El Poder Ejecutivo venezolano, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), publicaron este 26 de febrero una nueva providencia administrativa para regular los servicios de entregas a domicilio (delivery) para todos los comercios, plataformas digitales y cuentas de redes sociales.
De acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.813, con fecha del pasado 5 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro creó un impuesto del 1 % sobre todas las encomiendas que se concreten mediante aplicaciones digitales. Todos los comercios y las personas que trabajan en el servicio deben registrarse en un registro obligatorio manejado por Ipostel.
Las empresas «deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel», dice el documento.
En Runrun.es reunimos en estas claves los detalles que se conocen sobre la nueva regulación económica hasta el 27 de febrero.
Manejar con un código de Ipostel
La Gaceta explica que todos los comercios o plataformas que utilicen el servicio, incluso las «empresas con ventas masivas de productos, que realizan ventas directas en línea y exigen a sus usuarios la suscripción de un casillero virtual», deben solicitar una «Concesión de Habilitación Postal» para tener un código digital certificado por Ipostel.
Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad gubernamental ni ministerial ha informado los pasos para solicitar dicho código postal virtual.
Eso sí, el Instituto será el responsable de tarifar el servicio de entregas a domicilio, el mantenimiento del permiso para hacer el servicio y un sistema de sanciones —que aún no se ha establecido—, así como las multas a los operadores que reincidan en el incumplimiento de los lineamientos desde la fecha de publicación de la gaceta.
El apartado postal que debería abrir cualquier comercio podrá tener hasta tres titulares, según el documento administrativo.
«Esto incluye las entregas que se acuerden por medios digitales o WhatsApp, pues tendrán que cumplir con la normativa y tener una concesión postal para ofrecer el servicio», aclaró en entrevista concedida al Circuito Onda Cecilia Rivero, presidenta de la empresa Mensajero Express, este 26 de febrero.
«Incluso los motorizados deberán tener una placa otorgada por Ipostel para hacer el servicio legalmente», agregó.
¿Cómo impactará a los usuarios y las empresas?
Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), explicó que el impuesto del 1 % solo se cobrará a aquellos comercios que pidan un casillero virtual. No a aquellos usuarios que pidan servicio de comida o similares.
«Realmente, lo que va a agrupar (esos casilleros virtuales) es la dirección y los datos personales de cada persona que quiera tener un servicio de entrega anónimo», dijo Ujueta en una entrevista a Unión Radio este 27 de febrero.
También advirtió que esta regulación puede «cortar las alas» de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Aunque en la gaceta se refleja que todos los comercios estarían afectados por esta nueva regulación, Cavecom-e advierte que no todos tienen la documentación necesaria para participar.
«Y eso nos preocupa (…) sobre todo en el emprendimiento venezolano. Porque el comercio electrónico ha resuelto un gran problema social en los últimos cinco años. Prácticamente, de cada 10 motorizados, 8 están involucrados de alguna manera al delivery», agregó.
Tanto Ujueta como Rivero expresaron que no hubo una consulta previa al sector económico antes de imponer la regulación. «Parece una decisión apresurada», comentó el presidente de Cavecom-e.
«Algunas empresas como Pedidos Ya, Ridery y Yummy aglomeran el 80 % o el 90 % del servicio a nivel nacional, pero allí no está ese crecimiento económico. El crecimiento masivo del sector delivery motorizado a restaurantes y tiendas de cualquier tipo», dijo Ujueta. «Ahora, tú le sumas a eso la cantidad de documentación y datos que deben dar y se vuelve algo inviable. (…) Esto va a generar muchísimas trabas».
Un camino truncado para los DDHH
Para la ONG Acceso a la Justicia estas nuevas concesiones de Ipostel recuerdan mucho a Conatel y sus concesiones al espectro radioeléctrico: la institución gubernamental puede revocar la concesión del servicio, que tiene una duración de un año.
«Y sin ningún tipo de indemnización», advierte la ONG en la red social X (Twitter) al interpretar el artículo 29 de la gaceta. «El instrumento normativo también prohíbe expresamente realizar cualquiera transferencia, cesión, comodato o venta de la habilitación postal otorgada por Ipostel para prestar el servicio de entrega a domicilio (artículo 14)».
De igual forma, advirtieron que la medida es inconstitucional, ya que «viola el principio de la reserva legal», además de violar el ejercicio de la libertad económica establecido en el artículo 112 de la Constitución Nacional, un derecho que «le corresponde regular al Poder Legislativo».
La ONG agregó que con esta providencia también se violaría «el principio de legalidad penal», previsto en el artículo 49 de la Constitución, «cuyo texto indica que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes».
Una ley con entrega atropellada
Rivero destacó que aún quedan muchos detalles por aclarar respecto a esta nueva regulación de Ipostel.
«Uno de ellos es el registro. (…) Al leer la gaceta, suena a que la concesión es la misma para Ipostel y similar a la que tiene MRW Venezuela. Entonces, ¿qué franqueo hace MRW y qué franqueo hace un delivery?», cuestionó.
Hasta ahora, tampoco se tiene claridad sobre los documentos que deben admitir los motorizados para ser parte de la regulación, y si ahora estarán sujetos a un solo comercio o empresa, denunció Cavecom-e.
Mientras tanto, Ipostel notificó en sus redes sociales que dentro de los próximos días dará más información sobre una regulación que ya tiene un peso sancionatorio de entrada para los venezolanos.
