Organización de las Naciones Unidas

Un estudio elaborado entre diversas oenegés internacionales analizó las necesidades más apremiantes en los territorios de llegada de los crecientes movimientos migratorios en la región

@Luciapietf

Las crecientes movilizaciones humanas a diversos países del continente americano han llevado a los gobiernos locales y nacionales a anexar la migración a sus agendas públicas para el desarrollo de políticas y acciones que permitan contestar este fenómeno. 

La integración socio-económica de migrantes fue elegida como el área con mayor necesidad (53%) de respuesta, seguida de la recepción (35%) en los territorios de acogida, de acuerdo el informe «Recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las américas», presentado en 2023.

El documento fue elaborado entre diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf, en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para estudiar las necesidades surgidas frente a los movimientos migratorios masivos. 

La información publicada fue obtenida mediante 231 entrevistas en 109 localidades pertenecientes a 25 países del continente en el transcurso de 2021. Dichos testimonios permitieron analizar el panorama, las tendencias y los desafíos asociados a los movimientos migratorios más destacados en la actualidad, como la emigración masiva de venezolanos principalmente a países suramericanos, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos,  la de nicaragüenses hacia Costa Rica, entre otros.

A continuación, algunas claves sobre la publicación y sus hallazgos:

Gobiernos con obstáculos

De acuerdo al estudio, se ha identificado una creciente incorporación de la «temática migratoria» por parte de los gobiernos locales en su agenda pública, contemplando diversas políticas públicas, programas y/o acciones a activar. Pero han encontrado obstáculos para implementar soluciones que van desde pocos recursos para garantizar respuestas de las instituciones, pasando por necesarias modificaciones a prácticas administrativas o políticas nacionales hasta el desconocimiento de los funcionarios en materia de migrantes y refugiados, que contribuye a un clima de discriminación, racismo y xenofobia contra estos.

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Brindar atención primaria a los migrantes no es una prioridad en los Estados de la región y eso se demuestra en cifras: en las ciudades fronterizas, 54% la mencionó como la principal necesidad, mientras que en las no fronterizas la nombró solo 31%.

Si bien los gobiernos tienen a la atención primaria como la segunda área de mayor prioridad a nivel general, las políticas en torno a esta son escasas, lo que puede deberse a que no siempre se prima su desarrollo y/o asignación de recursos. 

En Suramérica, las crecientes movilizaciones terrestres de venezolanos en lapsos muy breves y en condiciones de vulnerabilidad han puesto a prueba a localidades fronterizas como Cúcuta (Colombia), Boa Vista y Pacaraima (Brasil), Rivera (Uruguay), Puerto Montt y Concepción (Chile), y Puerto España (Trinidad y Tobago). En Brasil, la Operación Bienvenida, creada en el 2018, atendió, hasta marzo de 2022, a más de 2 millones de venezolanos, emitió más de 370 mil documentos de identificación y trasladó a cerca de 70 mil personas refugiadas y migrantes a otras partes del país.

En los países caribeños, ante los movimientos migratorios – especialmente de venezolanos-, se rigen a la política de  «detener y deportar». Esta práctica es específica de Curazao y Trinidad y Tobago, y menos prevalente en Aruba. 

Trabajo como primera necesidad 

La integración socio-económica fue indicada como prioritaria  (55%) en las localidades no fronterizas y segunda en las ciudades fronterizas. Entre las ciudades analizadas no existen muchos programas o políticas establecidas con algún marco normativo local para garantizar y promover esta integración, pero sí hay un consenso sobre la regularización como una condición esencial (84%) para el éxito de medidas respecto al acceso al empleo (79%), a la vivienda (50%), a condiciones de trabajo dignas y un salario justo (46%), y a la asistencia económica (31%).

El estudio reveló tres áreas de accionar local claves: acceso a viviendas, al sistema financiero y a empleos a través de vinculaciones con el sector privado. En Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se desarrollaron programas de inclusión al sistema financiero junto a bancos locales. En México, se evidenció el trabajo compartido entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, oenegés y empresas privadas para la inclusión de refugiados. En Canadá y Chile se han promovido iniciativas para fortalecer la institucionalidad local en materia migratoria para la integración socio-económica. 

El informe destacó que, en ocasiones, el desempleo en ciudades fronterizas como Cúcuta (Colombia) fue un desafío importante. Para estos casos, localidades de México y Brasil implementaron programas de reubicación e inserción laboral. En este último, el Programa de Interiorización de Brasil – parte de la Operación Bienvenida-, movilizó a más de 72.696 venezolanos a 810 municipios brasileños desde el 2018, en pro de reducir la presión y la xenofobia en las fronteras. 

En zonas como el Caribe Sur ha habido resistencia a la integración socio-económica por la «percepción de acaparar recursos locales», pero las oenegés han generado cambios en estas matrices de opinión.

La integración socio-cultural como segunda prioridad

Los aspectos más relevantes de la integración social y cultural fueron el acceso a los servicios de salud (89%) y la educación (70%), seguidos del acceso a servicios de salud mental (55%); inclusión lingüística (53%); tratamientos médicos para enfermedades como VIH/Sida, cáncer, enfermedades renales, diabetes (48%); acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra el Covid-19 (46%); acceso a controles prenatales, parto y post natales (37%), y acceso a la cultura (23%), de acuerdo a las entrevistas. 

En las localidades fronterizas fue mayor la necesidad de los servicios de salud frente a las grandes ciudades, donde prevaleció el acceso a la educación.

En el caso de los servicios de salud, el informe analizó el servicio de las «Brigadas Móviles Urbanas» en Perú, donde 85,3% del total de la población migrante es venezolana. El programa, hoy con escasos recursos económicos, no fue específicamente pensada para migrantes y refugiados, pero ofrece respuesta y cuidados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al acceso a la educación, en Trinidad y Tobago, uno de los países con más cantidad de desplazados venezolanos per cápita, una organización católica eclesial llamada Living Water Community operaba el programa «Equal Place», de educación informal para niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. 

En dicho país, los menores migrantes requieren un permiso para estudiar y se estima que 4.000 no tienen acceso a la educación. El programa funcionó de forma paralela a los sistemas educativos del país, brindando un servicio crítico a cientos de menores, pero fue suspendido en 2022. 

Integración política para después

Fue una de las necesidades con menor priorización frente a las demás. Es conceptualizada como la promoción de la participación ciudadana de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos políticos en donde residan. 

Dentro de este apartado, tuvo mayor relevancia el acceso a documentos de identidad (79%),  la prevención de la discriminación y la xenofobia (78%), el acceso a la justicia (63%), la nacionalidad (59%), al registro civil (39%) y la prevención y sanción de la trata de personas (36%).

Según el reporte, es casi nula la existencia de mecanismos para la participación política de migrantes y refugiados en la mayoría de las localidades estudiadas . Solo en ciudades como  Bogotá (Colombia) y Sao Paulo  (Brasil) han desarrollado espacios estables de participación política para estas personas. 

En cuanto al acceso a documentos de identidad, Guyana fue el primer país del continente en implementar un sistema electrónico, llamado Ecosistema Poblacional de Registro y Gestión de Identidad (PRIMES, en inglés), para registrar la información biométrica de migrantes venezolanos e información sobre sus necesidades. En Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han adoptado distintos modelos de identificación. El informe concluye que hay mucho camino por recorrer y una gran necesidad de «adoptar una narrativa oficial que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos» e incentivar la asociatividad en los espacios comunitarios.

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El objetivo es recuperar los fondos públicos que estas tramas habrían sustraído ilícitamente

La nueva campaña contra la corrupción lanzada por el Estado venezolano continúa, y a medida que aumenta el número de detenidos y solicitados parece estarse adentrando en una nueva fase, en la cual parece que el objetivo es mayor: recuperar los fondos públicos que estas tramas habrían sustraído ilícitamente. Para lograrlo. el oficialismo ha presentado el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El texto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 31 de marzo, prevé, entre otras cosas:

«transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente».

Así lo anunció su promotor, el diputado Diosdado Cabello, al dar a conocer el texto.

«Qué hacer con los recursos obtenidos de manera ilícita por quienes cometen este tipo de actos?», se preguntó el legislador, quien agregó: «Esos dineros robados son del pueblo y deben ser administrados por el Estado y ser usados en atender a nuestro pueblo (…) Esta ley le va a meter la mano en los bolsillos a los ladrones».

Cabello se apresuró a recordar que la figura de la extinción de dominio está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que otros países de la región tienen instrumentos similares para combatir los delitos contra el erario. Ciertamente, el texto que el Parlamento aprobó en primera discusión es casi idéntico a la ley modelo presentada por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

Esta iniciativa de la ONU obedece al hecho cierto de que la confiscación de bienes es una figura de recuperación de activos que depende de la declaratoria de la responsabilidad penal del titular de estos, y en no pocos casos ello no ocurre, sea porque esa persona fallece o porque nunca es capturada, dejando tales activos en un limbo. Así, la ONU plantea una acción de tipo civil contra los bienes y no contra las personas, separada de la acción penal, una vez que se determine que los bienes fueron adquiridos por medios ilícitos.

Lo dicho explica las razones de la ONU, pero ciertamente una cosa son las motivaciones de esa instancia, y otra muy distinta las que se utilizan en Venezuela.

En ese sentido, la aprobación de una ley como la descrita es un motivo para preocuparse, pues puede ser utilizada muy fácilmente con fines distintos para los que ha sido concebida. A continuación, presentamos cinco razones para ver con recelo el texto:

1. Las limitaciones al derecho de propiedad ya están en la Constitución

La carta magna tiene establecidos como límites al derecho de propiedad la expropiación por causa de utilidad pública y la confiscación de bienes provenientes de actividades ilícitas.

El artículo 116 constitucional estipula que

«no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes».

Así, la extinción de dominio como terminación del derecho de propiedad no está en la Constitución, a diferencia del caso, por ejemplo, de Colombia, cuyo texto fundamental lo contempla en su artículo 34. Incluso, la figura de la confiscación no es por cualquier tipo de delitos, sino por los ya expresados, mientras que en el proyecto de ley de extinción de dominio se agregan otros no contemplados en la máxima norma, como es el caso del financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados es que el proyecto no contempla el supuesto de que la persona titular de los bienes a los que se le aplique la medida de extinción de dominio sea declarada inocente, una situación que le causaría daños irreparables.

2. Sin límites temporales

El artículo 6 del borrador señala que «la extinción de dominio se aplicará desde el momento de entrada en vigencia de esta Ley, aun en los procesos que se hallaren en curso».

Sin embargo, a la luz del artículo 24 de la carta magna hay que tener presente que esto puede ocurrir siempre que se cumpla con lo siguiente:

«Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron».

La Ley de Extinción de Dominio se podría aplicar en los procesos en curso, siempre que no se presenten nuevas pruebas que perjudiquen al imputado, pues se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley en los términos que establece la Constitución.

3. Sin garantías

Pese a que uno de los cuatro capítulos del borrador está dedicado a enumerar las garantías de las que gozarán los potenciales sujetos que serán sometidos a este instrumento, otras disposiciones contenidas en él hacen temer que las mismas sean insuficientes. Por ejemplo, el hecho de que el artículo 13 obligue a los funcionarios públicos a denunciar a bienes provenientes de supuestas irregularidades, a riesgo de ser sancionados administrativa y penalmente, abre las puertas para acusaciones sin fundamento.

Con esta norma existe el peligro de violar el secreto profesional, así como vulnerar el derecho de toda persona a que se respete su vida privada. Esta disposición parece buscar legalizar la cuestionada figura de los «patriotas cooperantes», simpatizantes del partido gobernante dedicados a revelar informaciones, con o sin fundamento, de opositores o disidentes del Gobierno, en franca violación de sus derechos a la privacidad y a la reputación.

Lo más grave es que según señala el artículo 24 del proyecto de ley, estos informantes podrían recibir por su colaboración

«una retribución equivalente a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de los mismos dependiendo de la colaboración. Este porcentaje lo determinará el juez en la sentencia, de oficio, o a petición del Ministerio Público».

Ello sin duda podría fomentar que se suministren informaciones, sin importar que sean falsas, con el fin de obtener alguna recompensa. 

Además, en un país donde los jueces y fiscales no son independientes ni imparciales, el dejar a su discrecionalidad el monto que recibirán estos informantes puede ir en detrimento de los intereses del Estado, que podría perder más recuperando los activos que manteniéndolos en manos de funcionarios inescrupulosos, convirtiendo en ineficaces las medidas realizadas, pues abriría una nueva vía para el desvío de activos.

4. Sin control

El proyecto de ley establece que los bienes declarados en extinción del dominio serán enajenados a título oneroso por parte del Ejecutivo nacional, y los recursos obtenidos de su venta serán destinados, entre otras finalidades, para financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad, así como para recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 46).

Sin embargo, en la propuesta no se establece ni indica qué mecanismos deberán ser empleados por el Ejecutivo para garantizar y, sobre todo, supervisar el cumplimiento de estos objetivos, a fin de evitar cualquier irregularidad.

Al respecto, debe recordarse que en Venezuela ni siquiera se conoce el presupuesto público ni los poderes del Estado rinden cuentas, por lo que cabe preguntarse cómo se garantizará que esos bienes realmente sean invertidos en el país.

A lo anterior, se añade el hecho de que, mientras se dicta una sentencia, que en la tradición venezolana puede ser algo que tarde años, se entreguen estos bienes en administración a entidades públicas sobre los cuales no rindan cuentas, o peor aún, los utilicen indebidamente para el disfrute de algún funcionario, y en ese sentido, un gran fallo del proyecto es no obligar a dar publicidad sobre cómo se manejan esos bienes, tanto desde que se adjudican cautelarmente como cuando sean definitivamente adjudicados al Estado.

Esto último es muy grave, porque si esos bienes no son debidamente administrados pueden perderse o deteriorarse, aumentando así el daño patrimonial a la República, pudiendo ser esta víctima, una vez más de actos de corrupción.

5. Sin Estado de derecho ni independencia judicial

Por último, no se puede olvidar la situación de la justicia venezolana, en particular el Poder Judicial y el Ministerio Público, que en último término serán los que aplicarán el texto. Según la organización internacional World Justice Project (WJP), Venezuela ocupó en 2022 el último lugar de 140 países evaluados en cuanto al respeto de las garantías y principios del Estado de Derecho. La situación de control de la justicia penal por parte del Gobierno y la ausencia de límites y contrapesos al poder estatal explican, entre otros aspectos, esta mala calificación, como reseñamos en su oportunidad.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han afirmado de manera reiterada que los jueces y fiscales son operadores del partido de Gobierno, pues no tienen estabilidad alguna y están sujetos a un estricto control de sus actuaciones y decisiones, por lo que operan bajo un esquema jerárquico de órdenes e instrucciones. 

La ausencia de Estado de derecho y un texto como el del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que contiene disposiciones que contrarían principios constitucionales, también previstos en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela, son una combinación peligrosa para la ciudadanía. ¿Cómo se puede garantizar que la aplicación de la ley se haga de una manera adecuada y que los bienes que se recuperen realmente tengan el destino correcto en un país cuya justicia penal no es independiente?

Empleados del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) habrían ofrecido transporte a niñas y mujeres migrantes a cambio de favores sexuales

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviado al gobierno de Panamá revela que migrantes habrían sufrido abusos por parte de las autoridades.

El periódico español El País reveló el contenido del documento de 18 páginas que detalla cómo autoridades del gobierno panameño habrían abusado sexualmente de migrantes en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM).

«Según estas denuncias, el personal del SNM y del Senafront habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar costes del transporte hacia Costa Rica», detalla la publicación hecha por la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.

Los funcionarios prometían, a cambio de favores sexuales, coordinar con las autoridades panameñas el transporte para que las migrantes pudiesen continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica.

La ONU también denunció que muchos migrantes se vieron obligados a pagar sus viajes con trabajos forzados en las mismas estaciones receptoras para recaudar los 40 dólares necesarios para el pasaje hacia Costa Rica.

«Esta información vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM», destaca el documento.

Debido a estas situaciones y a las denuncias recibidas por el organismo internacional, el documento critica de manera contundente a Panamá por la manera en la que se gestionó la recepción masiva de migrantes que viajaban a través de la selva de Darién.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, explicó que la investigación contempló ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias

Este 23 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debate el informe preliminar, dado a conocer en días pasados, que responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.

En esta jornada también participan los Estados miembros de la ONU y los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela a cargo de la investigación, que reúne documentación y testimonios desde 2014.

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La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, explicó que la investigación contempló ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias: «Concluimos que las fuerzas de seguridad e inteligencia cometieron violaciones de derechos humanos, como la tortura, abuso sexual, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales».

Además, destacó que no fue posible llevar a cabo la investigación en el propio país dado que no obtuvieron respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En el informe concluyen que más de 200 casos, 48 de los cuales están documentados en el informe, «son parte de una práctica sistemática para causar terror en la población».

Con información de El Pitazo

Varias ONG resaltan importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y las redes de apoyo

Una sobreviviente de violencia basada en género es más propensa a recibir maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante el aislamiento, además de que este puede provocar secuelas de estrés o ansiedad.

En aislamiento social, el hogar de esta población vulnerable puede ser inseguro al convivir diariamente con su agresor.

Organizaciones no gubernamentales como Codehciu, Unfpa, Red Naranja y Tinta Violenta resaltan la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos, las redes de apoyo a las que pueden acudir y cómo denunciar durante la cuarentena, pues de esto puede depender su vida.

Dónde refugiarse

No hay casas de abrigo en el estado Bolívar, que son sitios destinados para albergar a mujeres en situación de violencia en caso de que su domicilio implique amenaza inminente a su integridad.

Sin embargo, la abogada y monitora en Codehciu, Norkys Salazar, informó que cuando las mujeres denuncian, el Inamujer las puede referir a organizaciones que prestan el servicio.

Las casas de abrigo, según el artículo 32 de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deben estar ubicadas en cada dependencia de los institutos regionales y municipales de la mujer en el país.

Su ausencia impide que los mecanismos de respuesta sean eficientes. “Esto es una falta grave del Estado y pone en riesgo la vida de las mujeres y sus hijos. Las mujeres que se encuentran en esta posición normalmente residen o suelen quedarse en casa de un familiar o pariente cercano”, manifestó Salazar.

Codehciu recomienda que se realicen redes de apoyo entre amigos y vecinos para enfrentar este problema durante la cuarentena.

Hasta febrero de este año, el Monitor de Femicidios de Venezuela contabilizó 43 asesinatos a mujeres, en enero se registraron 34 femicidios. Se debe tomar en cuenta que, según organizaciones internacionales, el femicidio, que es la manifestación más grave de violencia contra la mujer, puede y debe prevenirse aún en estados de emergencia.

El lugar más peligroso

En este sentido, y tomando en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el lugar más peligroso para mujeres y niñas es su hogar, aún antes de la cuarentena, es imprescindible que los Estados fortalezcan mecanismos de respuesta y planes de emergencia con enfoque de género durante la contingencia por la pandemia.

Algunos países han implementado incluso otros mecanismos de respuesta aparte de habilitar centros de llamadas para prevenir femicidios, y evitar el aumento de casos de violencia basada en género dentro de los hogares durante la cuarentena por el Covid-19.

En caso de emergencia o de necesitar apoyo psicológico, el Instituto Nacional de la Mujer y oenegés ponen a disposición de sobrevivientes de violencia mecanismos de asistencia y denuncia.

El Instituto Nacional de la Mujer promueve la campaña Cuarentena Libre de Violencia, y pone a disponibilidad de las sobrevivientes el número telefónico VEN 911, 0800 – Mujeres (0800 6853 737) y *112 Movilnet, disponibles las 24 horas del día.

Para atención psicológica y social, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (Unfpa) y HIAS habilitaron los números de teléfono 0424-9024700 con un horario de atención de 9:00 am hasta las 5:00 pm y 0412- 2610851 de 8:00 am a 5:00 pm.

Salir por la frontera a comprar productos y volver el mismo día o pasar meses trabajando en el extranjero en procura de retornar con un capital en divisas se ha convertido en práctica común para el venezolano

De acuerdo a una investigación de Radio Fe y Alegría, 60% de los migrantes pendulares son mujeres y el resto hombres

@franzambranor | Foto: andreas N en Pixabay 

En enero de 2017, Nelson decidió que debía irse de Venezuela. El dinero no le alcanzaba ni para hacer un modesto mercado. No aguantaba más la situación económica, sentía que le cortaban el oxígeno. 

Nelson viajó a la ciudad colombiana de Medellín. La despedida de su esposa e hijos en Coro fue rápida, pero emotiva. Lloraron abrazados y se prometieron un eventual próximo encuentro.

En Medellín duró seis meses, en los cuales pudo ahorrar y enviar dinero a su familia en la capital falconiana. “Ganaba más de salario mínimo. En seis meses hice 3 mil 500 dólares. De los casi 3 años que estuve fuera, fueron los mejores seis meses de mi periplo”, dijo Nelson Orlando.

De acuerdo a Migración Colombia, 40 mil venezolanos cruzan a diario la frontera y solo 2 mil se quedan en territorio neogranadino, el resto se regresa a Venezuela. El ejercicio de ir y venir se cataloga como migración pendular. 

Después de estar en Colombia, Nelson vino a Venezuela por un período y se fue a Ecuador. Estuvo desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2018 en Quito. Llegó a Ecuador con 700 dólares y en 15 días se gastó 500. “Tuve seis meses sin trabajo, vivía en un cuarto debajo de una escalera, no tenía privacidad. No ahorré ni 300 dólares, comía mal, estuve dos meses donde no llegué a tener más de un dólar en el bolsillo”, dijo Nelson. 

En octubre de 2018 le ofrecieron un trabajo en la ciudad colombiana de Manizales con la misma gente que trabajó en Medellín.

Llegó a Medellín con 250 dólares en el bolsillo. Se encontró con su familia en la ciudad colombiana, pero los veía poco, laboraba de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Duró ocho meses en el trabajo. “Mi esposa llegó pesando 42 kilos, mis hijos también estaban delgados”, comentó Nelson.

En Colombia estuvo hasta octubre de 2019 y decidió regresar. Hoy en día está en Coro trabajando como mecánico y no descarta volver a emigrar.

Péndulo hacia el norte

A 263 kilómetros de Coro, en Guanare, Luis también optó por salir del país parcialmente a comienzos de 2017.

“En diciembre de 2016 se me dañó el carro, la nevera y el aire acondicionado, yo pensaba que con el pago de los aguinaldos iba a poder solucionar estos tres problemas, pero no pude resolver ninguno”, dijo Luis.

Estados Unidos fue su destino. En la ciudad floridana de Orlando duró cuatro meses. “Trabajé en la parte hotelera, limpiando cocinas en las noches. En el primer mes conseguí dinero para reparar las tres cosas que se me averiaron en Venezuela”, agregó Luis.

El ingeniero en informática regresó a Estados Unidos en 2018, esta vez con su esposa Jocely y sus dos hijas adolescentes. El periplo en esa ocasión duró cinco meses y probó el sector de la construcción. “Es mejor remunerado que la parte hotelera. Soy ingeniero y estoy acostumbrado a trabajar en una oficina. Allá todo el trabajo es físico. La tarea que alguien sacaba en 10 minutos yo la hacía en un día”, comentó Luis.

“Yo llegué trabajando como pintora, en mi vida había pintado”, dijo Jocely, esposa de Luis. 

“Lo más difícil es dejar tus raíces, pero en mi mente lo hice más fácil pensando siempre que era temporal”, añadió Jocely.

Los que se mueven por necesidad

Nelson, Luis y Jocely son catalogados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como migrantes pendulares.

“La migración pendular es básicamente movimientos cortos. Desde un día hasta meses”, dijo el experto en migración Alfredo Infante.

De acuerdo a Infante, a la migración pendular la caracteriza la no pérdida del lugar de residencia y por lo regular la sostiene redes de solidaridad. 

“Las personas se movilizan por cuestiones de trabajo informal, teniendo como referencia siempre algunos contactos y vinculaciones vía solidaridad social”, señaló Infante, quien perteneció a la ONG católica Servicio Jesuita a Refugiados. 

Según una investigación de Radio Fe y Alegría, 60% de los migrantes pendulares son mujeres y el resto hombres. 30% son personas de entre 21 y 40 años y 70% son menores de 21 años. 

“Los movimientos pendulares son dinámicas que ocurren en todo proceso migratorio. Obedecen en nuestro caso a la dificultad de permanencia en otros países dado el cierre de las políticas migratorias, la desprotección por el cierre de las relaciones consulares y la necesidad de conseguir dinero para sostener la vida en Venezuela”, sostuvo. 

“Está ocurriendo qué la gente va a capitalizar algún recurso para luego comprar aquí un carro o montar algún negocio”, aseveró el experto en migración.

El grueso va por comida

La mayoría de los migrantes pendulares que cruzan la frontera hacia Colombia se dedican a adquirir productos, de acuerdo a la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe (CPAL). Un 50% va por víveres, 37,5% por medicinas y 12,5% por ropa y calzado.

“Normalmente estos movimientos pendulares se dan entre poblaciones fronterizas, pero en Venezuela se están produciendo desde todo el país”, aseguró Infante.

Los migrantes pendulares no se limitan a comprar, sino que trabajan. 

“Es triste porque el deterioro de la economía nos ha convertido en mano de obra esclava y en el mejor de los casos, mano de obra barata”, indicó Infante.

De acuerdo a CPAL, 42,7% de los migrantes pendulares que trabajan en Colombia lo hacen como vendedores; 22,8 son empleados de oficinas; 15,2% son profesores y maestros; 9,9% pertenecen a la industria de la construcción y la metalurgia y 6,2% son transportistas.

“Conozco, por ejemplo, poblaciones de caficultores que migran a Colombia en tiempos de colecta y también trabajadoras sexuales que pendulan”, sostuvo Infante.

El experto en migración dijo además que este tipo de dinámicas afecta el tejido social debido a que introduce un elemento que vulnera la convivencia familiar, comunitaria y social. “Entramos a un proceso de normalización cultural resultado del deterioro institucional, y las personas en busca de un piso, se movilizan, pero al no encontrar protección por ausencia de consulados y de políticas receptivas, se ven forzadas a pendular”.

Para Infante la migración pendular seguirá ocurriendo y se profundizará porque en los fenómenos migratorios las dinámicas son ondas expansivas.

“Por supuesto que la población más afectada son los niños, adolescentes y adultos mayores, pues quedan desprotegidos y en la intemperie en Venezuela”.

Familiares exigen una investigación privada sobre el caso, resarcimiento de daños al diputado y sanciones a los responsables de la violación de sus derechos

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata del diputado Juan Requesens por considerarla arbitraria, así mismo pidió medidas contra los responsables de la detención del parlamentario.

“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Requesens inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, dice el documento del Grupo de Trabajo.

Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, manifestó que esta decisión también exige una investigación privada sobre el caso, resarcimiento de daños al diputado y sanciones a los responsables de la violación de sus derechos.

Afirmó que ningún representante de la mesa de negociación entre partidos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, se ha comunicado por él para hablar de la liberación del diputado. Enfatizó que la liberación de Requesens no se negocia porque él es inocente.

“Esto es un problema político y no jurídico, estamos luchando contra gente que viola la constitución”, dijo Juan Guillermo Requesens.

Sostuvo que el diputado por el estado Táchira se mantiene fuerte y claro en su lucha. “Pide que se siga luchando en las calles y que se apoye la iniciativa de la Asamblea Nacional”, dijo.

Por su parte, Joel García, abogado defensor del parlamentario, dijo que el Grupo de Trabajo constató todo lo que se ha venido denunciado en torno al caso.

Juicio oral para el 25 de noviembre

García también informó que el inicio del juicio oral y público del diputado y los otros 16 acusados en el caso fue pautado para el lunes 25 de noviembre.

Recordó que Venezuela recientemente ganó un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que deben acatar la decisión del Grupo de Trabajo y liberar a Requesens.

“Sabemos que Requesens es un preso político, la decisión de su liberación no la tiene un juez si no alguien del Gobierno”, enfatizó.

UN INFORME DE LA ONG Una Ventana a la Libertad revela que la corrupción policial es la principal causa del retardo procesal en los centros de detención preventiva en Venezuela.

Una consulta anónima a abogados que trabajan en distintos tribunales del país arrojó que el 49% de los entrevistados considera que la corruptela de los funcionarios es la razón medular del retardo.

Otro 41% señaló que la causa fundamental del retardo procesal se debe a una alta incidencia en la corrupción judicial. Cualquier actuación en los Tribunales tiene un costo, incluso el hecho de pedir a un aguacil que traslade un expediente.

Por su parte, un 10% manifestó que está asociado al alto índice de diferimiento de las audiencias.

Según el artículo 49 de la Constitución Nacional , toda persona se presume inocente hasta que un juzgado dicte su culpabilidad, premisa que se ratifica en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal.

Un funcionario del Palacio de Justicia del Estado Zulia, que prefirió mantenerse en el anonimato , indicó que de 1.275 audiencias fijadas en una semana solo se realizaron 248, por lo que quedaron diferidas 1.027, es decir un 75% de las audiencias.

En el limbo judicial

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, el 70% de los reclusos en Venezuela no tiene una sentencia definitiva, lo que se traduce en unas 50 mil personas.

Para 2015, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas informó que más del 60% de los detenidos en Venezuela se encontraban en prisión preventiva.

«La mayoría de los abogados consideran que entre las principales consecuencias del retardo procesal se encuentra, el hecho que se genere un estado de indefensión, la violación de derechos fundamentales y las condiciones de hacinamiento en los centros de detención preventiva que ocasionan graves afectaciones a la salud e integridad de los detenidos», se desprende del informe 

Una Ventana a la Libertad denunció que murieron 305 privados de libertad en 174 centros de detención monitoreados durante  2018, la mayoría por deterioro físico producto de tuberculosis y desnutrición aguda. Además, 114 reos resultaron lesionados, la mitad en huelgas de hambre.

Entre las soluciones al problema del retardo procesal, 29% de los encuestados considera oportuno que se realice una depuración del sistema de justicia en Venezuela, 22% de los entrevistados piensa que es fundamental ampliar la estructura tribunalicia, 18% propone que exista una aplicación estricta de los principios constitucionales en materia procesal, 14% no confía en la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y 16% considera que la disminución del retardo procesal pasa por establecer un sistema de meritocracia.

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