Irregularidades de la exfuncionaria frente al Ministerio para la Salud están relacionadas con contratos para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos
La exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, tiene dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución solicitadas por el Ministerio Público tras comprobar indicios de posible corrupción durante su gestión. Pero las decisiones no han sido acatadas por el TSJ, según documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso Runrun.es.
La primera orden de detención en perjuicio de Sader fue emitida por el MP el 15 de mayo de 2015 (ratificada el 28/03/2016), luego de que una investigación penal determinara presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ministerio para la Salud de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited, para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología (que formaban parte de la Misión Barrio Adentro IV). El monto involucrado en estos centros hospitalarios nunca construidos en Caracas, Miranda, Barinas, Apure y Guárico es de 663,6 millones de dólares.
Según el documento, la investigación del MP se remonta al 27 de junio de 2013, a raíz de la denuncia realizada por Pedro González Salmerón, coordinador (e) del puesto de comando presidencial y director general de seguimiento y control, del Viceministro de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno.
También, el MP dictó el 27/08/2014 la incautación de bienes muebles e inmuebles que formaban parte del proyecto de los 6 hospitales con sistema modular importado de Turquía bajo modelo “llave en mano”. Mientras que el 16/04/2015, el tribunal 42 de control de circuito judicial del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles tanto de Eugenia Sader Castellanos como de su hijo Eugen Enrique Bejarano Sader.
Pero estas medidas tuvieron sus reveses. En la audiencia del 17/04/2014, después de la exposición de motivos del representante de la Corporación Conmed, Reinaldo Barazarte, se acuerda levantar todas las cautelares dictadas por el Tribunal, es decir incautación de bienes muebles e inmuebles de los 6 hospitales; congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de Moreno y Consorcio Conmed.
Seis meses después, se apeló en contra de la decisión del 17 de octubre de 2014. Finalmente el 11 de agosto de 2015, la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas levantó parcialmente las medidas decretadas, como el regreso a Sader de una cuenta bancaria de nomina en el Banco nacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Banfanb).
El tribunal de la causa nunca se pronunció sobre la orden de aprehensión, según el documento de la Fiscalía.
Segunda orden de detención
Sobre Sader pesa otra solicitud de detención sobre sus presuntos manejos irregulares de insumos y equipos médicos. El 5 de mayo de 2017, fue ordenada su captura junto con cinco directivos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), adscrito al Ministerio para la Salud: Teojeasix de Jesús Molina Hernández; Luis Rodolfo Bracho Magdaleno; Andrés Enrique Gualdrón Oropeza; Carlos Vásquez y Gerardo Briceño, así como también el coordinador del Almacén Robotizado Jipana, Adrián Merchán.
A los siete exfuncionarios se les imputan los delitos de peculado culposo y concierto con contratista.
Entre los hallazgos del MP, en las inspecciones técnicas se encontraron 68 contenedores de equipos médico quirúrgico y medicamentos presuntamente vencido en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana, ubicado en Valles de Tuy, que depende del Sefar.
Pero el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del AMC ha omitido pronunciarse, por lo que el 1ero de junio de 2017, los fiscales 51 auxiliar nacional con competencia plena y fiscal provisorio encargado de la Fiscalía 65, Daniel José Gil Malavé y Víctor López respectivamente, se trasladaron al tribunal a consignar un amparo constitucional, según consta el documento MP-5011617-2016 del Ministerio Público.
Investigaciones desde 2016 sobre corrupción en distintos entes del estado y con nombres emblemáticos de la “robolución” llevadas a cabo por el Ministerio Público han sido desdeñadas por las autoridades de los diferentes entes involucrados por órdenes superiores desde el más alto nivel. Es así que las órdenes de aprehensión contra la exministra de Salud Eugenia Sader Castellanos y seis otros funcionarios (Teojeansix Molina Hernández, Luis Rodolfo Bracho, Adrián Merchán, Andrés E. Gualdrón Oropeza, Carlos Vásquez y Gerardo Briceño) directivos del SEFAR, Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, siguen pendientes tras descubrirse la enorme corrupción gracias a las irregularidades encontradas allí por el G/D Octavio Chacón Guzmán como director conjunto de la GM Abastecimiento Soberano y coordinador del Rubro Farmacéutico en los almacenes de medicamentos. 25 contenedores con medicamentos varios vencidos, 32 contenedores de material médico quirúrgico e insumos vencidos, 13 contenedores de yeso y 5 contenedores vacíos. Peculado culposo y concierto con contratistas, así como boicot. Tribunales de Caracas no han actuado como lo pidió la Fiscalía Nacional. De la misma forma lo descubierto por el G/D Pedro González Salmerón en su condición de Viceministro del Despacho de la Presidencia donde encontró las presuntas irregularidades de la ministra Sader en la contratación de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V. y MCC London Limited para la construcción de estos 6 hospitales: Radiológico Caracas; Oncológico Miranda; general y toxicológico Barinas; materno infantil Apure y dos veces el General de Guárico por un total de $ 663.660.000. Allí la orden de aprehensión pendiente es de Enrique Bejarano Sader. En fecha 11/8/2015 la Sala 4ª de la Corte de Apelaciones de Caracas levantó parcialmente las medidas decretadas contra Eugenia Sader únicamente en su cuenta en BANFANB. Hasta aquí más nada. Corrupción con padrinos muy arriba es lo que circula en la FGR. En www.runrun.es lo investigamos…
En su sesión ordinaria de este miércoles, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1506, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en la construcción y reparación de hospitales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
El informe recomienda la declaratoria de responsabilidad política a la ex titular de ese despacho, Eugenia Sader, por un conjunto de actuaciones realizadas durante su ejercicio en el cargo entre 2010 y 2013, relativas al manejo de recursos públicos destinados a la construcción de un conjunto de edificaciones hospitalarias, entre los que destacan la construcción de seis hospitales del programa Misión Barrio Adentro IV, a saber:
– Hospital General especializado en Materno Infantil, Estado Apure.
– Hospital General especializado en Toxicología y Oncología, Estado Barinas.
– Hospital Cardiológico de Adultos, Distrito Capital.
– Hospital General especializado en Nefrología, Estado Guárico.
– Hospital General especializado en Gastroenterología y Oncología, Estado Mérida.
– Centro Nacional de Oncología, Estado Miranda.
Al respecto, la investigación determinó distintas irregularidades administrativas, tales como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público; inobservancia de las condiciones para la debida contratación establecidas en los instrumentos normativos que regulan la materia; así como la malversación y el desvío de los fondos destinados para la construcción de los centros asistenciales.
En ese sentido, el informe de la Comisión de Contraloría estima que el daño patrimonial generado al acervo público nacional fue de USD $ 1.552.353.981,33, equivalentes a Bs. 4.052.882.119,75 conforme al tipo de cambio oficial vigente para la fecha en que Sader ocupaba la cartera de Salud.
El Presidente de la instancia parlamentaria, Diputado Freddy Guevara, explicó que la construcción de los referidos centros asistenciales fue anunciada por el ex primer mandatario Hugo Chávez el 30 de septiembre del año 2007, durante la transmisión de su Programa “Aló Presidente” N° 296, en el que hizo referencia a la ejecución de la primera etapa de un grupo de 15 hospitales generales y especializados del programa Misión Barrio Adentro IV, los cuales debieron ser entregados a finales del año 2009, pero que a la fecha no se han culminado.
Guevara indicó que Sader asumió paralelamente la Dirección de Hospitales y la Presidencia de varias dependencias del Ministerio, entre ellas la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias. Agregó que la Memoria y Cuenta de 2010 reflejó que las obras apenas tuvieron un avance de 49%, con 222 remodelaciones quedaron pendientes por ejecutar y una lista de espera por cirugías en hospitales que ascendía a 30.000 personas.
“No solamente hubo desfalco y desvío de fondos públicos, sino que además jugaron con la salud de los venezolanos de menos recursos y que son quienes más se verían beneficiados. Es criminal que se haya asignado 1.5 millardos de dólares para unos hospitales y que al día no se tenga ni los hospitales ni el dinero. Esta es otra muestra más de que una cúpula roja se llenó los bolsillos mientras hablaba en nombre de los pobres”, enfatizó Guevara.
La investigación también determinó que las irregularidades datan desde los inicios del proyecto, cuando el denominado Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, siendo una empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, firmó contrato con la empresa Constructora Pemegas; C.A, para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la ejecución de las obras.
En este sentido, se detectó que dicha contratación planteaba un conflicto de intereses, ya que el ciudadano Lucas Pou Ruan, quien ejercía funciones como Director de Obras de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, adscrita al Despacho de la Presidencia, además fungía como accionista de la prenombrada empresa Pemegas.
El Diputado Freddy Guevara anunció que el informe será consignado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los fines de que sea elevada a la plenaria la solicitud de declaratoria de responsabilidad política a Eugenia Sader.
Los cuatro militares que estuvieron al frente del MinSalud entre 2007 y 2013 dejaron una huella de censura e irregularidades. Para ello, se sirvieron de enroques estratégicos: un ejército de oficiales (capitanes, mayores y tenientes coroneles) fue acantonado en las áreas donde se pretendía ocultar el mal funcionamiento de la institución
@loremelendez | Especial para PROVEA
LA PRIMERA VEZ QUE EL PRESIDENTE Hugo Chávez confirmó públicamente que había dejado el Ministerio de la Salud en manos de un militar fue durante una alocución en Barquisimeto. La tarde del 26 de mayo de 2007 inauguró el Centro de Diagnóstico y Sala de Rehabilitación Integral «Dr. Benito González Artigas«, muy cerca de la Base Aérea de la capital larense, mientras tenía al flamante titular de la cartera a su lado, como con la intención de presentarlo en sociedad.
«Por aquí, a mi lado izquierdo, el comandante Jesús Mantilla, ministro del Poder Popular para la Salud. Lo saludamos con especial cariño, mucho afecto, y pido a todos la mayor de las cooperaciones, colaboración de todos para el éxito de la gestión que está comenzando el comandante Mantilla, después de haber desarrollado una gestión que no puedo sino calificarla de extraordinaria, al frente de la recuperación, la salvación y la puesta en funcionamiento con un alto nivel de eficiencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el seguro social», dijo durante los primeros minutos del acto que se transmitía en cadena nacional de radio y televisión.
Para ese entonces, ya Mantilla tenía oficialmente nueve días en el cargo. Su promoción había llegado a través del decreto 5.353, publicado en la Gaceta Oficial número 38.685 del 17 de mayo de 2007. Una semana después ya había hecho los tres primeros enroques de su nueva cartera: dos de estos, Julio César Uzcátegui, nuevo director de su despacho, y Asdrúbal David Torres Seijas, director General de la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, eran militares como él.
La llegada del teniente coronel supuso un cambio en el manejo de la institución. Comenzaron a ocultarse las cifras de las enfermedades epidemiológicas que afectaban al país, pero también arreciaron las deficiencias en la infraestructura de los centros de salud, se cerraron servicios por insalubridad y falta de mantenimiento, y se comenzó a hablar de corrupción y mal manejo de créditos adicionales otorgados a esta cartera.
Quienes le siguieron a Mantilla en el cargo, –los tenientes coroneles Carlos Rotondaro y Luis Reyes Reyes, y la coronela Eugenia Sader– sólo contribuyeron a que la opacidad y los escándalos se mantuvieran en el tiempo.
Las denuncias por las irregularidades surgidas a propósito del paso de los militares por el Ministerio de Salud no son nuevas. Los reclamos han provenido de organizaciones no gubernamentales, de defensores de los derechos humanos e incluso de médicos reconocidos que, en el pasado, ocuparon el mismo cargo.
Sin embargo, lo que no se había mostrado era la red verde que todos, desde Mantilla hasta Sader, tejieron a su alrededor al momento de ser designados como titulares en la cartera. Junto a ellos, otras botas militares llegaron a posiciones de alta jerarquía para controlar desde oficinas de administración y planificación hasta las dependencias encargadas de la compra de medicinas.
Para revelar la red, Runrun.es revisó los directorios incluidos en las memorias y cuentas de los años de estos ministros en el poder y los comparó con las denuncias que se hicieron mientras estuvieron en ejercicio. Los hallazgos indicaron que algunas de las áreas controladas por los militares fueron señaladas de estar inmersas en irregularidades. Otras sólo sirvieron para continuar con la opacidad
El poder de Mantilla
La primera vez que la bota militar escaló hasta la cima del Ministerio de Salud en toda su historia fue en 2007. Jesús Mantilla, un coronel que venía de presidir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sustituyó a Erick Rodríguez, un médico especialista en salud pública y exdiputado del entonces partido oficial MVR.
La llegada de Mantilla –quien se graduó en la Academia Militar en 1987, junto al diputado Diosdado Cabello, en la promoción «General de Brigada Tomás Montilla»– significó una serie de cambios que le permitieron detentar más poder y controlar grandes presupuestos. Uno de las transformaciones más significativas ocurrió con el decreto presidencial dictado en enero de 2008, que agrupó a todos los hospitales y centros asistenciales del Distrito Capital y del estado Miranda en el Sistema Metropolitano de Salud.
“Vamos a revisar el área de los recursos humanos, la infraestructura y la dotación de equipos. Nosotros sentimos que ese es el primer paso de la conformación del Sistema Público Nacional de Salud, porque la aplicación de este decreto es un ensayo para mejorar la salud. Esto nos permitirá tomar otras medidas para concretar las bases para la centralización del sector”, dijo Mantilla en una entrevista a Últimas Noticias a propósito de aquella orden.
A las arcas del Ministerio entraron no sólo los recursos para sostener estos centros de salud sino también la partida de más de mil millones de bolívares que habían sido aprobada por la Asamblea Nacional y que se dedicaría a las remodelaciones de 62 hospitales de todo el país. Para manejar el dineral, ya Mantilla había blindado la cartera con aliados tan verdes como él. Además, él mismo se designó presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh), que se encargaría de la ejecución de las obras.
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Al teniente coronel Julio César Uzcátegui lo ubicó en la dirección general de su despacho. Se trataba del hermano de su compañero de promoción, Luis Uzcátegui Ramírez, quien para entonces tenía a su cargo una jefatura en el Seniat que manejaba José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello. Todo quedó entre familiares y “montilleros”, como se hacen llamar los miembros de la promoción de Mantilla y Cabello. Julio César Uzcátegui estuvo en el cargo durante el primer año y, posteriormente, pasó a manejar la administración de la Fundación Barrio Adentro en Vargas, que ya para el momento era blanco de críticas por la cantidad de módulos que tenía cerrados.
José Leonardo Pirela Viloria fue otro de los “montilleros” que estuvo en el MinSalud. A él lo nombraron director general de la Oficina de Recursos Humanos, posición que ejerció hasta febrero de 2009. Tal como Uzcátegui Ramírez, recaló posteriormente en la Fundación Barrio Adentro, sólo que en un cargo más privilegiado: el de miembro del Consejo Directivo.
Otro militar que arribó al Ministerio fue el capitán (asimilado) Asdrúbal David Torres Seijas, quien ocupó la silla de director general de la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto. Allí permaneció hasta 2010, cuando Eugenia Sader tomó las riendas del despacho.
En la dirección general de la Oficina de Gestión Administrativa, el entonces ministro puso al teniente coronel Hernán Akhnaton Noguera Mejías, quien se graduó en la Academia Militar dos años después que él y ha seguido a sus órdenes incluso después de salir de la cartera de Salud. Noguera Mejías –quien el año pasado estuvo implicado en un caso de «Desobediencia» por la pérdida del dinero de una caja fuerte y tuvo que declarar ante una corte marcial– es hoy director de Administración de la Zona de Defensa Integral (Zodi) del estado Bolívar, controlado por Mantilla.
El teniente coronel fue sustituido en junio de 2009, apenas dos meses antes de la salida de Mantilla, por Juan Alberto Guerrero Martín, un militar que pasó, fugazmente, por la cartera de Salud. Este era otro teniente coronel, graduado de la Academia Militar junto a Noguera Mejías. En octubre de ese mismo año, semanas después del arribo de Rotondaro, fue removido.
Con todas estas boinas a su mando en las áreas de administración, dirección, recursos humanos y planificación, Mantilla pudo manejar los recursos a su antojo.
A finales de 2008, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reveló en su informe “Situación Derecho Salud Venezuela 1998-2008” que durante el primer año de Mantilla, los hospitales colapsaron.
“A partir de ese año, los problemas más relevantes recogidos comienzan a ser la falta de personal médico y de enfermería, las deficiencias de infraestructura, insalubridad, fallas de mantenimiento y contaminación quirúrgica, y el cierre de servicios, traslado de pacientes a otros centros y maltrato. Uno de los elementos más críticos en Caracas fue la realización de obras inadecuadas y hacer obras de manera simultánea en todos los hospitales. Estas obras no cumplieron con los plazos de entrega previstos y presentaron irregularidades”, indicó el documento.
El informe “Riesgos de corrupción en el sector salud. Experiencia del Comando Antiguiso” de Transparencia Venezuela, publicado en diciembre de 2013, señaló 6 situaciones susceptibles o vulnerables frente a hechos de corrupción en el área. De estas, al menos tres se presentaron durante la gestión de Jesús Mantilla, justamente en la aplicación del plan de “reparación, recuperación y/o construcción de la infraestructura física de 62 hospitales”: la construcción y reparación de infraestructura hospitalaria; la selección de proveedores, compra (importación), distribución y mantenimiento de equipos médicos (tecnología); y el uso continuo de la figura de créditos adicionales para cubrir el déficit presupuestario.
El resultado es que, todavía hoy, hay proyectos que jamás se llevaron a cabo. Varios informes de la Contraloría General de la República también dieron cuenta de los atrasos y sus consecuencias.
El orden cerrado de Rotondaro
El actual general de brigada, Carlos Rotondaro, no se desprendió de su investidura de presidente del IVSS –que asumió luego de que Mantilla se erigiera como titular de Salud– durante los siete meses que estuvo al frente del Ministerio. En ese período, aunque corto, ubicó a tres de sus aliados militares en puestos de relevancia. Uno de ellos fue el entonces mayor asimilado Alexis Parra Soler, quien se convirtió en viceministro de Redes de Servicios de Salud y también en director general del I Nivel de Atención en Salud. Ambos cargos los ejerció sin abandonar la posición en la que hoy continúa: la de director del hospital Domingo Luciani, de El Llanito, que está por cierto bajo la tutela del IVSS de Rotondaro.
Otro militar que llegó al Ministerio fue el capitán asimilado José Gregorio Flores Tovar, quien pasó a la Dirección General de la Red de Hospitales, encargada de velar por el funcionamiento del III Nivel de Atención en Salud del Sistema Público Nacional de Salud, es decir, de 237 hospitales en todo el país.
El arribo de Rotondaro también significó el desembarque de la coronela Eugenia Sader en la cartera, quien al año siguiente sería ministra. Durante esos siete meses fue designada como presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro y fue el propio Hugo Chávez quien le dio la bienvenida pública en un acto en el que recibían al paciente número un millón de la Misión Milagro, en el estado Vargas.
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Tras la renuncia de Rotondaro, Parra Soler hizo lo propio. Para ese momento, varios medios de comunicación se hicieron eco de un rumor. El presidente del IVSS no abandonaba la titularidad por motivos de salud, como lo había expresado, sino que lo hacía por discrepancias con la dirección médica cubana que se infiltraba en el sistema.
El vuelo fugaz de Reyes Reyes
Otra bota militar que pasó por MinSalud fue la del teniente coronel de la Aviación Luis Reyes Reyes, el ex gobernador de Lara quien para ese momento era ministro del Despacho Presidencial, un puesto desde donde había hecho inspecciones a la cartera de Salud. Semanas antes de que se oficializara, su nombramiento era un secreto a voces.
En entrevista conEl Nacional, el ex ministro de Sanidad y Asistencia Social, Carlos Walter, opinó para ese entonces que la idea de poner a militares como titulares del área se relacionaba con la necesidad de buscar autoridades que no cuestionaran a la misión médico cubana que pretendía controlar parte del Sistema Público Nacional de Salud.
“La decisión de designar otro militar a la cabeza del Ministerio de Salud resulta coherente con la política del Presidente de colocar en el cargo a personas de su confianza y sin grado alguno de formación o experiencia en ese campo. Reyes Reyes es el tercer militar que ocupa esa posición. El perfil de los dos ministros anteriores, Jesús Mantilla y Rotondaro, es el mismo que el del nuevo ministro», afirmó en febrero de 2010.
La gestión de Reyes Reyes sólo duró tres meses, porque en mayo de 2010 fue sustituido por Eugenia Sader. A ella, por cierto, la ascendió durante este período a viceministra de Redes de Salud Colectiva. El otro enroque militar fue el del coronel de la Aviación (la misma fuerza a la que pertenece el ex gobernador) Orlando José Colina Morrell, quien se desempeñó en la época como director general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. A él lo designó incluso antes de llegar a la cartera.
La coronela y la falta de medicinas
Con Eugenia Sader, los profesionales de la medicina volvieron al despacho de Salud. Sin embargo, esta nueva titular venía con un añadido: también era militar. Se había asimilado y era coronela de la Aviación. Además, ya llevaba 10 meses en otros cargos del despacho.
A pesar de que su llegada hizo pensar que la opacidad y las irregularidades acabarían, los pronósticos fueron errados. La de Sader fue una de las gestiones más criticadas por su falta de transparencia. De la cartera, sólo salió luego de que Chávez muriera, a pesar de que varias organizaciones no gubernamentales habían introducido demandas contra ella al señalar que había mal manejo de recursos para insumos, medicinas e infraestructura. Además, mientras estuvo al mando, Sader no sólo fue ministra, sino que también se desempeñó como presidenta de la Fundeeh y de Barrio Adentro.
En 2014, Sader fue imputada por la comisión de peculado doloso y asociación para delinquir. Para la fecha, ya había salido del Ministerio y en su lugar, Nicolás Maduro puso a la médico Isabel Iturria.
Cuando la coronela entró al MinSalud, designó a José Rafael Carrillo Márquez como director general de la Oficina de Atención al Ciudadano y, al año siguiente, como la máxima autoridad de la Red Ambulatoria Especializada. Carrillo Márquez, al igual que ella, era médico y coronel asimilado. Venía de haber ocupado la subdirección médica del Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo».
El control militar, durante el dominio de Sader, llegó hasta el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR – SUMED), con los nombramientos de Nicolás Gustavo Seijas Arrieta (2010-2011) y de Julio César Aguilar Rondón (2011-2013) como directores generales de la institución.
Aunque desde 2013, cuando Sader fue destituida, no ha vuelto ningún militar a la cabeza del Ministerio de Salud, las charreteras continúan presentes dentro del sistema. En la cartera que hoy dirige Luisana Melo hay dos que se vislumbran en su organigrama. Ya no están en los cargos más altos del despacho, pero sí en los regionales.
La médico y mayor asimilada María Alejandra Ruiz Fernández es directora Regional de Salud de Monagas, mientras que Germán Dalmiro Rodríguez Totesautt hace lo propio en la Dirección Estadal de Salud de Guárico. Poco después de convertirse en titular, Melo nombró a otro militar, Armando José Marín Rojas, como director del Hospital Jesús Yerena de Lídice. José Rafael Carrillo Márquez, coronel asimilado que ocupó dos cargos en la gestión de Sader, es jefe del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del estado Portuguesa y antes fue director del Hospital Vargas de Caracas. Allí, mientras estaba al mando, una paciente murió al caer en un hueco que había quedado en un pasillo tras una remodelación inconclusa.
La otra presencia militar importante dentro del sistema de salud está en el área de la infraestructura de hospitales. Melo, al igual que Sader y los otros militares, se autodesignó como presidenta de la Fundeeh, institución que desde mediados de 2014 firmó un convenio con el que se delegó la mayor parte de las remodelaciones y construcciones sanitarias a Construfanb, la compañía adscrita al Ministerio de la Defensa que fue creada en 2013 y que forma parte de la llamada Zona Económica Militar Socialista. Entre sus deudas están los seis centros asistenciales de alta tecnología y especialización, pertenecientes al programa Barrio Adentro IV, que comenzaron a construirse en 2007 y que heredó la empresa militar. Estas edificaciones aún permanecen en ruinas.
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Para la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, la bota militar entró al sistema de salud cuando el Plan Bolívar 2000 se activó con operativos y unidades móviles en hospitales. Hoy, esa presencia continúa a través de las milicias, un brazo de la FAN que es “leal” a la “revolución”.
“Tener a los milicianos en los hospitales comprueba que hay una necesidad de control social, es un mecanismo para evitar la protesta, para que no se retrate lo que ocurre”, comentó San Miguel.
El paso más reciente a la continuación de la militarización de la salud fue el anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, de llevar la Gran Misión Abastecimiento Soberano hasta 60 hospitales tipo III y IV, con el fin mejorar dentro de ellos la prestación de sus servicios y manejar la distribución de insumos y medicinas. El augurio de la misma San Miguel es que la improvisación lleve el plan al fracaso.
Insignias para la censura
Cuando Jesús Mantilla arribó al MinSalud, las voces críticas al nombramiento no se hicieron esperar. Se reprochó, en principio, que quien era teniente coronel en aquel entonces no fuese un civil o un médico, como tradicionalmente había ocurrido desde que se creó el ministerio. Meses después, los reclamos se dirigieron a su incapacidad para asumir los retos que comportaba su posición. En enero de 2008, Copei le señaló por su “incompetencia” para manejar la política de salud en Venezuela y rechazó el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido controladas como dengue, parotiditis y varicela. En marzo de ese año, se le culpó por la muerte de 6 recién nacidos en la Maternidad Concepción Palacios por falta de personal médico en el sitio.
Pero lo que más recuerda el epidemiólogo y ex ministro de Sanidad José Félix Oletta es que el acceso a la información sobre las enfermedades que se propagaban en Venezuela durante períodos específicos se cerró. El Boletín Epidemiológico que se publicaba desde 1937 dejó de circular.
Según Oletta, Mantilla se sirvió de la excusa de no creer en epidemiólogos para ordenar la suspensión del boletín. La situación comenzó entre septiembre y octubre de 2007, cuando hubo un brote de dengue que duplicó las cifras del año anterior; y continuó durante todo 2008, cuando la Sociedad Venezolana de Infectología y el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela alertaron sobre una pandemia de parotiditis. En 2009, cuando ocurrió la pandemia de H1N1, tampoco se dio información.
En respuesta, las Sociedades Científicas Médicas elaboraron sus propios boletines, pero estos no podían registrar todos los casos. “Había una restricción absurda de información que impedía ver la evolución de la epidemia. Era muy triste porque cada vez que había una epidemia, lo que hacíamos era literatura técnica”, afirmó Oletta.
Para ese momento, Provea y Espacio Público introdujeron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se reanudara la publicación de los datos epidemiológicos. Con Rotondaro y Reyes Reyes, el silencio continuó.
Aunque la llegada de Eugenia Sader hizo que los boletines se publicaran durante los primeros meses de su gestión, un brote de encefalitis equina provocó que nuevamente se interrumpiera la divulgación de la información. “Sader omitió información sobre el brote postpandémico de H1N1, hubo dificultad para obtener información del cólera importado de Cuba y un brote de mayaro”, recalcó Oletta.
“Esa es la terrible herencia de los militares: privar a los médicos y ciudadanos de esta información. El desasosiego, la falta de transparencia y la oscuridad en su gestión se tradujo en censura y corrupción”, apuntó el especialista. Hoy, el silencio de MinSalud continúa. Las cifras precisas de muertes e infestados de las epidemias de dengue, malaria, zika y chikungunya se desconocen.
La fundación encargada de la construcción, remodelación, mantenimiento y dotación de equipos médicos del sistema de salud pública venezolano se mueve entre la opacidad y la ineficiencia.
La mayoría de los ministros de Salud se ha autodesignado para llevar sus riendas y manejar los más de 4,6 millardos de dólares le han sido entregados en 10 años
La Contraloría ha cuestionado en varias oportunidades los retrasos en las obras, que algunas veces carecían de licitaciones y contratos
La no ejecución de las obras ha impedido a Venezuela cumplir con los estándares internacionales de asistencia sanitaria. Faltan 64 mil camas hospitalarias, 89 % de las emergencias presentan fallas y 71 % de los quirófanos está fuera de servicio
@loremelendez | Especial para PROVEA
EL AÑO: 2006. EN AQUELLOS DÍAS, un dólar costaba 2,15 bolívares; el Producto Interno Bruto había crecido 10,3 %; mientras que la inflación acumulada cerraba en 16 puntos porcentuales, cuatro dígitos más de los que había calculado el gobierno. A pesar del fallo en esa última previsión, el clima político y la bonanza económica favorecían a un Hugo Chávez que estaba, otra vez, en campaña presidencial para mantenerse en Miraflores por seis años más. El 6 de noviembre de ese año, un mes antes de su reelección y durante un consejo de ministros, decretó la creación de un organismo que se sumaría a sus promesas electorales: la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), que cumpliría con la “construcción, dotación y equipamiento de la planta física hospitalaria general especializada” del país para así poder llevar a cabo un “Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional” del cual hoy todavía se esperan resultados.
Diez años después de aquel lanzamiento, el panorama de los hospitales es desolador, a pesar de que la inversión – según las Memorias y Cuentas del Ministerio de Salud– fue superior a 17 mil millones de bolívares (o 4.620 millones de dólares, de acuerdo con las fluctuaciones del cambio oficial). Mientras los ministros de turno se nombran a sí mismos para llevar las riendas del organismo y no rendir cuentas a terceros, hay centros de salud con áreas en escombros, hospitales que se convirtieron en elefantes blancos y equipos médicos que se quedaron obsoletos, dejaron de repararse por la falta de repuestos o no recibieron mantenimiento oportuno. Estos son sólo algunos de los fracasos de una institución que en lugar de solventar el déficit de camas hospitalarias, lo acrecentó.
La favorita de los ministros
La llegada al MinSalud del general de Brigada del Ejército Jesús María Mantilla marcó un hito en la Fundeeh. Él fue el primer titular de la cartera en autodesignarse presidente de la fundación y también el primero en recibir un gran financiamiento para empezar las obras en los hospitales. A través de un crédito adicional, a la institución le asignaron 1,35 millardos de bolívares (más de 627 millones de dólares americanos, de acuerdo con el tipo de cambio de la época), destinados al plan de “Acondicionamiento, repotenciación y modernización de 62 hospitales tipo I, II, III y IV” en todo el territorio nacional. Los retrasos y errores de estas remodelaciones son evidentes hoy en el sistema hospitalario.
Los estatutos fundacionales de la Fundeeh establecieron que la institución estaría regida por un presidente que, a su vez, estaría a la cabeza del Consejo Directivo, integrado por cuatro miembros principales con sus respectivos suplentes. Uno de estos últimos sería nombrado director. Todos los miembros debían reunirse una vez al mes y su labor consistía en administrar el patrimonio de la fundación y aprobar los planes y programas necesarios para el cumplimiento de su objetivo.
El presidente, cargo que ejerció Mantilla y la mayoría de los ministros que le siguieron, debía dedicarse a la fundación a tiempo completo, lo mismo que el director. De paso, sería el responsable de abrir y movilizar, junto a otro miembro del Consejo Directivo, la cuenta bancaria de la fundación. Sería, además, quien presentaría al ministro la Memoria y Cuenta de la fundación al final de cada ejercicio económico.
Además de Mantilla, titulares del MinSalud como Carlos Rotondaro, Eugenia Sader, Isabel Alicia Iturria, Nancy Pérez Sierra, Henry Ventura y, en la actualidad, Luisana Melo, tomaron la presidencia de la Fundeeh y se rindieron cuentas a sí mismos. En 10 años de historia, sólo los ministros Armada, Erick Rodríguez y Luis Reyes Reyes se mantuvieron fuera de la institución.
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Para Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y ex ministro de Sanidad y Asistencia Social, la autodesignación es una irregularidad que impide el correcto funcionamiento del ente. “En una lógica organizacional, si esta institución es un organismo que está adscrito a un Ministerio, se supone que la autoridad máxima es la del ministro. Allí hay lo que podríamos llamar un conflicto de intereses. Si una persona es responsable de la Fundeeh y, a su vez, es ministro, no tiene libertad de ejercer a plenitud su rol de autoridad”, señaló.
La misma opinión tuvo el ex diputado del PSUV a la Asamblea Nacional, Tirso Silva, y actual director del Hospital Vargas de Caracas, quien indicó que un ministro “no puede ser juez y parte a la vez”. Fue él uno de los que denunció los retrasos e irregularidades de las remodelaciones que empezaron en 2007 y de las que todavía quedan escombros en algunos hospitales.
Perfil desdibujado
Aunque los estatutos de la Fundeeh señalan que el presidente de la institución debe contar con formación académica y trayectoria en el área de salud, gerencia o ingeniería, González acotó que esta posición debía ser ocupada por un especialista. Apuntó que el perfil idóneo para este cargo, tal como lo fue en la FIMA, encaja con el de un profesional de la ingeniería o la arquitectura, con conocimiento en construcciones sanitarias, a fin de que proyecte, planifique, supervise, evalúe y corrija cada obra ejecutada, y además pueda ofrecer respuestas inmediatas ante las crisis. Un médico como segundo de abordo, recomendó, ofrecería una visión integral de cada proyecto.
Una revisión a las profesiones de quienes han ocupado la presidencia de la Fundeeh en estos 10 años, indica que de 10 autoridades, 3 han sido militares, 1 ha sido militar y médico y 5 han sido médicos cirujanos. Sólo Carmen Yelitza Espósito, quien estuvo menos de un año en el cargo cuando Luis Reyes Reyes fue ministro de Salud, era ingeniero.
El proyecto fallido
La revisión de los informes de gestión de la Fundeeh, incluidos en las Memorias y Cuentas del Ministerio de Salud, dieron cuenta de cómo la institución debió alinear sus objetivos al modelo político implantado por Hugo Chávez, pero también recordó algunos de los más sonados escándalos que han tenido su nombre como protagonista.
En sus primeros años, la institución señalaba que sus acciones iban en pro de “lograr la justicia social”, mientras que a partir de 2010, la intención de “reducir la pobreza a cero” desplazó aquel objetivo primario. Lo invariable, en todos los documentos, fue su proyecto estrella: “la continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la redes hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III y IV”, que desde 2013, incluyó a los ambulatorios especializados (CDI, CAT, SRI) de todo el país. Sin embargo, en 9 años de informes, la meta del plan se quedó a medias en 5 oportunidades. En 2008 y 2009 sí llegó a 100 %, mientras que en 2007 y 2015, no sólo se cumplieron todos los proyectos, sino que extrañamente se excedió en más de 100 % el avance físico de las obras. En ninguno de los casos se explicó en detalle cómo se alcanzó la meta y cómo se redirigieron los recursos, pese a que nunca fueron desembolsados por completo y acrecentaron la deuda con los proveedores, tal como lo denunció en 2014 la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorio y Afines (Avedem).
En 2007 comenzó la contratación masiva de obras. Ese año, según la Memoria y Cuenta, se iniciaron 368 trabajos en todo el país. Lo que no se mencionó fue que ninguno se terminó en ese mismo período. La cifra continuó en ascenso y en 2008 se adicionaron 456 en 109 centros de salud. Ese año también fue el de mayor financiamiento. Las arcas de la institución percibieron 1,5 millardos de bolívares, que para la época representaban más de 732 millones de dólares, de acuerdo con el cambio oficial.
Infografía: Jessica Aharonov
En 2009, cuando el general Carlos Rotondaro arribó a la cartera para desplazar a Mantilla tanto en el Ministerio como en la presidencia de la Fundeeh, se llegó al récord: se contrataron 654 obras y ni siquiera se culminó la mitad, sino que se llegó a 256. El acumulado histórico de contratos fue el mayor registrado hasta entonces: 734. Al año siguiente, cuando asumió Sader, se comprobaría que había 579 pendientes.
El anexo al Informe de Gestión de 2011 de la Contraloría General de la República criticó los retrasos y eso que sólo revisó las obras inconclusas en 4 centros de salud: la paralización de 5 trabajos que debían realizarse en el Hospital J. M de los Ríos de Caracas, incluyendo la remodelación de 8 de sus 10 quirófanos. En la Maternidad Concepción Palacios de la capital había 4 obras civiles no terminadas, y lo mismo sucedía con 5 electromecánicas y de electricidad. En el Hospital Vargas, los trabajos iniciados entre 2007 y 2008 en los servicios de emergencia, quirófano y anatomía patológica aún estaban sin culminar, mientras que los techos tenían filtraciones luego de labores mal ejecutadas de impermeabilización. En el Hospital Central de Maracay había 3 obras de infraestructura pendientes desde 2008. En todas se llegó a la misma conclusión: la falta de coordinación de las actividades de planificación por parte de las autoridades del hospital, la Fundeeh y MinSalud había ocasionado los retrasos y, en consecuencia, los centros asistenciales prestaban sus servicios con limitaciones y no garantizaban calidad.
Eso es también lo que opinó González, ex presidente de la institución que precedió a la Fundeeh. “La gran falla de la Fundación ha sido la falta de supervisión de las obras y no tener claro qué se va a hacer” en cada hospital, denunció.
Dos años más tarde, en 2013, el Informe de Gestión de la Contraloría volvió a referirse al tema. Ahí se señaló que en un análisis practicado a los expedientes de obras públicas ejecutadas entre 2007 y 2010, para rehabilitar, ampliar y modernizar 8 hospitales de la Red Barrio Adentro III, se determinó la inexistencia de licitaciones, así como de las garantías de tales trabajos. Tampoco se consiguieron documentos de pagos de anticipos y valuaciones de obras, y se comprobó que se ejecutaron labores sin contratos. El incumplimiento de los plazos de realización de los trabajos y la inacción de la Fundeeh ante estas irregularidades también fueron subrayados. Todo ello trajo como consecuencia, indicó el documento, el incremento de los costos y el deterioro de la infraestructura y los equipos, con lo que se afectó a una población de al menos 2 millones de personas que dependen del sistema público nacional de salud. Las fallas, además, fueron en detrimento de los los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución venezolana, en los cuales se señala que el Estado debe garantizar y ser el mayor proveedor de los servicios asistenciales del país.
Hoy, los indicadores de la Encuesta Nacional de Hospitales, elaborada por la ONG Médicos por la Salud y el Cendes, reseñaron que el proyecto estrella de la Fundeeh no ha rendido sus frutos. Las fallas en los servicios de emergencias son de 89 %, mientras que 71 % de los quirófanos está fuera de servicio, y algo similar sucede con entre 70 y 80 % de las áreas de terapia intensiva de adultos y neonatal. El mismo estudio estimó que 29 % de los equipos no estaba operativo y que la unidad de Rayos X falla 37 % de las veces. Tampoco funciona 95 % de los laboratorios.
Los inacabados
Hubo un punto en particular que destacó en la Memoria y Cuenta de 2008 de la fundación. Con Jesús Mantilla al mando, en el documento se habló de la continuación de la primera etapa de la “construcción de los Hospitales de Barrio Adentro IV”, que en 2007 no se había detallado. Durante ese año, las seis obras –centros de salud especializados en distintas áreas y ubicados en Barinas, Miranda, Distrito Capital, Guárico, Mérida y Apure– iniciaron con “movimientos de tierra, obras provisionales y pilotes”. La idea era que la inauguración de estas nuevas edificaciones se llevara a cabo entre 2009 y 2011. Sin embargo, los retrasos e irregularidades registrados con las empresas encargadas de edificarlos los convirtieron en elefantes blancos.
La mala planificación hizo que, por ejemplo, dos de estos hospitales fuesen cambiados de sitio luego de que su construcción se iniciara. Eso sucedió con el Hospital de Gastroenterología y Oncología de El Vigía, que se empezó a levantar dentro del cono de aterrizaje del aeropuerto de esa localidad; y con el Oncológico de Guarenas, que se reubicó en Montalbán con la finalidad de mejorar su accesibilidad, ya que según Eugenia Sader, la mayoría de pacientes estaba en Distrito Capital.
La no ejecución de las obras ha impedido a Venezuela cumplir con los estándares internacionales de asistencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud establece que por cada 1.000 habitantes haya 3,76 camas hospitalarias disponibles. Para una población como la venezolana, con 30 millones de personas, deben existir entonces al menos 90 mil de estas camas para los enfermos. Sin embargo, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del MinSalud de 2015, hoy sólo se cuenta con 25.909. Esto es, poco más de 28 % del total que debería estar habilitado.
El capítulo Sader
Aunque no fue de inmediato, la teniente coronel de la Aviación y médico Eugenia Sader, asumió las riendas de la Fundeeh mientras fue titular del Ministerio de Salud. A la cartera llegó en mayo de 2010, cuando relevó a Luis Reyes Reyes, uno de los pocos ministros que había delegado la responsabilidad de la fundación en otro funcionario: la ingeniero Carmen Yelitza Espósito.
El nuevo enroque y cargo de Sader vino con el nuevo año. En la Gaceta Oficial número 39.620, con fecha 21 de febrero de 2011, se publicó su designación. Bastaron tres meses para que el nombre de su hijo, Eugen Enrique Bejarano Sader, apareciera también dentro de la fundación. En mayo se convirtió en secretario de la comisión de contrataciones. Aquel primer año de Sader frente al organismo no dejaría ningún rastro: el informe de la Fundeeh no se incluyó dentro de la Memoria y Cuenta de ese período.
Durante su gestión, la cantidad de obras concluidas bajó el ritmo y los avances físicos estuvieron entre 59 y 56 %. Las contrataciones también se ralentizaron, pero los recursos continuaron fluyendo.
En 2012, Carlos Walter, junto al médico e investigador Luis Fuenmayor Toro y el coordinador del Observatorio Venezolano de la Salud, Jorge Díaz Polanco, solicitaron que se abriera una investigación contra Sader por una serie de irregularidades cometidas en detrimento de las obras de la Fundeeh: la no licitación de los proyectos, los cambios en los proyectos originales de 6 hospitales especializados que serían levantados con materiales prefabricados después de que se había iniciado su edificación de manera tradicional, y la reconstrucción del hospital Luis Razzetti de Tucupita, en Delta Amacuro.
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Lo más escandaloso, no obstante, vino después de su partida. En septiembre de 2013, meses después de ser desplazada del Ministerio por Alicia Isabel Iturria, diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional solicitaron al Hemiciclo establecer el grado de responsabilidad que Sader tenía en el deterioro de los equipos de 19 salas públicas de radioterapia, cuyas garantías, que permitían su mantenimiento preventivo, había vencido en 2012. La no renovación del contrato dejó fuera de servicio a aparatos que iban desde aceleradores lineales y unidades de cobalto hasta tomógrafos y simuladores. Todos habían llegado a través de un convenio firmado entre Venezuela y dos empresas argentinas: Philips Argentina y el Invap.
Lo paradójico es que la Memoria y Cuenta de 2012 de la Fundeeh, en su apartado de “Planes y Líneas de Acción para 2013” -que se había mantenido prácticamente invariable desde su creación- indicó como prioridad el “mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de equipos oncológicos y radioterapia de la red hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III y IV”. La acción no fue suficiente para que Sader se mantuviera en el cargo mucho tiempo más y, en abril de 2013, salió del Gabinete de Nicolás Maduro. El 19 de junio de 2014 fue imputada de peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario por el Ministerio Público.
La Fundeeh después de Maduro
Los últimos tres años han transcurrido, para la Fundeeh, con un descenso aún más pronunciado del volumen de las grandes obras emprendidas en el pasado. De los cientos de trabajos iniciados en antaño, se pasó a menos de 70 por año. En 2013, los avances físicos llegaron a 59 %, mientras que en 2014, sólo alcanzaron 18 %. La más reciente Memoria y Cuenta del MinSalud, la de 2015, sostuvo que los avances físicos de las obras se ubicaron en 179 %, pero en su mayoría se trató de mantenimientos preventivos de equipos médicos, electromecánicos y oncológicos.
Basta con dar un vistazo a los titulares de los últimos días de agosto de 2016 para corroborar que la infraestructura del Sistema Público Nacional continúa en decadencia. Por esos días, el personal médico y obrero del Hospital de los Magallanes de Catia, en Caracas, denunció que estaba a punto del cierre técnico por la inoperatividad de los equipos y la falta de mantenimiento de una edificación que sufría los embates de la ausencia del agua. En el Victorino Santaella de Los Teques, los médicos residentes protestaron porque hasta los baños estaban fuera de servicio. En el Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, criticaron que la cocina del principal centro de salud del estado Anzoátegui no funcionaba y que 90 % de las especialidades estaba paralizada. En el Hospital Universitario de Caracas, los trabajadores reclamaron que sólo 35 % de las camas estaba ocupada, porque no había ni equipos ni materiales para atender a más pacientes. Allí, el área de neonatología estaba contaminada.
La sucesora de la FIMA
El 16 de septiembre de 1999, en la Gaceta Oficial Nro. 36.788, se publicó la disolución de la Fundación para el Mantenimiento de Infraestructura Médico Asistencial para la Salud Pública (FIMA), institución adscrita al Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, que hasta entonces se había dedicado a la equipación tecnológica de los hospitales, al mantenimiento de los aparatos, y a las remodelaciones, impermeabilizaciones, adecuaciones y cambios de usos de las áreas de servicio de los hospitales para adaptarlos a las nuevas tecnologías. Es decir, casi la totalidad de las funciones que hoy cumple la Fundeeh, a excepción de la construcción de centros de salud, en la que la FIMA solamente participaba en la fase de planificación.
Durante sus últimos años, esa institución fue la responsable de dotar con tecnología de punta al Hospital Oncológico Luis Razzetti, en Caracas, también de resolver los problemas de agua que para entonces aquejaban a Los Magallanes de Catia, y de levantar una subestación eléctrica para el Hospital de Clarines, en Anzoátegui.
Pero el organismo se liquidó porque desde el chavismo se señalaba su poca transparencia, recordó Santiago González, ingeniero que presidió la FIMA entre 1994 y 1995. El vacío dejado por la institución debió llenarlo la Dirección Sectorial de Infraestructura del Ministerio, de la cual no se recuerda ninguna obra trascendente. Seis años después, sería momento de campaña electoral y de la flamante Fundeeh.
El médico y actual rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Carlos Humberto Alvarado González, fue el primero en presidir la Fundeeh desde que el decreto presidencial N° 4.965, del 6 de noviembre de 2006, salió en Gaceta Oficial. Dos semanas después, el 21 de marzo, se dio a conocer el Acta Constitutiva y los Estatutos Fundacionales de la institución, que llevaron la firma de Francisco Armada, entonces ministro de Salud.
De acuerdo con aquel documento, la fundación tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque estaría adscrita a la cartera de Salud. Su objeto sería “apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones del Sistema Público Nacional de Salud, la coordinación, gerencia, financiamiento, administración, ejecución y supervisión de los proyectos, obras, dotación y equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales generales y altamente especializados que conforman el Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional”, para superar el déficit de camas hospitalarias –que ya existía hace 10 años– y “atender el incremento regular de las necesidades del sistema, así como el fortalecimiento institucional y la formación de talento humano”. El aporte inicial le fue otorgado, a través de la Presidencia, por el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). Fueron Bs. 819.276.000, más de 381 millones de dólares al cambio oficial de la época.
“Ha habido mucho desgano y falta de conciencia por parte de las personas que han dirigido esto. No veo, ni siento la presencia de esa fundación en ninguna parte”, criticó González, quien tampoco cree que haya “capacidad reflexiva” en quienes llevan las riendas del lugar para rectificar y hacer las inversiones y trabajos que necesitan los centros de salud o para construir aquellos que quedaron pendientes.
La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia descongeló los bienes de Eugenia Sader, quien fue ministra de salud desde 2010 hasta 2013. En 2014 la Fiscalía le informó que la investigaba por presuntamente haber cometido delitos de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir.
En abril de 2015 la fiscal 57 nacional, Paula Ziri-Castro, solicitó al Tribunal 52° de Caracas la aplicación de medidas de aseguramiento de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes e inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a Eugenia Sader y a su hijo, Eugen Sader. Justo al día siguiente, el Tribunal 52° aplicó lo solicitado por Fiscalía.
La ex ministra se opuso a la decisión del Tribunal 52° y solicitó a la Corte de Apelaciones anularla , puesto que, según su criterio, esta se tomo sin formular ninguna consideración de hecho o de derecho.
