Nomura

Para los analistas de Davos Financial Advisors, las sanciones de Trump solo confirman una situación de facto: los mercados internacionales ya se estaban absteniendo de operar con el Estado venezolano por el enorme riesgo que representa la nación latinoamericana.

“Venezuela se había auto-aislado de los mercados financieros mucho antes de las sanciones aplicadas por la Administración Trump. Ahora se formaliza una situación de facto”, comenta David Osio , CEO de Davos Financial Group.

Para el CEO de DFG, el aislamiento de Venezuela se hizo evidente cuando se realizaron las transacciones con Goldman Sachs y Nomura hace unos meses.

“No se trata de un plan maquiavélico de algunos países o instituciones. Es la reacción natural del mercado financiero ante un país cuyo gobierno ha buscado implementar un modelo ideológico contrario a las reglas del mercado y los valores de la comunidad inversionista”, explica Osio.

Pero ¿cuáles son los verdaderos efectos y quiénes son los verdaderos afectados por Trump?

Los efectos

Analistas prevén que dichas medidas generen un impacto desfavorable tanto en la capacidad de transar los bonos ya existentes en el mercado secundario, afectando en consecuencia su liquidez, así como en la capacidad de endeudamiento del gobierno venezolano en el mediano plazo, limitando aún más su capacidad de acción en los mercados.

Ante esto David Osio CEO de Davos Financial Group comenta, “se hizo evidente que la llamada comunidad internacional ya no tolera que entidades financieras estén facilitando el acceso a los mercados a un gobierno que enfrenta serios cuestionamientos internacionales por el conflicto político que atraviesa, y que además no cuenta con un plan económico coherente”.

“Estas sanciones pueden limitar la capacidad de transacción de los bonos con bancos de primera línea, quienes en vista del riesgo asociado van a preferir no transar los bonos de Venezuela o los de PDVSA”, agrega el CEO de Davos Financial Group.

Adicionalmente, afirma que “estas medidas tendrán un efecto en la población, incluyendo la que vive fuera del país, cuya actividad económica depende de la economía nacional”.

Sin embargo, cabe destacar que esta es una situación que ya venía ocurriendo.

Andrés Coles, director de Davos Financial Advisors, recuerda que “el 29 de diciembre de 2016 el Banco Central de Venezuela intentó una emisión por US$ 5.000 millones, pero le fue imposible venderla a mercado internacional y tuvo que vendérsela a si mismo”.

La emisión fue adquirida por una institución financiera del propio Estado, la cual entregó bolívares al BCV.

De acuerdo con el director de DFA, esa operación reveló que el Estado venezolano ya no podía colocar directamente deuda en mercados internacionales, y que debía hacerlo a través de instituciones en el mercado secundario, aceptando precios ínfimos por sus bonos.

“El mercado es tan eficiente que ya había aplicado un bloqueo implícito. Es por lo que ahora algunos analistas se preguntan si las sanciones de Trump eran necesarias.”, comenta Coles.

Quiénes aplican la sanción

Los grandes inversionistas en el mundo están conformados por fondos de inversión, como los fondos mutuales o “hedge funds” cuyos clientes subyacentes son fondos de retiro, fundaciones benéficas, reservas de aseguradoras, y otros.

El capital que fluye en los mercados internacionales está ampliamente democratizado, y se rige bajo parámetros básicos de ética y moral.

“Son instituciones que buscan eficiencia y tienen conciencia. Sus protocolos indican que no pueden invertir en países que violen los derechos humanos, que se encuentren al margen de la ley”, explica Coles.

En esas instituciones hay mucha aprensión por la situación de Venezuela.

“Estas políticas son flexibles, pero el caso de Venezuela se ha vuelto extremo, es una noticia mundial, y eso ha tenido un costo altísimo para el gobierno de Maduro y para la nación”, indica Coles.

Presión de los mercados

Cuando una empresa o país emite bonos de deuda, lo hace esperando recibir el monto completo de lo que necesita.

Si necesita $10 millones, emite la obligación por ese monto y espera recibir 10 millones de dólares. Adicionalmente, debe pagar un cupón con una tasa de interés de acuerdo con lo que demande el mercado.

En este momento, un bono de un país emergente, con vencimiento a 10 años, puede ofrecer una tasa de 5% aproximadamente bajo condiciones normales, como por ejemplo Colombia.

El caso de Venezuela es muy distinto.

“Mientras que los bonos de la deuda de un país pueden ofrecer ese rendimiento de 5%, el Estado venezolano tiene que ofrecer una tasa de rendimiento superior al 20% para contrarrestar el riesgo que transmite por su política económica, su dependencia en la producción petrolera y el conflicto político”, aclara Coles.

“No hay posibilidad de que un país pueda emitir instrumentos financieros con ese elevado rendimiento. No puede esperar que los mercados le ofrezcan condiciones atractivas si su política internacional y su política económica son equivocadas o inciertas”, explica Coles.

Golpe a la industria petrolera

Hasta ahora, el bloqueo extraoficial ofrecía ciertas ventanas de oportunidad.

“Antes de estas sanciones, el Estado venezolano pagaba sus compromisos con proveedores entregándoles bonos de la deuda o notas promisorias, o con el dinero obtenido al vender estos bonos a precio de remate. Ahora no lo podrá hacer, porque las plazas principales donde esos instrumentos se negocian se han cerrado formalmente”, explica Osio.

Este mecanismo se utilizaba comúnmente para honrar compromisos con proveedores de servicios de la industria petrolera, que ahora se verá más afectada ante la imposibilidad de utilizar esta herramienta.

“Las sanciones también impiden que el Estado venezolano pueda recibir los dividendos de sus empresas petroleras en territorio estadounidense -que fundamentalmente es Citgo-, ni generar deuda respaldada con estos activos”.

De acuerdo con David Osio, “este escenario ha dificultado igualmente la capacidad de PDVSA y empresas del Estado de obtener cartas de crédito por parte de los bancos internacionales para sus exportaciones.  Esta situación limita aún más la operación financiera de la industria petrolera, y por ende el continuo deterioro en sus actividades”.

Quiénes se benefician

“Es evidente que estas sanciones alimentan el discurso político del gobierno venezolano, al mostrarse como víctima de Estados Unidos. Es el mismo argumento que Cuba ha mantenido por muchos años”, comenta Coles.

No obstante, también pudiera haber un giro económico inesperado.

Al inicio de esta semana los bonos de la deuda de Venezuela cayeron 5%, lo cual es un sismo para los estándares habituales de este tipo de instrumentos en los mercados de capitales.

“Eso significa que hay una oportunidad para que algunos aliados como Rusia o China recompren esos títulos facilitándole la capacidad de honrar los vencimientos, y generen importantes ganancias para aquellos tenedores de bonos venezolanos que entren a estos niveles, bajo acuerdos preferenciales con el Estado”, comenta el director de Davos Financial Advisors.

Resultados sorpresivos

Por otra parte, hay algunas consecuencias que pudieran no ser del agrado de quienes esperan una transición a la crisis política, y la estabilidad económica en Venezuela.

“Venezuela se ha quedado con reducidas posibilidades de refinanciar su deuda, como lo hace a diario cualquier país. Si no puedes emitir deuda nueva, para pagar los vencimientos de la deuda existente, te colocas en una posición insostenible”, advierte Coles.

Sin embargo, esto no necesariamente implica que se produzca una transición hacia una mayor estabilidad política y económica.

“Se cree que un descalabro financiero provoque una transición pacífica en el país, pero no hay garantías de eso. Nadie puede asegurar qué tipo de transición se produciría. De hecho, pudiera ser hacia una dictadura de corte netamente militar. El gobierno de Trump pudiera estar jugando con fuego en este momento” concluye Coles.

¿Riesgo de un default?

Para el equipo de DFG, el cierre de los mercados para Venezuela no es el resultado de un plan macabro, sino de la reacción del mercado financiero ante un actor que representa un riesgo económico.

El clima político está afectando el buen desempeño de los bonos venezolanos, incrementando peligrosamente el riesgo a un default.

En opinión de David Osio, este comportamiento de los mercados, alejándose del riesgo de Venezuela, tiene un efecto más poderoso que las sanciones de cualquier nación u organismo multilateral.

¿Qué hacer?

A una semana de anunciarse las medidas, muchas instituciones han anunciado oficialmente su negativa a negociar papeles del Estado venezolano, por lo que muchos se preguntan qué puede hacer Maduro salir adelante.

Al respecto, Osio explica que “el problema de Venezuela no es netamente económico. Es un problema de confianza en quienes dirigen la política económica y las funciones del Estado. Al no confiar en la dirección del país, los mercados toman sus previsiones con o sin sanciones”.

“En nuestros reportes recientes advertimos las implicaciones de no tomar medidas de ajuste económico, en términos de hiperinflación, mayor deterioro de la calidad de vida. Ahora es tarde para tomarlas”.

“Se ha hablado que un camino para contener la crisis en desarrollo sería dolarizar la economía, y creemos que esa puede ser una vía. No obstante, el punto clave sigue siendo la confianza que generen quienes estén al frente de las riendas del Estado venezolano”, concluyó David Osio.

*Con información de Davos Observer

FOTO: Marco Bello / REUTERS

CARACAS (Reuters) – El Banco Central de Venezuela (BCV) está en conversaciones con el prestamista japonés Nomura para vender notas que posee en su portafolio a cambio de liquidez, dijeron el jueves el diputado opositor Ángel Alvarado y una fuente del sector financiero.

La discusión se conoce pocas semanas después de que Nomura participó junto al banco estadounidense Goldman Sachs en una controvertida compra de bonos venezolanos valorados en 2.900 millones de dólares.

La negociación actual involucra dos notas emitidas por el banco japonés con un valor nominal de 710 millones de dólares, que mantiene en cartera el Banco Central, dijo una fuente financiera local conocedora de las negociaciones. Los títulos emitidos en 2008 y atados al riesgo de incumplimiento de pagos vencen en 2018 y 2023.

«El Gobierno sigue en una estrategia desesperada de remate de activos», dijo el diputado Alvarado a Reuters. «Ahora Nomura está recomprando notas que tiene el Banco Central a precios de gallina flaca», agregó el legislador, sin aportar mayores detalles sobre las condiciones de la operación.

El presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, negó que la entidad esté negociando con Nomura. «Eso es falso. No lo estamos haciendo (…) yo lo niego», dijo a Reuters.

Luego agregó que «ningún Banco Central divulga sus estrategias».

Nomura no quiso hacer comentarios sobre las afirmaciones de las fuentes consultadas por Reuters.

EN OFERTA

El instituto emisor viene ofreciendo buena parte de su portafolio de títulos para conseguir efectivo rápido y con ello cubrir pesados compromisos financieros de este año y el próximo, que superan sus reservas de unos 10.000 millones de dólares.

La oposición venezolana, en tanto, inició una campaña para disuadir a firmas de Wall Street de financiar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha cosechado la condena internacional por supuestos abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, Nomura parece dispuesto a enfrentar las críticas a cambio de cerrar un atractivo negocio. Un operador financiero en Nueva York, familiarizado con las conversaciones, también indicó que el banco prevé recomprar las notas con un fuerte descuento.

«La negociación puede cerrarse tan pronto como la semana que viene», dijo el agente, que solicitó reserva de su nombre porque no está autorizado para comentar del caso.

Desde el año pasado, Nomura discute acuerdos financieros con autoridades de Venezuela utilizando como garantía papeles en manos del BCV.

Según un documento visto por Reuters y fechado en diciembre de 2016, una de las propuestas era que el BCV entregara una nota por 390 millones de dólares emitida por Nomura al 2018 y con un cupón de 6,75 por ciento, a cambio de otra nota al 2022 y una porción de efectivo.

Si bien esa operación se postergó, el banco japonés compró en mayo bonos venezolanos valorados en 100 millones de dólares, con un 70 por ciento de descuento. Otros 2.800 millones de dólares de esos mismos papeles fueron adquiridos por Goldman Sachs.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, denunció el jueves a los dos bancos ante organismos financieros reguladores en Estados Unidos como la SEC, FINCEN y FINRA.

La carta firmada por su presidente, Julio Borges, pide investigar irregularidades en la compra de esos bonos, que por años estuvieron en la cartera del BCV, pero ambas instituciones adquirieron a través de intermediarios en el mercado. Los diputados acusan que usaron esa vía como un «subterfugio».

Las notas de Nomura forman parte de una cartera de títulos con un valor facial de unos 2.500 millones de dólares que aún posee el instituto emisor e intenta negociar con firmas en Wall Street, dijo una fuente financiera conocedora de esos activos.

El analista principal para las Américas de la firma IHS Markit, Diego Moya-Ocampos, considera que si bien los mercados reaccionaron al atractivo de unas transacciones ventajosas, detrás de la compra de los bonos venezolanos se esconde la apuesta por un cambio de Gobierno en los próximos dos años. La lectura de los inversionistas es que las protestas continuarán pues el Gobierno no podrá hacer frente a la creciente escasez, verdadero motivador del malestar social. Ávido de liquidez, al que más le interesa incentivar la rapiña es al propio Gobierno

@GitiW

“ERA UN BUEN NEGOCIO”, sentencia de entrada Diego Moya-Ocampos, analista principal para las Américas de la firma con sede en Londres, IHS Markit. El driver de los mercados es obtener ganancias y la compra de unos bonos a 70% de su valor es a todas luces una ganga difícil de rechazar.

Los bonos venezolanos se vienen transando desde hace años y constituyen uno de los activos más atractivos en los portafolios de inversión. No obstante, tras casi 70 días de protestas y represión contra una población desarmada, las transacciones realizadas por el grupo Goldman Sachs y por el banco de inversión japonés Nomura entraron bajo un escrutinio ético más severo.

Al editorial del Washington Post en el que afirman que Goldman Sachs hizo un “negocio irresponsable con el régimen corrupto de Venezuela”, y el artículo del Wall Street Journal titulado: «Algunos los llaman bonos de hambre o incluso bonos de sangre«, se sumó la voz de la congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen, quien afirmó que la transacción de ese grupo de inversión agrava la crisis venezolana al incrementar la deuda a futuro.

Vea video en pleno: Estoy preocupada sbre exportaciones d petróleo d #Venezuela para EEUU porque financian a #Maduro pic.twitter.com/kCgxSwAtwQ

— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) June 7, 2017

Al riesgo reputacional se suma el riesgo de una economía que parece acercarse cada vez más al precipicio del incumplimiento de pagos. Ese, más que el primero, es un temor real para todo inversionista, razón que lleva a cuestionar el criterio detrás de ambas transacciones.

¿Qué ven los mercados en Venezuela?

Moya-Ocampos responde con absoluta certeza: “Ven a un gobierno dispuesto a hacer lo que sea para honrar sus compromisos de deuda. No tienen duda de que les van a pagar. Incluso si llega a haber un default, los términos de renegociación igual les permitirían recuperar los costos de inversión”.

El analista estima que los mercados están evaluando tres variables al momento de hacer negocios con la deuda venezolana: la primera, que la popularidad del Gobierno está en picada y posee una capacidad de gobernabilidad muy limitada.  

La segunda variable es que el liderazgo opositor es cada vez más fuerte y esencialmente es un grupo “probusiness”, de modo que la probabilidad de que paguen los bonos es alta, pese a lo que hayan dicho desde la Asamblea Nacional.

“Si bien existe la duda de que toda emisión de deuda a partir del 1ero de enero de 2017 esté sujeta a nulidad porque no fue aprobada por la AN, los presupuestos anteriores sí tienen aprobación y todas las operaciones subsecuentes se entienden como válidas. La presunción del mercado es que Venezuela va a pagar. Adicionalmente, para un nuevo Gobierno, no pagar significa aumentar el riesgo país en un momento en el que justamente necesitarán reconstruir la confianza de los mercados e inversionistas”, explica.

La tercera consideración estima que, pese a las protestas, no haya ninguna transición pero el Gobierno pierda la capacidad de pagar los bonos. “¿Qué ocurre? La compra se hizo a 30 centavos de dólar y eso es más o menos lo que esperarían recuperar. El punto clave es que la intención de pago del Gobierno venezolano nunca ha estado en duda, lo que sí preocupa a partir de 2018 es la capacidad que tendrán para hacerlo debido a la caída en la producción petrolera (actualmente estimada en 1,9 millones de barriles diarios) y a la persistencia de un modelo económico inviable”, señala Moya-Ocampos.  

“Fue una jugada muy agresiva y una apuesta de altísimo riesgo”, afirma Moya-Ocampos, quien agrega que pese a los cálculos, los mercados también se equivocan. “Quizás no están evaluando que si bien la protesta puede aumentar, la represión también se incrementará y la transición puede no darse, o no ser pacífica ni democrática. La situación venezolana fácilmente podría desembocar en un caos de ingobernabilidad”.

Nadie apuesta contra sí mismo

Una pieza que no cuadra en muchos análisis sobre la actuación del Gobierno en el manejo interno de la crisis, es por qué ha mantenido un compromiso tan fuerte con pagar las deudas internacionales, a pesar de que ello ha significado una drástica reducción de las importaciones y, en consecuencia, una pérdida importante de popularidad en su base electoral.

Moya-Ocampos ofrece una respuesta que es como encontrarle la quinta pata al gato: “Se estima que 27% de los tenedores de bonos soberanos y de Pdvsa son inversionistas locales. ¿Quienes son? No se sabe, pero no sería de extrañar que sean los mismos que toman las decisiones de pagarlos. Eso es lo que hace atípico el caso venezolano, el hecho de que altos personeros del Gobierno y del ala militar sean tenedores de estos bonos”.

El analista no deja pasar un punto que parece obvio: “El Gobierno ha estado dispuesto a asumir cierto margen de conflictividad social producto de la intensificación de la escasez de comida y medicinas, en aras de pagar puntualmente los bonos, así de fuerte es la voluntad del Gobierno de pagarlos”.

Pero una cosa es la intención de pagar y otra es la capacidad de hacerlo. “No cabe duda de que el Gobierno va a pagar sus compromisos este año, pero a partir de 2018 lo que está en juego es su capacidad porque la producción petrolera sigue cayendo y el modelo económico no se corrige”, señala el analista.

En consecuencia, la perspectiva para 2018 es mayor inflación, mayor contracción económica, mayor escasez de comida, medicinas y bienes básicos. De allí que los mercados asuman que habrá un incremento de las protestas, mayor ingobernabilidad y posiblemente una transición.

El mensaje detrás del remate de los bonos: bienvenida la rapiña

Así sea de manera indirecta (vía mercado secundario), Moya-Ocampos afirma que “con la venta a descuento de los bonos venezolanos el Gobierno está fomentando una especie de cultura buitre, o al menos está creando las condiciones para el auge de esa cultura. Por otro lado, es un reconocimiento de que el valor de los bonos está muy por debajo de su precio nominal”.

Las decisiones de inversión se toman a corto plazo, explica el analista de IHS Markit. “Por ahora, los mercados interpretan que el Gobierno está desesperado por pagar, que quiere honrar la deuda porque sabe que si va a default el acceso a créditos se reducirá aún más y podría llevar a un colapso económico total. Los mercados también saben del incentivo interno por el considerable nivel de bonos en manos de civiles y militares cercanos al Gobierno, lo cual los hace parte interesada en asegurar el pago”.

Si los mercados son cortoplacistas, en esta fase el gobierno de Maduro lo es todavía más. “Desde hace años, el Gobierno venezolano está en modo supervivencia: un día, una semana, un mes y un año a la vez. Esa es su lógica. Rematar estos bonos es parte del modo de pensar del chavismo en esta etapa. Con esa entrada de dinero fresco el Gobierno se permite dos cosas, una desde el punto de vista operativo y otra desde la perspectiva comunicacional”, afirma Moya-Ocampos.

En el orden de lo pragmático, la operación le brinda el dinero líquido que urgentemente necesitan para evitar un default este año. Otro objetivo es sortear el ciclo electoral que abrieron con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Comunicacionalmente, la transacción también puede usarse para beneficio de la retórica del Gobierno. “Pueden manipular las transacciones para proyectar la imagen de que los inversionistas internacionales aún quieren hacer negocios con Venezuela. Por supuesto, omitiendo la parte del gran descuento”, dice el analista.

El default: la papa caliente

“Para el chavismo, el futuro es irrelevante”, asevera Moya-Ocampos. Los compromisos de deuda más allá de 2018 se ven lejanos para un Gobierno cuyo objetivo es aguantar un día a la vez, agrega.

“Eventualmente, el Estado venezolano tendrá que ir a un default y reestructurar la deuda. Si quieren reestructurar los bonos, lo primero que les van a pedir es un plan económico claro y este Gobierno no está dispuesto a replantear su modelo, al contrario, el objetivo con la Constituyente pareciera ser profundizar aún más el Plan de la Patria”, dice el analista.

Quien también funge como analista principal de IHS Markit para Cuba, añade que “la apuesta de la Constituyente posiblemente esté en línea con instaurar un modelo de partido único y  construir una oposición a la medida, un poco como la que se vio en Alemania del Este, que era una fachada democrática”.  

“Creo que Venezuela está yendo hacia un choque de trenes. ¿Qué se quiebra primero, el aparato de represión del Estado o la capacidad de protesta?”, se pregunta Moya-Ocampos.

En su opinión, el Gobierno está claro que el escenario que le viene es de conflicto y por eso sigue apostando a la represión. “Saben que aun si pasan la Constituyente, el verdadero desencadenante de la protesta es la economía y eso no lo pueden resolver. Eso fue lo que llevó al Gobierno a perder su base electoral en 2015, ergo, se está preparando para entrar en una etapa en la que el ejercicio del poder sea a la fuerza, con métodos policiales”.

La apuesta del madurismo podría ser aguantar con la retórica Constituyente hasta que suban los precios del petróleo. “El Gobierno no quiere cambiar el modelo económico por dos razones: por un lado está el factor ideológico y por el otro está la falta de popularidad para tomar las decisiones económicas para cambiar el rumbo, por ejemplo, devaluación, ajuste de precios, etc. Ellos no tienen ni la legitimidad ni la popularidad para hacerlo, así que van a seguir por el mismo camino aunque no sea sostenible”, asegura el analista.

¿Cómo deja ese escenario al país? “Está claro que las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Estimo que en el plano inmediato aumentarán los niveles de conflictividad, violencia e ingobernabilidad porque el Gobierno decidió radicalizar su postura. La cúpula que toma las decisiones hace todo lo posible por permanecer en el poder. Por su parte, tras el fracaso del diálogo, a la oposición no le queda otra alternativa que seguir escalando la protesta en la calle para forzar las elecciones”.

¿Y si la oposición logra el cambio político?

Aunque muchos factores parecen jugar en contra, la posibilidad de que la oposición logre encauzar al Gobierno hacia un desenlace democrático no puede descartarse completamente.

“El simple hecho de lograr un cambio de Gobierno en Venezuela creará las condiciones para que vuelvan los capitales y se genere una espiral de confianza para avanzar en un proceso de recuperación sostenida. Con un liderazgo firme, que respete los compromisos y se ajuste al estado de Derecho, la recuperación es posible”, afirma Moya-Ocampos.

El analista coincide con la “lectura” de los mercados: “Todos los factores están dados para un cambio de Gobierno en los próximos dos años. Los factores sociales están dados para lograr una salida. Si la protesta sigue escalando y el Gobierno pierde la capacidad de contenerla, puede lograrse la fractura interna que lleve a forzar elecciones. Creo que esa es la apuesta de los mercados porque ven que la situación actual es inviable, que la protesta va a seguir y que el Gobierno no podrá seguir reprimiéndola, lo que va a forzar la transición electoral”.

El mismo mes en que Goldman Sachs compró unos 2.800 millones de dólares en bonos de la petrolera estatal venezolana, el banco estadounidense había rechazado una oferta de Caracas para colocar 5.000 millones de dólares en bonos soberanos, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

En parte, la negativa de la entidad se debió a que la operación le parecía muy compleja y no le convencía tratar de forma directa con un banco estatal venezolano, dijeron las fuentes.

Pero en la decisión de Goldman también pesaron las advertencias de un equipo de la oposición venezolana, que lanzó una campaña para explicar los riesgos reputacionales y legales de financiar al presidente Nicolás Maduro, al que acusan de «dictador», apuntaron dos fuentes en Nueva York, una de ellas parte del grupo de asesores del Parlamento venezolano.

En meses recientes, el grupo ha enviado cartas a 13 bancos para tratar de frenar el financiamiento al gobierno socialista, que ha recibido críticas de la comunidad internacional por su dejo autoritario y abusos a los derechos humanos, según relatan fuentes financieras, legislativas y vinculadas al Gobierno en Caracas y Nueva York.

Maduro busca dinero fresco para sostener a una economía en crisis, con una inflación de tres dígitos y una escasez crónica de alimentos y medicinas que ha desatado violentas protestas callejeras en el país petrolero.

Aunque ninguna carta enviada por el grupo opositor de 20 diputados, economistas y abogados fue respondida, algunos de ellos, que también trabajan en Wall Street, se reunieron informalmente con personas clave en los bancos. Otros, con diplomáticos de gobiernos extranjeros.

Cambio de plan

La estrategia tuvo algo de eco, hasta que Goldman Sachs y Nomura optaron por adquirir a través de intermediarios casi toda la emisión de otro bono colocado por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) , según confirmó el banco estadounidense y fuentes cercanas a la entidad japonesa.

El acuerdo financiero provocó la condena de Julio Borges, quien en Venezuela preside el Congreso de mayoría opositora, y también fue criticada por algunos legisladores estadounidenses.

Incluso el propio gobierno de Donald Trump estaría preocupado por la decisión de las entidades de dar «oxígeno» a su par en Venezuela, dijeron a Reuters funcionarios de alto rango.

Sumándose a los 2.800 millones comprados por Goldman, Nomura adquirió unos 100 millones de dólares de los bonos PDVSA 2022. Pocos meses antes el banco japonés había cancelado discusiones para inyectar 1.000 millones de dólares en efectivo al Banco Central venezolano a cambio de toda la emisión de PDVSA con un valor nominal de 3.000 millones de dólares.

El diputado opositor Rafael Guzmán confirmó en abril que se habían suspendido las conversaciones.

La decisión de Nomura se tomó después de que el Tribunal Supremo relegara al Congreso -dominado por la oposición- tomando algunas de sus atribuciones a fines de marzo.

La delegación de Nomura había llegado a Caracas apenas después del fallo de la corte y decidió frenar las negociaciones por preocupaciones sobre el impacto financiero, legal y reputacional de la operación, según un ejecutivo de la industria financiera con conocimiento directo de la situación.

Como Goldman Sachs, Nomura había recibido la carta de Borges advirtiendo sobre los riesgos de hacer negocio con Maduro, a quien acusa de demorar las elecciones y buscar crear una dictadura con su plan de modificar la Constitución. El grupo opositor ayudó a redactar las cartas.

Goldman Sachs y Nomura no quisieron hacer comentarios sobre el cabildeo opositor y sus operaciones previas con el gobierno venezolano. El gobierno de Venezuela y su Banco Central tampoco respondieron a las peticiones de información sobre esas negociaciones.

Otros de los bancos que recibieron las cartas fueron Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo, UBS, HSBC, Barclays, Credit Suisse, Bank of China, China Construction Bank y el chino ICBC. Consultados por Reuters, no quisieron hacer comentarios o no respondieron a la solicitud de declaraciones.

Reuters pudo ver dos cartas modelos que distribuyeron por correo a los presidentes de los bancos.

«Las cartas son una especie de recordatorio moral», dijo un operador en Nueva York.

Punto de vista

Para Goldman y Nomura, lidiar directamente con el gobierno venezolano era problemático.

Cuando los bonos que Nomura no quiso comprar en marzo volvieron a salir a la venta, los dos bancos esta vez decidieron entrar al negocio a través de intermediarios que incluyeron a la pequeña firma Dinosaur Group.

El precio era irresistible. El brazo de administración de activos de Goldman Sachs pagó con un descuento del 69 por ciento los bonos PDVSA 2022 que tenían un valor nominal de 2.800 millones. Nomura desembolsó unos 30 millones de dólares por los títulos con un valor de 100 millones, dijeron dos fuentes.

El banco japonés no quiso hacer comentarios sobre la transacción. Goldman la confirmó en un comunicado diciendo que su división compró los bonos «en el mercado secundario a un corredor y no interactuó con el gobierno venezolano».

«He visto un conflicto entre los departamentos en las bancas de inversión. Por un lado los departamentos de negocios, que quieren cerrar operaciones jugosas y por el otro los departamentos de research y compliance (cumplimiento)», dijo un consultor en Venezuela que tiene de clientes a algunos de estos bancos.

El trabajo de los agentes de cumplimiento es cuidar que las instituciones no queden expuestas a riesgos legales. En mayo por ejemplo, el Departamento del Tesoro inició una investigación sobre un préstamo de la petrolera rusa Rosneft a PDVSA a solicitud del Congreso estadounidense.

Bancos globales han estado este año cerrando cuentas bancarias de venezolanos y restringiendo servicios de intermediación, aseguran fuentes en Wall Street y Caracas.

Fuentes vinculadas al Gobierno admitieron que han tocado la puerta de «varios bancos», incluido el HSBC, pero todavía no han cerrado nuevos acuerdos.

¿Falta de escrutinio?

Maduro protestó el mes pasado por la campaña contra sus esfuerzos de lograr financiamiento.

«Yo buscando plata en el mundo, buscando negocios, inversionistas y Julio Borges mandando cartas, cartas y cartas para que no vengan los inversionistas a Venezuela, para que Venezuela no pague su deuda externa», se quejó en un discurso televisado.

Su gobierno anunció el jueves que busca llevar a la Justicia a Borges por liderar el cabildeo internacional.

En Goldman Sachs, la compra de los bonos no recibió escrutinio de las altas esferas porque fue comprado por la división de administración de activos en representación de clientes y a través de un corredor.

El comité de estándares del grupo, que suele revisar transacciones controvertidas, no lo evaluó, dijo una persona cercana a la situación.

La omisión pone de relieve el reto que todavía enfrenta Goldman en la gestión de acuerdos polémicos, a pesar de la reforma de su estructura de gobierno tras la crisis financiera.

La reacción que generó la operación tomó por sorpresa a ejecutivos de Goldman, agregó una segunda fuente conocedora de la operación.

«No conozco otra transacción financiera que haya tenido tanta publicidad negativa como esta con Goldman Sachs», dijo la analista Luisa Palacios, después de hacerse pública la operación con los bonos al 2022.

Un representante de Dinosaur, que actúa como intermediario ayudando a los clientes a hacer operaciones en forma anónima, no respondió a las solicitudes de Reuters de comentarios.

Una persona familiarizada con la transacción de Nomura dijo que el tamaño relativamente pequeño de la misma y el uso de un intermediario la hicieron aceptable. El equipo consideró que se distinguiría de otros acuerdos que otorgan liquidez al gobierno.

«Usar al intermediario es una manera de buscarle la vuelta a la óptica de negociar directo con el gobierno y parecer que están involucrados en cómo un gobierno maneja su deuda, sobre todo cuando está al borde de la quiebra», dijo la exdirectora de Goldman Nomi Prins, hoy miembro del centro de estudios Demos.

«Huele feo», sostuvo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) evalúa una operación de pacto de retrocompra o repo con el banco de inversión Nomura, en la que ofrecería unos bonos de la estatal PDVSA esperando recibir más de 1.000 millones de dólares, según un documento que vio Reuters y una fuente conocedora de la operación, en momentos en que el país tiene problemas de liquidez.

Un repo es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado.

En cierto modo se parece a actuar como si fuéramos una casa de empeño o a un contrato de prenda. El cliente necesita dinero y le concedemos un préstamo quedándonos algo que le pertenece, sólo que en vez de quedarnos una joya nos quedamos con un activo de deuda pública.

El BCV entregaría los bonos con el compromiso de recomprarlos en tres años, dijo la fuente del sector financiero conocedora de la propuesta.

La operación está a la espera de una revisión por parte del nuevo presidente del instituto, Ricardo Sanguino, luego de que su antecesor en el cargo, Nelson Merentes, renunció en enero, agregó la fuente.

Con el financiamiento, el Banco Central busca inyectar liquidez a las alicaídas reservas internacionales del país OPEP, que se encuentran en mínimos de 21 años.

En la negociación con Nomura, descrita como «una operación de repo», el BCV recibiría «más de 1.000 millones de dólares» a una tasa de interés «atractiva», comentó la fuente, sin dar más detalles.

Como los títulos de la República y Petróleos de Venezuela (PDVSA) se transan hasta por menos de la mitad de su valor, por el creciente temor a un posible incumplimiento de pagos, el emisor ha optado por recurrir a pactos privados antes de salir a vender en el mercado los papeles que posee en cartera.

Uno de ellos, una emisión al 2022 por 3.000 millones de dólares que hizo PDVSA -y entregó en privado al BCV-, es la que se considera para la operación, según el documento visto por Reuters enviado al entonces presidente del BCV en diciembre del 2016.

Los papeles fueron emitidos en el 2014, según un informe financiero de PDVSA, pero nunca han salido al mercado.

Nomura Bank no quiso hablar de la operación. El BCV no respondió a una solicitud de información de Reuters. Sin embargo, una fuente del gobierno dijo que el emisor evaluaba echar mano de activos, incluyendo bonos de PDVSA, para obtener «varios miles de millones (de dólares)».

RESERVAS EN MÍNIMOS

Venezuela tiene 10.544 millones de dólares en sus reservas internacionales para hacer frente a pesados compromisos de deuda que este año superan los 9.000 millones de dólares.

Pero de ese total, un 70 por ciento se encuentra en oro monetario que, a fines del año pasado, sumaba 7.734 millones de dólares, la mitad de lo que representaban los lingotes hace tres años.

No es la primera vez que el Banco Central busca monetizar sus reservas con pactos de recompra de sus activos.

Desde 2014, el emisor empezó a usar su oro para operaciones de canje con bancos de inversión que, en los últimos años, aportaron efectivo para paliar la fuerte caída de ingresos petroleros del país, que sufre una aguda crisis con inflación de tres dígitos y recesión económica.

En 2008, Nomura ya negoció con Venezuela notas vinculadas a crédito que emitió por 390 millones de dólares al 2018 y están en manos del BCV, dijeron dos operadores financieros.