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Crímenes sin Castigo | Extorsión, hasta en las galletas, por Javier Ignacio Mayorca
La quema de la fábrica de María Puig en el estado Aragua es el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado

@javiermayorca

 

EL LUNES 8 DE JULIO, la fábrica de galletas María amaneció envuelta en llamas. La información filtrada por los cuerpos policiales de manera oficiosa indica que la instalación, ubicada en el sector Las Tejerías de Aragua, fue quemada por delincuentes, en represalia a la negativa de los propietarios del enclave de continuar pagando la extorsión. Para el momento de la publicación de esta nota, han transcurrido cuatro días desde aquel suceso, y el dato inicial sobre el origen del siniestro no ha sido desmentido.

El caso de la fábrica de esta golosina, que ya formaba parte de la cultura culinaria venezolana, pone de relieve nuevamente el avance de la extorsión en el país. Decía John Dickie en su Historia de la mafia (Barcelona, 2016) que el comportamiento de este delito arroja claras señales sobre el alcance que tiene la delincuencia organizada en determinados países o regiones. La extorsión no puede ser reducida meramente a lo que pueda representar como “caja chica” de los grupos delictivos en proceso de consolidación. Esto va mucho más allá. Se trata, en fin de cuentas, de suplantar al Estado en su función primordial, que es conferir seguridad a la ciudadanía. En efecto, al pagar “vacuna”, los particulares y empresarios están comprando la certeza de que podrán continuar con sus actividades productivas en un clima de relativa tranquilidad.

La extorsión se nutre del miedo, y genera círculos viciosos muy difíciles de romper. Por eso es que generalmente pasa desapercibida. Crece cobijada por la dinámica perversa del terror del victimario y del silencio de las víctimas. Por eso es que, para conocer realmente las dimensiones que ha adquirido, las denuncias formuladas y procesadas por las autoridades solamente tienen un carácter referencial. Dirían los criminalistas que tales estadísticas solo dan orientaciones, no certezas.

Según cifras conocidas extraoficialmente, durante el primer semestre de 2019 las autoridades venezolanas recibieron 122 denuncias de extorsión. La secuencia de casos mes a mes puede ser apreciada en el siguiente gráfico:

Fuente: CICPC

 

Se debe reiterar que estos números reflejan apenas una ínfima porción de lo que realmente está sucediendo. Aún así, llama la atención que marzo, el mes del Mega Apagón que afectó a prácticamente todo el país, haya sido hasta ahora el mes con la mayor cantidad de casos conocidos.

Si en algún lugar del país la crisis del servicio eléctrico ha golpeado a la población ha sido en el estado Zulia. Según el capítulo de Fedecámaras para esa entidad, luego del prolongado corte que comenzó el 7 de marzo se desató una ola de saqueos que afectó a más de 500 comercios e industrias. En ese contexto, Zulia ha sido también la región donde mayor cantidad de extorsiones han denunciado este año, con 21. Este delito se ha mantenido como una forma de expoliar a lo poco que resta allí de actividad productiva. Una investigación de la policía regional, que comenzó con una detención in fraganti, puede ilustrar el grado de sofisticación con el que operan las bandas dedicadas a este delito.

El 29 de junio, los funcionarios detuvieron a dos individuos que iban en una moto de baja cilindrada en el sector Las Colinas de Rosario de Perijá. Ambos fueron señalados por víctimas como las personas que previamente arrojaron bombas incendiarias a las fachadas de comercios y viviendas, para luego exigir pagos de vacuna a las personas presas del terror. Estos hombres fueron asociados a una banda liderada por Alirio cara cortada, que viene operando en esa localidad desde muchos años atrás.

Los motorizados detenidos, sin embargo, no fueron capaces de indicar el paradero del líder de la organización. Solo revelaron quiénes eran los encargados de pagarles por cada “trabajo”. Al llevar a cabo las nuevas detenciones, se determinó que era una pareja de 59 años y 53 años de edad, respectivamente. Cada tarea en este grupo parece estar a cargo de una célula. Hasta el momento, los agentes regionales y municipales que los ayudan han puesto tras las rejas a trece personas, pero la organización aún no ha sido desmantelada por completo.

Otro lugar donde la extorsión pareciera estar en auge es Trujillo. Sucede desde 2017, cuando se posicionaron en el norte del estado individuos que supuestamente huían de las OLP llevadas a cabo en la Cota 905. El asunto ha llegado a tal extremo que los contratistas de Petróleos de Venezuela han amenazado en varias oportunidades con parar sus actividades, pues la exigencia de pagos es cada vez mayor, mientras que la protección del Estado pareciera ir en retroceso. En este semestre, los cuerpos de seguridad han recibido allí quince denuncias de este delito.

Y así se podría hacer un recorrido por todo el país. Extorsionan los presos desde las cárceles y los retenes, aprovechando la lenidad en el control a las comunicaciones; extorsionan también los policías, profiriendo abiertamente amenazas de muerte o confiscando camiones de carga que no devolverán a menos que les cancelen la cuota de $2000; extorsionan los sindicatos que manejan contratistas petroleras en la Faja, mediante la exigencia de pagos de nóminas paralelas; extorsionan las organizaciones que controlan la minería en Bolívar -y también los pueblos mineros-, al no permitir la instalación de comercios sin el pago de un porcentaje de las ventas. Todo en medio de la más absoluta impunidad.

Cuando vemos este panorama, pintado aquí con trazos de brocha gorda, la quema de la fábrica de galletas en Tejerías no es más que el resultado lógico de una situación que hace tiempo se salió del control del Estado, y en la que a menudo también participan los propios agentes estatales.

 

Breves

Dos hechos reportados recientemente reflejan el bajo apresto operacional de la Armada, cuando se trata de reaccionar con diligencia ante situaciones que involucran a su propio personal. El primer episodio comenzó el 28 de diciembre, cuando quedó a la deriva una lancha inflable de ese componente en los alrededores de Isla de Aves, con tres efectivos a bordo. Desde la estación marina de esa localidad veían cómo la pequeña embarcación se alejaba fuera de control, debido presuntamente a una falla en el motor. Las labores de búsqueda comenzaron al día siguiente, es decir, más de doce horas después. Pero el bote carecía de dispositivos de geolocalización, y hasta la fecha los tres militares que iban a bordo continúan desaparecidos.

El otro caso fue reportado el lunes en las costas del estado Sucre. Un teniente de fragata, un sargento y un cabo de la institución militar hacían patrullaje el domingo por el sector Rio Grande y presuntamente fueron interceptados por varias lanchas atestadas de piratas, según lo indicado en una minuta preliminar de la policía judicial. Los atacantes mataron a los militares y les robaron sus fusiles y una pistola. En la Zona Atlántica del componente comenzaron a sospechar que algo malo sucedía cuando los patrulleros no llegaron en la hora indicada del domingo. Pero, como no tenían medios para comunicar novedades en tiempo real (algo imperdonable, tomando en cuenta que se trata de una zona de alto riesgo) solo se pudo hacer una búsqueda según patrones de deriva al día siguiente, con la suerte de que los cadáveres y la embarcación auxiliar fueron encontrados en un sector de manglares. Los hechos, no las palabras, son los que evidencian el estado real de la Fuerza Armada.

En un sector del chavismo ya se comenta que el mayor general Jesús Suárez Chourio fue “traicionado”, al ser desplazado de la comandancia general del Ejército sin que le asignaran un cargo de mayor relevancia en la cúpula militar. La última intervención pública de este oficial fue durante los actos del Día del Ejército en Campo Carabobo, el 24 de junio. Entonces, lucía seguro, mientras desarrollaba la tesis del “Ejército-país socialista” (sin caudillo, por cierto). Pero Maduro lo excluyó, al igual que los otros dos oficiales de su misma promoción “general de brigada Francisco de Paula Alcántara”, egresada de la Academia Militar en 1986, que también pintaban para responsabilidades más elevadas: los mayores generales José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor Ceofanb) y Pascualino Angiolillo Fernández (Codena).

Suárez, asociado al denominado “chavismo militar”, fue desplazado de la cúpula castrense para dar espacio al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien se ha convertido en el mayor exponente de la promoción graduada en 1987 a pesar de que ocupó el puesto 87. En esta camada, Diosdado Cabello fue el alférez auxiliar. Este ascenso desde tan oscura posición hasta el pináculo castrense venezolano solo es explicable a la luz de las sucesivas purgas de oficiales “institucionalistas”, los complots, padrinazgos y murmuraciones. No es la primera vez que esto sucede, tanto en el Ejército como en las demás fuerzas. Sin embargo, no deja de sorprender.

FundaRedes denuncia extorsión, contrabando y posibles hechos sangrientos en trochas de la frontera

UNA DENUNCIA FORMAL EN LA FISCALÍA del Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo, presentó FundaRedes, por la actuación de los grupos irregulares en territorio fronterizo, en los pasos ilegales conocidos como “trochas”, que se han utilizado para el financiamiento pervertido de esas organizaciones terroristas, a través de la extorsión a los ciudadanos, el contrabando y donde se pueden presentar hechos sangrientos debido a enfrentamientos por el control de la zona.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes, acompañado de dirigentes sociales, acudió a la Fiscalía y la Defensoría en el Táchira, este jueves 21 de marzo, para denunciar que, desde que Nicolás Maduro anunció el uso de la Fuerza Armada para cerrar los puentes binacionales el pasado 22 de febrero, se inició esta práctica de extorsionar a ciudadanos venezolanos, “dependiendo de su forma de vestir y de las cosas que cargan, les cobran una tarifa para poder circular entre Colombia y Venezuela, ante la mirada complaciente, inerte, de los cuerpos de seguridad venezolanos, razón por la cual llamó a la comisión de los derechos humanos de la ONU a que acudan a territorio fronterizo a constatar la situación” afirmó.

Exigió al Ministerio Público que haga presencia en estos pasos ilegales, en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, García de Hevia y Rafael Urdaneta, para que verifiquen cómo operan los grupos irregulares, mandando sobre territorio venezolano, donde recolectan grandes cantidades de dinero en pesos colombianos, producto de la extorsión a los ciudadanos.

“Estos irregulares maltratan a los venezolanos, los extorsionan, los amedrentan con armas largas y cortas, las trochas están enumeradas, y tienen salidas a espacios públicos como la sede de Tribunales en San Antonio, o el CDI de esa misma localidad a un lado del Seniat, y los cuerpos de seguridad, el estado venezolano, no hacen nada” dijo el director de FundaRedes.

En tal sentido, expresó que se trata de un llamado de alerta a la comunidad internacional, y que los entes correspondientes deben actuar “porque es muy probable que en estos pasos ilegales, en cualquier momento ocurran hechos lamentables y sangrientos. Allí se observan persecuciones en caliente, disputas entre grupos armados por el control del territorio, y es lamentable que, por la negligencia del régimen, se impida el paso legal de las personas a comprar medicamentos y alimentos, pero se permita la operación de estos delincuentes”.

Tarazona aseguró que en estos pasos ilegales se está dando el contrabando de coltán, cobre y oro, minerales que son legalizados en espacios públicos en el centro de Cúcuta, Norte de Santander en Colombia.

Reiteró que es responsabilidad de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, lo que pueda ocurrirle a los ciudadanos en estos pasos ilegales, así como el microtráfico, el contrabando de coltán, de oro, la trata de personas y el reclutamiento de ciudadanos.

Aseguró el vocero en su denuncia que a través de las operaciones del ELN y la disidencia de las FARC, aumentó el control sobre estos espacios, y los maltratos contra los venezolanos.

También denunció que la actuación del Sebin y del Faes, ha sido con la finalidad de tomar el control de la zona para poder adueñarse de la extorsión que se aplica en las trochas, porque lamentablemente el territorio fronterizo es visto por los funcionarios como espacio para extorsionar a los venezolanos, que, en medio

Crímenes sin Castigo: 0800-Extorsión

 

 

Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la GN dicen que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden tener apoyo en las calles

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.

Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.

“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.

El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.

Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.

Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.

Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.

Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna. Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente justa.

A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago “yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.

Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales. Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.

Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.

En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.

Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).

Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora trabajan en grupos.

“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay gente en las calles que los ayudan”, indicó.

Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y, efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.

Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.

“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”, sentenció.

 

El engaño del premio

 

Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien Equipada o la Misión Vivienda.

Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la información.

Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.

“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.

 

Breves

 

*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de la censura.

 

 

*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes, que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de 2018, y no 6581.

 

*Continúa el deslave en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.

Delito organizado aumentó 80% en último trimestre dice informe de ONG

LOS REPORTES DE DELITOS ORGANIZADOS EN VENEZUELA subieron en 80,5% en el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 informó hoy la ONG Paz Activa en un texto donde señala la presencia de organismos públicos de seguridad como los involucrados “con mayor frecuencia” en estos actos.

“Las instituciones cuyos funcionarios se involucraron con mayor frecuencia en crímenes organizados” fueron “especialmente los cuerpos policiales (39,5%) y, dentro de ellos, la Policía Nacional Bolivariana (13,2%) y el CICPC (policía científica) (7,9%)”, señaló la ONG en su informe.

Los datos para el estudio se obtuvieron tras el análisis “sistemático” de 399 textos periodísticos de “50 diarios y medios de información de circulación impresa y digital” nacionales como regionales entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año.

El estado Zulia, fronterizo con Colombia, fue la zona donde se registró la mayor cantidad de denuncias de este tipo, con 92 casos (23,2%), seguido del de Miranda (centro norte) y que incluye a la capital Caracas con 38 reportes.

Dentro de los delitos tipificados como crimen organizado el de la extorsión fue el más denunciado según las informaciones recogidas por Paz Activa.

“El 68,8% de las extorsiones vinculadas con organismos oficiales refirieron la implicación de funcionarios policiales (56,3%) o militares (12,5%), ascendiendo a 33 el número de tales funcionarios implicados, detenidos y/o imputados por el delito de extorsión”, reveló el estudio.

En cuanto al sicariato o asesinato por encargo las cifras aumentaron en este tercer periodo en un 174 % “siendo la venganza en un 78,4 % de los casos el móvil del delito”.

En esos tres meses “por lo menos 89 personas fueron asesinadas por sicarios, ascendiendo la cifra de víctimas de sicariato a 232 durante los primeros nueve meses del 2017”, informó la ONG.

Mientras, los casos de contrabando ascendieron un 235,3 % mientras que los de secuestro se redujeron en un 29,6%.

“Sólo cuatro personas murieron por concepto de secuestro durante el tercer trimestre”, cita el informe.

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia el país registró en 2016 un total de 28.479 asesinatos (91,8 muertes por cada 100.000 habitantes) mientras que la Fiscalía rebaja esa cifra a 21.752 homicidios intencionales o dolosos.

Tráfico de drogas y sicariato entre principales delitos en primer semestre de 2017

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 se registraron diez tipos de delito organizado en Venezuela, según datos del Monitor de Delito Organizado.

El tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el secuestro fueron los delitos reportados hasta en el 85% de los casos analizados.

Con respecto al primer semestre del año anterior, si bien se observara una disminución del 17,9% y del 2,4% en los casos de tráfico de drogas y secuestro, los casos de extorsión reseñados por la prensa se incrementaron hasta en un 96,6%.

Según el reporte del Monitor, el hecho de que la atención haya recaído principalmente sobre cuatro delitos organizados, no quiere decir que sean los únicos perpetrados en el país. Durante el primer semestre se registraron delitos como corrupción (30 casos), contrabando (25 casos), delitos financieros (16 casos), delitos informáticos (5 casos), Minería ilegal (2 casos) y legitimación de capitales (1 caso).

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Expertos en seguridad ciudadana como el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño y el analista Marcos Tarre Briceño, sostuvieron que pese a que una reducción en los casos de secuestro pintaría un escenario optimista, dicho dato debería leerse entre líneas porque el plagio convencional dado sus problemas logísticos y económicos, ha ido mutando hacia formas mucho más rápidas y económicamente más rentables como algunas modalidades de extorsión.

Mandan los hombres 

El delito organizado durante el primer semestre del año en Venezuela fue perpetrado casi exclusivamente por hombres. Según datos aportados por el Monitor de Delito Organizado casi 9 de cada 10 individuos implicados en delitos pertenecen al género masculino.

Las mujeres, por su parte, tendieron a implicarse en aquellos delitos organizados no violentos como los informáticos (44%) y financieros (39%), al tiempo en que representaban roles menos violentos en delitos como el secuestro, en los que principalmente actuaban como cuidadoras del cautivo o la extorsión, en los cuales se encargaban, predominantemente, de la recepción del pago por parte de la víctima.

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Finalmente, según los datos ofrecidos por el Monitor, el 66% de las personas implicadas en delitos organizados tendrían entre 18 y 35 años de edad y el 43,8% entre 25 y 34 años de edad. Advierten que las personas jóvenes, de entre 18 y 24 años tienden a involucrarse en los delitos más violentos, tales como el secuestro y la extorsión, mientras que se observó un aumento en la edad promedio del victimario en los casos de tráfico de drogas y el delito financiero.

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Organismos oficiales 

Según datos del Monitor de Delito Organizado, los cuerpos policiales (41%), especialmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (18%), encabezadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se vieron implicados en el 59% de las apariciones en casos de delito organizado.Merece especial mención, además, el hecho de que según este informe sean delitos violentos, tales como el secuestro y la extorsión, aquellos perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad.

Empresas del estado, con PDVSA y sus filiales a la cabeza, e instituciones de registro e identidad, dentro de las cuales destacó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), participarían respectivamente en otro 15% de dicha muestra, siendo todos casos de corrupción, mientras el porcentaje restante correspondería a la participación en delitos de ciertas instituciones de justicia, de salud, de gobierno (Alcaldía), de prevención (Protección Civil) y económicas, como la SUNDDE.

Con información de Paz Activa 

 

MONITOR DELITO ORGANIZADO TRANSNACIONAL Agosto 2017 by runrunesweb on Scribd

Resumen Informe DOT – AGOSTO 2017 by runrunesweb on Scribd

ANC denunció presunta red de extorsión que funcionaba en la Fiscalía

MinisterioP

 

Una comitiva de la asamblea nacional constituyente (ANC) acudió a la sede del Ministerio Público (MP) para denunciar una red de extorsión que funcionaba desde la sede de la Fiscalía bajo la complicidad, según aseguró el diputado Diosdado Cabello, de la Fiscal Luisa Ortega Díaz.

“Más de 6.000.000 de dólares en cuentas abiertas. Entre los asociados a este dinero están el diputado Germán Ferrer y varios fiscales”, resaltó Cabello.

Cabello aseguró que la ANC recibió denuncias de personas vinculadas con la extracción de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, quienes habrían sido contactados por el MP que estaba liderado por Ortega Díaz, esposa de Ferrer.

En esas supuestas llamadas les pedían dinero para no implicarlos en averiguaciones que se realizaban sobre irregularidades en la Faja.

El dirigente oficialista explicó que presuntamente los implicados creaban fundaciones para que los extorsionados les depositaran el dinero. Uno de los lugares que se habrían usado para ello fueron Las Bahamas.

Dijo que el diputado Germán Ferrer, José Rafael Parra, Pedro Lupera (Abogado), Luis Sánchez (Fiscal auxiliar de la Fiscalía 55), y Gioconda González (quien trabajaba de manera directa con la Fiscal destituida Luisa Ortega Díaz) estarían involucrados en este caso. “

Es una gran red de extorsión. Todo esto que nos llega a nosotros tiene que ver con una investigación que se estaba llevando a cabo en Pdvsa. Ellos comenzaron a montar una red sobre los empresarios”.

Dijo que detrás de esta situación hay organizaciones internacionales que lavan dinero. En la petición de la ANC se solicita la detención preventiva de los presuntos responsables.

“Esta es una red tan especializada que tienen pasaportes dobles solicitado la privativa de libertad y de allane la inmunidad parlamentaria a todos los diputados que estén involucrados en hechos ataques en el país”, afirmó.

*Con información de El Nacional y Unión Radio.

Sebin no acata órdenes de tribunales y cobra $ 10 mil para liberar a detenidos

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL denuncian que desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) está operando una red de extorsión en dólares a detenidos que tienen boletas de excarcelación emitidas por los tribunales, e incluso por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El caso más reciente es el de un ciudadano de nacionalidad iraní-canadiense cuya libertad fue ordenada hace 3 semanas (antes de la Navidad) por un tribunal penal y permanece detenido todavía en enero de 2017.

El 20 de diciembre de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas emitió una boleta de excarcelación con el número 013-2016 en la que se ordena “al ciudadano jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) poner en libertad al ciudadano Niroumand Iraj, titular de la cédula de identidad E- 84.397.275… toda vez que este Juzgado… acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad…”.

Sin embargo, la medida no fue acatada por los funcionarios del Sebin que le exigen al detenido el pago de 10 mil dólares para dejarlo salir de los calabozos de la policía política. “Primero estaban cobrando 3 mil dólares, pero como se acercaba la Navidad subieron la ‘tarifa’ a 10 mil dólares”, explicó una fuente ligada al Poder Judicial.

Este tipo de extorsiones es una práctica novedosa que se estaría generalizando entre los funcionarios de distintas jerarquías del Sebin. “Ahora es una extorsión en dólares que varía según el nivel económico del detenido y piden cantidades de dinero exorbitantes para ejecutar la orden de excarcelación de un tribunal, que es sagrado”, dijo el denunciante, que pidió no revelar su identidad por seguridad.

Sin embargo, desde hace varios meses jueces y abogados vienen denunciando que el Sebin desacata las órdenes de excarcelación de los tribunales y no ejecuta las medidas de libertad otorgadas a presos políticos. “Está el caso de Yon Goicochea, por ejemplo, que tiene una orden de ser liberado emitida por un tribunal el 5 de diciembre de 2016 y el Sebin de ha negado a ejecutarla. Pensábamos que se trataba de medidas de presión contra los presos políticos, pero ahora vemos que también lo están haciendo con los presos comunes. Nunca había visto lo que está pasando, los jueces dan órdenes de excarcelación pero es el director del Sebin quien decide quien sale y quien no”, denunció la fuente.

“Un policía no tiene la facultad de negar o aceptar nada, solo debe cumplir la orden de un tribunal. Es un funcionario ejecutor. Han negado libertades ordenadas por la misma Sala Penal”, denunció la fuente.

Una situación similar enfrentan 14 funcionarios de Polichacao, cuya libertad fue ordenada por un tribunal hace 4 meses.

La situación ha sido calificada como “una aberración violatoria de toda norma jurídica”, pues la policía política, que es dirigida por el general Gustavo González López, ya no obedece ni las órdenes o decisiones del TSJ.

Alejandro Rebolledo: La extorsión aumenta aceleradamente en Venezuela

Extorsión

A juicio del abogado penalista, Alejandro Rebolledo, las cifras sobre el delito de extorsión son alarmantes. En los actuales momentos de crisis que vive el país, está considerado como el delito de mayor auge.

La violencia ha tomado en Venezuela dimensiones y formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades, debilitando el desarrollo nacional, multiplicando la preocupación y cuestionamientos respecto a la manera como los gobiernos enfrentan la problemática de la delincuencia organizada que se nutre del secuestro, la extorsión, la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos afines.

Ante la crisis socioeconómica y el auge delictivo que vive Venezuela el abogado penalista, Alejandro Rebolledo dijo en entrevista que “Dentro del país el delincuente sabe que puede actuar sin ser sancionado, de allí el aumento delictivo que estamos viviendo, donde cientos de venezolanos son víctimas de la delincuencia, en un territorio gris, vulnerable al lavado de dinero y a merced de la delincuencia organizada que es quien gobierna en Venezuela, con una doble moral e impunidad de quienes están al frente de las instituciones del Estado”.

¿Por qué la extorsión es el tercer delito que tiene en zozobra al país?

A juicio de Alejandro Rebolledo, las cifras de los delitos son alarmantes, especialmente los de extorsión, afirmando que “La extorsión se ha convertido en la práctica diaria que mantiene en zozobra al país. Surge de la intimidación para que se realice un acto que afecta el patrimonio y/o el honor de la víctima. Ni ricos, ni pobres escapan de la extorsión que se mezcla con la difamación, el secuestro, la amenaza y el miedo. Todo con un fin común: la obtención de un objetivo que la mayoría de las veces es económico”.

Pero la situación se agrava, según Rebolledo, por las mismas condiciones socioeconómicas que atraviesa el país. “La grave crisis financiera de Venezuela también contribuye. Sujetos que nunca se habían corrompido, públicos o privados, ahora por razones inflacionarias están tentados a hacerlo, y lo hacen. Un alto porcentaje de los delitos de extorsión y secuestro en Venezuela se dirigen vía celular desde una cárcel”.

¿Principales víctimas?

“En el país operan redes de extorsión que involucran a policías, funcionarios electos, funcionarios públicos quienes arman expedientes falsos, vinculan a las víctimas con grupos terroristas, con narcotraficantes, con grupos delincuenciales, para extorsionarlos.

Estos funcionarios amparándose en su investidura tratan de obtener beneficios, intentando destruir a empresarios que podrían estar vinculados con negocios que a veces no son muy claros. Incluso llegan a secuestrar a las víctimas o a sus familiares. Allí es cuando el empresario se va del país sucumbiendo a la presión de la extorsión, aunque otros prefieren quedarse y correr riesgos.

Muchos empresarios, comerciantes, industriales, afirman que han recibido amenazas de periodistas, editores, columnistas y hasta de diputados electos de ambas posiciones políticas tratando de extorsionarlos. Esto es sumamente grave, y demuestra que en el país existe una increíble impunidad”.

¿Las extorsiones más comunes en Venezuela?

“La Ley contra el Secuestro y Extorsión estipula que en el país se manejan varios tipos de secuestro, cuyas sanciones acarrean prisión desde cinco a treinta años, según sea el caso. Siendo los más característicos, por ejemplo, la simulación de secuestro, que se efectúa cuando alguien aparenta estar secuestrado para obtener dinero u otros bienes. O el secuestro político, que se produce como parte de una conspiración contra la nación o para generar conmoción o alarma pública.

También existe el secuestro breve, en el que la víctima es privada de su libertad por menos de 24 horas. El secuestro en medios de transporte, que tiene como objetivo a los ocupantes de cualquier tipo de transporte público o privado. El secuestro para canje de personas, y el que se lleva a cabo mediante aislamiento forzoso, entre otros”.

Recordó el Doctor en Ciencias Jurídicas, “Desde el año 2010 se ha venido suscitando actos delictivos de extorsión telefónica, pero no todas las víctimas formalizan la respectiva denuncia ante los entes de seguridad, debido a que aseguran que “temen por sus vidas”, o por represalias que puedan tomar en contra ellos o su familia.

Los cuerpos de investigaciones de seguridad han realizado estudios correspondientes al rastreo de llamadas, averiguando que el puerto de llamadas para extorsionar a las personas provienen de centros penitenciarios, realizadas por un Pran y sus secuaces”.

¿Cómo puede ser la extorsión a través de los medios digitales?

“El modus operandi en este tipo de extorsión es hacer creer a la víctima que tienen mucha información sobre él/ella para destruir su reputación y perjudicar su patrimonio y negocios. Muchas veces son ollas o informaciones falsas que ponen a circular a través de las redes y medios digitales sin credibilidad pero que igualmente pueden hacer mucho daño, publicando recibos de transacciones financieras en mano, conversaciones telefónicas grabadas, mensajes de texto, copias de cheques, evidencias de entregas en efectivo, que usan para el chantaje y la extorsión”.

¿Se debe pagar la extorsión?

Según el Magíster en Criminalística, “el pago de extorsiones es un arma de doble filo porque si una persona cede a la extorsión, ya el delincuente sabe que este es vulnerable y definitivamente va a reincidir. Los empresarios no quieren verse involucrados en procesos judiciales que les quitan tiempo y les generan preocupaciones. Muchos pagan para evitar esas situaciones y otros también para evitar secuestros.

Muchas personas se niegan respondiendo al intento criminal a través de la denuncia y de abogados muy capacitados contra estos delitos. La tecnología, para sorpresa de algunos, juega en contra de los extorsionadores, porque este tipo de víctimas, lo empresarios, tienen todas las posibilidades económicas y tecnológicas para obtener las evidencias del intento de extorsión procediendo a denunciarlos y solicitando el enjuiciamiento de los mismos”. Concluyó Alejandro Rebolledo.