Tras varios años a la cabeza de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción dejaron tras de sí la pérdida de beneficios laborales, empleados desincorporados injustificadamente y un hospital cuyas «cuantiosos» gastos no se reflejan en su estructura
@Luciapietf
Para los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas en Ciudad Guayana, estado Bolívar, no resultaron sorpresivas las detenciones por corrupción de la cúpula que dirigía la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en abril pasado. Pero más allá de estos delitos, están las constantes violaciones a los derechos laborales que sufrieron los empleados de la compañía del Estado desde 2018, cuando Pedro Maldonado y sus gerentes asumieron el control de la misma.
Noel Hernández es testigo directo de esas violaciones. Tenía 28 años de carrera en la empresa estadal cuando comenzó una persecución que lo llevó a huir del país. Ocupó el cargo de director laboral de la CVG, fue miembro fundador y secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG) y, posteriormente, secretario de Prensa y Propaganda de la misma organización.
Asumió la coordinación general de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) cuando el sindicalista y secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González – que ocupaba el puesto originalmente- fue encarcelado injustamente.
En 2018, a Hernández le fue abierto un expediente por presunta injuria contra el presidente de la CVG y fue despedido sin explicación. A esta acción le siguió el amedrentamiento de las autoridades de la empresa en forma de amenazas y acosos en las asambleas y marchas sindicales.
En mayo de 2019, al salir de una rueda de prensa donde la ITG se pronunció contra el nombramiento de la comisión del Consejo Nacional Electoral, presuntos cuerpos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dcgim) lo interceptaron a él y a su esposa por «estar organizando actos terroristas en la zona». Hernández comentó que los soltaron gracias a la presencia de gran cantidad de personas grabando los hechos.
Las amenazas continuaron cerca de su vivienda, involucrando a su familia, por lo que el sindicalista decidió salir de Bolívar con rumbo a Estados Unidos en 2020 con las intenciones de visitar a su hijo, bajar su perfil y detener su persecución. Aunque su intención era volver, le advirtieron que lo mejor era quedarse allá.
«Ser despedido injustificadamente, perseguido y luego obligado a salir de mi país es duro, es un cambio radical en la vida de uno, en la vida de cualquier venezolano que tiene todo en Venezuela, pero que de la noche a la mañana cambia la vida«, afirmó.
Un mensaje para intimidar
La razón de su despido devino de la toma de las instalaciones de la Presidencia por parte de los cevegistas en noviembre del 2018, tras meses de protestas continuas ante el desmejoramiento de sus condiciones laborales y la falta de respuesta del presidente.
«No atendía los reclamos de los trabajadores, no se reunía con los trabajadores ni daba instrucciones para que nos atendieran«, declaró sobre la actitud de Maldonado frente a las quejas.
Los trabajadores buscaron forzar una respuesta ante la pérdida progresiva de sus derechos y poder adquisitivo. Cerraron los accesos al edificio por horas, pero lo único que lograron fue las amenazas de funcionarios como Isaac Salazar, consultor jurídico de la CVG, recientemente detenido, y más adelante del general de división Julmer Ochoa, gerente general de seguridad patrimonial de la CVG para ese entonces.
«Ellos argumentan en el acto administrativo para destituirme (…) que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado se asustó tanto, tuvo miedo, que no podía ni hablar, no podía gesticular ningún tipo de acción producto de que teníamos tomada la presidencia de CVG más de 200 funcionarios«.
El 21 de diciembre, la gerencia de recursos humanos le entregó su calificación de despido. «Ellos quisieron, a mi entender, mandar un mensaje para intimidar a toda la dirigencia sindical de Guayana«, aseveró Hernández.
Su caso no fue aislado, sus compañeros sindicalistas sufrieron destinos similares. Ramón Gómez, secretario general del sindicato, y Cecilio Pineda, ex-secretario de organización de Sunep-CVG, fueron objeto de jubilaciones forzosas comandadas por la directiva a pesar de no cumplir con la edad necesaria ni consentir la decisión.
Esta situación se volvió normalidad en CVG y demás compañías estadales, con despedidos, jubilaciones forzosas, desincorporaciones bajo la figura de «trabajadores no requeridos» y reducciones salariales. Solo desde noviembre de 2018 a abril de 2019, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública despedidos por reclamar sus derechos públicamente.
Gómez indicó que el 20 de diciembre del 2022, alrededor de 300 trabajadores de la empresa fueron jubilados y al menos 195 de estos denunciaron el incumplimiento en el pago de sus prestaciones sociales.
Saab ha suministrado poca información sobre los escándalos de corrupción en la CVG. Foto: Prensa Ministerio Público.
Lista de detenidos
Hasta la fecha, el fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, ha anunciado 80 funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción que involucran a la empresa estadal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Cartón de Venezuela (Cartoven), CVG y otras entidades públicas.
Entre los detenidos están Ysmel Serrano, exvicepresidente ejecutivo Pdvsa; Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip); el diputado Hugbel Roa, el empresario Salem Hassoun Atrach, Hugo Cabezas y el fallecido Leoner Azuaje – muerto bajo custodia-, ambos dirigentes de Cartoven.
El pasado 30 de marzo, el fiscal confirmó las detenciones del presidente de la CVG, Pedro Maldonado, y el de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo, quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos«.
Pedro Maldonado se desempeñó como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2010 hasta 2014. Durante su gestión, fue impuesta una multa de 9.4 millones de dólares al canal Globovisión por la cobertura de sucesos violentos en la cárcel de El Rodeo, estado Miranda. Fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrado el 16 de mayo del 2017.
Fue nombrado viceministro de Industrias Básicas el 19 de junio de 2018 y el 6 de julio asumió la presidencia de la CVG.
Por otro lado, Nestor Astudillo fue gerente de Mantenimiento Mecánico y de Mantenimiento de Laminación en Frío de Sidor. Ocupó la presidencia de Ferresidor (red de ferreterías socialistas) y fue gerente de Promoacero.
Estuvo involucrado en el escádalo de «La mafia de las cabillas», que denunció la desaparición de 13 gandolas de cabillas que salieron de Sidor para la sede de Ferresidor en Ocumare del Tuy, estado Miranda, las cuales desaparecieron. Astudillo afirmó que esta acusación fue una maniobra en su contra por parte de Luis Velásquez (principal implicado en el caso), luego de que lo denunciara ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En febrero de 2020 es designado presidente de Sidor.
Junto a ellos, fueron aprehendidos:
- Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación. Dirigió la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua, durante la gestión de El Aissami como gobernador, informó Efecto Cocuyo. De acuerdo con Nueva Prensa, en septiembre de 2021, la CVG se negó a cancelar una deuda de 2019 de más de 90.000 dólares a un grupo de pequeños empresarios transportistas de material ferroso, aún después de que Sánchez se reuniera con ellos en mayo de ese año y se comprometiera a cancelar la deuda en un mes.
- Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero. Fue consultor jurídico de la gobernación de Aragua, también durante la gestión de El Aissami.
- Lino Mora, vicepresidente ejecutivo. Fue presidente de la empresa CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (Alucasa).
- Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas. Se desempeñó como secretario del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sindicalistas comentaron que Medina era el encargado de todo lo relativo a pagos de proveedores, contratistas y las contrataciones de los mismos, y que muchas de estas transacciones se realizaban sin un análisis de costos ni un proceso legal previo.
- Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales. Fue gerente de contratos y licitaciones antes de ser consultor jurídico de la empresa. Dirigentes sindicales indicaron que fue el responsable de abrir los expedientes contra los dirigentes de Sunep-CVG para aplicar jubilaciones forzosas y despidos injustificados tras la toma de la presidencia.
- Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas.
- Johan Sequera, director de Despacho.
El 1 de mayo fue agregado un detenido vinculado a la trama de corrupción en CVG: el general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel, quien se desempeñó como presidente de CVG Logística, C.A. – empresa creada el 22 de enero de 2020- y actualmente era comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.
Lo que se reclama
De acuerdo con Correo del Caroní «la firma del memorándum 2792, el apagón que ocasionó la pérdida de más de 90% de las celdas de reducción en CVG Venalum, el acoso a las organizaciones sindicales y la desincorporación de trabajadores son los hechos más graves ocurridos bajo la presidencia de Maldonado en el ente regional«.
El memorándum 2792 fue promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y firmado en octubre del 2018. Este eliminó los contratos colectivos de la administración pública suscritos previo a esa fecha, determinó el salario mínimo como arranque de las escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector, reseñó Cronica.uno.
Sindicalistas consultados consideraron que las implicaciones del memorándum desmejoraron las condiciones laborales hasta un 70%. Aunado a esto, fueron despojados de otros beneficios como los incentivos y becas escolares, bono vacacional, póliza HCM, entre otros.
Los trabajadores llamaron a reuniones con la directiva para darle solución a estos problemas en reiteradas oportunidades y enviaron numerosos comunicados, pero su respuesta fue la persecución a trabajadores y dirigentes sindicales.
Los miembros de Sunep-CVG expusieron la situación en una carta dirigida a la Organización Internacional el Trabajo (OIT), donde denunciaron formalmente el desalojo forzado de su sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la jubilación forzosa de Ramón Gómez, el despido ilegal de Noel Hernández, la injusta privación de libertad del sindicalista Rubén Gonzalez, detenciones temporales y amenazas a trabajadores, así como acciones judiciales contra líderes sindicales, de acuerdo al ex-secretario de organización de Sunep-CVG, Cecilio Pineda.
Los proyectos del período
Noel Hernández explicó que entre las «obras» de la ex-directiva de CVG está el «Hospital Clínico de los Trabajadores de Guayana Dr. José Gregorio Hernández«, cuya meta era convertir unas oficinas de la CVG en un centro médico para atender a a empleados, jubilados y pensionados personal de la empresa estadal y aquellas bajo su tutela. Pero la transformación no llena los requisitos mínimos para operar como hospital, sostuvo.
Foto: William Urdaneta (Correo del Caroní)
Hernández expuso que después de la eliminación de las convenciones colectivas tras el memorándum, la presidencia de la estadal tuvo la idea de crear el hospital para ahorrar el dinero del HCM. «Pero el caso es muy complejo, porque tanto activos como jubilados de la CVG están esparcidos en todo el país y solamente centrarlo en un hospital en Guayana ya trae una consecuencia irremediable para muchos trabajadores que están fuera de la zona», declaró.
Hubo inversiones para acondicionar el recinto, pero nunca hubo un anuncio público respecto a los montos de inversión de parte de los directivos. Los dirigentes sindicales aseguran que las inversiones eran «cuantiosas’’ y que no hubo procesos licitatorios legales, denunciando a su vez la falta de mejoras sustanciales en los servicios del hospital ni en sus instalaciones.
El hospital estaba presuntamente planificado para atender a 200.000 personas, pero no da abasto para los trabajadores y sus familias, según los sindicalistas. Hay áreas aún en remodelación, no hay servicios de radiografía, quirófano, sala de parto, ambulancia ni morgue. El aire acondicionado y los ascensores tampoco se encuentran en condiciones optimas, reseñó Primicia.
A esto se suman la falta de insumos y las quejas de parte de los residentes y especialistas que trabajan allí – alrededor de 90-, los cuales atienden un promedio de 100 pacientes mensuales y se han visto afectados por el impago de honorarios por sus servicios, amenazando la paralización de los servicios de salud en el hospital.
Hernández aclaró que nunca llegó a atenderse en el nuevo hospital, pero mencionó que muchos trabajadores han perecido allí, como su compañera Ismenia Perales, quien después de realizar una bailoterapia en la sede de CVG fue ingresada por un malestar al Hospital de los Trabajadores, donde «no fue atendida adecuadamente» y murió de un infarto el pasado 11 de marzo, informó.
Según Correo del Caroní, la organización sindical Unidad en la Coincidencia reportó que alrededor de 600 trabajadores, jubilados y pensionados de CVG y demás compañías estatales han fallecido por falta de atención médica en el centro médico.
Planta de Pellas de CVG de Ferrominera Orinoco. Foto: Cortesía
Entre las demás «obras» de la cúpula, es digna de mención la inversión de 824 millones de dólares para la construcción de la segunda línea de la Planta de Pellas de CVG Ferrominera Orinoco C.A., un proyecto que tuvo como responsable al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y a los funcionarios Pedro Maldonado, Felipe Contreras, Abel Jiménez, Pedro Vásquez y Francisco Marín, la cual generaría 2.100 empleos directos y 6.300 indirectos, según el entonces vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami.
La obra inició en 2012 y su culminación estaba estimada para 2018, pero sigue inconclusa.Cuando el régimen de Nicolás Maduro designó como presidente de la empresa estadal a Maldonado, le encomendó la misión central de «reestructurar las empresas de Guayana afectadas por la baja productividad y conflictos sindicales«, pero la gestión de su directiva pisoteó los derechos laborales y profundizó los conflictos en las empresas básicas del estado.
