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Dígame usted… ¿cuál sistema prefiere? En los países de capitalismo salvaje, el modelo a seguir es el de un país muy grande, de economía poderosa y con un presidente capaz de quitar y poner gobiernos: Estados Unidos. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el modelo a seguir es el de un país muy grande, de economía poderosa y con un presidente capaz de quitar y poner gobiernos: Rusia.

En los países de capitalismo salvaje, la cara oculta del gobierno son las grandes operaciones multinacionales de oferta y libre mercado. En cambio, en los países de socialismo salvaje, la cara oculta del gobierno son las grandes operaciones multinacionales de terrorismo y narco-lavado.

En los países de capitalismo salvaje, hay libertad de culto, pero el verdadero Dios es el dinero. En cambio, en los países de socialismo salvaje, no hay libertad de culto, pero el verdadero dios es el dinero.

 

En los países de capitalismo salvaje, puedes investigar al Estado, pero no a las corporaciones porque si no, te desaparecen. En cambio, en los países de socialismo salvaje, puedes investigar a las corporaciones, pero no al Estado porque si no, te desaparecen.

En los países de capitalismo salvaje, si te conectas bien, puedes llegar a ser millonario y convertirte en una de las familias dueñas del país. En cambio, en los países de socialismo salvaje, si te conectas bien, puedes llegar a ser millonario y convertirte en una de las familias dueñas del país.

En los países de capitalismo salvaje la banca puede dotarte de todo, pero si te equivocas con ella, quedas de patitas en la calle. En cambio, en los países de socialismo salvaje el Estado puede dotarte de todo, pero si te equivocas con ellos, quedas de patitas en la calle.

En los países de capitalismo salvaje, duermes muy poco porque te la pasas todo el día trabajando. En cambio, en los países de socialismo extremo, duermes muy poco porque te la pasas todo el día trabajando.

En los países de capitalismo salvaje, vives bajo la dictadura totalitaria de tu empleador (la empresa). En cambio, en los países de socialismo salvaje, vives bajo la dictadura totalitaria de tu empleador (el Estado).

En los países de capitalismo salvaje, el trabajo del pueblo va destinado a hacer millonaria a la élite política. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el trabajo del pueblo va destinado a hacer millonaria a la élite política.

En los países de capitalismo extremo, el pueblo está molesto porque tiene poca capacidad de ahorro y acceso limitado a los servicios públicos, la salud y el transporte. En cambio, en los países de socialismo extremo, el pueblo está molesto porque tiene poca capacidad de ahorro y acceso limitado a los servicios públicos, la salud y el transporte.

 

En los países de capitalismo salvaje, el presidente termina su mandato más rico de lo que comenzó. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el presidente termina su mandato más rico de lo que comenzó.

¿Leyó bien? Perfecto. Ahora, para decidirse por un sistema, lance una moneda. Si cae cara, vivirá en capitalismo salvaje. Si cae sello, vivirá en socialismo salvaje. Y dependiendo de cómo caiga esa moneda, su vida será completamente… idéntica.

 

@ReubenMoralesYa

Trasplante de médula: La lucha de niños venezolanos contra la muerte y el Estado

SUS MADRES, LUCHADORAS INCANSABLES buscan el milagro en un país donde se hace difícil conseguir un antialérgico, un antibiótico, un ansiolítico o una vacuna. Encontrar el camino que las lleve a conseguir un donante para sus hijos es casi un imposible, pero no están dispuestas a renunciar.

Talasemia mayor, leucemia linfoblástica aguda, aplasia medular, anemia drepanocítica severa, leucemias mieloides de alto riesgo, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Son palabras que no deberían formar parte del vocabulario de un menor, pero los niños conviven con ellas con una naturalidad casi inexplicable. El menor de los 26 tiene tan solo 4 años. El mayor, 17. La enfermedad y las condiciones de pobreza en las que viven han unido a sus madres en la lucha por salvar su vida.

Las mujeres cuentan, junto a sus hijos, el viacrucis que viven a diario en el hospital J.M. de los Ríos, el principal centro pediátrico público de Venezuela, donde cada día de espera es una batalla contra la muerte. “No podemos seguir así, hemos esperado mucho, todos los días alguien cae”, advierte Evellyne Fernández, madre de Edenny, una joven de 15 años diagnosticada con talasemia mayor, una forma de anemia severa que hace que las personas que la padecen necesiten transfusiones de sangre cada tres semanas.

La joven, que sueña con ser abogada, recibe transfusiones desde que tenía tan solo siete meses y contrajo hepatitis C por una donación de sangre a la que no se le aplicaron protocolos de serología pertinentes, porque en el país no hay los reactivos necesarios para realizar estudios clínicos, según han denunciado varios médicos.

Cristina, una adolescente con talasemia que antes de enfermar era modelo, tocaba el violín y soñaba con ser publicista, espera un trasplante de médula desde 2014, pero en 2016 su situación comenzó a agravarse y, como Edenny, contrajo hepatitis C por una transfusión de sangre. Además, padece malnutrición moderada, producida por la misma talasemia, y lupus eritematoso sistémico. Su madre, Rosa Colina, cuenta que, en ocasiones, le vence desánimo: “ya mamá, no quiero más”.

Lo mismo le sucede Jerson, de 14 años, que sufre aplasia medular severa, una enfermedad por la que la médula deja de producir las células encargadas de generar los componentes de la sangre. El Trombopac, un medicamento que podría ayudarle, no se puede conseguir en Venezuela. Quien tiene la suerte de encontrarlo, puede llegar a pagar 800 dólares por él.

Y no solo se enfrentan a este riesgo. Los niños necesitados de transfusiones deben tomar un medicamento que ayuda a reducir la sobrecarga de hierro en la sangre. A finales del pasado año dejaron de tomarlo porque el Estado ya no se lo proporciona y es muy difícil de conseguir en el país.

EEUU, PERMANENTE CULPABLE

En Venezuela, solo dos centros realizan los trasplantes medulares, siempre que cuenten con donantes: La Ciudad Hospitalaria Henrique Tejera (CHET) de Valencia (público), y el Hospital de Clínicas Caracas (privado). En este último, el trasplante puede llegar a costar alrededor de 20.000 dólares, algo inalcanzable para un venezolano promedio, que gana 6 dólares al mes.

Erick Altuve, de 11 años, quien murió de cáncer el 26 de mayo, ayuda a llevar el ataúd de su hijo a su casa después de saber que no podía enterrarlo por una tarifa impaga en el cementerio. en el barrio de Petare, Caracas, el 29 de mayo de 2019. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

En 2006, el Gobierno de Venezuela estableció con Italia -donde hay un banco de médula- un convenio por el cual los niños que no tenían donantes podían ser trasladados al país europeo para recibir un trasplante. El programa era financiado por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero desde inicios de 2018 se encuentra paralizado.

El régimen de Nicolás Maduro culpa a Estados Unidos de la paralización de este programa, pues asegura que el Gobierno de Donald Trump le impuso un “bloqueo económico” que le impide pagar a la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO) de Italia. El Ejecutivo asegura que “el sistema financiero europeo de Novo Banco, de Portugal, se ha negado a procesar” las órdenes de pago emitidas por Pdvsa, debido al “bloqueo” que denuncian desde finales del año pasado y afirma que tienen retenidos casi cinco millones de euros.

Sin embargo, médicos, organizaciones no gubernamentales y demás personal hospitalario resaltan que la paralización del convenio no se debe a las sanciones, ya que el programa presenta retrasos desde 2015, pero el deterioro de los hospitales se viene produciendo desde hace al menos una década. Los equipos están dañados, hay fallos en los programas alimenticios y la escasez de fármacos y materiales sanitarios puede llegar al 80 %, según han denunciado reiteradamente los sindicatos médicos.

Según la última Encuesta Nacional de Hospitales realizada por la organización Médicos por la Salud, 1.557 pacientes murieron en centros sanitarios por falta de material y 79 por apagones entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero pasado. La ONG, que realiza esta encuesta desde 2014, toma en cuenta los 40 hospitales más importantes del país.

Las madres de los pequeños afectados recalcan que los hospitales ya tenían muchos problemas antes de las sanciones, y se quejan de que el Gobierno no les ofrezca ninguna solución. Algunas, como Inés Zarza, censuran que Maduro haya aprobado un gasto de 50 millones de euros para la creación de una industria militar textil y otros más de seis millones de euros para la fabricación de armas.

“En su mente tienen una guerra en la que nadie va a pelear con ellos”, señala Inés, quien tiene mellizas de 7 años, una de ellas, María Elena, con anemia drepanocítica severa (que destruye los glóbulos rojos). La mujer, ama de casa, ni siquiera ha podido practicarles la prueba a las mellizas para ver si son compatibles para el trasplante porque no puede pagar los 2.600 dólares que cuesta.

UNA FAMILIA NACIDA DE LA ADVERSIDAD

Estas mujeres se han convertido casi en familia. Están unidas por una misma causa, aunque sus hijos tengan diferentes enfermedades. Todas colaboran entre sí cuando algunos de sus niños no cuentan con los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Llevan tantos años luchando juntas que hasta ofrecen sus casas a las madres que llegan desde el interior del país con problemas como el suyo.

“Entre madres uno se ayuda, a veces yo me paro ahí en el hospital a preguntar quién tiene un medicamento, y si alguien lo tiene me lo da y yo después se lo repongo y así”, cuenta Jacqueline Sulbarán, madre del pequeño madre de un niño de 10 años que sufre leucemia. El pequeño debe recibir quimioterapia durante dos años para evitar la enfermedad regrese, y su madre pelea contra las dificultades. En el hospital “no hay nada” y los tratamientos están paralizados porque se dañó el aire acondicionado de la sala. Las mujeres también reciben el apoyo económico de fundaciones, o de sus familiares más cercanos cuando pueden hacerlo.

VIDAS QUE SE APAGAN

Son cuatro ya los niños que han muerto en mayo esperando por un trasplante: Giovanni Figuera, de 6 años, Robert Redondo, de 7, Yeidelberth Requena, de 8 años, y Erick Altuve, de 11.

Giovanni tenía leucemia linfoblástica aguda, y murió el 6 de mayo tras pasar dos meses hospitalizado en el J.M. de los Ríos.

#MonitorDeVíctimas | El retardo procesal lleva a la AN a exigir justicia en el caso de Ángela Aguirre
La Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la Asamblea Nacional repudió que las “autoridades venezolanas pretendan cambiar y ocultar los hechos” por el caso de la adolescente, asesinada hace exactamente dos meses

 

@marcosdavidv

Este jueves se cumplen dos meses del día en el que la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, fue asesinada durante una fiesta en la isla La Terecaya, en el río Caroní (Puerto Ordaz, estado Bolívar).

Desde entonces hasta acá nada está claro en torno de su muerte. Ha habido dos autopsias, decenas de protestas de sus familiares y amigos y el apresamiento de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) que estaban con ella en la noche en la que desapareció, la del sábado 23 de marzo.

Pero nada más. Fue por eso que este miércoles, la Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la legítima Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza las turbiedades que han salpicado el caso y en el que continúa exigiendo justicia.

La subcomisión, que presiden los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, es parte de la Comisión permanente de desarrollo integral social. En el documento explican que desde que el cadáver de la adolescente flotó en el río Caroní el martes 26 de marzo, la justicia venezolana solo ha dado indicios de querer favorecer a los señalados como responsables de la muerte.

“Desde el principio del caso, sus padres han reportado una serie de irregularidades donde la justicia del Estado violento y patriarcal trata de invisibilizar el crimen. El caso se ha visto enredado en una serie de de soborno, cambio de fiscales y encubrimiento”.

También detalla que hubo una segunda autopsia con la que se pretendió cambiar los resultados de la primera, en la que se determinó que la muchacha, habitante de San Félix y estudiante de quinto año de bachillerato, había sido violada. El resultado del segundo examen habla de “muerte accidental”.

Protesta permanente

Al día siguiente de la desaparición de Aguirre, las siete personas involucradas (incluyendo a José Alberto Cedeño, de 18 años, a quien en un mensaje de voz que grabó antes de morir, Aguirre acusó de haberla violado) fueron detenidas. Los familiares y amigos de la víctima han denunciado que hubo pagos de sobornos a fiscales y a autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc) para favorecer a los responsables. De esa denuncia también es eco el documento de la AN.

“Rechazamos la pretensiones, por parte de las autoridades, de cambiar y ocultar los hechos del asesinato y exigimos justicia para Ángela Aguirre y para su familia”, apunta.

La semana pasada, la abogada de la familia Aguirre refirió que los siete detenidos tenían privilegios en el lugar en el que están: el Eje de Homicidios del Cicpc en San Félix. La familia continúa protestando para que haya justicia, una manifestación que ha acompañado la sociedad guayanesa.

 

 

 


 

¿Autodeterminación de los pueblos? Por Alejandro Moreno

IDEA HASTA AHORA MÁS ABSTRACTA que otra cosa aunque se proclama como principio de valor internacional (y así debería ser), si bien nunca ha sido incluida oficialmente en la lista plenamente aceptada de la “Declaración de los derechos humanos”, supuestamente universales. Quizás, precisamente, porque sería un derecho social o de todo un pueblo y no individual. Los derechos sociales están todavía muy por debajo en importancia y aceptación de los individuales. Ahora bien, este sustantivo (autodeterminación) debiera ser precedido por el calificativo “libre”, pero, aunque normalmente se sobreentiende, no forma parte de su uso explícito más frecuente.

Esto es muy importante porque si se supone que es el derecho que tiene un pueblo de decidir sus propias formas de gobierno, la libertad está implicada necesariamente en el verbo “decidir”, pues si no se puede hacer eso en libertad, ¿de qué decisión de un pueblo puede tratarse? Si la libertad no está clara, plena y compartida por los que componen ese pueblo, la decisión no será suya sino de otro.

El derecho de autodeterminación se ha aplicado sobre todo a la descolonización, con mejor o peor fortuna, y aparece con mucha frecuencia en los tratados de derecho internacional, así como en las declaraciones de muy diverso tipo de la ONU; pero ¿hasta dónde se puede hablar de autodeterminación de un pueblo dentro de la propia nación y del propio Estado? La historia, sobre todo la reciente, y la más inmediata experiencia nos enseña que bajo dicha expresión, de hecho demasiadas veces, el sujeto del supuesto derecho de autodeterminación no es el pueblo mismo, como se proclama, sino el gobierno que está mandando en el país en cuestión, sea lícita, en Estados democráticos, o ilícitamente como en nuestro estado actual.

La licitud o la ilicitud de la asunción o la permanencia en el poder de un gobierno no es difícil de constatar a pesar de las caretas, trampas y demás mecanismos de los que este se sirva para ocultar el hecho cuando de la ilicitud se trata. Para eso están todos los instrumentos que la democracia pone a disposición de cada pueblo, hoy ampliamente conocidos.

Este asunto de la autodeterminación está indisolublemente ligado con otro que en particular a nosotros los venezolanos de hoy nos toca viva y trágicamente: la licitud o ilicitud, ya en el plano internacional, de la intervención de un Estado extranjero en los asuntos de gobierno de otro.

Aquí ahora la pregunta crucial es por el derecho que tiene un pueblo de ser protegido por un Estado que no es el suyo cuando se halla sometido a la fuerza por una forma de gobierno tiránica y comprobadamente injusta, de la cual no está en condiciones ni posibilidades de liberarse por su propia cuenta. Mucho y bien se está hablando de ese derecho de protección, sobre todo cuando lícitamente ese pueblo lo solicita.

¿Qué nos falta a nosotros para poder recurrir lícitamente a esta solicitud de protección? Tenemos la instancia política que lo puede hacer, la Asamblea Nacional elegida según todas las reglas que el sistema democrático exige; tenemos el estado de necesidad extrema del pueblo que ya no puede sobrevivir por obra de la tiranía criminal a la que está sometido y tenemos la voluntad clara de este pueblo, expresada en todas las encuestas de opinión, en la calle y en cualquier otro medio a nuestra disposición. La licitud de esa demanda está hoy fuera de toda discusión. Sobre esto no puede haber duda alguna. Sí es importante que esa deseada intervención sea eficaz, pacífica y humanitaria, esto es, excluyendo los riesgos de dominación que pudieran estar encubiertos.

 

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El Nacional 

LA DESARTICULACIÓN DE UN ESTADO CRIMINAL – lo es Venezuela – y cualquier esfuerzo para una transición que lo devuelva a los espacios de civilidad, dentro de las complejidades de aquél y mientras permanece, implica un duro y complejo proceso. No se pueden despachar en tres meses 20 años de articulación de fuerzas por el mal absoluto, como las que secuestran a los venezolanos y tienen su origen en los pactos de 1998 entre Hugo Chávez y el fundamentalismo islámico, y de 1999, con la narco-guerrilla colombiana. Fidel Castro y su organización mafiosa, a la sazón, sin los mediadores en la ominosa circunstancia.

Cuento ya con una edad generosa y una generosa experiencia de Estado que me libran de arrebatos u obsecuencias fútiles. No es que carezca de pasiones, y la mía es Venezuela. No es que sea inmune a las rabietas y mortificaciones cuando las cosas no salen como deben ser, o con la velocidad que demandan las urgencias impostergables: el hambre y la inanición de todo un pueblo del que somos dolientes y parte. Soy sensible y sufro la agonía de los venezolanos. Por ello mismo estoy obligado a la prudencia, a sostener los nervios en medio de la tempestad y para dejar mi modesto aporte, desde mi aprendizaje, a fin de que todos y no unos pocos náufragos podamos alcanzar un puerto seguro.

Aprecio que Juan Guaidó, a quien le doblo la edad y es parte de la generación de relevo político que cada 30 años fractura a la historia patria, cuenta con esa acendrada virtud. Es propio del galeno ser prudente, sobrio, constante, estar exento de tristezas, saber llevar sosiego y esperanza a sus pacientes, para recuperarlos. Guaidó, espero no equivocarme, es un fiel discípulo de Séneca, para quien “el que es prudente es feliz, bastando la prudencia para dar felicidad al hombre”.

¿A qué me refiero?

Todas las preguntas que en buena lid nos hacemos hoy los venezolanos, encuentran alguna respuesta en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, adoptado el 5 de febrero. Y todos reaccionamos frente a lo que a diario le acontece a Guaidó y nos acontece, sin leer el Estatuto. El mismo obliga y también le fija límites y condiciones a Guaidó, como encargado de la Presidencia. No se olvide que no hay nada más peligroso que un gobernante – he allí nuestra actual tragedia – quien, a sí mismo, se considera gendarme del pueblo y con licencia para hacer y decidir a su arbitrio, por encima de la ley.

¿Por qué Guaidó no nombra ministros o se retarda para invocar lo que ya avanza antes de haber formalizado su pedido a la comunidad internacional, a saber, la responsabilidad de protegernos? El Estatuto tiene las respuestas y además marca sus tiempos. Lo que sí es cierto y definitivo es que las cosas no son más como lo eran ayer. 2015 es el punto de inflexión. La oposición, en un momento de desplome de los ingresos petroleros y de quiebra en los servicios públicos, distraída la dictadura en sus negocios criminales, logra colarse hasta el “centro” de su poder. Controla la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Hasta el día anterior ocupa espacios locales y sin recursos, sin incidencia en la estabilidad de aquella.

No por azar, si hasta entonces simula los sacramentos de la democracia, después le da un golpe a la mesa. Acaba con lo básico en toda democracia, con las elecciones y con el parlamento. 2016, 2017 y 2018 son los años de preparación de la transición. 2019 es el de su despegue, el de mayor aliento para independizar otra vez a Venezuela y devolverle el sosiego y bienestar. Son irrelevantes, esta vez, las resistencias o diferencias habidas dentro de la propia oposición al momento de diseñarse y definirse el liderazgo reclamados por dicho proceso. Hasta ayer éramos un poder opositor virtual. Hoy es diferente. Somos el gobierno legítimo. Desafiamos con talante a la usurpación criminal.

Ayer depende la oposición de los mendrugos que le da el régimen, previo sometimiento y bajo humillación. Hoy, como gobierno, la oposición de ayer es reconocida por el mundo occidental y éste, a su vez, le ha cortado el oxígeno al oprobio de la narco-dictadura. La oposición como gobierno, hoy día juega sobre el tablero del poder mundial y la partida de ajedrez avanza.  Tiene oportunidades. Vive y vivirá riesgos, y su desenlace que es propio, es igualmente ajeno, pues median intereses distintos y visuales particulares, inevitablemente, entre los mismos gobiernos extranjeros involucrados.

Son nuestros los tiempos del dolor y el sufrimiento, más urgidos, interpelan a diario. Son breves, pero no tanto, los tiempos de los países a quienes desestabilizamos con nuestra tragedia humanitaria. Pero no son muy veloces los de quienes observan nuestra agonía a miles de kilómetros y nos piden prudencia, para que la solución sea de vida y no negocio para las funerarias o el comercio de las armas.

Se trata, por lo dicho, de un proceso muy difícil, pero que no se paraliza. Juegan todas las opciones y tendrá su final esperado. No sabemos los costos.

Mal pueden olvidar los responsables de la transición, sin embargo, lo ya dicho. Son el rostro del gobierno y, como tal, están sujetos al duro y acre escrutinio público democrático. Y para ser distintos, están obligados a explicar sin cansarse, a razonar sin irritarse, a sumar, a convencer, a escuchar, recordando siempre que la voz del pueblo es la voz de Dios y que ningún profano puede pretender encarnarla más.

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Cecodap: El Estado venezolano “falló en proteger a la niñez”

EN VENEZUELA NO EXISTEN ENTIDADES SUFICIENTES para brindar atenció a los niños que se encuentran en situación de calle, lo que para el psicólogo Abel Saraiba, de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) es “testimonio de que el Estado falló en proteger a la niñez”.

En entrevista con Efe, Saraiba dijo que en Venezuela existe “un sistema de protección que ni es sistema ni protege” y explicó que aunque en el país “hay ministerios para todo” ninguno se relaciona con el tema de la niñez.

Actualmente los temas relacionados con la niñez en Venezuela son atendidos por una instancia menor que depende del llamado Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, ente adscrito al Despacho de la presidencia.

Los niños son los más afectados en la Venezuela actual que sufre una severa crisis que se traduce en escasez de alimentos de la cesta básica y una inflación diaria de poco más de 3 % según el Parlamento, lo que ha disminuido de forma dramática el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Según Saraiba, este escenario ha causado un notable incremento en los niños en las calles, aunque explicó que Cecodap no tiene una data consolidada del hecho pues no cuenta con el personal o los recursos para recabarla.

“Donde hay un niño en situación de calle es porque su familia fue incapaz de protegerlo y el Estado no tuvo la capacidad de ofrecerle respuestas adecuadas”, sostuvo.

El representante de Cecodap señaló que la crisis económica ha derivado en otro fenómeno, “la niñez dejada atrás” que es producto de la migración de venezolanos.

“Cuando empezamos a estudiar el tema era el quinto motivo por el que la gente consultaba nuestros servicios y ya en este momento es el tercer motivo de consulta”, explicó.

El psicólogo detalló que “no solo son dejados atrás niños que quedan bajo el cuidado de algún familiar, muchos son definitivamente abandonados”, aunque a su juicio es casi imposible conocer las cifras exactas de la situación.

Se suma también un incremento de niños y jóvenes con “intenciones suicidas y autolesiones” que manifiestan “un sentimiento de catástrofe, de que no hay alternativa ni escapatoria a lo que está sucediendo, de que no hay futuro”, lo que para Saraiba sucede cada vez más y puede convertirse en un “factor crítico”.

Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica, aunque el gobierno de Nicolás Maduro niega esta situación y ha asegurado en varias oportunidades que el flujo migratorio es “normal”.

Uno de los focos del trabajo de Cecodap es recabar datos de la violencia contra niños y adolescentes a través del monitoreo de las informaciones publicadas en medios de comunicación.

Según estos datos, en 2017 fueron asesinados 1.134 niños y adolescentes, lo que equivale a tres diarios, de los cuales 8 fueron calificados como homicidios por “resistencia a la autoridad”.

Para Saraiba esa tipificación representa una falla más del Estado pues al menos 32 de esas muertes “responden a abuso policial”.

Esto demuestra, según Saraiba, que “el Estado no solo es negligente al no tomar medidas para proteger, sino que además puede ser un agente que vulnera los derechos de la niñez”.

En el año 2000 fue promulgada en Venezuela la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopna), para resguardar los derechos fundamentales de los niños del país caribeño.

Entre las garantías consagradas por la Lopna están, entre otros, los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la protección en casos de conflictos armados, a la protección y seguridad.

Igualmente plantea que Gobierno y sociedad civil articulen mecanismos para la protección, sin embargo Saraiba asegura que “el Gobierno fue progresivamente dando pasos que han ido desarticulando, el sistema”.

“Al principio era un sistema descentralizado que buscaba que a nivel municipal, estatal y nacional hubiera distintas instancias capaces de ofrecer respuesta a distintos niveles” pero a partir de 2007 fue centralizado y, lo que asegura Saraiba, “ya no era ideal, se agravó”.

“Es una realidad que la sociedad civil denuncia y reclamamos atención y que se generen acciones pero aún no se han desarrollado”, concluyó.

Carlos Blanco Nov 28, 2018 | Actualizado hace 12 meses
¿Nuevo diálogo? por Carlos Blanco

EN EL MARCO DEL ACTO DE LA MUD/FRENTE AMPLIO, Henrique Capriles afirmó que se busca “una solución política pactada, una transición pacífica”.

Por su parte, el Frente Amplio: “Definimos el 10 de enero de 2019 como una fecha que representa un hito histórico en esta etapa oscura de la vida nacional…”. Y luego “se compromete a construir las bases de un acuerdo nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata…”.

¿Quién podría oponerse a un proceso democrático, electoral, constitucional, pacífico y hasta cariñoso para salir de Maduro? ¿Qué locura podría impedir el deseo por una transición ordenada?

Veamos:

1. El FA dice que el 10 de enero “vence el período presidencial vigente. Con ello desaparece por completo cualquier vestigio de legitimidad de un dictador totalitario que por la vía de los hechos ya carecía de ella, razón por la cual, a partir del 10 de enero, ocurriría una usurpación continuada del poder presidencial, pues quien pretende ejercerlo lo haría sin la legitimidad de origen que solo da la voluntad del pueblo”. ¿Pierde legitimidad y al mismo tiempo carece de esta? Es un enredo porque los mismos factores que así lo afirman ya habían destituido a Maduro el 9 de enero de 2017 y acordado la renovación de los poderes públicos en el referéndum del 16 de julio.

2. Fijar el 10-E como hito no tendría nada de malo si el fin del régimen estuviese en el horizonte de los que han propuesto esa fecha; pero ya el rector de la UCAB, José Virtuoso, importante operador político del FA, declaró que “sería terrible crear falsas expectativas para el 10 de enero” (El Nacional, 25/11/2018).

3. Entonces, ¿qué pasa el 10 de enero? De no concentrarse las fuerzas para la salida de Maduro del poder, lo que podría ocurrir es que este –a pesar de su debilidad– tomara la fecha para un “nuevo comienzo” con toda la charlatanería de “diálogo”, cambio del CNE (dos pa’ti y tres pa’mí), elecciones para las calendas griegas y otros golosinas de cianuro.

4. Reconocer la Asamblea Nacional “como la única institución con legitimidad democrática y responsabilidad institucional para garantizar y conducir la transición” es desconocer el papel del Tribunal Supremo, designado por la AN, como coadyuvante de esa tarea.

5. Hay que saludar que los integrantes del FA reconozcan ahora que debe darse una transición, tema que varios eludían hasta hace poco; pero la idea de convencer al régimen de que admita salir del poder en forma negociada, sin acciones de fuerza, es no entender la naturaleza de una mafia criminal convertida en Estado.

El gran peligro de esta hora es que las presiones de Zapatero, a través del gobierno español, y la aquiescencia de los mismos actores internos de siempre pretendan reproducir la payasada del diálogo a la dominicana.

 

@carlosblancog

El Nacional

Linda Loaiza exige al Estado venezolano cumplir con sentencia de la CIDH

LA ABOGADA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Linda Loaiza, dijo que aún no recibe respuesta por parte del gobierno a propósito de la sentencia que emitió el pasado viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la cual  determinó como responsable al Estado venezolano por una serie de negligencias y violaciones de derechos en torno a este caso.

“Hay diferentes lapsos, para aprobar esta sentencia. Depende de por dónde el Estado desee comenzar a realizar el cumplimiento de esta sentencia y allí empiezan a agotarse los lapsos de tiempo. Este es solo un paso en esta gran lucha en la búsqueda de justicia. Por supuesto que el caso sigue en total impunidad hasta tanto el Estado no cumpla con esta sentencia”, dijo Loaiza, quien enfatizó que este proceso comenzó desde el 2001, y que aún no ha podido dar con el paradero de su agresor.

La defensora de DDHH indicó que en caso de que la nación no cumpla con este dictamen, tendrá que darlo a conocer públicamente, porque tiene una responsabilidad con esta corte de justicia internacional y debe apegarse al fallo.

En entrevista a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, la jurista señaló que todavía continúa con el proceso de terapias y cirugías reconstructivas. “Estoy en constantes evaluaciones, chequeos y terapias permanentes”.

La joven fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud