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Sala Penal del TSJ juzgará caso del magistrado Ángel Zerpa

TSJ-Venezuela

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargará de decidir sobre el caso del magistrado Ángel Zerpa, quien hasta el momento había sido presentado ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, donde fue imputado por la comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 464, numeral 25, del Código Orgánico de Justicia Militar y 213 del Código Penal, respectivamente.

La sentencia N° 363, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, ordena además la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realización de cualquier clase de actuación del tribunal militar.

Antes de ser designado como magistrado por la Asamblea Nacional, que el TSJ declaró en “desacato” pese a que tal figura no existe en las leyes venezolanas, Zerpa era el abogado de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien durante las protestas ocurridas entre abril y agosto de este año criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro y, posteriormente, fue destituida por la asamblea nacional constituyente afecta al oficialismo.

Diputados denunciaron ante el MP a funcionarios del Gobierno por violación de DDHH y falsificación de documentos

Diputados denuncias MP

Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional denunció en contra de distintos funcionarios del Gobierno ante el Ministerio Público, a quienes señalaron por haber violado derechos humanos y falsificado documentos, entre otros delitos.

El diputado Juan Miguel Matheus, acompañado del parlamentario José Guerra, acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Contralor General de la República, Manuel Galindo, por el delito de falsedad documental a propósito del procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.

Matheus señaló que “Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Tarek William Saab confesó públicamente que el acta del Consejo Moral Republicano del 16 de diciembre de 2015 carece de la firma de la Fiscal General de la República y de la Secretaria. Esto constituye el delito de Falsedad Documental y podría implicar de 3 a 6 años de presidio”.

El diputado de Carabobo aclaró que “nunca hubo el proceso de preselección de candidatos por el Poder Ciudadano. Se designó a los magistrados con base en un documento falso con la firma -reconocida públicamente- de Tarek William Saab y Manuel Galindo”.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció en rueda de prensa la ausencia de la firma de la Fiscal y de la Secretaria del Consejo Moral Republicano en el acta del 16 de diciembre e indicó que el error fue subsanado en enero. Ante esta declaración, el diputado Matheus indicó que “a confesión de parte, relevo de prueba. Un error de esa naturaleza no puede ser subsanado a destiempo porque la designación fraudulenta de los magistrados exprés ocurrió el 23 de diciembre, sin que se diera la preselección que de acuerdo a la Ley debía hacer el Consejo Moral Republicano”.

 

Por otra parte, la parlamentaria Gaby Arellano denunció a ocho jefes de las Regiones Estratégicas del Desarrollo Integral (Redi) en todo el territorio nacional.

Durante una rueda de prensa, la parlamentaria aseguró que estos generales son responsables de las “atrocidades” de las que ha sido testigo el pueblo venezolano en las últimas horas.

“Señores, lo que está establecido en el plan Zamora no se encuentra en la Constitución, por lo que cuando a ustedes los mandan a disparar o atacar ciudadanos en la calle no están defendiendo la Carta Magna ni al Gobierno, sino a una narcodictadura que con este plan lo único que ha desatado son atrocidades”, sentenció.

La dirigente de Voluntad Popular señaló que se presentaron en la Fiscalía para denunciarlos con nombre y apellido. “Esperamos las diligencias pertinentes del Ministerio Público sobre estas atrocidades”.

Diputados denuncian a Maduro, rectoras del CNE y magistrados del TSJ por violación a Código Penal

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La fracción parlamentaria de Primero Justicia denunciaron por la violación del art. 143 del Código Penal al presidente de la República, Nicolás Maduro; a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante el Ministerio Público.

El diputado Tomás Guanipa informó que en dicho artículo está claramente establecida la prisión de 12 a 24 años para “los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Artículo 143. Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:

1. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los números anteriores, con respecto a los Gobernadores de los Estados, los Consejos Legislativos de los Estados y las Constituciones de los Estados; y en la tercera parte de dicha pena, los que se cometieren contra los Alcaldes de los Municipios.

3. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los Estados o entre éstos.

Para Guanipa este supuesto “es exactamente lo que hoy venimos a denunciar, con lo que ocurre con el fraude constituyente, porque no hay una forma más violenta de querer cambiar nuestra forma republicana y la constitución que usurpar la voluntad del pueblo venezolano, que es quien tiene la decisión sobre cómo puede ser cambiada la Constitución y cómo puede ser convocada una Asamblea Nacional Constituyente”.

El parlamentario pidió que se abra una investigación y un proceso penal contra el presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, “que hoy se han asumido el poder del Pueblo y que han querido bajo un mecanismo absolutamente fraudulento cambiar una Constitución que se dio el pueblo”.

Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a las instituciones públicas para que entiendan que “la Constitución es de todos y no le pertenece a nadie, que modificarla no es potestad de una persona, ni de un grupo político, debe ser la voluntad de todo el pueblo venezolano”.

El parlamentario cuestionó las acciones del Gobierno Nacional e indicó que el golpe de Estado continuado que viene ejecutando desde hace dos meses tiene como colofón la convocatoria de un proceso constituyente sin la aprobación del pueblo.

“Hoy hay un secuestro institucional en Venezuela, además un golpe de Estado gravísimo que tiene responsabilidades penales, porque así lo establece el código Penal, y de esta forma queremos sumar nuestro esfuerzo para evitar que un fraude constitucional se pueda dar en Venezuela”, sentenció Guanipa.

El Secretario General Nacional de Primero Justicia Tomás Guanipa reiteró su reto “al gobierno nacional para que se someta a un proceso electoral libre, para que sea el pueblo venezolano el que decida el futuro de la nación”.

 

*Con información de nota de prensa

Venezolanos ponen caras del oficialismo en la quema de Judas

Quema de Judas Maduro

La tradicional “Quema de Judas” del domingo de resurrección de la Semana Santa, en Venezuela tomó un tinte político con la quema de muñecos con la cara del presidente Nicolás Maduro y otras figura de su Gobierno en todo el territorio.

En Caracas, específicamente en La Candelaria, un Judas con cuatro rostros y vestido como un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue quemado al frente de la Escuela de Derecho de la Defensoría del Pueblo. El muñeco llevaba la cara de Maduro, del defensor del pueblo, Tarek William Saab; del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

En otros estados del país, la quema de Judas llevó rostros del oficialismo, desde Diosdado Cabello hasta los demás magistrados que firmaron las sentencias del golpe de Estado que dejó a la Asamblea Nacional sin poderes, hasta que las sentencias fueron “corregidas”. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también estuvieron entre las más populares figuras a ser incendiadas.

Diputados madrugaron este #5Abr y ya se encuentran en la Asamblea Nacional

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Foto: @Dayidayi

Diputados de la oposición llegaron este miércoles 5 de abril muy temprano a la Asamblea Nacional para realizar la sesión en la que propondrán iniciar el proceso de destitución de los magistrados.

La sesión se iba a llevar a cabo el martes 4 de abril, después de una movilización que salió de Plaza Venezuela con rumbo hacia la sede del Poder Legislativo, pero efectivos de la PNB y GNB impidieron el paso de los parlamentarios y los manifestantes hacia el lugar y reprimieron la marcha.

 

 

AN convoca concentración en apoyo a la remoción de magistrados del TSJ

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Abogados, trabajadores, estudiantes, profesores universitarios, entre otros representantes de la sociedad civil, se pronunciaron este domingo, 2 de abril, desde el Palacio Federal Legislativo para conformar un “frente amplio” en defensa del voto, esto a raíz de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que disolvieron la Asamblea Nacional.

Junto a un grupo de diputados, encabezados por el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, los voceros condenaron el ataque al estado de derecho y exigieron la restitución de las leyes consagradas en la Constitución Nacional del país.

“Esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes. No nos vamos a rendir”, afirmó Guevara.

Los diputados anunciaron que en los próximos días comenzarán una serie de acciones para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ que firmaron las decisiones 155 y 156. Por esa razón convocaron a una manifestación en Caracas, desde Plaza Venezuela hasta la sede del Poder Legislativo, el martes 4 de abril, a las 10:00 am, cuando tienen previsto comenzar tal proceso.

Momentos antes del pronunciamiento, el parlamentario Juan Miguel Matheus puntualizó que las acciones para destituir a los magistrados se harán de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 de la Carta Magna. Ese fue el cierre de la ponencia “Golpe de Estado en Venezuela, una realidad que persiste en el país” en la que participaron abogados como Román Duque Corredor, Juan Manuel Rafalli.

Matheus explicó que la AN rescatará la dignidad del TSJ por dos vías: la activación de la responsabilidad penal contra los magistrados de la Sala Constitucional, un proceso que comenzó con la denuncia que interpusieron los asambleístas el pasado viernes, 31 de marzo, ante del Ministerio Público; y la solicitud que se hizo ese mismo día al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los jueces, con lo cual se podrá hacer la remoción desde la AN.

Los magistrados del TSJ engrosan la lista de sancionados por EE. UU.

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La lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, bien sea por sus nexos con el narcotráfico, con el terrorismo o por violar Derechos Humanos, no para de crecer y esta semana la han engrosado al menos dos magistrados delTribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Departamento de Estado notificó esta semana a los miembros de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, que sus visas para ingresar a su territorio habían sido revocadas. Aunque ni Washington ni la embajada estadounidense en Caracas dieron a conocer la información, fuentes cercanas a Zuleta confirmaron que ella “recibió un correo donde le anunciaban que le anulaban su permiso para ingresar a Estados Unidos sin explicación ninguna”.

Zuleta y Delgado son dos de los magistrados que han redactado o suscrito sentencias que le han arrebatado potestades a la Asamblea Nacional (AN) y, por ello, en predios judiciales dan por hecho que la sanción está sustentada en la Ley de Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual el Congreso de EE. UU. autorizó al presidente de ese país, Barack Obama, a retirarle las visas y congelarle las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos de violar los DDHH y atentar contra la democracia.

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La agenda se decide hoy al mediodía, pero lo más seguro es que este mismo martes se incluya en la discusión de la plenaria la acción del presidente Nicolás Maduro de aprobar, con la venia del TSJ, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. “Ese es un tema obligado por la gravedad de los hechos”, puntualizó Alfonso Marquina.

El presidente de la Comisión permanente de Finanzas de la AN propondrá “demandar a los magistrados ante el Poder Moral por usurpación de funciones. Porque cuando la Sala Constitucional se autoproclama Parlamento Nacional están usurpando nuestras funciones”.

El parlamentario aclara que “será el debate lo que lleve a fijar la posición unitaria de la Asamblea”, pero insiste en que es “importante dejar claro que aquí hay responsabilidades penales tanto para el Presidente como para los magistrados que están entregando licencia para delinquir, es la ruptura del orden Constitucional, un golpe de Estado continuado”.

Marquina recuerda que “desde 1861 el presupuesto es una ley que compete al Parlamento” por lo que la acción de Nicolás Maduro incurre, a su juicio, “en una violación a la Constitución en por lo menos siete artículos, además de la ley de Presupuesto, viola el 313, 314 187 y 150 referente a la ley de Endeudamiento”.

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