Pasó un año desde que en nuestro país recrudecieron las protestas contra el gobierno, conviene entonces hacer un balance de lo que estos doce meses nos han dejado, sobre todo ahora que la queja y la movilización general han vuelto a tomar las calles, en un escenario, valga decirlo, aún más delicado y difícil que el que se padecía en febrero de 2014.
Durante el año 2014, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en nuestra nación tuvieron lugar 9.286 protestas. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea de la dimensión real del problema, de un promedio de 26 protestas diarias, durante cada día del año. Más allá de las valoraciones políticas o de los sesgos que se pretendan para analizar este fenómeno, algo debe estar muy mal en un país cuando se vive este grave nivel de conflictividad. Lamentablemente, el 2015 no se avizora mejor.
La respuesta del poder ante tal realidad ha sido tanto ineficaz como reveladora. Lejos de tratar de identificar los problemas que generan la movilización social, proponiendo soluciones concretas y plausibles para enfrentarlos, lejos de escuchar el clamor popular, tratando de tender puentes que nos permitan superar la crisis, el gobierno se dio a la sistemática tarea de reprimir y de criminalizar cualquier manifestación de descontento o de queja. Pueden Maduro y sus seguidores buscarle la vuelta que quieran a esta verdad, pero no olvidamos que el origen de las protestas se encontraba en la grave inseguridad que padecemos. Fueron los estudiantes del Táchira los que encendieron la mecha, el cuatro de febrero de 2014, no porque buscasen la salida de Maduro del poder, sino indignados por el intento de violación padecido por una de sus compañeras. El gobierno evadió entonces sus responsabilidades, “huyó por la derecha” como Melquiades (la caricatura) y optó por darle a estos justos reclamos un cariz que no tenían: Los politizó. En lugar de reforzar nuestra seguridad interna, en lugar de luchar contra los altísimos índices de impunidad, en vez de mejorar nuestra estructura judicial y carcelaria, en lugar de capacitar y equipar mejor a nuestros cuerpos policiales para la lucha contra el hampa, jugó hacerse el sordo ante el clamor de las madres y padres que a diario pierden a sus hijos a manos de los verdaderos criminales y a etiquetar como delincuente, eso sí, a todo el que le alzara la voz ¿El saldo de esto? Más de 25.000 muertes violentas en solo un año, a un promedio nacional de casi 69 muertes violentas por día, más o menos tres muertes violentas cada hora del día durante los 365 días del año. Es la consecuencia de agarrar el sartén por donde quema, que no por el mango.
Pero tal ceguera no solo nos dejó esos números negros. Desde el cuatro de febrero de 2014 hasta el diez de febrero de 2015 se habían producido, solo con ocasión a las protestas nacionales, 3.517 detenciones, arrestos o “retenciones” ilegales de personas cuyo único pecado, en la mayoría de los casos, había sido solo el de manifestar en paz contra el poder. En los primeros meses del año se produjeron formalmente 286 decretos judiciales de privación de la libertad, y 2.439 personas, además, fueron sometidas a procesos penales bajo la modalidad de libertad con restricciones que se conoce como “medidas cautelares”. Estas cifras, merced el trabajo legal de abogados defensores voluntarios de ONG y de letrados privados han bajado, pero aún quedan 60 privados de la libertad y 1.977 ciudadanos sometidos a procesos penales, esto es, formalmente criminalizados, bajo medidas cautelares.
Léase bien: En solo un año, más de dos mil personas fueron sometidas a proceso penal, y están siendo investigadas y tratadas por el poder como “criminales”, restringidas o privadas de su libertad, solo por haber participado en las protestas que tuvieron lugar el año pasado. Incluso muchos de los que aún siguen procesados fueron capturados sin siquiera ser parte de las masas que protestaban, solo por estar en el lugar y en el momento equivocados. En ese espacio de tiempo, y con esta intensidad, esto no se había vivido jamás en Venezuela. A esto tenemos que añadirle que durante los últimos meses del año al gobierno le dio por mandar a encarcelar a personas que se expresaban contra el poder a través de las redes sociales. Fueron inicialmente siete personas, pero al día de hoy quedan seis “tuiteros” privados de su libertad.
La Fiscalía contabiliza 43, pero en realidad fueron 44 las personas cuyas muertes pueden ser vinculadas a las protestas de 2014. Si mencionamos solo algunos casos, en 16 de éstos es evidente la participación de funcionarios militares, de policías, o de civiles armados que actuaron con la anuencia de aquellos. Es decir, hay 16 casos en los que se confirma que se trata de violaciones graves a los DDHH. También fueron asesinados de manera criminal siete funcionarios militares o policiales. Un país en el que esto esté pasando es un país que, a todas luces, está muy mal.
También, desde el Foro Penal Venezolano hemos documentado, solo en relación con los detenidos durante estas protestas, 138 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes o de torturas. Nuestra cifra, sin embargo, se queda corta ante la del propio Ministerio Público, que habla de 187 casos. Solo diez funcionarios están siendo investigados por estos hechos. La impunidad ha sido la regla.
Sin embargo, lejos de aprovechar la coyuntura para medir la profundidad real de estas aguas oscuras e infectas, buscando erradicar a la intolerancia, al miedo y a la violencia como medios para controlar a la población, el poder no ha hecho más que servirse de lo ocurrido para, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, tratar de apuntalar una “versión oficial” de la realidad que, por su falta de apego a la verdad, no termina siendo más que una “mentira oficial” sobre lo ocurrido. Se equivoca, sin embargo, al creer que el mundo y los venezolanos somos ciegos a la verdad. La magnitud nunca antes vista de su represión ha logrado que no exista un solo venezolano que no haya vivido en carne propia, o en algún amigo o pariente cercano, la verdad de las graves violaciones a los DDHH que estamos sufriendo. Contra eso no hay cuento que valga.
En este contexto, la incertidumbre es la norma. No existe propósito de enmienda en el poder, ni disposición alguna para aceptar la crítica, pero aun así nos acaban de soltar dos golpes muy poderosos, de muy alto impacto en la población y de consecuencias imprevisibles. El primero, la macro devaluación de nuestra moneda, disfrazada de SIMADI, que a todos, nos guste o no, nos va a pasar factura. El segundo, el aumento del 40% en el pasaje para las rutas urbanas y suburbanas, que afecta directamente a los venezolanos más humildes y que “no ve luz” ante el parco aumento de salario del 15% recién decretado. Y ya viene otro, para el cual ya están en campaña: El aumento de la gasolina ya anunciado y manoseado.
El saldo es rojo, y está en rojo.
@HimiobSantome
