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Las FAES asesinaron a 158 personas entre enero y marzo
Desde el 1° de enero al 31 de marzo funcionarios de las Faes mataron a 158 personas a nivel nacional, el reporte fue dado este 19 de mayo por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos del gobierno de Juan Guaidó
Los estados donde hubo más ejecuciones extrajudiciales fueron Lara, Zulia y Aragua

 

Los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron en el primer trimestre de este año a 158 personas, informó la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.

En la presentación del informe titulado “Letalidad e Impunidad: Balance de las Actuaciones Ilegales Ejecutadas por las Faes en el Primer Trimestre del año 2020”, Humberto Prado, Comisionado para los DDHH, detalló que desde 2017, año en que fueron creada las Faes se ha desempeñado como «grupo de exterminio a beneficio del régimen, dedicado a la constante violación del derecho a la vida, la libertad personal y de expresión de los venezolanos”.

Humberto Prado explicó que en todas las muertes donde intervinieron las Faes en lo que va de 2020, tuvieron el mismo patrón. “Las víctimas son buscadas y sorprendidas en sus casas, los golpean fuertemente y los ejecutan con un disparo en el tórax, luego los funcionarios alteran la escena del crimen para simular que se trató de un enfrentamiento, se retiran con objetos de valor del lugar y describen el caso como resistencia a la autoridad en las minutas policiales.

Según datos del informe presentado por Prado, los estados de Venezuela donde se han registrado más ejecuciones extrajudiciales han sido: Lara, con 38; Zulia, con 18 y Aragua con 16 víctimas. En Distrito Capital, Miranda, Táchira y Lara fueron las entidades donde se contabilizó mayor cantidad de detenciones arbitrarias, el 67% de estas se produjo en el mes de marzo, fecha en que se decretó el estado de alarma para evitar la propagación del COVID-19.

El comisionado además indicó que las Faes de enero a marzo también hostigaron a siete personas y realizaron 16 allanamientos arbitrarios, de ellos, el 44% se practicaron en el desarrollo de una ejecución extrajudicial, el 37% en el contexto de una detención arbitraria y el 19% restante con la finalidad de intimidar y amedrentar a las víctimas.

La Comisión informó que el documento fue enviado a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) y demás instancias internacionales.

*Con información de El Pitazo

Policía Nacional Bolivariana libera a dirigente político en Apure
Robert Arjona, dirigente político del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) habría sido apresado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la noche del 18 de abril. 

De manera violenta y “sin ningún alegato”, Robert Arjona fue obligado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana a subir a una patrulla en la urbanización Los Cedros, en el municipio San Fernando del estado Apure la noche del sábado 18 de abril. 

Posteriormente, el dirigente político fue liberado este domingo 19 de abril, según lo informado por el MDI. 

«Informamos que el compañero Robert Arjona fue liberado, luego de haber sido ruleteado por varias horas y víctima de los insultos y amenazas de los funcionarios de la PNB», escribió el partido político en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la denuncia del MDI, Arjona fue obligado por los efectivos policiales a subir a una patrulla «de manera violenta sin ningún alegato, mientras lo insultaban: ¡Cállate la boca, lacra!»

«Rechazamos esta nueva acción del régimen que atenta contra la seguridad e integridad de quienes luchan por la democracia», señaló el MDI en un tuit.

Rober Arjona también es profesor universitario de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora.

Con información de: Punto de Corte. 

Inti Rodríguez: Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado
El coordinador de investigación de la ONG Provea explicó que los perseguidos políticos y sus familiares no son las únicas víctimas de torturas, también quienes están presos por delitos comunes

 

Las masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela son muy dramáticas, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja. Las víctimas de abusos no tienen adónde acudir, pues el Estado no les brinda ayuda.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la impunidad favorece estas acciones, porque protege a los perpetradores y se convierte en un aliento para nuevos abusos. Los cuerpos policiales cometen gran parte de los atropellos.

El 14 de julio de 2017 el presidente Nicolás Maduro presentó oficialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas han liderado las masacres en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– en 2019 fue el cuerpo policial que actuó en más casos: 233, solo en los cinco municipios de Caracas. Investigaciones de Provea aseguran que entre cinco y nueve personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en promedio, por cada operativo que ejecutan.

El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Rodríguez explicó que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, también son líderes en las violaciones de los derechos humanos cuando toman las comunidades.

Su intención es afianzar el mecanismo de control social de Maduro. Cometen allanamientos ilegales, hurtos y robos, destrozos en las viviendas, amenazas, agresiones físicas y un repertorio represivo que genera terror en la población, dijo.

Provea calcula que en dos años, desde la creación de las FAES, pasaron de 150 funcionarios a un aproximado de 2000. El financiamiento del Estado no ha disminuido y más bien los dotan de equipos. 

—¿Qué mensaje pretende llevar el gobierno de Maduro con la actuación de las FAES?

—Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado. Con sus actuaciones están mandando un mensaje de castigo a toda la población, no únicamente a la disidencia política. Cometen un amplio repertorio de abusos contra los derechos humanos y tienen un poder enorme que les garantiza fidelidad al proyecto político de Maduro. Ellos ingresan encapuchados a una comunidad, allanan viviendas, roban y hacen los que le da la gana.

—¿Por qué es precisamente este cuerpo policial y no otro el que emplean para el terrorismo de Estado?

—Las FAES no son el único cuerpo que comete violaciones de los derechos humanos. Pero sí la integran muchos colectivos, como lo comprobamos en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. El gobierno de Maduro tiene control directo de las FAES, lo que no sucede del todo con la Dgcim y el Sebin.

—Además de los operativos policiales, ¿qué otras acciones son parte del terrorismo de Estado?

—Como fueron creadas con exclusividad para el Gobierno, también reprimen manifestaciones y no solo eso, persiguen a quienes protestan para enviar el mensaje de dominio. Buscan recuperar el control de zonas y la estructura criminal. Sucedió con las protestas en Petare (2019), que ellos no solo reprimieron con toda su fuerza, sino que también mostraron simbólicamente que Petare no se puede sublevar. El allanamiento que hubo en los edificios Los Verdes, en El Paraíso, es otro ejemplo. Ahí castigaron a todos los manifestantes, mataron a un perro, dentro de una casa y enviaron el mensaje a todos los vecinos porque los castigaron de tal forma que entraron a la vivienda y al núcleo familiar.

—¿La tortura, como parte del terrorismo, ahora va en contra de familiares y mascotas de los perseguidos políticos?

—Parte del terrorismo de Estado también es emplear el secuestro, el chantaje y la extorsión para doblegar al principal objetivo. Exterminar al enemigo no solo implica aniquilación física, sino su aniquilación emocional. Si no se puede contra ellos porque algunos salieron del país, entonces van contra la familia o las mascotas. 

—¿La tortura la viven solo los políticos y sus familiares?

—No. En las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad allanan las viviendas, las roban, amenazan a los familiares, matan a los hijos en frente de ellos y los vuelven a amenazar si denuncian. 

“En 2019 Provea documentó 574 casos de tortura en un contexto en el cual la gente no denuncia porque en algún nivel la tortura ya se normalizó. El Cicpc es el cuerpo que más casos tiene, la mayoría ocurrieron en calabozos y están vinculados a la comisión de delitos comunes. 

“El segundo grupo de torturados son los militares y es por dos objetivos: uno, para detener a quienes supuestamente están conspirando, y dos, enviar un mensaje para que el resto no se atreva. Es decir, el mensaje es que ellos mataron a un capitán de corbeta y a un concejal y no pasó nada”, subrayó.

 

 

PNB allanó sede de ONG Prepara Familia: Efectivos intentaron decomisar material médico
Los funcionarios habrían amenazado con llevar detenida a la directora de la organización sin fines de lucro, Katherine Martínez, reconocida activista por la defensa de los niños, niñas y adolescentes

La Organización No Gubernamental Prepara Familia, denunció este martes un allanamiento ilegal por parte de los organismos de seguridad del Estado a su centro de acopio de medicinas.

De acuerdo con información publicada en las redes sociales, efectivos policiales ingresaron a la a la sede de la organización sin orden judicial e intentaron “decomisar” los insumos que son entregados a los niños y adolescentes recluidos en el mayor centro asistencial del país: JM de los Ríos.

De la misma manera, denunciaron que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) amenazó con llevar detenida a la directora de la organización sin fines de lucro, Katherine Martínez, quien es una reconocida activista por la defensa de los niños, niñas y adolescentes.

Dicha acción, guarda relación con lo ocurrido el pasado domingo en el mismo lugar, donde un grupo de personas violentaron las cerraduras de la cede para tratar de hacerse de los insumos médicos. “Sabemos que esas personas volvieron esta tarde”, denunció Martínez.

La representante de la organización informó que la policía realizó un arqueo de la sede y que manifestaron “tener orden” de llevar todo lo que se encontraba en el edificio por unas presuntas denuncias que recibieron.

“Dijeron que ellos tenían unas denuncias de que había medicamentos, fórmulas y otro tipo de materiales e insumos que no tenían respaldo y nosotros les dimos las explicaciones pertinentes”, explicó Martínez.

Asimismo, la vocera de Prepara Familia indicó que recibió la alerta por parte de los vecinos de la comunidad, quienes le manifestaron que la situación que estaba ocurriendo en el lugar.

“Los vecinos nos avisaron que las personas que intentaron invadir nuestra sede el pasado domingo estuvieron presentes acá con la policía”, dijo.

Otras ONG, que denunciaron el allanamiento ilegal, pidieron al régimen venezolano “cesar con las arbitrariedades”, por lo que señalaron al gobierno de Nicolás Maduro como único responsable de lo que pudiese ocurrirle al personal de Prepara Familia.

Prepara Familia, es una ONG encargada de velar por los derechos de los pacientes y los cuidadores de lo que sería el centro de salud infantil más importante del país.

El pasado 22 de marzo, su directora, Katherine Martínez, fue galardonada por la embajada de Canadá y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el Premio de Derechos Humanos de la Embajada.

La trabajadora social recibió este premio por su decidido y dedicado trabajo para visibilizar las condiciones, necesidades y defender los derechos, desde hace más de 10 años, de los niños y adolescentes pacientes, y familiares del Hospital J.M. de los Ríos.

La diputada Adriana Pichardo notificó vía Twitter que este domingo a las 5:00 pm se inició la audiencia de presentación del parlamentario Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas en el Tribunal 49 de control, pero no se le permitió la entrada a sus abogados.

El también diputado Winston Flores condenó esta actuación tras afirmar que Caro “está ilegalmente detenido” y afirmó que “siguen las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”. A juicio de Flores estas detenciones forman parte de la Operación Alacrán y “buscan disminuir a la Asamblea Nacional”.

Flores explicó que la Operación Alacrán tiene dos fases: la primera es la compra de diputados por hasta un millón de dólares y, si esta no funcionaba, la segunda consiste en la persecución y el amedrentamiento.

Igualmente, los diputados de oposición alertan a la comunidad internacional por lo que ellos consideran es una “nueva oleada de persecución contra los diputados que no se dejaron comprar por el régimen de Maduro”.

Esta es la tercera vez que el régimen de Nicolás Maduro detiene al diputado Gilber Caro. El viernes fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Ugas fue detenido el 13 de octubre de 2014 en Carúpano, estado Sucre al ser señalado como el responsable de publicar una serie de fotos del cadáver del ex diputado Robert Serra en la Morgue de Bello Monte. Ugas permaneció recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) hasta enero de 2018.

En horas de la noche del miércoles 27 de noviembre un intento de secuestro escaló a un tiroteo en la entrada de la Cota 905.  De acuerdo a la información de cuerpos de seguridad, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) persiguieron a los secuestradores hasta El Pinar, la entrada de la popular barriada de Caracas, conocida como una “zona de paz”.

El tiroteo comenzó en la autopista Francisco Fajardo, pues los presuntos secuestradores se dirigían hacia Antímano (oeste de Caracas). En la persecución se involucraron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En el enfrentamiento resultó herido de bala el coronel Rubén Santiago, subdirector de la PNB, según información de El Pitazo. En la Cota 905 también se desarrolló otro enfrentamiento porque también se intentó frustrar otro secuestro, mientras que cerca del Jardín Botánico también se conoció que hubo otro intercambio de disparos. Hasta el momento se desconoce si hubo o no civiles heridos.

“La Cota”, como le dicen sus habitantes, es una “zona de paz”, un espacio convenido entre el gobierno chavista y bandas criminales armadas desde 2013 para impulsar un proceso de desarme y reinserción social.

Esta zona forma parte de las zonas de paz desde agosto de 2017, luego de un acuerdo entre los habitantes del barrio y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El acuerdo estableció que los cuerpos policiales no pueden entrar al sector, a cambio de que los delincuentes no asesinaran a policías.

Este año se han suscitado varios tiroteos en la Cota 905 entre integrantes de la megabanda de “El Coqui”, como se le conoce al “pran” de la zona, y funcionarios de varios cuerpos de seguridad. El enfrentamiento más fuerte se suscitó a finales de julio, lo que dejó en evidencia las limitaciones de la Policía, el Cicpc y la FAES para enfrentar la delincuencia en el país.

[VDEOS] Protestan en la avenida Libertador ante llamado de Guaidó a las calles
De acuerdo con reportes de tuiteros, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana dispersaron con gas pimienta a ciudadanos que estaban protestando

Un grupo de manifestantes trancó este 18 de noviembre la avenida Libertador de Caracas para manifestar en apoyo a las movilizaciones convocadas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Los ciudadanos caminaron, con pancartas en mano y gritando consignas, desde la plaza Brion de Chacaíto hasta la avenida Libertador, pidiendo “el cese de la usurpación” y una salida a la grave crisis que se vive en el país.

De acuerdo con reportes de tuiteros, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana dispersaron con gas pimienta a ciudadanos que estaban protestando.

La periodista Raylí Luján reportó vía Twitter que funcionarios intentaron llevarse detenidos a unos manifestantes y que golpearon y empujaron a unas mujeres.

Presumen la participación de los hombres en actos violentos registrados en la nación en dos ciudades bolivianas

El gobierno interino de Bolivia informó sobre la detención de nueve venezolanos con carnet del Psuv, botas militares e insignias de la Policía Nacional Bolivariana. Los aprehendidos fueron presentados este viernes 15 de noviembre.

«Una vez verificada su identidad, se ha corroborado que son ciudadanos venezolanos. Los nombres corresponden a Julio César Ramos, Wilfredo José Toro, Diego Solórzano, Alberto Oramas, Dimas Antonio Ledezma, Pedro Antonio Colina, Orlando García, Edgar Cecilio Lecumberre y Jhon Mendez», detallaron las autoridades bolivianas.

En la requisa que se les hizo también encontraron unos microchips, en los cuales estaban archivadas imágenes de personas con armas de fuego.

Tras la detención y lo encontrado en las pertenencias de los nueve venezolanos, el Gobierno interino de Bolivia presume la participación de los hombres en actos violentos registrados en la nación, específicamente en dos ciudades bolivianas.

Los detenidos serán pasados a las Fuerzas de Lucha Especial contra el Crimen de Bolivia para que se realice la investigación preliminar y se proceda a juzgarlos de acuerdo a las leyes penales de esa nación.