Los bajos salarios y las desigualdades en los ingresos señalan como poco atractiva la carrera policial y conducen a la falta de compromiso y satisfacción laboral, lo que puede asociarse con bajo nivel de desempeño y prácticas deshonestas, explica Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. “En el año 2006, el salario de los policías venezolanos apenas superaba el sueldo mínimo en los rangos más bajos: entre US$200 y US$250.”
Los datos recopilados por la plataforma Monitor de Víctimas identifican a la policía como el segundo victimario en los homicidios que suceden en Caracas: 48% de los casos se deben a ejecuciones y resistencia a la autoridad en 16 meses de recolección de datos. Cuando escuchamos el testimonio de familiares de víctimas de la violencia del Estado pareciera que los funcionarios perciben que el costo de cometer un crimen es cercano a cero. Después de México y Perú, quienes tienen un índice de 69% de impunidad, Venezuela figura como el tercer país con los porcentajes más altos en América Latina con 67%. A escala mundial ocupa el sexto lugar.
Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia los cuerpos policiales. Según Encovi (2018) 65% de la población desconfía del trabajo de la fuerza pública. Por otro lado, las políticas de seguridad ciudadana se han simplificado en operativos de “mano dura” y el Estado se ha olvidado de ofrecer beneficios económicos y sociales a los funcionarios. Esto los lleva a alejarse cada vez más de su labor de prevenir y combatir el delito para, precisamente, incurrir en estos. El gobierno venezolano también ha hecho a un lado las políticas básicas para lograr la reducción de homicidios: intervención de espacios públicos, inclusión de la ciudadanía, inversión en programas sociales para la prevención de la violencia, y otros.
Políticas para revertir la realidad
En abril de 2018, el medio digital Efecto Cocuyo señaló mediante una investigación que el sueldo de un comisionado de la Policía del municipio Sucre (estado Miranda), con 20 años de carrera policial, un posgrado y una maestría, no superaba los 25 bolívares soberanos (esto era, aproximadamente US$4, que equivalía al precio de medio pollo y un cartón de huevos para la fecha). Es por ello que en muchos casos los funcionarios recurren a prácticas ilegales conocidas como “matraqueo” o prefieren hacer labores como escolta y seguridad privada, dado que no existen los incentivos salariales para permanecer en los cuerpos de seguridad del Estado.
En este contexto se debe incluir la destrucción institucional de la Fiscalía y el sistema judicial, todo esto sumado al debilitamiento de la sociedad civil y su capacidad para hacer contraloría a las acciones de la fuerza pública.
Ante esta realidad, ¿es posible crear políticas públicas viables para revertir el deterioro institucional de la Policía? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, que concentra 1% de los homicidios a escala mundial. Entre 2007 y 2013 se llevó a cabo el proyecto Pacto por la Vida, con el cual lograron reducir el número de muertes violentas en 40%, de 4.592 a 3.101.
El programa Pacto por la vida fue creado bajo el mandato del exgobernador brasileño Eduardo Campos, con asesoría del doctor en Sociología José Luiz Ratton. El proyecto se enfocó en la reducción de los homicidios por medio de incentivos económicos a los funcionarios con el objetivo de transformar su actuación. El componente más importante era trabajar en la investigación de los casos, para así aumentar el costo de cometer un crimen.
Luego de diagnosticar el problema, los especialistas hicieron foros en los que se incluyó a la ciudadanía y a distintos movimientos afectados por la violencia. Sus solicitudes se convirtieron en metas; esta fue una característica clave en el modelo.
Sobre esta experiencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que las reuniones periódicas con las autoridades y el seguimiento de los objetivos fueron vitales para el proyecto. Por ejemplo, cuando los datos registraban retrasos en las metas, los funcionarios debían dar explicaciones sobre los inconvenientes que lo habían causado. Por cada objetivo principal se evaluaban metas financieras y se establecían sistemas de pago por desempeño, de forma que los salarios de los cuerpos policiales aumentaron significativamente. El BID señala que el gasto en personal creció en 29% en términos reales entre 2008 y 2013.
Prevenir los homicidios
Uno de los éxitos de Pacto por la Vida fue la reducción de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues al crearse las bonificaciones los funcionarios se enfocaron en investigar los casos y dejaron de cometer asesinatos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las características de la violencia en Brasil y el no haber trabajado en la prevención de los homicidios afectó la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Por ejemplo, los funcionarios alteraban los datos moviendo de lugar los cadáveres para que la muerte perteneciera a otra área, y así cumplir con los objetivos de reducción planteados en la planificación.
Otra de las fallas fue la creación de un nuevo bono por la incautación de drogas en 2012. Esto generó un cambio en las motivaciones de los agentes, ya que incautar droga y localizar a los vendedores resultaba una actividad más fácil y rentable que investigar los homicidios. El nuevo incentivo desvió los esfuerzos de los funcionarios por reducir los homicidios dando como resultado el aumento de la violencia.
Las características de la violencia en Brasil actualmente siguen siendo similares a Venezuela. En ambos países las armas de fuego son incautadas pero no destruidas. Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó para Monitor de Víctimas que las armas decomisadas en Venezuela entran en custodia pero luego regresan a manos de los grupos violentos, reinician su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. Luiz Ratton, durante una visita a Venezuela, contó que en Brasil algunas veces un arma se denuncia como robada cuando en realidad fue vendida, incluso, en ocasiones son alquiladas.
Hoy Brasil ocupa los primeros lugares de violencia en el mundo con 12% de homicidios. Pernambuco aumentó su número de muertes a 5.030, una vez se abandonó el programa Pacto por la Vida. Los expertos aseguran que en este tipo de proyectos deben incluir políticas públicas de prevención de homicidios según las diferentes áreas: violencia de género, grupos LGBT, tráfico de drogas, entre otros.
Desde Caracas Mi Convive consideramos que el ejemplo de Pernambuco es aplicable para el Área Metropolitana de Caracas, tomando en cuenta algunas similitudes que puedan tener y las correcciones y adaptaciones que ameriten. La deplorable situación y las condiciones en las que trabajan los funcionarios policiales obligan a definir un programa extenso de atención inmediata para este gremio, que incluya mejores salarios, dotación de recursos y equipos, y fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales.
Es importante resaltar que para poder ejecutarlo con éxito se debe contar con una economía estable y crear una relación de confianza entre los funcionarios y los ciudadanos. La reducción de homicidios en el país depende de una reforma en las fuerzas de seguridad pública del Estado y que sea abordado como un tema prioritario para el Ejecutivo. Se debe contar con un compromiso de continuidad política entre las gestiones gubernamentales para su sostenibilidad y efectividad en el tiempo, así como la voluntad para hacerlo de manera sensata y despolitizada. La ciudadanía será fundamental para consolidar una solución consensuada e inclusiva, y al contar con un sistema policial sólido y legitimado se podrá enfrentar la violencia que vive Venezuela.
