#InvestigaLavaJato

Lisseth Boon @boonbar, César Bátiz @cbatiz y Katherine Pennacchio @kathypennacchio

Cuatro  años antes de asumir la construcción del proyecto de saneamiento y desarrollo integral de Río Tuy (conocido como Tuy IV) en el estado Miranda, fundamental obra aún inacabada que surtiría de agua a la Gran Caracas, la compañía brasileña Camargo Correa ya incurría en prácticas de lobbismo en Venezuela con el fin de ser beneficiada en licitaciones de grandes contratos de infraestructura durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2005, la constructora casi centenaria, aplicaba en la capital venezolana el  tráfico de influencias y concertación fraudulenta de licitaciones, identificados como delitos de corrupción, que replicó en al menos seis de los 22 países de América Latina, Asia y África donde opera.

Así lo confirman los correos electrónicos intercambiados por los ejecutivos de la constructora brasileña en Caracas  y Sao Paolo entre 2005 y 2007, que forman parte de las evidencias que sustentan la operación Castelo de Areia (Operación Castillo de Arena), iniciada en 2008 por la Policía Federal de Brasil, a la que tuvieron acceso los medios venezolanos Runrunes y El Pitazo como miembros del proyecto periodístico transnacional #InvestigaLavajato coordinada por la plataforma de periodismo de investigación y datos Convoca, con sede Lima, Perú.

Aquella investigación policial del estado paulista se centró en detectar si la empresa Camargo Correa estaba cometiendo delitos de lavado de dinero y pago de sobornos para obtener contratos fuera de Brasil. Los agentes basaron sus pesquisas en una fuente anónima que describió un esquema de crímenes financieros de alcance internacional que involucró el pago de sobornos y contabilidad paralela  en Brasil, Angola, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

En enero de 2009, un juez autorizó la detención de cuatro directivos de la trasnacional. En diciembre de ese año, el Ministerio Público Federal brasileño imputó a los gerentes por los delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión y formación de carteles. Los abogados de la compañía, por su parte, justificaron que las donaciones fueron debidamente declaradas.

Pero en mayo de 2011, cuando parecía llegar el desenlace, el Tribunal Superior Federal de Brasil anuló la investigación alegando que estaba basaba en un testimonio anónimo y liberaron a los ejecutivos. Castillo de Arena quedó entonces engavetada.

En busca del “padrino Chávez”

Los documentos de la Operación Castillo de Arena archivada en 2009, a los que accede Convoca nueve años después, permiten verificar los mecanismos a los que recurría Camargo Correa para lograr contratos de grandes obras de ingeniería en los países donde operaba.

En el caso de Venezuela, una serie de correos revelan los intereses de la Camargo Correa en el país y sus reiterados intentos por lograr  «un padrino» con poder que bendijera la asignación de megacontratos. Camargo Correa, que ya había participado en los años 70 en la construcción de la emblemática Central Hidroeléctrica Guri y se había encargado de la restauración de la represa de El Guapo en el estado Miranda entre 2003 y 2005, quería volver a Venezuela para construir una de las joyas de la corona proyectada como estandarte del gobierno chavista: la represa Manuel Piar “Tocoma”, en el estado Bolívar, con un valor inicial de 800 millones de dólares. Y en el afán de  lograrlo, procuró en varias ocasiones pautar una reunión con el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

  Operación Castillo de Arena – investigación sobre corrupción de Camargo Correa by runrunesweb on Scribd

En un correo de carácter «confidencial» enviado el 10/06/2005 por el representante de Camargo Correa en Venezuela José Cesar Gazoni Martins a uno de los directivos del grupo empresarial en la sede en Brasil, Carlos Fernando Namur, se describen los resultados de una reunión con el embajador de Brasil en Caracas,  Joao Carlos de Susa-Gomes, celebrada el día anterior, en la que también estuvieron presentes el secretario de Comercio y Turismo Joao Alfredo de los Angeles y Gazoni. Solicitando discreción, allí le advierten que la competencia (Odebrecht) mantiene una actitud «feroz» contra la presencia de la nueva constructora en el país. El ejecutivo admite que no logró el compromiso firme del diplomático de acordar una audiencia con el entonces presidente Chávez.

La Policial Federal brasileña evalúa que este correo electrónico  «una vez más corrobora la forma de actuación de Camargo Corrêa en el exterior, especialmente en los países de América Latina». Describe que el diplomático, quien mantenía relaciones exclusivas con la competencia de Camargo Correa en el país  (Odebrecht), le recomendó al directivo empresarial que «tenía que hacer la tarea de casa, instalar la oficina en Caracas con más antelación, mostrar mayor interés movilizando más gente para hacer contactos frecuentes con ministros, gobernadores, presidentes y directores de empresas públicas de Venezuela, invertir en viajes en avionetas a Brasil con personas de interés». También, le había dicho que «el precio de los proyectos a concursar que es lo que menos cuenta, ya que todo es arreglado políticamente».

En esos años, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Venezuela se encontraban en uno de sus momentos más vibrantes. A partir de 2005, cuando se firma la Alianza Estratégica entre ambos países, las visitas de Chávez al vecino del sur y las de Lula da Silva a la nación caribeña se hicieron más frecuentes para celebrar encuentros bilaterales y acuerdos de cooperación. En 2006, Venezuela se adhirió al Mercosur y el mandatario brasileño participó en el acto de la firma del Protocolo en Caracas. Ese mismo año, Da Silva asistió a la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco, construido por Odebrecht. También eran tiempos de campaña electoral.

Pero también es cierto que lograr una reunión privada con Chávez resultaba cuesta arriba en esos tiempos. Dos fuentes independientes, una exempleado del sector financiero del Gobierno y otra exejecutivo de Pdvsa, coinciden en afirmar que después del golpe de Estado de 2002, el lobby con Hugo Chávez era casi imposible. «Solo recibía al que él quisiera. Una vez botó a un general retirado de Miraflores, le impidió la entrada al palacio presidencial, porque sin previo aviso le llevó unos empresarios. Solo a Alejandro Andrade, exguardaespalda del Presidente y extesorero de la Nación le permitía llevar gente a Miraflores», relata uno de los informantes. Andrade hoy vive en EEUU.

Buscando desesperadamente una audiencia

Otro email titulado «Chávez y Ecuador» (enviado el 2/12/2006, un día antes de la elección presidencial que ganó Chávez con 62,8% de los votos), también registra las solicitudes  de reforzar los pedidos de audiencia no sólo con Chávez, a través del embajador venezolano en Brasil, Julio García Montoya, sino también con el entonces nuevo presidente electo de Ecuador, Rafael Correa.

Ante el inminente llamado a licitación de Tocoma en 2006, la urgencia de los ejecutivos CC por lograr una audiencia con Chávez toma un tono casi desesperado, revelan los correos electrónicos. Se hace seguimiento a las posibilidades de encuentro tanto en Caracas como en Brasilia, durante las visitas del presidente venezolano a este país como en ocasión de la instalación del Parlamento de Mercosur celebrada el 14 de diciembre de 2006.  

La investigación analiza que las comunicaciones entre los directivos de CC  «muestra la preocupación en conseguir, a toda costa, una audiencia con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, para lo cual recurrieron a contactos diversos tanto en el Itamarati (cancillería de Brasil) hasta en el  Ejecutivo y Legislativo. Todo indica que el objetivo del encuentro era la entrada de CC a aquel país a través de la ejecución de obras públicas”.

Hasta que llegó el proceso de licitación de Tocoma y fue adjudicado a la territorial competencia de CC, Odebrecht. A comienzos de 2007, los ejecutivos de CC ya sospechaban del resultado del proceso en el que también concursaron las brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiróz Galvao, empresas investigadas por la operación Lava Jato por corrupción. En un correo del 2/01/2007, se preguntan qué hacer cuando Edelca (la empresa estatal contratante) anuncie a otro consorcio como ganador. A lo que responden que, además de cuestionar la decisión y pedir una vez más audiencia urgente con Chávez, están buscando con otro contacto diferente del vicepresidente “para tener otro padrino”. Justo en ese interín, Jorge Rodríguez asumía la Vicepresidencia, sustituyendo a José Vicente Rangel.

Ante la propuesta de defender su oferta y el proyecto propuestos, reconocen que “sin el apadrinamiento del propio presidente Chávez sería una pérdida de energía y dinero”.

Represa de Tocoma en construcción

Traficando influencias

El informe de Castillo de Arena considera que los correos muestran “una vez más el modus operandi de actuación del contratista en sus participaciones en los pleitos en el exterior. CC estaría buscando

alternativas a una posible derrota en licitación en Venezuela por lo cual planearía retardar el proceso licitatorio para conseguir una audiencia con Chávez para que ‘apadrine’ a la empresa en las pugnas por contratos.

La investigación concluye que la mayor parte de los documentos reflejan la forma de actuación del Grupo Camargo Correa en los procesos de licitación del exterior. “Hay indicios de que el Grupo se vale del llamado «tráfico de influencias» para arreglar simpatizantes entre funcionarios públicos de alto rango, de los países en los que actúa, a través de pagos llamados «Capilés” (sobornos).

La sola insistencia de Camargo Correa por reunirse con el presidente de un país para incidir en el resultado a favor en una licitación  habla del delito de tráfico de influencias contemplado en la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público. El artículo 99 de esta norma (aprobada en primera discusión en Asamblea Nacional en octubre de 2016) contempla prisión de 4 a 6 años para  aquel funcionario público que, de forma directa o por intermediación de una persona, aprovechando las funciones que ejerce, hubiera obtenido ventaja, beneficio u otra utilidad para sí o para otro. También señala penalidades para todo aquel que haga uso indebido de su influencia sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute un acto propio de sus funciones pero contrario al deber.

En la mira de LavaJato

Cinco años después de la suspensión de la investigación Castillo de Arena,  las sospechas de corrupción vuelven a posarse sobre Camargo Correa. En 2014, la operación LavaJato incluye a la constructora en sus pesquisas sobre el esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que envuelve a la estatal Petrobras. En noviembre de ese año, el Tribunal de Justicia Federal de Curitiba ordenó la detención temporal y preventiva de altos ejecutivos de la transnacional, entre ellos el director presidente de Camargo Correa Construcciones y Participaciones S.A, Dalton de los Santos Avancini.

La participación de Camargo Correa en la conformación de carteles  y concertación fraudulenta de licitaciones, ambos crímenes de corrupción, fue confirmada por el expresidente de la compañía, Dalton dos Santos Avancini, en una declaración que prestó ante el Ministerio Público Federal de Brasil luego de plegarse a las delaciones premiadas por la operación Lava Jato. Dalton, quien fue apresado en 2014 y condenado a 15 años de prisión,  admitió la de la existencia de reuniones con otras compañías para discutir y distribuir la participación en esas licitaciones. La delación fue recogida en documento firmado en Curitiba el 8 de marzo de 2016 por el Juez Federal Sergio Fernando Moro.

Dalton Dos Santos Avancini, presidente de Camargo Correa

Aunque Dos Santos Avacini entró a la compañía en 2009, fue cuando asumió la  dirección de un departamento que se enteró de la existencia de un acuerdo sobre las obras que habían sido ganadas en licitaciones: constituían la división de un mercado de empresas.

En  reuniones entre Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC Engenharia, se discutían cómo iban a dividirse  las concertaciones según el mercado de empresas en relación a las obras. Según Dos Santos, siempre había un equilibrio en el volumen de los contratos de cada una de las empresas. Se definían los espacios, los paquetes en los cuales cada una saldría ganadora. Se respetaban que cada una recibiera una porción. Acordaban quien iba a ganar determinada licitación.

En el caso de Venezuela, el contrato de construcción de la represa Tocoma fue asignado a Odebrecht, identificada por Dos Santos Avancini como “líder” de un cartel de 23 constructoras en esas concertaciones. Once años después, la compañía aún no entrega la obra y es investigada por liderar la red de corrupción transcontinental.

Dos Santos Avancini también confirmó pago de sobornos por parte de CC a la dirección de abastecimiento de Petrobras. “El arreglo era  una práctica generalizada entre compañías constructoras».

Entre los dedos de la diplomacia

La práctica de tráfico de influencias por parte de Camargo Correa que develan los correos de Castillo de Arena coinciden también con lo que registran los cables diplomáticos intercambiados por esos años entre la embajada de Brasil en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia a los que tuvo acceso Runrunes y El Pitazo.

Un cable fechado el 23/08/2006 que refleja la urgencia de Camargo Correa por conseguir una audiencia con Chávez. Como este documento, hay 9 más

La insistencia de Camargo Correa por conseguir audiencia con Chávez fue mencionada en los 9 cables intercambiados entre Caracas y Brasilia del 2005 al 2006 donde se nombra a la empresa. Todos los asuntos de la  constructora se centraban en acordar una reunión de los ejecutivos de la compañía con el primer mandatario venezolano, bien sea Brasil o Caracas, para interceder en la licitación de su principal interés en el país: la construcción de la represa de Tocoma, a 19 kilómetros de la presa del Guri en cuya ampliación participó entre 1978 y 1986.

Justo en 2005 se abrió el proceso licitatorio de Tocoma, apuntan los cables, para el que postularon las empresas Barsanti (Venezuela), Dell`Acqua (Venezuela), Dragados (España), Hochtief (Alemania), Impregilo (Italia), Skanska (Suecia) y  Vinccler (Venezuela), además de las brasileras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Desde Venezuela, el embajador brasilero Joao Carlos de Souza Gomes envía reportes de todos los esfuerzos por lograr una audiencia con Chávez para CC. También da cuenta del seguimiento que hacen a sus giras internacionales del presidente venezolano así como sus visitas a Brasil. En un cable de carácter “urgentísimo” del 22/12/2006, el diplomático recuerda que, siguiendo instrucciones, envió comunicación a Adán Chávez, secretario de la presidencia y hermano del  jefe de Estado, para reiterarle la solicitud de audiencia a petición el miembro titular del consejo de CC, Luiz Ortiz Nascimento.

En un último intento antes de la deliberación de la licitación, el 12-01-2007 el embajador De Souza Gomes lista todos las tentativas de contacto durante dos años con personeros del gobierno: Adán Chávez; el embajador venezolano en Brasil, García Montoya (“amigo íntimo de Chávez); Hugo Cabezas (como secretario de la presidencia entrante) y seis veces con el canciller Nicolás Maduro.

Estas comunicaciones evidencian la intermediación del gobierno de Lula Da Silva a través de su cancillería en las gestiones por la contratación de megaproyectos en Venezuela de una empresa privada de ingeniería brasilera, en este caso Camargo Correa.

Una empresa con tradición

En los cables diplomáticos de 2004 al 2009 se asomaron las gestiones por el regreso de Camargo Correa al país donde había construido una obra de envergadura como la represa del Guri en la década del 70 del siglo XX. En efecto, la constructora de Camargo Construcciones y Comercio Camargo Correa S.A se domicilió en Venezuela el 8 de agosto de 1977. La sociedad se abrió para atender obras contratadas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Electrificación del Caroní (Edelca), específicamente la etapa final del desarrollo hidroeléctrico del Río Caroní, en  el embalse del Guri.

Represa del Guri

Según el expediente 94005, ubicado en el registro mercantil V del Distrito Capital, para el 11 de noviembre de 2004, se aprobó cerrar las actividades de la sucursal en Caracas. Para ese momento, el presidente de la sociedad era Celso Ferreira Oliveira y su vicepresidente Joao Ricardo Auler.

A pesar de este cierre de sucursal realizado en 2004, las oficinas en Caracas de Camargo Correa siguen activas. Se encuentran ubicadas en la Torre Premium, de la calle Orinoco de Las Mercedes, al este de Caracas.

Al entrar a las oficinas lo primero que se observa es el logo de Camargo-Correa y al lado derecho, en la mesa de la recepción, una banderita de Brasil acompañada con otra de China. En la pared junto a la recepción tienen un afiche de una de las construcciones realizadas por la constructora en Perú. Al menos cinco personas trabajan en la sucursal.

Oficina de Camargo Correa en Caracas

El 25 de junio de 2018, se solicitó en persona y vía correo electrónico una entrevista con algún representante de la compañía. Cuatro días después de la solicitud se recibió un email firmado por Claudia Vasallos, socia de Camargo Correa, desde Sao Paulo, en Brasil, explicando que “cualquier información sobre los proyectos desarrollados por Camargo Correa en Venezuela debe ser proporcionada por las empresas Corpomiranda e Hidrocapital, clientes responsables de esos proyectos”.

También se enviaron cartas de solicitud de entrevista a CorpoMiranda e Hidrocapital y al cierre de este reportaje no se ha recibido respuesta.

En 2018, cuando han apresado al expresidente de la empresa por corrupción, y se continúa una investigación judicial en Brasil, resulta difícil visualizar cuál hubiese sido el destino de Tocoma de haber sido adjudicada a Camargo Correa y no a Odebrecht. La represa del estado Bolívar aún no ha sido terminada, como tampoco el proyecto de saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del Río Tuy, contratado por el Ministerio para el Ambiente y Corpormiranda, destinado al suministro de agua en La Gran Caracas, Los Valles del Tuy y el estado Vargas.

Aún más: la deuda del Estado venezolano con las empresas brasileñas continúa sin saldarse. Hasta septiembre de 2017, la administración de Nicolás Maduro había incumplido el pago de 262 millones de dólares de un total de 5 millardos de dólares relacionados con Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa en Venezuela, que fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes, por sus siglas en portugués).

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Runrunes y El Pitazo  junto a más de 20 periodistas de América Latina y África del proyecto “Investiga Lava Jato” publican  los reportajes de la serie investigativa “Castillo de Corrupción” para desenterrar los presuntos pagos de sobornos y financiamiento oculto de campañas electorales de Camargo Correa, la otra gran constructora investigada en el megacaso de corrupción “Lava Jato” que extendió sus inversiones en diversos países del continente con un esquema similar al de Odebrecht.    

Coordinadores del proyecto “Investiga Lava Jato”: Milagros Salazar, Convoca (Perú) y Flávio Ferreira, Folha de S. Paulo (Brasil). Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina), Rafael Marques de Morais (Angola). Nelfi Fernández, El Deber (Bolivia), Óscar Agudelo, Consejo de Redacción (Colombia). Óscar Libón y Miguel Gutiérrez, Convoca (Perú). Christian Zurita, Mil Hojas (Ecuador), Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador), Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala), Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique). Alicia Ortega, ‘El Informe’ (República Dominicana). Guillermo Draper y Raúl Santopietro, Semanario Búsqueda (Uruguay). Lisseth Boon y Katherine Pennacchio, Runrunes (Venezuela), César Batiz, El Pitazo (Venezuela). Editora general de la serie investigativa “Castillo de Corrupción”: Milagros Salazar Herrera, Convoca (Perú).

Destacados periodistas de República Dominicana, Uruguay, Bolivia y Angola se integran al proyecto periodístico colaborativo y transfronterizo, conformado ahora por reporteros de investigación de 15 países de América Latina y África

La red del proyecto periodístico ‘Investiga Lava Jato’, ganador este año del Premio internacional TRACE para el Periodismo de Investigación contra la corrupción, se expande e incluye a cuatro nuevos miembros para seguir desarrollando investigaciones sobre los esquemas de pago de sobornos por parte de las constructoras brasileñas, además de financiamiento de campañas políticas, en las naciones donde obtuvieron adjudicaciones de obras.

Se trata de los destacados reporteros Alicia Ortega del reconocido programa ‘El Informe’ de República Dominicana, Guillermo Draper y Raúl Santopietro del Semanario Búsqueda de Uruguay, Nelfi Fernández del diario El Deber de Bolivia y Rafael Marques de Moerais de Angola, que se suman a los veinte periodistas de investigación de once países de América Latina y África que en junio de 2017 empezaron a publicar en conjunto sus hallazgos sobre Odebrecht —una de las empresas de Brasil bajo investigación por prácticas corruptas— como parte de un trabajo colaborativo y transfronterizo.

Con los nuevos integrantes, esta iniciativa periodística pasa a estar conformada por reporteros de 15 países de dos continentes. La mayoría de los nuevos miembros del proyecto participaron en la investigación global ‘Panama Papers’, ganadora del premio Pulitzer, y forman parte el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). El proyecto es coordinado por la directora de Convoca.pe (Perú), Milagros Salazar, y Flávio Ferreira de Folha de S. Paulo (Brasil).

Desde sus inicios, ‘Investiga Lava Jato’ ha permitido a todos sus integrantes analizar miles de documentos, construir bases de datos relevantes de los países investigados, rastrear empresas offshore en paraísos fiscales, hacer decenas de pedidos de información a los Estados y entrevistar a los personajes claves de nuestras historias.

Precisamente, la aplicación web Vía Sobrecosto, que forma parte del referido proyecto periodístico, permite conocer los incrementos millonarios de los proyectos y su impacto social.

Esta labor ha sido reconocida y galardonada con el TRACE Prize for Investigative Reporting – Uncovering Commercial Briber, como ya se mencionó, así como la nominación de finalista en el premio Excelencia Periodística 2018 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría de Periodismo de Datos; y también en los Data Journalism Awards, en la categoría Innovación.

Además de los nuevos integrantes, participan en el proyecto los periodistas Óscar Libón, Miguel Gutiérrez y Milagros Salazar del medio digital de periodismo de investigación Convoca de Perú, que invitó a los reporteros a concretar este esfuerzo: Flávio Ferreira Machado del diario Folha de S. Paulo de Brasil, Emilia Delfino del diario Perfil de Argentina, Raúl Olmos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Lisseth Boon de Runrunes y César Batiz de El Pitazo de Venezuela, Christian Zurita del portal de investigación Mil Hojas de Ecuador, Jimmy Alvarado de El Faro de El Salvador, Ginna Morelo, Óscar Agudelo y Fabián Bocanegra de Consejo de Redacción de Colombia, Adérito Caldeira del Jornal Verdade, periodistas de Plaza Pública de Guatemala y de Panamá en el marco la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas.

En los próximos días, publicaremos nuevos reportajes y se integrarán nuevos miembros para echar luces sobre el caso de corrupción más sonado en el continente.

Accede aquí a Investiga Lava Jato: https://investigalavajato.convoca.pe/

Pese al silencio oficial, el proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” ha comenzado a documentar los pagos de las planillas de Odebrecht a diversas obras otorgadas durante el régimen chavista

@boonbar | Runrunes

@albertoyajure | El Pitazo

Investiga Lava Jato

CARACAS. A PESAR DE QUE LA CONSTRUCTORA brasileña Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado 98 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Venezuela en diciembre de 2016, durante al menos nueve de los 18 años del régimen chavista, hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la oscuridad información relevante sobre los montos invertidos en obras adjudicadas en este país a las principales empresas de Brasil que están bajo investigación por el caso Lava Jato en varias naciones de Latinoamérica.

Hace pocas semanas se conoció que en 2012 Maduro, entonces canciller de Venezuela, entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana por sus servicios de marketing político para la campaña de reelección de Hugo Chávez, monto que no fue declarado de manera oficial, según el testimonio de Moura ante la justicia de Brasil. En ese entonces, Maduro era el hombre de confianza de Chávez, a quien el líder confió el rumbo del país y quien finalmente lo relevó en el cargo tras ganar unas reñidas elecciones 40 días después del anuncio de su deceso, oficializado el 5 de marzo de 2013.

En 2012, los publicistas brasileños Santana y Moura recibieron US$11 millones de Nicolás Maduro, procedentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

Ante el estridente silencio oficial del gobierno chavista, que impide que se conozca la magnitud de la corrupción de las constructoras brasileñas y funcionarios de este país, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.

Cuando era canciller de Venezuela, Nicolás Maduro entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana para la campaña de reelección de Hugo Chávez.)

Según esta organización civil, las cuatro empresas brasileñas obtuvieron en Venezuela contratos estatales en por lo menos 40 obras durante las gestiones presidenciales de Chávez y Maduro. De estos proyectos de infraestructura, 32 corresponden a adjudicaciones directas a Odebrecht, cuatro a Camargo Correa, tres a Andrade Gutiérrez y una a Queiroz Galvão.

El Tercer Puente sobre el río Orinoco, es una de las obras en las que se encontró pagos de alrededor de US$1 millón por parte de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos.

El 9 de junio de 2017, la oficina de Odebrecht en Caracas informó a Runrun.es y ElPitazo.com, como parte de este reportaje del colectivo “Investiga Lava Jato”, que su catálogo en Venezuela comprende en realidad un total de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución, “dentro de la normalidad de los contratos de esta naturaleza”. Quiso dejar en claro que está contribuyendo y contribuirá con todos los procesos e investigaciones que procedan de cualquier entidad del estado venezolano. “Es un compromiso de la organización”.

Aunque Odebrecht Venezuela afirmó que existen diversas fuentes de financiamiento de estas grandes obras, que incluyen entidades privadas, colaboración internacional y recursos propios del Estado, no detalló los montos asignados a cada proyecto. Tampoco precisó cómo se llevaron a cabo los procesos de asignación de contratos, entre los que se encontraban licitaciones, contrataciones y convenios bilaterales.

A pesar que se desconoce la suma total de dinero a la que ascienden estas contrataciones, se sabe de un estimado realizado por el diario Valor Económico de Sao Paulo: alrededor de 20 mil millones de dólares hasta 2014. Los montos pueden ser aún mayores porque los escasos presupuestos que se han publicado corresponden solo a la parte del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BNDES) o a Corporación Andina de Fomento (CAF).

Expulsión empresarial

La Cámara Venezolana de la Construcción decidió el 28 de marzo de 2017 expulsar a Odebrecht de este gremio “por razones éticas”, hasta que se mantuvieran las pesquisas por parte de los órganos de justicia. De esa manera, se atendió la exhortación de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, de la cual forma parte, en relación a tomar acciones frente a esta compañía denunciada por corrupción.

Al respecto, entre las pocas acciones emprendidas por las autoridades de Venezuela está el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, el 14 de febrero. Se trató de un operativo conjunto del Ministerio Público, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de la investigación sobre irregularidades en la contratación del Estado con esa compañía.

A pesar de esta intervención oficial, la empresa sigue operando en Venezuela, tomando estos “procesos de visita como es normal en estos casos. Nosotros apoyamos y respondemos a sus solicitudes”, confirmaron voceros de la constructora desde su sede en Caracas.

Odebrecht Venezuela sostiene que en esta nación se le otorgaron contratos de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas, y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución.

A través de un comunicado, la fiscalía venezolana señaló que la investigación busca “determinar si las obras para las cuales fue contratada esta empresa están culminadas o no, y cuál es el destino del dinero cancelado por las mismas, con el fin de corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”. Asimismo, se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias   y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la firma brasileña.

Ese mismo día, se ordenó la detención del otrora influyente Euzenando Prazeres de Acevedo, presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, bajo la sindicación de “corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista”.

La propia oficina en Caracas aclaró que Azevedo se desempeñó como Líder Empresarial de la Empresa en Venezuela hasta el año 2013. A partir del año 2015 dejó de prestar servicios para la empresa Odebrecht, periodo en el culminó su relación contractual con la empresa.

Cabe anotar que la primera vez que Nicolás Maduro hizo alusión a la corrupción de constructoras brasileñas fue el 5 de febrero pasado, solo para confirmar que las obras ejecutadas por Odebrecht habían sido suspendidas, pues no aclaró el destino de los 98 millones de dólares pagados funcionarios venezolanos de forma irregular. Prometió que su gobierno terminaría las obras con material y mano de obras venezolanos. No dio fechas ni montos y tampoco informó cómo enfrentará la crisis de escasez en el sector construcción.

En el Parlamento de Venezuela, las pesquisas que se iniciaron de oficio en la Comisión de Contraloría se quedaron estancadas debido a la grave crisis política y de gobernabilidad que padece esta nación tras 18 años de gestión chavista.

Sobre la llamada Caja 2 de Odebrecht, referente a los pagos de sobornos a funcionarios e intermediarios en Venezuela, la sucursal de la constructora en Caracas prefirió callar. No afirmó ni negó nombres. Aclara que el proceso es conducido por las autoridades de Brasil y que las oficinas de Venezuela no tienen acceso a los mismos.

No obstante, como parte del proyecto “Investiga Lava Jato”, Runrun.es y ElPitazo.com destaparon hace unos días que Odebrecht pagó al menos 13 millones 385 mil 329 dólares en sobornos para mantener contratos de grandes obras en Venezuela, según correos electrónicos de la División de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como el “Departamento de las propinas”.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.

Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

61% de estas obras son investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría, de las cuales casi la cuarta parte aparece en las planillas de la “Oficina de Sobornos” de la constructora

Milagros Salazar y Aramís Castro | Convoca

Flávio Ferreira | Folha de Sao Paulo

Reporteros de Investiga Lava Jato’*

ODEBRECHT, EL GIGANTE DE LA INGENIERÍA CIVIL civil de Brasil hoy investigado por pagos de de sobornos, atravesó el territorio de América Latina y África con la construcción de trenes colosales, puentes, carreteras interoceánicas, represas, gasoductos, túneles y un aeropuerto con incrementos millonarios de presupuesto marcados por irregularidades, secretismo y hasta la elaboración de normas especiales que favorecieron a la empresa.

En siete países en los que la compañía confesó el pago de sobornos a funcionarios e intermediarios, más de 50 obras realizadas por la constructora tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales de los contratos entre 2001 y 2016, como lo revela el análisis de la base de datos construida por veinte periodistas que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.

De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total.  Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de Sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’.

Si se suma a los costos adicionales de los siete países del ranking, solo el incremento del presupuesto de la primera etapa de la obra emblemática de Argentina, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el monto total supera largamente los 7 mil millones de dólares. El funcionario argentino a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, elaboró un informe que expuso un supuesto sobreprecio de mil millones de dólares entre lo que exigían las empresas del consorcio de Odebrecht y lo que determinaban los ingenieros del Estado.

Las obras de Argentina no se han incluido en el ranking de los incrementos de presupuesto debido a las marcadas diferencias en el tipo de cambio a dólares en los últimos años en este país donde se ha registrado una importante inflación. Sin embargo, como parte de esta investigación, publicamos un amplio informe sobre las irregularidades, costos adicionales y pagos de Odebrecht de la ‘Oficina de sobornos’ asociados a los proyectos (Ver: ‘La multiplicación de los costos en las obras de Argentina’).

En el caso de Venezuela, el acceso a los contratos ha sido nulo por la falta de transparencia en este país. Odebrecht en Caracas informó que su catálogo en Venezuela incluye un total de 21 obras de infraestructura de gran dimensión y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y el resto se encuentran activas y en ejecución. Hasta el cierre de este informe, la empresa no mostró las cifras para determinar los sobrecostos (Ver ‘Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela’).

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.

A pesar del secretismo, los periodistas de Runrun.es y El Pitazo.com que forman parte de ‘Investiga Lava Jato’ descubrieron que en las planillas de Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas aparecen pagos asociados a obras por más de 13 millones de dólares.

Con las obras de Argentina y Venezuela el número de obras detectadas por nuestro equipo en las planillas de la ‘Oficina de sobornos’ de Odebrecht asciende a 14.

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un documento en el que describe que los sobornos indicados por la contratista están relacionados «a más de 100 proyectos en doce países».

El informe indica el pago de sobornos a autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

En varios de estos países, hay investigaciones de las autoridades locales sobre los aumentos en los precios de las obras de la empresa. La mayoría de los proyectos son de infraestructura.

Líderes de millones

Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos, la mayoría de los ciudadanos que viven en la capital del país, Lima.

En el territorio peruano, Odebrecht intensificó sus operaciones con la ayuda de funcionarios de los últimos tres gobiernos que hoy son investigados por el pago de coimas, entre los que aparece el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades lo investigan por un presunto pago de 20 millones de dólares de Odebrecht por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica que aparece entre las diez obras con mayor incremento de presupuesto.

En el tramo 2 el presupuesto creció de 263 millones de dólares a un poco más de 688 millones, es decir, un aumento que va camino a triplicar el monto.

De las 71 adendas a contratos firmados con Odebrecht en 11 proyectos de infraestructura ejecutados en los tres últimos periodos de presidenciales, 34 de estos documentos se suscribieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Catorce de estas modificaciones fueron por incremento de presupuesto con un monto superior a los 40 millones de dólares en total.

Durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011) se firmaron 24 adendas, de las cuales 12 aprobaron sumas adicionales al presupuesto de las obras, que superaron los 355 millones de dólares.

En el régimen gubernamental de Ollanta Humala (2011 – 2016) se suscribieron 13 adendas y ocho de éstas sirvieron para autorizar incrementos de presupuesto de las obras por encima de 189 millones de dólares.

Pero las adendas a los contratos no han sido la única modalidad para garantizar los incrementos de presupuesto a favor de Odebrecht.

En el caso de los dos tramos del Metro de Lima, el costo de la obra se disparó en más de 400 millones de dólares mediante la aprobación de normas especiales en manos del gobierno de Alan García, quien se reunió en fechas claves del proceso de adjudicación de la obra en Palacio de Gobierno con Marcelo Odebrecht y el entonces representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.

De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima a funcionarios del gobierno de García mediante empresas offshore.

La Contraloría General de la República en Perú ha establecido que las irregularidades en obras ejecutadas por la firma Odebrecht, entre 1998 y 2015, ocasionaron al país un perjuicio económico por 283 millones de dólares.

Voceros de la empresa en Perú respondieron a Convoca vía correo electrónico que «los adicionales de obra o adendas a los contratos requieren de un análisis exhaustivo por cada caso. (…) Los cambios presupuestales son fundados y reglamentados en la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto son mecanismos oficiales practicados por el sector de infraestructura».

Convoca ha solicitado de manera reiterada, mediante la Ley de Transparencia, los informes técnicos de las adendas que sustentan el incremento del presupuesto al Ministerio de Transportes en Perú. Pero hasta el momento no entregan los documentos.

Proyectos colosales

De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.

En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares.   Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

Las coimas que se conocen hasta ahora en Panamá ascienden a 59 millones de dólares y abarcan el período 2010-2014, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contralor panameño Federico Humbert dijo que los sobornos superan ese monto y ese tiempo: «‘Yo no creo que son 59 millones de dólares, cuatro personas y una sola empresa. Son más, muchas personas y múltiples empresas»

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la «Cinta coimera», que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.

En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.

Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.

Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación.  La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.

Hoy el expresidente de Panamá Martinelli está prófugo de la justicia y sus hijos están siendo investigados por el pago de sobornos.

La vía legal

Pero no es la primera vez que la empresa Odebrecht, sola o en consorcio, obtiene una licitación y al final termina ampliándose el proyecto sin pasar por un nuevo proceso de selección pública.

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte de Argentina, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios en la puja por ganar la licitación de la primera etapa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Consorcio Nuevo Sarmiento (integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) quedó pre-calificado como la mejor opción.

El 7 de junio de 2007, el gobierno argentino decidió cambiar la licitación y ampliar el proyecto, que ahora pasó a tener tres etapas. La obra de 11,5 kilómetros se extendió a un total de 36 kilómetros y 16 estaciones. La Secretaría de Transporte dejó firme las ofertas de las empresas que se presentaron en la primera etapa y dio apenas 20 días para recibir nuevas ofertas para las tres etapas. La convocatoria quedó desierta. Poco tiempo después, ya con Cristina Kirchner en el poder, el consorcio de Odebrecht ganó la licitación pública en enero de 2008 porque su oferta para la primera etapa de  la obra había sido la más económica, unos 890 millones de dólares.

Casi un año más tarde, el gobierno argentino firmó un contrato con el consorcio de Odebrecht por un monto superior a los 3 mil millones de dólares por las tres etapas. El valor de la oferta con la que las constructoras habían ganado la licitación al inicio creció casi cuatro veces más.

“Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía 3.000 millones de dólares cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de 2.000 millones de dólares”, dijo en 2017 el funcionario a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, al declarar como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado como parte de la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, un funcionario clave del kirchnerismo y en esta red de obras adjudicadas a la firma brasileña.

En Colombia, las autoridades están investigando principalmente obras de la carretera Ruta del Sol, que conecta la capital de Bogotá con regiones del interior del país y la costa del Mar Caribe. El Ministerio Público colombiano afirma tener pruebas de que el ex viceministro de Transportes del país, Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a ganar un contrato relativo a la autopista.

En Ecuador, el gobierno anterior de Rafael Correa calificó de «emblemática» la construcción de la Hidroeléctrica Manduriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso.

Ese modelo de incrementos se repitió en cuatro megaproyectos. En total, los incrementos de presupuesto de seis obras superan los 500 millones de dólares en Ecuador, sin contar que la obra más grande de Odebrecht aún está en construcción: el Metro de Quito, un sistema subterráneo de transporte de 18 trenes por un valor que bordea los mil 500 millones de dólares. Los fiscales de este país ya lograron firmar un acuerdo con Odebrecht para la entrega de pruebas de los sobornos.

En México, Odebrecht ganó seis contratos por más de 2  mil millones de dólares. En tres de esas obras, el gobierno elevó en un 80 por ciento el valor original de los proyectos, por medio de extensiones o adendas. El costo final de otras dos obras es un secreto, porque el gobierno mexicano ha decidido que permanecerá bajo reserva hasta 2020 cualquier contrato o adenda de Odebrecht, bajo el argumento de que hay una investigación judicial en curso sobre sobornos supuestamente pagados por la constructora (Ver reportaje).

Las investigaciones sobre obras también están en curso en República Dominicana, país que ya firmó un acuerdo de delación con Odebrecht. Uno de los proyectos bajo investigación en el país caribeño es el de la central hidroeléctrica Palomino, cuyo presupuesto inicial en 2006 era de 225 millones de dólares. La obra acabó costando cerca de 400 millones de dólares y aparece entre las diez obras con mayor sobrecosto en la lista de proyectos analizados para esta investigación y el expresidente Leonel Fernández (2005-2012) como el mandatario que más proyectos adjudicó a Odebrecht y sus socias.

En Mozambique, el aeropuerto de Nacala, que recibió préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) de Brasil, tenía un costo inicial de US $ 112 millones, pero su precio final terminó en un poco más de 210 millones de dólares. Gran parte del financiamiento para la construcción del aeropuerto fueron utilizados en la adquisición de bienes y servicios, situación que causó perjuicios y sigue acumulando pérdidas al país africano.

Con el incremento del costo de esta obra se hubiese podido pagar el salario mínimo de más de un millón 600 mil pobladores de Mozambique.

LA VERSIÓN DE ODEBRECHT 

Los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ se comunicaron con las filiales de Odebrecht en cada país y en la sede central de la compañía. Las cifras de las obras fueron contrastadas con la empresa y también se obtuvo la versión sobre obras concretas a través de una entrevista concedida al periodista Flávio Ferreira de Folha en la ciudad de Sao Paulo.

La empresa Odebrecht afirma que los aumentos en los montos de los proyectos fuera de Brasil no tuvieron conexión con cualquier tipo de ilegalidad y en general resultaron de orientaciones y requerimientos oficiales de los gobiernos con los que firmó los contratos.

Según la constructora, los sobornos confesados por la empresa a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza no fueron destinados al incremento del presupuesto de los proyectos, sino para garantizar la adjudicación en las licitaciones y el cumplimiento regular de las condiciones contractuales.

Entre los motivos de los saltos presupuestales, se señala la construcción de obras y servicios adicionales solicitados por los gobiernos, como trabajos para estabilización de áreas de laderas, mantenimiento de tramos no incluidos en los contratos y reparaciones no previstas.

En muchos casos los aumentos de presupuesto resultaron de proyectos incompletos o mal elaborados y de la falta de coordinación de los órganos contratantes en relación a los tramos de las obras, que muchas veces fueron ejecutados por compañías diferentes, aseguraron.

Esta investigación continuará.

 

Metodología

Las cifras y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron luego de un trabajo colaborativo con reporteros de América Latina y África que accedieron a los contratos y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. La información recogida  se trasladó a una hoja Excel online que se construyó en tiempo real.  

Para el análisis, se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de Perú, ColombiaCheck de Colombia y Plaza Pública de Guatemala y al final se trabajó con un universo de 51 obras en las que se detectaron los incrementos presupuestales, entre otros hallazgos.

Para establecer los sobrecostos en la herramienta, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado se convirtió a dólares en los casos que fue necesario para tener en una sola moneda que pudiera darnos una cifra comprensible para cualquier lector del mundo. Para esta última operación tomamos en cuenta el tipo de cambio de la fecha del presupuesto final más actualizado según las diversas fuentes consultadas.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.

Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.