como diferida y es la primera que debe molerse cuando inicie la próxima zafra. Sin embargo, el rendimiento no es el mismo. Cuando pasa el tiempo en el que debe cosecharse, las cañas se ponen más fibrosas, es menor el jugo que puede extraerse y es una pérdida para el productor”.

Los agricultores además han tenido que repartir sus productos en menos centrales azucareros, porque no todos se encuentran funcionando. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó a partir de 2005 expropiar la mayoría de ellos y bajo la administración oficial el desempeño de las factorías comenzó a decaer. El año pasado, por ejemplo, solo estaban activos tres de los 10 centrales que pertenecen al Estado.

Las fallas en la cadena de producción terminan en casos como el de Rossana no le queda más que esperar el siguiente turno para comprar el día que le corresponde luego de hacer una cola. Bromea como una compañera de trabajo porque no le queda otra opción: “Si a la Coca Cola y a Pepsi Cola les fue difícil conseguir azúcar, ¿imagínate qué quedará para nosotras?”. Ríen y ambas no dejan de añorar que la vida les sepa a dulce otra vez.

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Mar 23, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | El riesgo le gana a las hormonas
La escasez de anticonceptivos y preservativos en Venezuela ha hecho mudar los hábitos de vida sexual de millones de personas

 

Por Oriana Vielma para Relatos del Absurdo*

Natalia tuvo que hacer cacería en cuanta farmacia 24 horas apareció en el camino. Hoy el trayecto le resulta borroso, pero esa noche recorrió en taxi junto a su pareja cinco o seis establecimientos en búsqueda del anticonceptivo del “día después”. Todo había virado en pesadilla. Era la cuarta cita y ambos habían terminado en un hotel de Sabana Grande, zona de Caracas conocida por las opciones económicas para los amantes. Allí ocurrió el accidente: el preservativo de él falló y ella estaba ovulando.

Natalia sabía que tenía 72 horas, después de la relación sexual, para que el efecto de una píldora de emergencia resultara más efectivo. Mientras antes la tomara, mejor. Por eso salió a buscarla de inmediato. La respuesta que recibió fue invariablemente la misma en las farmacias. El producto estaba agotado. Lo halló mes y medio más tarde, pero para entonces, y después de un retraso de varias semanas que le ocasionó el susto de su vida, la menstruación ya había regresado.

Ella no es la única persona que ha experimentado trances semejantes en la Venezuela actual. La escasez se metió en la cama y enfría las sábanas de los tórtolos. En el país que guarda la mayor reserva petrolera del mundo, millones de jóvenes han sentido el rigor de la falta de anticonceptivos y ello ha mudado sus hábitos y les ha obligado a buscar con desespero alternativas para un sexo protegido.

Se amparan en rituales de abstención, poses sin penetración, retiro previa eyaculación o una planificación atada a la frecuencia menstrual. Para ellos los tiempos de crisis han caído como un baño de agua gélida, pero también han constituido una bomba en un país que tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes de Suramérica, el promedio de iniciación sexual más precoz de la región y donde 31 personas contraen el VIH cada día, según datos de organizaciones como Naciones Unidas y StopVIH.

Preguntar por pastillas anticonceptivas en una farmacia se ha convertido en un chiste de mal gusto. “No hija, desde hace tiempo que no llegan”, responde el responsable de un establecimiento en El Valle, una zona popular al sureste de Caracas. Parece estar resignado y agotado de ofrecer siempre esa respuesta. Un recorrido tenaz de tres meses –entre agosto y octubre de 2016– por 15 farmacias públicas y privadas de la capital venezolana seleccionadas bajo un criterio territorial, confirmó lo que todos saben: no hay anticonceptivos suficientes.  Cuando se realizó la búsqueda, ninguno de los anticonceptivos costaba más de 900 bolívares, equivalentes a 0,67 dólares del mercado paralelo. Los precios no han variado y la disponibilidad tampoco ha mejorado.

Los ciclos de ventas son irregulares y discontinuos y por eso quien busca las píldoras tiene que multiplicarse para hacerles seguimiento. Las pocas que llegan se acaban pronto. Hay grandes cadenas que pueden pasar un trimestre con una sola marca en el catálogo de productos y los inventarios en pequeñas botiquerías comúnmente son mucho más críticos: algunas de ellas, por ejemplo, habían recibido los últimos despachos en diciembre de 2015.

Previendo una larga e infructuosa búsqueda, muchas mujeres recurrieron al mercado negro para comprar píldoras. Negocian a través de las redes sociales o con revendedores ambulantes que ofrecen pastillas anticonceptivas en las calles de Petare, considerada la segunda barriada más grande de Latinoamérica. Sin aval ni condiciones de higiene, venden el producto hasta 25 veces por encima de los precios que se encuentran controlados por el gobierno desde 2012.

Es una cacería rendida a la suerte. Una ruleta rusa que no distingue entre fieles y adúlteros, humildes y acaudalados, los que se guardan para la boda y los que se entregaron en la adolescencia temprana. Todo venezolano se familiarizó con la frase: “Hoy hay, mañana no se sabe”.

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La oferta de píldoras anticonceptivas en Venezuela es restringida.

(Foto: Dagne Cobo/ Adaptación: Sandra Barrón)

Una de ellas es Isabel. Su primera menstruación le destrozó el vientre cuando tenía 10 años de edad y aún jugaba con muñecas. Los médicos le advirtieron que tenía un período irregular con derrames abundantes, propensa a formar coágulos y fuertes dolores de vientre, así que, desde hace 14 años toma anticonceptivos para mantener los cólicos bajo control. Los últimos años le recetaron dos marcas que desaparecieron por completo del mercado venezolano.

A finales de 2014 se vio obligada a cambiar de pastilla. Cansada de las alteraciones hormonales y los cambios de humor que le producían, suspendió la ingesta de anticonceptivos al año siguiente y se preparó para volver a los dolores y protegerse con el método natural del ritmo.

Ahora para someterse al deseo lo piensa dos veces. Antes del coito revisa metódicamente los “días laborales” del placer sexual que fijó en el calendario –un montón de cálculos de los momentos oportunos que se alejan de sus días fértiles– y discute junto a su pareja las frecuencias que les convienen o cuándo “acabar afuera”. Isabel se describe como una especialista del autocontrol y la moderación. Dice “estar a dieta” y mantener a raya las ganas.

La gota que derramó el vaso de la intimidad cayó en 2014 con el desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, debilitado financieramente, redujo las importaciones y se valió del control de cambios establecido desde 2003 para restringir progresivamente a las farmacéuticas la adjudicación de divisas para adquirir productos no fabricados en territorio venezolano, entre ellos los anticonceptivos que llegan como artículos terminados al país.

Ese año, los anaqueles registraron las primeras desapariciones de ese tipo de fármaco, con estimaciones de escasez que se aproximaron a 60 por ciento. La situación se agudizó en 2016 cuando el índice se situó por encima de 90 por ciento, según la Federación Farmacéutica. Los laboratorios y proveedores internacionales del sector farmacia se quejan hoy de que el gobierno acumuló con ellos una deuda total de 4.000 millones de dólares que les impide hacer despachos masivos de productos y materias primas, lo que ha incidido en la restricción de la oferta general de medicinas.

Las consecuencias están en todas partes. Un sábado de julio Laura salió de farra con tres amigas, todas con 18 años de edad recién cumplidos. Fueron al Centro Comercial San Ignacio, referente de la rumba en Caracas. Cuando apuraba el tercer mojito, la abordó en la barra un chico guapo, “muy guapo”, remarca: “Era alto, con pelito castaño claro y ojos color ámbar. Estaba bronceado y tenía los dientes más blancos que he visto”. Hablaron unas horas, lo suficiente para sentirse cómodos e inmersos en una atmósfera de atracción. Sin más preámbulos, él la invitó a pasar una noche juntos y ella aceptó con una condición: “Solo si tienes condón”.

Hasta ahí llegó la fantasía. Laura ni pensó someterse al viacrucis de la búsqueda nocturna del preservativo en una de las ciudades más violentas del mundo (con una tasa de más de 119 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año según el Observatorio Venezolano de la Violencia). Aunque él insistió, ella “tiró la toalla” y se fue a casa recreando lo que hubiese podido ser y no fue.

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La disponibilidad de preservativos causó estragos en las parejas.

(Foto: Pixabay)

Para otros como Carlos, de 28 años de edad, no es un asunto de ocasión. Hace cuatro años recibió un diagnóstico que le cambió la vida: dio positivo en la prueba de VIH y se unió a otras 63.327 personas infectadas que reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público de salud. Su compañero es seronegativo y los dos conforman una pareja serodiscordante, uno tiene el virus y otro no. Solo pueden tener relaciones sexuales si utilizan preservativos. En su caso, el sexo con protección es la decisión más responsable.

Además de esforzarse por reducir las cargas virales y mantener su sistema inmune en buen estado, la mente de Carlos sumó una nueva preocupación: para no contagiar a quien ama, debe conseguir condones. Si bien el Ministerio de Salud es el principal proveedor de preservativos gratuitos para los seropositivos –entrega un máximo de nueve unidades al mes, además del tratamiento antirretroviral– Carlos lamenta que no siempre fueron regulares con las entregas. El 2015 inició como un año difícil para la pareja, después que el suministro fuera suspendido por tres meses, de enero a marzo. Se vieron obligados a abstenerse en más de una ocasión.

La irregularidad en la distribución de preservativos inició a mediados de 2014, pero no fue sino a principios del año siguiente cuando medios nacionales e internacionales reseñaron que la escasez se había acentuado. La primera alarma fue de Bloomberg: “Caja de 36 condones cuesta en Venezuela igual que un iPhone en USA”. Un día más tarde, CNN publicó el reportaje “La escasez toca la intimidad de los venezolanos: ahora faltan condones”; seguido de “Preservativos, un lujo escaso”, del diario español El Mundo.

La demanda superó la oferta y el precio se alzó hasta las nubes. Cuando se conseguía, una treintena de preservativos costaba 4.760 bolívares, equivalente a 84,7 por ciento del salario mínimo de entonces. A principios de 2016, 11 de 24 estados reportaban escasez de condones, hasta que a mediados de ese año la situación se reguló. Marcas nuevas y económicas inundaron el mercado. Los desconfiados todavía encuentran las tradicionales, pero resultan dos o tres veces más costosas.

Eventualmente los condones llegan a los establecimientos, pero no hay garantía de un abastecimiento seguro. La vida sexual seguirá en peligro en el tercer país de Suramérica con el mayor índice de habitantes con VIH, –11.000 personas al año contraen el virus de acuerdo con datos de la organización StopVIH–  y donde se registra una tasa 101 nacimientos por cada 1.000 jovencitas de 15 a 19 años –la mayor del continente según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas–.

Los relatos de Natalia, Isabel, Laura y Carlos son una muestra del universo sexualmente activo afectado por un deterioro generalizado y se mezclan con otros testimonios cotidianos de quienes en el metro, la oficina, la cola en la panadería, la universidad o en cualquier bar, cuentan las penurias que atraviesan por una píldora o un preservativo.

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Mar 22, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Médicos en fuga
El Estado forma gratuitamente a profesionales que prefieren marcharse del Venezuela no solo para buscar una mejor vida sino para escapar de la frustración de ver a sus pacientes sufrir o morir

 

Por  Valentina Oropeza para Relatos del Absurdo*

MARIO CAMINA ENSIMISMADO POR UN PASILLO del hospital público donde estudia Neurocirugía en Caracas. Suda tanto que se detiene a limpiar los cristales de sus lentes cuando una mujer lo aborda para pedirle un informe médico. Sin levantar la mirada, el residente de 28 años de edad la escucha disparar una retahíla de explicaciones hasta que se distrae. Son las cinco de la tarde y acaba de pasar cuatro horas en quirófano. Rebusca en un bolsillo de la bata blanca y encuentra el almuerzo: una galleta de chocolate. Luce cansado y afligido ese miércoles de octubre de 2016. Uno de sus pacientes murió el día anterior. Camina, saluda, opera, pero no deja de pensar en eso.

Tenía 63 años de edad y falleció después de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. “Le dio porque no consiguió la pastilla para la hipertensión arterial. Cuando empezó a sentirse mal, no tuvo dinero para pagar un médico privado así que esperó seis meses por una cita con el especialista en el hospital. No se controló y ese fue el resultado”.

El médico, que prefiere mantener su identidad anónima para evitar represalias de sus superiores, ha repasado el caso varias veces, de memoria y en voz alta, y siempre llega a la misma conclusión: “Esa muerte se podía evitar”. El enfermo estaba caquéxico –había perdido mucho peso y vitalidad– y Mario suponía que moriría pronto. A pesar de ello, le propuso a los familiares hacer exámenes de control y lo posible para prolongar su vida. Los parientes le pidieron que desistiera y le dijeron que les salía “más barato” que falleciera; ya no tenían para comer, menos aún para procesar otros estudios que debían hacer en laboratorios privados porque el del hospital carecía de reactivos.

Extenuado por las condiciones en las que vive y trabaja, Mario comenzó a tramitar sus documentos para emigrar de Venezuela aunque le faltan tres años para culminar el posgrado. Se encuentra frustrado porque la falta de insumos en el hospital le impide salvar a sus pacientes, a quienes prescribe medicinas que no se consiguen en el país; está cansado de cobrar un salario que no alcanza para sobrevivir dignamente; se siente amenazado por los ataques de delincuentes que vulneran la seguridad de los centros de salud y de grupos afines al gobierno que agreden a los médicos cuando denuncian la gestión oficial.

Si cumple sus planes se unirá al contingente de médicos venezolanos que se han marchado del país por las mismas razones. Desde 2002 hasta agosto de 2016, emigraron aproximadamente 16.000 profesionales de acuerdo con los cálculos de la Federación Médica Venezolana. Todos se formaron en universidades públicas gratuitamente, una posibilidad excepcional en América Latina, donde la mayoría de las instituciones que ofrecen la carrera son privadas y cobran matrículas elevadas. La sanidad pública venezolana, sin embargo, se queda sin especialistas a falta de incentivos y planes que permitan retener a los médicos.

La primera opción de Mario es Chile: allí puede convalidar rápidamente el título profesional y recibir mejores ofertas de trabajo. La segunda, Colombia; la tercera, Panamá; y la cuarta, Ecuador.

En todos los destinos hay colegas venezolanos que facilitarán la integración al nuevo entorno si tiene que marcharse. Espera no sufrir en esos lugares la impotencia que sintió con el paciente que murió por el accidente cerebrovascular o con otro caso que califica como “una vergüenza”. Fue el de un hombre que sangró cinco veces mientras esperaba cupo quirúrgico para reparar un aneurisma. “Eso es una pelota que aparece en un vaso importante del cerebro y se inflama hasta que se rompe y queda sangrando”. Como el hospital no tenía insumos para hacer arteriografías –radiografías de los vasos sanguíneos– no sabían dónde estaba la lesión. “La probabilidad de morir en un primer sangrado es de cincuenta por ciento. La segunda vez se incrementa a setenta por ciento. La tercera escala a noventa por ciento. El cuarto sangrado ya no está registrado en los libros. ¡Imagínate lo que aguantó!”.

El año pasado Mario confiaba en que se realizaría un referéndum revocatorio presidencial y que la situación comenzaría a cambiar. Pero una vez que el sistema judicial anuló la consulta, Mario aceleró sus planes de marcharse. La oposición ha denunciado que existe una crisis humanitaria – con 80 por ciento de escasez para productos médicos quirúrgicos en hospitales públicos-, pero el gobierno lo niega. El desabastecimiento se agravó desde que el petróleo, principal producto de exportación del país, se vende por debajo de 40 dólares por barril.

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Cálculos gremiales indican que 16.000 doctores se han marchado de Venezuela en 15 años.

(Foto Iñaki Zugasti/ Adaptación: Sandra Barrón)

Los emigrados

Un sábado de mayo de 2009, en la madrugada, los acompañantes de un paciente que ingresó a la sala de urgencias del Hospital General de Lídice, al noroeste de Caracas, amenazaron con matar a doctores y enfermeros si no le salvaban la vida. La policía intervino, se desató una balacera, y diez efectivos fueron heridos. Días antes, un delincuente había ido a buscar a un médico para asesinarlo porque un “pana” murió mientras lo intubaban. Los residentes se fueron a huelga y el único que quedó en funciones fue el anestesiólogo e intensivista Moisés Peña.

El especialista estaba acostumbrado a trabajar en circunstancias críticas. Durante los dos años que cursó el posgrado de Terapia Intensiva no ganaba suficiente para pagar una habitación, así que vivió en el quinto piso del hospital, una práctica tolerada en algunos centros asistenciales pese a que no está oficialmente permitida. Su primer sueldo lo recibió diez meses después de iniciar los estudios, subsidiados por el Estado venezolano. Pero aquel tiroteo fue el detonante que lo llevó a tomar la decisión de mudarse a Chile.

Tras haber pasado meses lejos de su esposa y su hijo de seis años, espera reunirse con ellos pronto, con todos los documentos en regla para iniciar una nueva vida en familia. Devenga un sueldo de 3.500 dólares en un hospital de Viña del Mar, mientras sus colegas en Venezuela ganan entre 60 y 12 dólares, si se calcula a la tasa oficial más alta en el esquema cambiario o a la cotización en el mercado negro para inicios de 2017. “Nadie emigra por placer o por la pura experiencia, uno lo hace por necesidad. Me fui porque sentí que en Venezuela ya no podía vivir decentemente”, comenta Peña en videoconferencia durante un descanso de la guardia de domingo.

Oriundo de Maracaibo, una ciudad que vive a casi 30 grados centígrados todo el año, a Peña ya no le incomoda el invierno chileno ni la aprehensión que puede despertar por ser inmigrante a sus 45 años de edad.

“Piensan que les vamos a quitar los puestos de trabajo, pero si uno muestra educación y capacidad, te aceptan”. Sabe que su experiencia ayuda a cubrir la carencia de profesionales en el país suramericano, cuyo gobierno lanzó en octubre de 2015 la campaña “Chile necesita más médicos y especialistas: Incorpórate al Sistema Público de Salud”, y donde se requieren miles de dólares para graduarse como anestesiólogo o intensivista. Más aún obtener ambos títulos.

La migración masiva de médicos hacia países desarrollados es una tendencia global que compromete el recurso humano especializado de los países en desarrollo, advierte G. Richard Olds, presidente y director de la Universidad de Saint George en un artículo publicado en octubre por el portal del Foro Económico Mundial. Ubicado en Granada, una pequeña isla situada frente a Venezuela y que forma parte del Reino Unido, este centro de estudios alberga una de las escuelas de Medicina más reconocidas del Caribe.

Pese a la masiva migración de médicos, las promesas oficiales anuncian que en 2019 habrá 60 mil médicos integrales comunitarios, formados bajo un diseño curricular inspirado en el modelo sanitario cubano, focalizados en tratamientos preventivos y comprometidos con una “medicina humanista para el servicio social humano”, en palabras del Presidente Nicolás Maduro.

Desde un pabellón de urgencias que opera sin aire acondicionado ni agua corriente cinco días a la semana, cuatro residentes comentan que cada médico que renuncia y emigra es una baja que no se reemplaza. Ello ha obligado a quienes se quedan a redoblar esfuerzos y replantear prioridades: los casos más graves primero. Los demás, cuando se pueda. Al menos dos de ellos están dispuestos a engavetar el estetoscopio para servir café en algún país donde puedan comprar un vehículo con sus ahorros o pasear a pie de noche, utopías cotidianas para quienes viven con una inflación de tres dígitos y casi 18 mil homicidios anuales según la Fiscalía.

Los médicos más experimentados temen que las especialidades en los hospitales públicos venezolanos queden desiertas con el paso del tiempo. “¿Quién me atenderá cuando me enferme?”, se pregunta desolado Daniel Sánchez, jefe del posgrado de Anestesia en el Hospital Vargas de Caracas, al ver que cada año se postulan menos médicos para proseguir la carrera.

Oncología Médica, Anatomía Patológica, Oftalmología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía de Tórax o Dermatología son algunos de los posgrados que ya no tienen alumnos en el primero o segundo año, contaron residentes y jefes de servicios de cuatro hospitales públicos en Caracas.

Convencido de que si habla con nombre y apellido lo expulsan del posgrado, este estudiante de Traumatología de 28 años de edad no quiere emigrar pero tampoco ve mejor opción. “El sueldo no alcanza para pagar el alquiler, el mercado y una entrada de cine al mes”. Con la primera quincena apenas cubre tres almuerzos en el cafetín del hospital. Con la segunda abastece la nevera para 15 días. Su madre paga el arrendamiento, los servicios y de vez en cuando le completa la gasolina, que vale menos de un centavo de dólar por litro.

Aunque el Estado costeó sus seis años de pregrado en una universidad pública, uno de rural, dos de internado, uno de residencia asistencial y ahora los tres de posgrado, no existe ninguna obligación legal que lo comprometa a retribuir esta inversión. El dilema de irse o quedarse es estrictamente moral: ¿quién se quedará para atender a sus pacientes?, ¿qué pensarán cuando sepan que se ha ido?

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El compromiso con los pacientes es la fuerza que aún motiva a muchos médicos a permanecer en el país.

(Foto Iñaki Zugasti)

Frente a otros colegas que confiesan estar en la misma situación, este residente lamenta soñar con marcharse de Venezuela. “Sé que no hubiese podido estudiar esta carrera en otro país porque cuesta miles de dólares, pero ¿sabes qué da impotencia? Que se te mueran cinco pacientes en los brazos porque no tienes recursos para atenderlos. Estoy a dos centavos de pedir en la calle”.

En 2016 su círculo de amistades se redujo a los colegas de faena diaria: una decena de excompañeros de clases se fueron a Chile, Brasil, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, España y Australia, unos con especializaciones completas, otros apenas con el título de Medicina y sin haber cumplido la pasantía rural para ejercer legalmente en Venezuela.

Reconoce avergonzado que no tiene novia porque no podría “ni invitarle un helado”, y saca el teléfono móvil de la bata blanca para mostrar un chat que respalda su razonamiento: “Una de mis mejores amigas se acaba de ir y va a ganar 900 euros como camarera. Apenas necesita 350 para vivir.

¿Cuándo voy a ganar eso si me quedo aquí?”. Aunque no dispone de guantes, yeso, gasas, antisépticos, alcohol e hilos de sutura, está decidido a culminar la especialidad en Traumatología. “Por lo menos tenemos vendas, con eso resolvemos”, dice justo antes de pedir que desalojen el área para ocuparse de un herido de bala que acaba de llegar.

A finales de noviembre de 2016, la detención del ginecólogo Gonzalo Müller prendió las alarmas del gremio. El jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Los Magallanes de Catia, al oeste de Caracas, fue capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras recibir 40 cajas de insumos entregados por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López.

Aunque el especialista fue liberado tres días después sin cargos judiciales, sus colegas escarmentaron en cabeza ajena. Algunos reconocen que buscan donaciones para los centros asistenciales donde trabajan, pero ahora lo hacen a escondidas y en silencio.

Otra residente matiza que los robos, secuestros y homicidios, encabezan su lista de razones para marcharse. Apenas termine la especialización se mudará a Nueva Zelanda, donde no le exigen revalidar sus títulos y tendrá que ejercer en inglés. Ganará unos 200 mil dólares al año, según sus pesquisas preliminares. “Estoy cansada de recibir insultos, golpes y todas las vejaciones que te pueda decir un familiar llevado por la ira cuando no puedes atender al paciente porque no tienes insumos”.

“Al menos no te ha llegado nadie con una granada en el pantalón, como le pasó a los colegas del Hospital Pérez Carreño”, ataja un médico que ya ha abierto tres gavetas de un estante en busca de gasas. Abatida, la doctora suspira: “No veo la hora de irme de Venezuela”.

Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Mar 21, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Un strike al béisbol
La inseguridad y la inflación han hecho que la asistencia a los juegos del deporte nacional de los venezolanos haya mermado como nunca

 

Por Geraldine Lucero Ibañez para Relatos del Absurdo*

EN VENEZUELA, EL BÉISBOL está hasta en las metáforas del habla común. Tener un gran éxito es batear un jonrón con las bases llenas, atravesar una situación difícil es estar en tres y dos y hacer un comentario directo y sin indulgencia es lanzar una recta. En un país donde las palabras llevan la impronta del deporte nacional, tener una temporada de la liga profesional con bajas asistencias de espectadores y estadios semivacíos no deja de ser incongruente. Así ocurrió, sin embargo, con el campeonato que terminó hace mes y medio. La inseguridad ciudadana y la inflación se convirtieron en las mayores amenazas del gran pasatiempo de los venezolanos, muchos de los cuales temen salir de noche cuando los partidos se juegan o simplemente no les alcanza el dinero para comprar las entradas.

No era así en el pasado, cuando mi papá acostumbraba a ir a los juegos regularmente. Incluso él estuvo entre los 22 mil aficionados que llenaron el Universitario de Caracas la noche del 25 de enero de 1982 para celebrar algo nunca visto. Que un equipo conquistara el título de campeón por tercer año consecutivo. Ese equipo no lo olvidaría jamás, era el suyo. Leones del Caracas, con una generación de estrellas que incluía a Baudilio Díaz y a Antonio Armas, ganó la final a Cardenales de Lara en una definición de última hora como las que ocurren cuando el gol de la victoria se anota en la prórroga. El estadio, desde luego, estalló como nunca antes.

Mi papá salió de allí bañado de cerveza y recibió golpes de una fanaticada efusiva que no paraba de saltar por la victoria; pasó una hora celebrando, sin preocupaciones. No había peligros esperándolo, ni sacrificios que hacer al otro día por el dinero gastado. El índice de homicidios de Venezuela era de 8 personas por cada 100 mil habitantes y la inflación cerró ese año en 15 por ciento según los datos oficiales de la época. Como para el resto de quienes celebraban aquella noche, su reto sería madrugar al día siguiente para ir a trabajar.

Con el tiempo las cosas cambian, pero en el caso venezolano las circunstancias mudaron de modo tal que en los años más recientes ir al estadio como lo hacía mi padre se ha convertido en un lujo y un peligro que muchos fanáticos se obligan a evadir aunque les parta el corazón.

La inflación cerró en casi 480 por ciento en 2016 según el Fondo Monetario Internacional y la tasa de homicidios fue ese año de 91,8 por cada 100.000 habitantes de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia, lo que ubicó al país como uno de los que tiene mayores índices criminales en el planeta. La inseguridad ha hecho que más de 60 por ciento de los venezolanos haya desistido de las actividades recreativas nocturnas, como reflejó la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 realizada por universidades públicas y privadas venezolanas.

Con eso como telón de fondo, el primer clásico entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, los dos equipos más populares del país, se escenificó el 20 de octubre con un estadio Universitario de Caracas al que asistieron poco más de 14.000 fanáticos, 6.000 menos que los que acudieron al juego inicial del campeonato anterior. Es como si el primer choque de la temporada entre los equipos de fútbol Boca y River en Argentina; América y Chivas en México o Corinthians y Palmeiras en Brasil se celebrara con casi 40 por ciento de las localidades vacías.

Marco, como mi papá, atesora noches inolvidables en el estadio y ha dejado de ir a ver a su equipo. Año a año ha reducido el número de juegos a los que ha podido asistir: hace dos años iba como mínimo a tres partidos por semana, pero desde la temporada pasada ir al Universitario representa para él un reto económico y un desafío para su seguridad. El precio del abono que compraba por toda la temporada se multiplicó por 10 y no deja de pensar en los riesgos de salir de noche a los juegos: “No he sido víctima de la inseguridad, pero tengo muchos conocidos a los que han robado. No hay que esperar a que pase algo”.

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El Estadio Universitario de Caracas es sede de dos de los equipos más populares del país: Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira

(Foto: Tovarcity Bajo licencia Creative Commons 4.0/ Adaptación: Sandra Barrón)

Desde que Marco tuvo uso de razón disfrutó de ir a ver su equipo: los Tiburones de la Guaira, el tercer club con más seguidores del beisbol venezolano después de Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. El sonido de la samba y de los tambores que animan al equipo desde la grada hacían latir su corazón.

—Tenía 7 años de edad en 1996 cuando fui por primera ocasión al estadio Universitario, que es sede de los Leones pero también de los Tiburones. La barra me enamoró. Recuerdo que me quedaba asombrado con la energía de las personas. Era muy sano y divertido.

Los costos elevados del espectáculo han golpeado el bolsillo incluso de aficionados tan leales como él, quienes han debido acostumbrarse a ver los partidos únicamente por televisión y dejar de lado el ambiente festivo de los estadios. La entrada más económica exclusiva para estudiantes en la temporada 2015-2016 costaba 500 bolívares y en la temporada 2016-2017 pasó a 1.000. La más cara en el palco del terreno, ubicación próxima a los jugadores, se situaba en 2.000 y se multiplicó hasta llegar a casi 10.000.

La combinación de subidas de precios y deterioros del ingreso de la población es un coctel negativo. “No es un secreto que la economía vive un momento difícil, el cual se traduce en una contracción de la capacidad de consumo. Dentro de ese ambiente, el fanático prioriza otras necesidades antes de asistir al béisbol”, dijo Luis Ávila, presidente de los Leones del Caracas, al portal El Estímulo. Hace apenas dos años, durante la temporada 2014-2015, la presencia de espectadores en los estadios rompió récord y se ubicó en 2,54 millones de espectadores de acuerdo con las cifras de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En el campeonato del año siguiente el descenso fue de 26,5 por ciento y en los dos primeros meses de torneo se calculaba una reducción que pudo ser superior a 35 por ciento. Las cifras definitivas aún no se encuentran disponibles, pero Juan José Ávila, nuevo presidente de la liga, reconoció que la baja asistencia es una de sus principales preocupaciones.

Los equipos del béisbol venezolano inventaron a lo largo del campeonato recién concluido estrategias para atraer espectadores e intentar que el flujo de caja se mantuviera. Caribes de Anzoátegui probó con los domingos familiares: los aficionados compraron tres entradas por el precio de dos. Cardenales de Lara implementó el día familiar y el costo de la entrada quedó a la mitad todos los días de la semana, exceptuando los domingos; los jueves, las mujeres asistieron a los juegos de forma gratuita. Sin embargo, los estímulos no tuvieron los resultados esperados y los equipos no pudieron evitar que esta temporada pasara a la historia como la de menor asistencia de la que se tenga registro.

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Venezuela ha tenido una destacada participación en el Clásico Mundial, como en este del 2006.

Foto: Kari Sullivan. Imagen bajo licencia Creative Commons 2.0

Cerca de una decena de los jugadores que defendieron a Venezuela en el presente Clásico Mundial de Beisbol se prepararon para el torneo de selecciones en el campeonato venezolano, y fueron testigos de la caída de la asistencia a los estadios locales.

Marco solía ir al estadio acompañado por su padre o su novia. El costo era superior, pero pagable. Cada vez que iba comía al menos dos arepas, una malta y una cerveza. No gastaba más de 3.000 bolívares incluido el estacionamiento. Pero comer y beber en el estadio se le convirtió en algo inalcanzable. Cuando vio que los precios de una cerveza y dos arepas (el plato nacional) costaban la cuarta parte de un salario mínimo sacó cuentas y decidió convertirse en un fanático a distancia. Le resulta más barato y, cómo olvidarlo, también más seguro.

* Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Mar 20, 2017 | Actualizado hace 1 año
Relatos del Absurdo | Con la medicina pero sin la cura
Para tratar la hepatitis C el gobierno entregó a 15 pacientes un medicamento de 135.000 dólares que caducó, pues para su efectividad se requería combinarlo con una medicina de menor valor que nunca llegó.

 

Erick Lezama para Relatos del Absurdo*

HAY UNA CARTA QUE COMIENZA ASÍ: “Somos la Asociación Civil Hepatitis C Venezuela, y nos dirigimos a usted con la finalidad de plantear la problemática de los portadores de hepatitis C. Si esta enfermedad no se trata a tiempo, lleva a cirrosis hepática y puede causar cáncer de hígado”. El texto dice que, para curarse, los pacientes necesitan tomar un tratamiento compuesto por un medicamento que puede costar 135 mil dólares, y por otro más económico. Al final del escrito, aparece la siguiente frase: “Nos encontramos desesperados, ya que la enfermedad no espera y está progresando (…) es curable, pero estamos completamente desasistidos”.

La comunicación está fechada el 9 de mayo de 2016 y va dirigida al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pero hay, entre 2015 y 2016, más de 70 versiones de esa misiva, con pocas modificaciones, y con diversos destinatarios: la Asamblea Nacional, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Higiene, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Industrias y Comercio, el Ministerio de Salud, y sus Viceministerios de Recursos e Insumos Médicos y de Salud Colectiva.

María Goncalves –41 años, orfebre, paciente con hepatitis C– es quien ha redactado esas cartas. Las tiene archivadas en una carpeta y las muestra como prueba fehaciente de su esfuerzo.

–Mira que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Mira todo lo que hemos recorrido.  Mira…

En ese recorrido ella y otros 14 pacientes lograron que el Ministerio de Salud les donara el 22 de diciembre de 2015 dosis suficientes de un medicamento de 135 mil dólares que puede erradicar una enfermedad que hasta hace poco era de difícil curación. La entrega se realizó en una ceremonia pública en la que los beneficiarios sintieron que los hicieron parte de un show. Las cámaras no hicieron que la donación tuviera utilidad: el producto venció sin que pudieran usarlo.

Debían ingerirlo en combinación con otra medicina, cientos de veces más barata, que antes abundaba en el país pero que en los últimos dos años no ha estado disponible. La buscaron por todas partes sin éxito y no pudieron evitar perder lo que habían recibido de manos de las autoridades.  Ahora están en un nuevo peregrinaje por otra oportunidad. Esperan que una puerta se abra, porque algo les ha quedado muy claro: tocar no es entrar.

Ya tengo fibrosis…

Una persona contagiada con hepatitis C puede pasar hasta dos décadas sin síntomas mientras, de a poco, el hígado se va erosionando. Cuando los malestares aparecen –dolor abdominal, hinchazón, fatiga, fiebre, picazón, inapetencia, ictericia, náuseas y vómitos– suele ser porque el daño es avanzado.

María no tiene signos que hagan evidente su enfermedad. Pero al decir que ya tiene fibrosis hepática –etapa previa a cirrosis– su voz resuena temblorosa. Después de un silencio, termina la frase:

–Sé que por dentro me voy deteriorando.

Hace seis años, cuando la diagnosticaron, su médico le indicó un coctel compuesto por Ribavirina e Interferón, la única opción que entonces la ciencia manejaba, y que apenas ofrecía 50 por ciento de posibilidades de erradicar el virus que produce la hepatitis. Como en el país no se producen, esos medicamentos son importados por el gobierno y eran distribuidos gratuitamente en dispensarios denominados Farmacias de Alto Costo. María los retiró allí sin inconvenientes.

–Los tomé durante un año. Los efectos secundarios eran severos como los de una quimioterapia: se me caía el cabello, me sentía decaída. Al terminar, pensé que había funcionado. Pero a los meses una prueba volvió a dar positivo.

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El antiviral Sofosbuvir tiene 90 por ciento de efectividad pero cuando se le combina en coctel con otros fármacos.

(Foto: Cortesía del Diario La Región/ Adaptación: Sandra Barrón)

Continuó en control médico. En 2014 vio luz cuando supo de un gigantesco adelanto: la aparición en el mercado internacional de un antiviral de última generación llamado Sofosbuvir. Su efectividad, según estudios científicos, es mayor a 90 por ciento pero para lograrla debe ser complementado con otra medicina. Dependiendo del perfil clínico del paciente, puede ser una de estas: Ombistavir, Ritonavir, Paritaprevir, Davlastavir, Ledipasvir, Interferón Pegilado o Ribavirina. El médico de María le recetó una píldora diaria de Sofosbuvir y dos de Ribavirina por doce semanas.

Sofosbuvir –comercializado por la biofarmacéutica estadounidense Gilead bajo la marca Sovaldi– tiene, sin embargo, una gran desventaja: el precio. El monto de 135 mil dólares para alcanzar todas las dosis requeridas ha desatado protestas de diversas naciones y organizaciones, a partir de lo cual Gilead permitió que 11 empresas de la India produjeran una versión genérica y la distribuyeran a menor costo en 101 países, entre los que no está Venezuela, mientras que sí figuran, por ejemplo, otras naciones latinoamericanas como Cuba, Bolivia, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aun así, la organización Médicos del Mundo insistió en que seguía siendo “inasumible por los sistemas de salud”.

A María nada de eso la intimidó. A través de las redes sociales contactó a otras 14 personas que estaban en su misma situación. Fundaron la Asociación Civil Hepatitis C Venezuela, para sumar fuerzas y solicitar al gobierno la importación del fármaco.

Después de insistir e insistir lograron la donación del Ministerio de Salud en diciembre de 2015. Fue una parte del primer y último lote del medicamento que hasta ahora ha llegado a Venezuela. El resto se vendió en Badan, la única droguería privada que expende fármacos de alto costo. Fueron 105 envases que se ofrecieron al público en un precio más que razonable: 26 mil bolívares (unos 2.600 dólares, al cambio regulado de 10 bolívares por dólar que aplica para el sector de la salud). El 1 de febrero de 2016 se agotó el inventario.

Quienes recibieron la donación o compraron el medicamento empezaron entonces una carrera contra el tiempo. Los frascos de Sofosbuvir se vencían en octubre de 2016 y los complementos no estaban disponibles. No se les encontraba en las Farmacias de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde antes se podían retirar gratuitamente, ni en Badan, donde no lo han ofertado desde 2015. Así fue como caducaron cuando la mayoría ni siquiera tuvo tiempo de emplearlos.

Una paradoja salta a la vista en esta historia: tanto Sofosbuvir como Ribavirina son “de obligatorio cumplimiento por el Sistema Público de Salud”, pues figuran en la  Lista de Medicamentos Esenciales para el país. Aunque el gobierno informó en marzo de 2016 que se invertirían 50 millones de dólares en la importación de medicamentos de alto costo, como parte de un plan que garantizaría el inmediato abastecimiento, la Federación Farmacéutica Venezolana calcula que la escasez de ese tipo de medicinas en más de 75 por ciento.

Los pacientes recibieron los frascos de Sofosbuvir rodeados de cámaras de televisión, flashes y reporteros.

–Eso fue un show…

El Ministerio de Salud convocó a los medios de comunicación para que quedara constancia de la entrega. La noticia apareció con títulos pomposos en portales y diarios venezolanos: “Pacientes con hepatitis C reciben gratis medicamento que cuesta 135 mil dólares”. Algunas de las notas publicadas recogen una elocuente declaración de Henry Hernández, entonces Viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación: “Esto se logró con una inversión de más de dos millones de bolívares por parte del Ministerio de Salud. Este medicamento es uno de los más caros en la historia de la industria farmacéutica y era impensable para los pacientes tenerlo. El día de hoy lo estamos entregando y haciendo justicia”.

“No dijeron que estaban entregando el coctel incompleto. Todo fue muy improvisado: había una pila de cajas e iban repartiendo los potes sin chequear los informes médicos para verificar las dosis de cada quien. Todos recibimos la cantidad que necesitábamos porque estuvimos pendientes de que así fuera. Después redacté un informe dejando constancia de lo que nos entregaron y lo envié al Ministerio”, recuerda María.

Ese día les prometieron que pronto los complementos llegarían a las Farmacias de Alto Costo o que el Ministerio de Salud los traería; y además les aseguraron que comenzarían a importar Sofosbuvir con frecuencia. Nada de eso ocurrió.

Solo uno de los 15 pacientes que recibió el fármaco donado pudo tomarlo, porque unos familiares le enviaron desde el exterior la otra parte del tratamiento. No está claro cuántas personas compraron Sofosbuvir en Badan, pero fuentes de la droguería advierten que la situación de quienes lo adquirieron allí debe ser la misma: “Como no tuvieron la otra parte del coctel, seguro también se les venció en las manos”.

Uno de los miembros de Hepatitis C Venezuela, cuando recibió Sofosbuvir, ya tenía cirrosis hepática. Como no llegaba al país el otro componente del tratamiento, intentó comprarlo en el exterior, pero no pudo. En Venezuela, dado el control de cambio que rige desde 2003, eso es cuesta arriba. Si alguien necesita hacerse con moneda extranjera, debe introducir una solitud ante Cencoex, organismo gubernamental que puede o no aprobarla. “Se metieron los papeles para que nos asignaran las divisas y siempre los devolvían”, dice uno de sus familiares que prefiere el anonimato. El paciente falleció esperando.

Un frasco de 30 pastillas de Ribavirina cuesta 167 dólares en la farmacia Locatel en Miami. La cantidad de píldoras requeridas varía según las particularidades de cada diagnóstico. Pueden ser, como en el caso de María, dos diarias por doce semanas. Es decir, seis envases a razón de 1.002 dólares.

María no sacó esas cuentas. Sabía que cualquiera que fuera el monto no lo podría pagar. Como las solicitudes ante Cencoex no prosperan, la opción que le quedaba para comprar los seis frascos de Ribavirina en Miami era recurrir al mercado negro de divisas. Al cierre de octubre de 2016, mes en que se vencieron los envases de Sofosbuvir, se cotizaba en 1.501 bolívares. Habría tenido que pagar 1,5 millones de bolívares. Una suma inaccesible para los menguados bolsillos de cualquier ciudadano en un país en recesión: se hubiesen requerido 67 salarios mínimos de entonces para lograr la compra.

–Es imposible que compremos Ribavirina en el exterior. Somos personas de bajos recursos.

Así lo explicaba María en septiembre de 2016, un mes antes de que caducara el fármaco.

–Tratamos de hacerle ver al Ministerio que se va a perder el gasto que hicieron. ¿Es posible que teniendo un medicamento costosísimo corramos el riesgo de que se caduque porque no tenemos uno más barato, que antes jamás faltaba?

La Asociación Hepatitis C Venezuela ha crecido. Ahora son más de 65 los pacientes que integran esta iniciativa. A través de las redes sociales, hicieron una campaña para captar la atención de Dani Alves, estrella de la selección brasilera de fútbol y jugador de la Juventus de Italia, quien, como parte de un programa de responsabilidad social, había firmado un convenio con una de las farmacéuticas que produce la versión genérica de Sofosbuvir, para otorgar mil tratamientos a personas de Bolivia, Brasil y España.

Alves aceptó ayudar también a 50 pacientes venezolanos. Al conocer la crítica situación del país, accedió a ampliar el donativo a 300 tratamientos, que incluyen Sofosbuvir y algunos de los complementos. Una donación que es una victoria: la esperanza de curarse.

La única condición que Alves puso fue que la entrega se realizara mediante el Ministerio de Salud. En mensajes privados, Hepatitis C Venezuela le explicó al deportista que el gobierno no se ha mostrado interesado en recibir este tipo de ayudas humanitarias. La respuesta de Alves fue: “¿Pero cómo haré para ayudar? (…) Las ayudas no pueden ser de cualquier manera”. Más tarde escribió: “Estamos buscando la mejor manera, pues necesitamos que el gobierno libere el envío, no se puede, infelizmente, hacer de cualquier manera”.

Las conversaciones han continuado vía correo electrónico. La organización ha insistido en que el despacho sanitario dé a conocer los trámites necesarios, pero no ha obtenido respuestas claras. En una reunión a finales de octubre de 2016, les prometieron celeridad. De acuerdo con Rosalía Perazzo, médico hepatólogo, como se trata de un donativo, se debe esperar la autorización del Instituto Nacional de Higiene y el Ministerio de Salud. Pero nada concreto ha ocurrido. El donativo se ha quedado atascado en trámites burocráticos.

–Lo que pido es que acepten la ayuda que está ofreciendo el señor Alves. Lo que estamos viviendo nos llena de impotencia. Mi salud va empeorando. Me han aparecido nuevas patologías. Es desesperante – ha enfatizado Raquel Dugarte, otra de las pacientes.

El hígado –ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen tiene funciones claves dentro del cuerpo. “Filtra muchas sustancias, desintoxica el organismo, sintetiza las proteínas. Cuando alguien tiene hepatitis C, este órgano se comienza a deteriorar y no puede hacer su trabajo”, explica Perazzo.

La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay 150 millones de personas con hepatitis C. No hay forma precisa de saber cuántos son venezolanos, porque en la nación no existe un registro fidedigno. Las estimaciones de hospitales como el Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela señalan que serían unos 300 mil. Pero los especialistas creen que pueden ser muchos más. Porque, sostiene la doctora Perazzo, no fue sino hasta la década de los 90 cuando se comenzaron a aplicar pesquisas para descartar la sangre que contuviera el virus, apenas descubierto en los años 80. Haber recibido una transfusión antes de esa época es un factor de riesgo, pues la vía más frecuente de contagio es el contacto directo con sangre contaminada; y en menor medida, las relaciones sexuales.

Los afectados insisten en que el Estado cree un programa especial que garantice el tratamiento a cualquier venezolano contagiado. Por eso han protestado muchas veces:

–Una vez lo hicimos a las puertas de la Vicepresidencia de la República –recuerda María–. Como no querían escándalo, nos recibieron: nos dijeron que se comunicarían con nosotros, pero no sucedió. Lo único que nos falta es encadenarnos en las puertas para que nos den una respuesta.

En busca de respuestas, hace meses también lograron reunirse con Luisana Melo, quien entonces era ministra de Salud y afirmaba públicamente que las  fallas de fármacos de alto costo en el país han sido puntuales, y que la escasez no es de medicamentos sino de marcas comerciales. En aquel encuentro breve, los pacientes le explicaron lo que estaban viviendo. María recuerda que ella les respondió con los argumentos que usan los dirigentes políticos oficialistas: les dijo que hay una guerra económica que busca derrocar al presidente Nicolás Maduro, y que el país bebe el trago amargo de la caída de los precios del petróleo. Los puso en contacto con su asistente. Les indicó que enviaran por correo electrónico los informes médicos de los afectados. Les pidió paciencia.

Los pacientes salieron y cerraron la puerta.

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