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#MonitordeVíctimasCaracas | Pareja en situación de calle asesina a mecánico en Caracas
Ramsel Palma Tovar (23) falleció el pasado 1º de septiembre de 2023, tras ser herido, presuntamente con un picahielo, para ser despojado de su cartera, dinero, celular y zapatos, en la parroquia San Bernardino del municipio Libertador

@jheilyn_cermeno

Un joven fue asesinado por una pareja en situación de calle en la parroquia San Bernardino, municipio Libertador de Caracas. El crimen ocurrió el pasado viernes 1º de septiembre de 2023, en horas del mediodía, en el callejón Anauco.

Familiares identificaron a la víctima, en la morgue de Bello Monte, como Ramsel Palma Tovar, de 22 años. Relataron que los victimarios, un hombre y una mujer, lo interceptaron cuando se dirigía a su vivienda y lo atacaron por la espalda. 

Le propinaron múltiples heridas con un objeto punzocortante; presuntamente, un picahielo.

De acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Palma presentó heridas en el cuello y tórax; sufrió un shock hipovolémico. 

A Ramsel lo despojaron de su cartera, de algunos dólares, del celular y hasta de sus zapatos. 

Tras el crimen, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron un operativo de rastreo de los homicidas y lograron la aprehensión de un hombre, según aseguraron deudos del fallecido mientras realizaban los trámites para retirar y sepultar el cuerpo. 

Sobre la mujer, informaron que está en situación de fuga, pero dijeron que los agentes policiales le siguen la pista. 

Palma Tovar era conocido en la zona por sus labores como mecánico de motos y carros. Estaba residenciado en la Tercera Vuelta del Atlántico en Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas. Era el menor de cuatro hermanos. 

13 víctimas por arma blanca 

De acuerdo con los datos recopilados por el equipo de periodistas de Monitor de Víctimas, de enero a julio de este año (2023), se registraron 13 muertes en el Área Metropolitana de Caracas ejecutadas con armas blancas. 

 

UCV pide respetar integridad física John Álvarez, estudiante detenido por la PNB
A John Álvarez, estudiante de Antropología en la UCV, lo  arrestaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arbitrariamente el pasado miércoles 30 de agosto

 

La tarde de este domingo, 3 de septiembre, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), encabezadas por el rector, Víctor Rago, emitieron un comunicado para exigir que se garantice la integridad física del estudiante John Álvarez Peña, detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el Centro de Caracas.

Para la UCV, las circunstancias en las que arrestaron a Álvarez Peña no están del todo claras y no existe una información oficial por parte del Ministerio Público y su participación; al igual que advirtió que tampoco se sabe sobre su eventual presentación ante un Tribunal de Control por la supuesta comisión de delito alguno, algo que debía hacerse tras 48 horas.

En ese sentido, el rector y demás autoridades de la UCV creen que estas irregularidades presentadas «configura un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado competentes en la materia y sobre el respeto al debido proceso».

 

 

Por ello, exhortan a las autoridades a atenerse a lo que indica el estado de derecho y presentarlo ante los juzgados, si cometió delito alguno, o dejarlo en libertad si no se le imputa alguna acción.

Los familiares de Álvarez, quien también forma parte de la Comisión de Usuarios del Comedor Universitario, denunciaron que no sabían nada del joven desde el miércoles hasta la tarde del jueves, cuando se enteraron de su detención y reclusión en la sede de la PNB ubicada en Los Chaguaramos.

La información difundida por la ONG Provea a través de su cuenta en X, detalla que Álvarez fue detenido en las inmediaciones del centro de Caracas, y que el viernes 1º de septiembre fue presentado ante el Tribunal 13º de Terrorismo.

Oenegés piden la liberación del estudiante

Distintas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil se han expresado a través de las redes sociales para exigir que el estudiante de Antropología sea liberado.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos en compañía de la madre del estudiante exigieron la liberación del estudiante.

La ONG Provea y docentes universitarios exigen la liberación inmediata del estudiante John Álvarez.

Amnistía Internacional también denunció la detención de Álvarez y exigió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

 
Autoridades reaccionan ante reportaje que revela red de extorsión policial en la Cota 905
Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la GNB que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar 

 

La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905, publicada el pasado 8 de agosto por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, generó reacciones en autoridades del Gobierno nacional.

Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar. Una fuente aseguró a El Pitazo que al solicitar su retirada, se mencionó el trabajo periodístico y un oficial les aseguró a los funcionarios que “la GNB no fue mencionada en el escrito”.

Ahora el resguardo de la comunidad sólo depende de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo señalado por los habitantes de gestionar una red de extorsión contra la comunidad, tal y como se reseñó en la investigación.

Las ocho alcabalas que usan policías para cometer las extorsiones, según denunciaron habitantes de la Cota 905, se mantenían en los mismos puntos hasta l jueves 17 de agosto. Un vecino, quien pidió el resguardo de su identidad, aseguró que tres días después de la publicación ingresó al sector Las Cumbres un contingente de motorizados de la PNB que repartieron juguetes a niños y compartieron en un plan vacacional.

Esta actividad a la que se refirió el habitante fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien llegó al lugar junto a Rubén Santiago, director de la PNB.

El viceministro aseguró que en dicho evento “300 funcionarios de este cuerpo de seguridad se desplegaron para realizar actividades formativas, culturales y deportivas”. En las fotografías difundidas se observan a uniformados de la PNB preparando perros calientes, coloreando y jugando con niños de la comunidad. Esta actividad fue replicada en las cuentas de Twitter de la PNB, del Cicpc y de policías estatales y municipales.

La Cota 905 fue tendencia en Venezuela a través de las redes sociales debido a la difusión del trabajo que evidenció el patrón extorsivo que aplican uniformados de la policía contra vecinos y visitantes. El reportaje fue replicado por medios de comunicación nacionales e internacionales.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, republicó desde su cuenta de Twitter un comentario escrito por un periodista de Venezolana de Televisión (VTV), que aseguró que la investigación se trataba de un “fake”. “Cada vez que hay una campaña electoral, la oposición busca desempolvar el libreto de la Cota 905”, escribió.

Luego de que el ministro republicara esta crítica al reportaje en sus redes sociales, le siguieron autoridades como Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas y varias cuentas oficiales de diferentes cuerpos policiales.

El 13 de agosto, otra periodista del canal del Estado, conductora del programa 360 en directo, colgó en su Twitter un video mientras iba de parrillera en una moto conducida por un funcionario de la PBN. Estaban en un recorrido por el sector y anunció que próximamente difundirá un trabajo especial desde la Cota 905.

674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad
A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

«La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado», señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

#MonitordeVíctimasCaracas | Familiares denuncian presunta ejecución de un carnicero a manos de la PNB en El Valle
Las hermanas de Jhoan Antonio García Materano aseguran que al hombre de 29 años lo sacaron de su casa, en medio de un operativo policial, y lo asesinaron en la calle. Simularon un enfrentamiento aunque estaba esposado. También la PNB fue acusada de matar seis días antes a Freider Oliyeiker Ben Puerta, en similares condiciones en Caricuao

@carlos_dhoy

Jhoan Antonio García Materano, de 29 años, padre de tres hijos, el menor de ellos de seis meses de edad, fue asesinado presuntamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la noche del pasado martes 16 de mayo de 2023. Estaba en su vivienda, en el sector Calderón de El Valle, cuando fue detenido.

A las 9:00 de la noche, funcionarios de la PNB allanaron su vivienda y se lo llevaron. Varias cuadras más adelante, en la calle 19 de Abril, los policías simularon un enfrentamiento, pero estaba esposado. Le dieron un tiro en la cabeza, luego de obligar a los vecinos del sector a encerrarse y a apagar las luces de sus casas.

Zenaida y Sonia Materano, hermanas de Jhoan García, señalaron que los PNB buscaban a otro sujeto con el mismo apellido. “A este lo identificaban bajo el alias de ´el Hamburguesa´, pero él murió hace un tiempo a manos de la misma policía que terminó matando a Jhoan”, afirmaron los familiares de la víctima.

“Los policías ni siquiera sabían a quién estaban buscando y terminaron matando a un inocente”, sentenciaron.  Recordaron que aunque su hermano tuvo algunos problemas con la justicia cuando era joven, pagó por ello, estuvo preso y purgó su pena.

“Salió y dejó atrás esos problemas, se dedicó a trabajar de carnicero, que era lo que siembre había hecho. No se metía en problemas ni nada. Estaba dedicado a sus hijos y a su familia”, señaló Zenaida Materano.

La muerte de Jhoan Antonio García Materano ocurrió durante un operativo policial de la PNB en El Valle, en el que buscaban a presuntos integrantes de la banda del fallecido “loco Leo”, quienes habrían regresado a la zona.

Similitud en modus operandi

El caso de la muerte de Jhoan García se asemeja al asesinato de Freider Oliyeiker Ben Puerta, un hombre que también estuvo preso y quien fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuando viajaba en un autobús para comprar unos medicamentos.

El caso de Ben Puerta ocurrió cuando se dirigía a Caricuao, a reunirse con su hermano, quien le prestaría dinero para comprar un medicamento que le habían recetado a su hijo.

El niño estaba recluido con un ataque de asma en la emergencia pediátrica del hospital Miguel Pérez Carreño.

María Rondón, hermana de Ben Puerta, señaló que él iba en un autobús, el pasado 10 de mayo de 2023, cuando una comisión de la PNB lo detuvo y se lo llevó a la sede de ese organismo en Caricuao. Luego, lo trasladaron hasta el barrio La Ceibita, “donde simularon un enfrentamiento”, aseguró.

Agregó que horas más tarde, los funcionarios realizaron un allanamiento en su casa y se llevaron preso a su otro hermano. “En esta oportunidad, nos movimos y logramos que fuese liberado. Resulta que mi hermano estuvo en el mismo calabozo, en el que habían metido preso a Freider, y allí encontró el récipe que le habían dado para comprar las medicinas de su hijo y que tenía cuando lo detuvieron”.

En ambos casos, los familiares de los fallecidos hicieron un llamado al Ministerio Público para que los investigue, porque aseguran que “están matando a gente inocente”.

Muertes a manos de la policía

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas en la Morgue de Bello Monte, casi un tercio de las víctimas de la violencia en Caracas cayó a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana desde 2017. Se trata de 1.115 personas del total de 4.871 fallecidos en el período comprendido entre mayo de 2017 y abril de 2023.

Del total de víctimas, 678 murieron en casos de presuntas ejecuciones policiales, lo que equivale a más del 60% de los fallecidos. Mientras que 32% restante murió en casos definidos por las autoridades como resistencias a la autoridad, hoy denominadas por ellos mismos como “intervenciones policiales”.

Otro dato importante es que casi la mitad de las personas que murieron a manos de la PNB, 529, no estaba armadas al momento del hecho. En 315 de los casos se desconoce si portaban armas y en 263 casos, que representan el 23%, los fallecidos sí estaban armados.

 

“En las calles por un salario digno”: Trabajadores y  profesores de la UCV tomaron la autopista Francisco Fajardo
El próximo 16 de enero trabajadores y profesores de la UCV marcharán hasta la sede del Ministerio de Educación en Caracas

 

Este jueves, 12 de enero, trabajadores y profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) tomaron la autopista Francisco Fajardo para exigir mejoras salariales y mejores condiciones laborales. 

Según reportes en redes sociales, la marcha inició en la casa de estudios y continuó hasta la autopista. 

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, señaló que el próximo 16 de enero marcharán hasta la sede del Ministerio de Educación en Caracas.

“Seguimos en la lucha por las reivindicaciones de todos los trabajadores. Esta lucha nos mantiene unidos”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, Yonnathan Carrillo.

PNB impidió el paso 

Carrillo informó que luego de que la movilización llegara a la autopista, con la intención de llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió el avance de la concentración. 

Denuncian a PNB de asesinar a un joven herido en otra balacera

Inés Acuña cuenta que al único hijo que le quedaba vivo lo hirieron de bala el pasado 23 de septiembre de 2022, mientras ella celebraba su cumpleaños. Madre e hijo se habían trasladado desde su residencia en Caucagua, en el municipio Acevedo de Miranda, hasta la casa de la abuela en el barrio Caballo Mocho, de Filas de Mariche, en Caracas, para hacer la reunión familiar que quedaría marcada por una balacera. Cinco días después, sin embargo, ocurriría algo peor.

Eran las 7:00 pm cuando Valentín Alberto Cárdenas Acuña, de 23 años, le acababa de llevar la torta a su madre y había salido nuevamente a comprar los refrescos de la fiesta. Pero esa noche, un enfrentamiento entre bandas y la policía truncó el convite cuando el joven quedó en medio del fuego cruzado. Una bala le impactó una pierna y le rozó los testículos y otra entró por su cadera y se alojó cerca del colón.

Cárdenas Acuña fue llevado al Hospital Dr. Domingo Luciani, en El Llanito, y al día siguiente lo dieron de alta, pero tenía una bala dentro de su cuerpo. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entregaron documentos a la familia que comprobaban que el muchacho quedó en medio de la línea de fuego, que no había participado en el enfrentamiento, y recomendaron que lo llevaran al departamento de Medicina Legal en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Bello Monte, para que lo examinaran y para que denunciaran el hecho. 

Este último paso lo cumplieron la mañana del martes 27 de septiembre y confirmaron que necesitaba una cirugía. Cuando volvieron a casa, Cárdenas Acuña comenzó a vomitar. La bala que había quedado cerca del colon se la debían sacar pronto. No podía caminar.

PNB fueron por él

Desde que lo hirieron, el joven se había quedado en la casa de su padre, en la calle Juan XXIII de La Dolorita, y allí estaba el miércoles 28, cuando se preparaba para hacerse una ecografía en una pequeña clínica de La Florida. Eran las 7:00 am, cuando los golpes hicieron retumbar la puerta de la vivienda. Miembros de la División Contra La Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (DCDO-CPNB) tenían rodeada la casa.

Una tía de Cárdenas Acuña se acercó a la salida y, al abrir, la empujaron y le lastimaron un brazo. Funcionarios de la Policía Nacional irrumpieron en la casa para revisar sin orden de allanamiento. Se abrían paso con violencia y amenazas. Cuando vieron al joven sentado sobre su cama, sin poder moverse por las heridas de bala, comenzaron a hacer preguntas: qué le había pasado, por qué no podía moverse, por qué no estaba internado.

La madre de Cárdenas Acuña empezó a contar la historia y a mostrar los documentos que exculpaban a su hijo de estar vinculado con la balacera. Pero de nada sirvió. Los uniformados resolvieron llevar detenidos a los padres del muchacho y a su tía. Los recluyeron en la sede de la PNB hasta las 2:00 pm y luego los trasladaron hasta Filas de Mariche para liberarlos. El muchacho se quedó solo en casa.

El camino de regreso lo hicieron a pie. Cuando llegaron, todo estaba desordenado. Se habían llevado todos los objetos de valor, dinero en efectivo y hasta comida. Cárdenas Acuña tampoco estaba, pero las sábanas de su cama tenían sangre, la pared estaba salpicada y todo estaba roto. En otras partes de la casa había balas incrustadas. A esa hora, el joven estaba en el Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, muerto. Hasta allá lo llevaron los policías junto a otros dos vecinos que también murieron.

La reconstrucción que los vecinos hicieron del hecho es confusa: algunos dicen que lo sacaron vivo de su casa, y otros aseguran que ya estaba muerto. Otros más cuentan que los policías se habían ido de la vivienda y luego volvieron con la hermana de uno de los presuntos delincuentes que murió en la balacera en la que hirieron a Cárdenas Acuña, la semana anterior. 

La madre del joven temblaba de impotencia mientras hacía el recuento de lo sucedido. Acababa de lograr que no lo enterraran arbitrariamente con el resto de los hombres que la PNB mató ese día, durante un operativo que se extendió por barrios de Petare, La Dolorita y Filas de Mariche. Pero no pudo convencer a las autoridades para que le dejaran velar el cuerpo y despedirlo. Los policías aseguraron que murió mientras se les enfrentaba, aunque las heridas ni siquiera lo dejaban caminar. También dijeron que era integrante de las bandas de alias «Wilexis” y “Cheo”.

Cárdenas Acuña era buhonero. Vendía caramelos en Caucagua y así mantenía a su hija de 3 años. Era el menor de tres hermanos, aunque el único vivo. Hace 16 años, mataron a uno de ellos para robarlo y hace 6 asesinaron a otro en medio de una discusión. 

El joven es una de las 13 víctimas que, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, dejó el operativo que la PNB emprendió durante días en varios barrios de tres parroquias del municipio Sucre. Hasta agosto de 2022, 17 personas habían muerto por ejecución extrajudicial en esas zonas.

@loremelendez

PNB mató a joven dentro de su propio conuco en Ojo de Agua

Cada día, Rubén Cardozo recorría más de 14 kilómetros para ir a trabajar. Salía desde su casa en el barrio Ojo de Agua, en Baruta, rumbo a Chacaíto, donde abordaba un autobús para cubrir como colector la ruta que sigue hasta El Valle. Extenuado, volvía a su residencia a las 8:00 pm. Esa rutina se rompió la tarde del domingo, 18 de septiembre de 2022, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo balearon dentro de su casa en medio de un operativo que, según testigos, dejó varios muertos.

«Él era un muchacho que trabajaba mucho y hasta tenía su conuco. Fue allí donde lo mataron», afirmó un familiar en la morgue de Bello Monte, antes de retirar el cadáver. Aseguró que no estaba armado, pese a que los uniformados insistieron en que se trató de un enfrentamiento.

Cardozo, de 25 años, era el sostén de su casa, donde vivía con su madre y su abuela de 105 años. Era el mayor de tres hermanos. El del medio murió hace años en un accidente de tránsito y la menor vive fuera del país. Por eso, el joven era imprescindible a la hora de pagar las cuentas del hogar. Con su conuco abastecía a la familia de algunas verduras.

Entre enero y agosto de 2022, por lo menos, siete personas fueron víctimas de homicidio en Baruta.

@loremelendez