Un grupo de parlamentarios opositores en nombre de la Asamblea Nacional introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que conforman la Sala Constitucional, tras la decisión de esta instancia de disolver el parlamento nacional.
El diputado Juan Miguel Matheus, en representación del Legislativo, acudió junto a otros legisladores a la sede del Ministerio Público (MP) para consignar dos documentos, uno de ellos para denunciar a estos funcionarios por presunta prevaricación o haber dictado a sabiendas una resolución “injusta”.
“También hemos solicitado ante el Poder Ciudadano la calificación de falta grave en el ejercicio de la función judicial de esos siete magistrados de la Sala Constitucional para luego poder removerlos en la AN“, dijo a periodistas Matheus, que es miembro de la comisión de Política Interior del Parlamento.
Tras entregar la denuncia el grupo de opositores fue agredido por supuestos militantes del chavismo con piedras y bombas lacrimógenas.
Matheus, que milita en el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ), aseguró que las acciones de los “siete verdugos” de la Sala Constitucional “engendran responsabilidad penal”.
“Hay un golpe de Estado en este país que se está consumando”, sostuvo el opositor que tildó al presidente, Nicolás Maduro, de “dictador” de “naturaleza fascista”.
Ante la medida tomada anoche por la Sala Constitucional del TSJ donde asume todas las competencias y responsabilidades de la Asamblea Nacional, distintos países del mundo decidieron expresarse y manifestarle su apoyo al país. Entre ellos:
Argentina:
A través de un comunicado, el gobierno de Argentina mostró su preocupación por la sentencia emitida el pasado martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que limita las facultades de la Asamblea Nacional y restringe la inmunidad de los diputados.
«La Argentina reivindica la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas», indicó el documento. La Cancillería reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta.
México:
El gobierno mexicano expresa su profunda preocupación por las recientes decisiones del TSJ de Venezuela que afectan a la AN de ese país (…) Asimismo, reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país, así como al restablecimiento del orden democrático.
Chile:
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz, en rueda de prensa expresó su preocupación por la decisión del TSJ contra la AN «En nombre del Gobierno de Chile expreso nuestra más alta preocupación por el agravamiento de la situación venezolana (…)»Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante (…) Quisiera reafirmar lo expresado por los veinte países de la OEA hace poco más de 24 horas», agregó.
Colombia:
El gobierno colombiano expresó hoy «profunda preocupación» por la decisión del TSJ de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. La canciller María Ángela Holguín, señaló a periodistas que su país expresa “su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo” y destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”.
Perú:
El gobierno de Perú tomó acciones más drásticas retirando definitivamente a su embajador de Venezuela. En un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno peruano condenó la ruptura del orden democrático en Venezuela y califica la acción del TSJ como una “arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho”.
Además, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, manifestó vía Twitter su solidaridad con los venezolanos.
Mi solidaridad con el pueblo venezolano que sigue reclamando Democracia y exigiendo que se respete el Estado de Derecho.
La Unión Europea pide un «calendario electoral claro» en Venezuela y respeto a su Asamblea. “Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, como prevé la Constitución”, señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Brasil:
El Gobierno brasileño consideró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo. «El Gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional», asegura un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Estados Unidos:
El Gobierno de EE.UU. «condenó» hoy la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de «usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. «Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela», dijo el portavoz en un comunicado.
Costa Rica:
La Asamblea Legislativa de Costa Rica también se pronunció al respecto y pidió a su gobierno que aprobaran una moción para aplicar la Carta Democrática de la OEA y censurar a Venezuela por quitar inmunidad a parlamentarios.
En un comunicado de Cancillería sobre situación en Venezuela, se lee: «Costa Rica considera inadmisible suspensión de poderes constitucionales a la Asamblea Nacional en la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, declaró la nulidad de los acuerdos de la Asamblea Nacional y revocó las inmunidades a sus miembros. Además, eliminó los poderes constitucionales de esa Asamblea, en violación del principio de separación e independencia de los poderes del Estado (…) Costa Rica considera que estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país (…) Costa Rica considera que es en la Organización de Estados Americanos donde debe encontrarse una solución justa, pacífica y afianzada en la fuerza del multilateralismo. Desde esta perspectiva, ratifica su disposición de continuar decididamente los esfuerzos para que, en el seno de ese foro, se atienda y solucione sin demora alguna la muy grave situación en ese país hermano, al amparo de los instrumentos jurídicos y diplomáticos aplicables.
Panamá:
El Gobierno de la República de Panamá manifiesta su profunda preocupación ante la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional de este país, y que agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas.
Cónsono con los principios que guían la política exterior panameña, la República de Panamá reitera además la importancia de que se retome y fortalezca el diálogo para llegar a entendimientos entre Gobierno y oposición venezolana.
Alemania:
El Gobierno alemán pidió al Gobierno de Venezuela «regresar urgentemente a estructuras democráticas» y acusó al presidente del país, Nicolás Maduro, de convertir a la población en «rehén de sus propias ambiciones».
El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, agregó que Berlín «está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Venezuela».
Canadá:
La Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, mediante un comunicado se expresó por la situación de Venezuela: “Canadá está profundamente preocupada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 29 de marzo, de suspender los poderes legislativos de la Asamblea Nacional electa democráticamente”.
“Hacemos un llamado al Gobierno de Venezuela a permitir que la Asamblea Nacional cumpla sus obligaciones constitucionales y a respetar la inmunidad parlamentaria de sus diputados”.
“Canadá reafirma que un diálogo efectivo e inclusivo es el camino para solventar los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta el país, tal y como lo expresamos en el comunicado del pasado 23 de marzo de 2017, realizado por Canadá y otros 13 países miembros de la Organización de Estados Americanos”.
Francia:
Francia expresó su «preocupación» por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, y pidió «a las autoridades» venezolanas que respeten la separación de poderes.
«La democracia y el Estado de derecho implican la separación de poderes. Francia, como ha hecho la Unión Europea, pide a las autoridades venezolanas que garanticen su respeto», dijo en un comunicado el ministerio francés de Exteriores.
Uruguay:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional y reiteran el urgente llamado a que el gobierno de ese país avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución.
Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió en la casa Rosada a Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López este jueves.
La activista de derechos humanos denunció que la democracia de su país fue «eliminada por el régimen de Nicolás Maduro» luego de la decisión del TSJ.
«Hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos», aseguró Tintori en una rueda de prensa concedida en la capital argentina, en la que reiteró que Venezuela «vive en una dictadura» y pidió al resto de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) «que activen la carta democrática»
Tintori manifestó que las elecciones generales “deben darse en Venezuela este año y le pedimos al presidente Macri que nos ayude, porque la forma de salir de la dictadura es por medio de elecciones y el presidente comparte esta idea”. De igual forma agregó que “le pedí al presidente Macri acciones concretas, que desde Argentina se impulse la aplicación de la Carta Democrática Interamericana porque es deber de los países de la región apoyarla”.
Es la segunda vez que el presidente Mauricio Macri sostiene un encuentro con Tintori, por lo que la defensora de derechos humanos, agradeció al gobierno argentino la atención y preocupación por la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. “Como activista de derechos humanos y como esposa de Leopoldo López, tenemos que velar por el progreso y la paz de nuestro país, por eso le pedimos que nos apoye con el petitorio de la libertad de los presos políticos, del canal humanitario y de la lucha por el rescate de la democracia a través de elecciones generales este 2017”.
El partido opositor Voluntad Popular (VP) pidió este jueves al pueblo de Venezuela retomar las movilizaciones de calle para “imponer la voluntad del pueblo” ante lo que consideran un “golpe de Estado” contra la Asamblea Nacional (AN).
“Desde Voluntad Popular reafirmamos que cuando no existe Estado de Derecho, la única forma de lograr imponer la voluntad del pueblo es a través de la lucha popular, la resistencia democrática, la ofensiva ciudadana no violenta”, dijo VP a través de un comunicado.
También se señaló que con “presión popular” y resistencia democrática “sostenida e incrementada”, lo que catalogan como una “dictadura” por parte del presidente Nicolás Maduro, obligará a facilitar “una transición democrática”.
“Y para ello hace falta organizarnos y retomar el camino de presión que no debió haberse abandonado el año pasado”, indicó el texto.
Desde el partido solicitaron que el respaldo a estas acciones está en los artículos 333 y 350 de la constitución los cuales, afirman, faculta a los ciudadanos “a desconocer y enfrentar a las autoridades o regímenes dictatoriales”.
Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia por la cual asume las competencias del Parlamento debido a la persistencia de un supuesto “desacato”, un estatus que el máximo tribunal impuso a la AN.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular.
«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», sentenció el Secretario General.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado dos decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y, contrariando toda disposición constitucional, se atribuye las funciones de dicho Poder del Estado, en un procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso.
Por la primera de ellas, del 27 de marzo de 2017, el TSJ declara la inconstitucionalidad de acuerdos legislativos calificando como actos de traición a la patria el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, instrumento jurídico al cual Venezuela ha dado su voto al tiempo de aprobarlo y fue el primer país en solicitar su aplicación en el año 2002.
Por el segundo fallo, del 29 de marzo, este tribunal declara la “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”, en forma que no conoce respaldo constitucional ni en las atribuciones de la Asamblea (art.187 de la Constitución), ni mucho menos en la de la Sala Constitucional del TSJ (art.336 de la Constitución) y que viola la separación de poderes que la propia Constitución exige sea respetada por todos los jueces los que deben “asegurar su integridad” (art.334).
Las normas internacionales regionales y universales a las que Venezuela soberanamente ha adherido, y que por ello la obligan a su cumplimiento, reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del estado de derecho.
Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia.
La decisión del TSJ expresa en su numeral 4.4: «Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política.
“La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo», nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha.
El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.
El líder de la OEA recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio.
El país no es el único donde resuenan las convulsiones parlamentarias. El caso insigne de los golpes parlamentarios, el Fujimorazo, está siendo comparado con los actuales sucesos venezolanos. Un golpe de Estado en Uruguay también presenta varias similitudes al panorama actual. Además, esta semana en Paraguay una poco usual maniobra política empleada por senadores oficialistas los llevó a intentar aprobar la reelección indefinida para el presidente Cartes y a socavar la autoridad del Congreso, la cual se encuentra en peligro por los hechos.
Claves del Fujimorazo
El Congreso de la República de Perú fue disuelto el 5 de abril de 1992, y el Poder Judicial fue intervenido, cuando el presidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Fujimori disolvió el Congreso, entre otras instituciones alegando que ponían trabas a su gobierno: a pesar de que su partido no tenía la mayoría del Congreso, muchos de los diputados estaban de acuerdo con el exmandatario y aprobaban la mayoría de sus planes, excepto los relacionados a la lucha del terrorismo que pretendía darle influencia al Servicio de Inteligencia Nacional en las Fuerzas Armadas.
La negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización fue para muchos la razón del golpe de Estado.
El Senado se encontraba entonces investigando las denuncias de violación de derechos humanos del caso Barrios Altos, la creación de escuadrones de la muerte, así como otras denuncias por corrupción y malversación de fondos, por los cuales Fujimori fue juzgado y apresado. Para uno de los congresistas de la época, esta fue la motivación real de Fujimori para disolver la Asamblea Nacional.
Golpe de Estado en Uruguay
En 1973, un golpe de Estado similar sucedió en Uruguay cuando Juan María Bordaberry disolvió la Asamblea General con el apoyo de las Fuerzas Armadas e inició una dictadura que duró más de una década, hasta el 1 de marzo de 1985. El dictador creó un Consejo de Estado que asumió las funciones legislativas y constituyentes de la Asamblea General para restringir la libertad de pensamiento y facultar a las fuerzas armadas y policiales a asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.
Golpe en Paraguay
El golpe ocurrido en Paraguay sucede luego de que el lunes 28 de marzo a un grupo de senadores oficialistas les fuera negada la solicitud de realizar una sesión extraordinaria para modificar el reglamento interno y poder aprobar la reelección indefinida. Un día después, el martes 29, el grupo volvió a solicitar la sesión, que fue aprobada para el jueves 30, pero los senadores no quisieron aceptar. Entonces, sin que se haya dado inicio a la sesión del día, el parlamentario oficialista Julio César Velázquez se autoproclamó Presidente de ese poder y vía enmienda aprobó las modificaciones a pesar de que tanto el Presidente Roberto Acevedo como el Vicepresidente Primero estaban presentes.
Entre 24 senadores oficialistas que apoyan la reelección del actual mandatario Horacio Cartes y la del expresidente Fernando Lugo, apoyaron la iniciativa. Mediante un comunicado, el verdadero Presidente declaró el acto como «absolutamente irregular, nulo y sin valor», además de que constituye «delitos de extrema gravedad contra la integridad democrática de la República del Paraguay».
Carlos Vecchio, Ramón Muchacho y María Corina Machado se pronunciaron por la sentencia 156 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en la cual anula y deja sin efecto a la Asamblea Nacional. Los políticos rechazaron la medida debido a que aseguran que se ha consumado un golpe de estado.
Carlos Vecchio: TSJ ha consumado el golpe de Estado en Venezuela
El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, aseguró que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que asume las competencias de la Asamblea Nacional, mientras se mantenga en desacato, cierra formalmente el Parlamento venezolano
Advirtió que las competencias de las Asamblea Nacional serán ejercidas por Sala Constitucional o por órgano que ella designe, según refiere la sentencia.
“Decisión del TSJ es tan grotesca que Sala Constitucional puede designar a quien le dé la gana para que asuma funciones de la Asamblea Nacional”, agregó.
Indicó que con la sentencia el “TSJ ha consumado el golpe de Estado en Venezuela tal y como lo hizo Fujimori en Perú”.
Ramón Muchacho: Sentencia del TSJ pone todo el poder en manos de un hombre
Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), repudió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quitara todas sus funciones a la Asamblea Nacional y permita al gobierno de Nicolás Maduro tener facultades judiciales y económicas a discreción.
“Todo el poder y todos los Poderes Públicos en manos de un hombre”, indicó este jueves el mandatario local mediante su cuenta oficial en Twitter.
Muchacho considera que el objetivo del Ejecutivo es saltarse la contraloría de la Asamblea Nacional sobre sus gestiones en materia de contratación de empresas extranjeras y la solicitud de créditos en el extranjero.
“El gobierno está quebrado, ahorcado y asfixiado, y nadie le quiere prestar dinero fresco sin la aprobación del Parlamento, como debe ser”, agregó Muchacho.
María Corina Machado : Aniquilación de la AN es el resultado del diálogo
María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, aseguró este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el Parlamento es el resultado del diálogo entre gobierno y oposición. A su juicio, con este dictamen se consumó en el país un golpe de Estado «formal y declarado».
La dirigente opositora dijo que tras la decisión, se debe presionar para que se aplique la Carta Democrática a Venezuela. Además de la movilización nacional de los ciudadanos que rechazan al actual gobierno.
Pidió invocar el artículo 350 de la Constitución Nacional, el cual establece que el pueblo debe desconocer «cualquier régimen que contrarie los principios y garantías democráticas».
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante una sentencia, anunció que asumirá por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias, debido a la situación de «desacato» que persiste en la Asamblea Nacional.
Desde la madrugada de este jueves todos los venezolanos despertaron con la noticia de que el TSJ asumirá todas las competencias de la Asamblea Nacional mientras está esté en desacato.
“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, así lo explica la sentencia de dicha sala.
Ante esto, la sociedad civil se ha pronunciado a través de las redes sociales y esto fue lo que dijeron:
