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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Comité de Derechos Humanos de la ONU reprobó a justicia venezolana
El Gobierno de Maduro salió raspado en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

 

12 de los actuales 20 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras otro es hermano del secretario general  de la intervenida Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez. 

Así se desprende del V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), celebrado entre el 10 y 11 de octubre, donde el Gobierno de Maduro salió reprobado. 

El examen corroboró el profundo deterioro institucional y la progresiva regresión democrática sufrida por Venezuela desde la última evaluación en 2015.

En el documento publicado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se evaluaron las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades nacionales para asegurar garantías como la igualdad, el derecho a ser juzgado por un juez natural o el acceso a la información pública.

La instancia de la ONU hizo especial hincapié en la decisión del TSJ de derogar el último parágrafo del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) para prevenir el abuso a niños y adolescentes, promover un enfoque de género y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

ONU denuncia justicia provisoria

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó alarma por el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales del país sigan siendo provisorios, es decir, que no se hayan hecho con su cargo mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución.

El segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure, restó importancia al hecho de que alrededor del 80 % de los más de 2.200 jueces que hay en el país sean provisorios, temporales o accidentales.

“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”, indicó. 

De acuerdo a las leyes,  los jueces provisorios no tienen las mismas prerrogativas que los titulares, porque el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, los destituye sin procedimiento previo alguno que les garantice su derecho a la defensa. 

Desde el año 2006 el TSJ no celebra concursos de oposición, pese a que la presidenta del organismo Gladys Gutiérrez prometió que los mismos se reanudarán.

Inhabilitados por ser opositores

El Comité criticó el uso de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República para “impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos”.

“No hay una persona en Venezuela, a menos que haya una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho a elegir o ser electo. Ellos (los inhabilitados) pueden participar en una elección, pueden elegir o pueden ser electos”, dijo el canciller Yván Gil en Ginebra, durante el Comité de DDHH de la ONU.

La instancia internacional abogó por “la protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas”.

El Comité igualmente fustigó “el uso de las leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos”.

Contra el secuestro y las desapariciones forzadas

La instancia lamentó que pese a las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), las recomendaciones en cuanto a las detenciones preventivas no se cumplan.

Demandó a las autoridades tomar medidas en contra de las desapariciones forzadas de corta duración.

“La práctica de aprehender a alguien y no permitirle contactar inmediatamente a sus familiares y abogados y de presentarlo ante los jueces mucho después de las 48 horas dispuestas en la Constitución ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV)”, destacaron. 

Con información de Acceso a la Justicia

 

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ComitédeDerechosHumanosONU

El pasado 21 de julio el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó las observaciones finales al cuarto informe periódico presentado por la República Bolivariana de Venezuela en el periodo de sesiones del Comité celebradas en Ginebra los días 29 y 30 de junio.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes, así como la abolición de la pena de muerte.

A pesar de que en este informe el Comité de DDHH ve como un avance la aprobación de ciertas leyes como la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; Ley Orgánica contra la Discriminación Racial; Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la creación de algunas instituciones como el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, muestra una gran preocupación por la manera en cómo se están violando los derechos humanos en el país.

Para la ONU en Venezuela se siguen presentando importantes violaciones a los derechos humanos sobre todo en el caso del derecho a la vida, independencia del poder judicial, libertad de expresión, derechos de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), deplorables condiciones de detención, retardo procesal de las personas privadas de libertad, discriminación de la mujer, persecuciones a defensores de derechos humanos, periodistas, derecho a manifestar, entre otros.

El Comité respecto al derecho a la vida dice: “El Estado debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme de la población civil. Debe también velar por que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados”.

Igualmente al Comité de DDHH le preocupan las condiciones de reclusión y en este sentido recomendó a Venezuela “a) Incrementar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de detención en todos los lugares donde haya personas privadas de libertad, entre otras cosas garantizando que no haya hacinamiento, y velar por que en todos esos lugares se respete la dignidad de los privados de libertad; b) Adoptar medidas para que no haya personas privadas de libertad en instalaciones policiales por períodos prolongados de tiempo; c) Redoblar sus esfuerzos para poner fin a la violencia en los centros de privación de libertad, incluyendo mediante la efectiva eliminación de la tenencia de armas, y asegurar que todos los casos de violencia sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.

Respecto a la persecución desatada por el gobierno contra los periodistas, defensores de derechos, activistas sociales y abogados el Comité recomendó a) Ofrecer protección efectiva a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de derechos humanos y otras cuestiones de interés público; b) Garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política o en sus derechos en virtud del Pacto; c) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.

Finalmente el Comité, insto al Estado a facilitar, dentro del plazo de un año, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité en especial: Observancia de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, Independencia del Poder Judicial, Presuntos actos de intimidación, descalificación, amenazas y/o ataques contra periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados y presuntas detenciones arbitrarias de algunos miembros de la oposición política.

Es claro que a pesar de que nos quieren vender la idea de que Venezuela es un país respetuoso de los derechos humanos, para los organismos internacionales esto no es así y una vez más Venezuela es raspada por la ONU.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional