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Mar 19, 2018 | Actualizado hace 2 años
El bloqueo, por Jesús María Casal

 

Poco se habla sobre el bloqueo decretado contra la institucionalidad democrática del país. La percepción general que prevalece desde mediados del año pasado es la de un país estancado irremisiblemente en el fracaso, que sobrevive casi sin oxígeno, que pese a haber tocado fondo en muchos aspectos, se hunde todavía más cada día en las arenas movedizas del autoritarismo y la devastación de la economía. El bloqueo fue declarado formalmente con la convocatoria presidencial de la espuria Asamblea Constituyente y había tenido en 2015 un primer capítulo con la designación fraudulenta e írrita de pretendidos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, destinada a impedir que la naciente Asamblea Nacional incidiera parcialmente en la renovación del tribunal en diciembre de 2016.

El bloqueo y la supuesta ANC

El llamado a la supuesta constituyente formalizó el bloqueo porque implicó enfrentarse no solo con la Asamblea Nacional, como expresión de la voluntad popular, sino directamente con el pueblo y la Democracia misma, pues se había llegado al punto en el que no era posible para el gobierno mantenerse en el poder si se aplicaban las reglas constitucionales y los principios democráticos para elegir autoridades. El régimen estaba perdido electoralmente y la única forma de llegar a una situación como la que ahora sufre el país era bloqueando el curso natural y propio de la Democracia. Sustituyendo el sufragio universal de todo ciudadano por comicios corporativos; las circunscripciones estadales cónsonas con el diseño federal, por las municipales; la representación proporcional, por un sistema mayoritario casi uninominal; la previsibilidad electoral, por el arrebato y la improvisación.

Todo esto ha agravado la crisis de la institucionalidad del Estado de Derecho que ya se padecía. En el ámbito judicial se escenificaron varios episodios del bloqueo. La Asamblea Nacional fue sitiada desde el TSJ antes de haberse instalado y en sus primeros días de funcionamiento fue atacada al desmembrarla y despojarla de la legítima representación de los electores del estado Amazonas y la Región Sur Indígena. Lo mismo ocurrió luego con sus funciones constitucionales.

El estado de excepción entonces declarado, que se ha prolongado sin pudor por más de dos años, violando abiertamente la Constitución, es otra muestra inquietante de la clausura de la constitucionalidad y la juridicidad. La aberrante tesis del supuesto desacato de la Asamblea Nacional como causa general invalidante de toda su actuación es la manifestación más lacerante del bloqueo. El caso de los diputados de Amazonas es también particularmente demostrativo de lo esbozado. Durante más de un año el TSJ mantuvo paralizado el expediente respectivo, hasta fecha reciente, y al parecer se dispone a dictar una sentencia que, ante los daños ya causados, cualquiera que sea confirmará la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos, aunque todo apunta a que hará más severas las infracciones a la Constitución y a los principios del Derecho electoral ya perpetradas por su Sala Electoral.

La inconstitucional convocatoria de elecciones presidenciales es solo la última estocada de la decisión de cerrar todas las puertas y ventanas por las que el aire democrático de la voluntad popular libremente expresada y de la posibilidad de la alternancia puede circular. La sociedad parece asfixiarse ante una atmósfera cargada de frustración y en medio de las peores condiciones de existencia por la debacle económica. De allí el auge de la emigración de venezolanos, que en rigor representa más bien el desplazamiento forzado de parte de la población. Si no somos nosotros, no será nadie, pareciera ser la consigna de los artífices del fraude institucionalizado en su afán de perpetuarse en el poder.

Soluciones

La esperanza no ha desaparecido y hay que preservarla a toda costa, pero sufre los embates de la arbitrariedad oficial y de la división, las contradicciones y el cálculo cortoplacista. El gobierno y los órganos que le están subordinados deben hacer cesar de inmediato el bloqueo a la institucionalidad democrática que han llevado a cabo.

Los ciudadanos, junto a los representantes del pueblo y las organizaciones sociales en los distintos espacios de lucha, debemos exigir que así ocurra y reforzar las iniciativas que permitan liberar cívicamente a la Democracia cautiva. Solo así será posible construir una paz verdadera y acordar condiciones para la transición política que el pueblo quiera determinar. Si no subimos un escalón, si no hay una respuesta denodada de todos los sectores y visiones en la dirección de la salvación de la nación y de la búsqueda del interés superior común, será difícil superar el actual estado de cosas.

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Maduro vuelve a prorrogar decreto de emergencia económica

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Por décima tercera ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro prorrogó el decreto de emergencia económica.

El decreto fue publicado en Gaceta Oficial N° 41.316 “a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.

El primero decreto de emergencia Económica y Estado de Excepción fue propuesto por Maduro en enero de 2016 y cada una de sus prórrogas se ha extendido por 60 días.

Desde entonces el Tribunal Supremo de Justicia ha avalado dicho decreto y la Asamblea Nacional calificado de ilegal, pues burla “los límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución”.

 

Gaceta Oficial N° 41.310 on Scribd

Acceso a la Justicia: Gobierno prorroga Estado de Excepción por undécima vez sin notificar a la ONU

EL 10 DE NOVIEMBRE el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

De igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece que “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza que “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.
Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018 fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

Acceso a la Justicia

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

EPU-ONU

 

Fiscal General presenta balance de su gestión ante la Contituyente

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presenta este jueves un balance de su primer mes de gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en la sede del Palacio Federal Legislativo.

 

Saab detalló que el Ministerio Público “es el equilibrio y está para hacer justicia”. Aseguró que, en lugar de ejercer sus funciones, la Fiscalía se convirtió en “un cartel, una mafia, del más alto calibre, no para cometer fechorías menores (…) sino delincuencia organizada”.

 

Denunció que todos los cargos del Ministerio Público, cuando era dirigido por Luisa Ortega Díaz, se encontraban involucrados en irregularidades. Asimismo, afirmó que Ortega tenía un “bufete a su servicio” y señaló tener pruebas de ello. (Globovisión)

 

Niegan visita de abogados al diputado Gilber Caro

La defensa del diputado opositor venezolano Gilber Caro, que inició una huelga d ehambre el lunes como exigencia para que sea trasladado desde la cárcel común en la que se encuentra hacia un penal militar, denunció hoy que le fue negada la visita al político, así como a sus familiares.

 

“En Tocuyito (cárcel donde está recluido en el centro del país) nos dicen que está suspendida la visita familiar y de abogado”, dijo la defensora Theresly Malavé en una nota de prensa del partido Voluntad Popular (VP), en el que milita Caro y fundado por el político preso Leopoldo López.

 

La abogada señaló que se ha pautado en tres oportunidades la audiencia de su defendido “y no se ha dado”.

 

“Ellos (el gobierno) saben que Gilber es inocente y que lo sembraron (implantaron pruebas falsas). Por eso, exigimos que se garantice el debido proceso, que sea trasladado” a la cárcel militar de Ramo Verde, penal al que Caro pide ser trasladado, “o en su defecto, que sea liberado”, indicó. (El Nacional)

 

ONU pide a países de Latinoamérica “protección temporal” a venezolanos

La agencia de migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a los países latinoamericanos a acoger a los venezolanos que escapan de la crisis económica dándoles derechos temporales de residencia, dijo el miércoles la directora general adjunta de la entidad.

 

“Hay un pico en las llegadas” a varios países de la región, afirmó Laura Thompson, número dos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tras dos días de conferencia sobre la migración en Costa Rica, reseñó AFP.

 

“No todo el mundo está pidiendo asilo. Hay muchos venezolanos que se están moviendo fuera del país sin pedir asilo específicamente”, agregó. (El Universal)

 

Personas naturales continuarán participando en subastas del Dicom

Las personas naturales continuarán participando en las subastas del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), que operarán a través de una canasta de monedas, informó el vicepresidente sectorial de Economía, Ramón Lobo, reseña AVN.

 

En una entrevista con el diario Últimas Noticias, explicó que las subastas se realizarán en las condiciones habituales, pero se transarán otras monedas convertibles distintas al dólar estadounidense como el yuan (China), el euro, el yen (Japón), la rupia (India), y los rublos (Rusia), entre otras.

 

Destacó que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), uno de los principales oferentes de divisas en el sistema, realiza operaciones en rublos y yuanes, que ingresarán a las subastas.

 

“Podemos acentuar las relaciones bilaterales con países que tienen monedas convertibles”, expresó al diario. (La Patilla)

 

Prorrogan nuevamente decretos de Emergencia Económica y Estado de Excepción

El Gobierno nacional ordenó una nueva prórroga de 60 días para los decretos de Emergencia económica y Estado de Excepción en el país, los cuales entraron en vigencia este martes 12 de septiembre.

 

La extensión de las medidas fue publicada en el decreto 3074 de la Gaceta Oficial 41233, con fecha de publicación del lunes 11 de septiembre de 2017.

El decreto justifica la prolongación de la medida por las “condiciones extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan en el orden constitucional, la paz social y la seguridad de la nación, las instituciones públicas y los venezolanos”. (Globovisión)

 

Julio Ygarza impugnó la proclamación de Bernabé Gutierrez como candidato en Amazonas

El precandidato a la Gobernación del estado Amazonas por el Movimiento Progresista, Julio Ygarza, impugnó este jueves la proclamación de Bernabé Gutierrez (Acción Democrática) como candidato a los próximos comicios.

 

El gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, publicó en su cuenta en Twitter que “Julio Ygarza por la unidad de Amazonas impugna proclamación de candidato de Acción Democrática en primarias de la Mesa de la Unidad Democrática por alterar actas y eliminar otras para ganar”.

Guarulla agregó que en estos momentos está “en riesgo la credibilidad de Sumate y la MUD con primarias en Amazonas”. (Globovisión)

 

Vecinos de El Paraíso tienen más de 15 días sin internet y servicio telefónico de CANTV

Decenas de vecinos en compañía del concejal de Caracas, Jesús Armas, protestaron este jueves en la avenida Páez de El Paraíso ante la suspensión del servicio de CANTV de internet y telefónico en este sector.

“La ciudad se está quedando incomunicada. Vecinos y comercios están totalmente incomunicados sin internet y sin teléfono porque además los puntos de ventas no sirven y hasta las personas de la tercera edad no pueden cobrar su pensión porque los bancos tampoco están funcionado. Exigimos que se reestablezca el servicio en toda la ciudad”, denunció Armas. (La Patilla)

 

Venezuela repite en lista como país traficante o productor de droga

Venezuela sigue con mala fama en el mundo. Esta vez el tema del narcotráfico y la producción de drogas vuelve a la palestra pública gracias al gobierno de Donald Trump y la lista de los “Mayores países de tránsito de drogas o de producción de las sustancias ilícitas para el año fiscal 2018”.

 

El presidente de Estados Unidos firmó una orden en la que repitió lo que hicieron sus antecesores Barack Obama y George W. Bush, al agregar a Venezuela en la lista que actualmente incluye 22 países.

 

Trump designó a Bolivia y a Venezuela como las dos naciones que han fallado en demostrar, durante los últimos 12 meses, que se adhieren a las obligaciones internaciones en el control de narcóticos.

 

Venezuela acompaña a Afganistán, Bahamas, Belize, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú. (El Nacional)

 

Trump se reunirá con presidentes de Brasil, Colombia y Perú para tratar crisis de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los presidentes de Brasil, Colombia y Perú a una cena la próxima semana en Nueva York con la intención de discutir la crisis de Venezuela y mejorar los lazos con la región tras complicaciones surgidas con México.

“Trump necesita demostrar que tiene buenos amigos en la región que comparten una agenda con Estados Unidos, pero no estoy seguro de que vaya a obtener lo que necesita”, dijo un diplomático brasileño, quien pidió que no se mencionara su nombre porque no podía hablar públicamente sobre el tema.

 

Personal de la Casa Blanca confirmaron que Trump asistirá a una cena con varios líderes latinoamericanos el lunes por la noche y que la crisis de Venezuela será el principal tópico de discusión. Los mandatarios también hablarán sobre Cuba, dijo uno de los funcionarios. (Panorama)

Maduro decreta nuevo estado de excepción que restringe garantías en el país

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El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica” que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para “preservar el orden interno”, según publicó hoy la Gaceta Oficial.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte “la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios”.

La norma señala además que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

El Gobierno venezolano podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.

El presidente se facultó también para decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político” contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de “excepción y emergencia económica”.

A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”.

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en “desacato” por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

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Tintori: Estamos en Canadá para exponer la situación que vivimos en Venezuela

La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, se encuentra en Canadá para denunciar la situación que atraviesa Venezuela, argumentando que los venezolanos “están protestando en paz”.

“Me reuní con Rona Ambrose, la líder de la oposición en Canadá y le expliqué la situación que vivimos en Venezuela” publicó en su cuenta de Twitter.

Tintori se reunió con Matt DeCourcey, Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para exponer que “los venezolanos llevan 46 días protestando y resistiendo en paz”. (Globovisión)

 

Reverol: Plantón pretendía sabotear distribución de alimentos y combustible

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció este martes que la convocatoria al “Gran Plantón Nacional” realizada ayer lunes por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conllevó a la “violación del derecho constitucional al libre tránsito que tiene el pueblo venezolano, así como a acciones terroristas, pretendía sabotear el abastecimiento de alimentos y distribución de combustible en el país”.

“El plantón nacional con sus acciones terroristas lo único que pretendía era afectar el sistema de distribución y abastecimiento del país, nuestros alimentos, combustible, gas doméstico. Su frustración ha exacerbado la violencia y ha cobrado la vida de víctimas inocentes enlutando nuevamente a familias venezolanas”, destacó durante un balance sobre los actos de “vandalismo” realizados por la MUD en el día de ayer. (El Universal)

 

Presidente del CNP: Fiscal general pedirá protección para los comunicadores sociales

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, aseguró este martes que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pedirá que los comunicadores sociales no sean agredidos en el cumplimiento de sus funciones y al tiempo, sean protegidos en su trabajo.

Así lo aseguró por medio de una reunión que sostuvo con Tinedo Guía. conversaron sobre las agresiones a las que han estado sometidos los equipos reporteriles, periodistas y demás.  (Globovisión)

 

Extienden por séptima vez el Estado de Excepción y Emergencia Económica

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.298, publicada con fecha de 13 de mayo de 2017 y difundida este martes, señala la renovación por séptima vez del decreto que afirma que el Ejecutivo declara Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación”.

En el documento, se destaca que esta decisión se toma “a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”, reseñó Globovisión. (El Mundo)

 

Venezuela respalda extensión de acuerdo de reducción de producción de crudo de países Opep y no Opep

El ministerio del Poder Popular para Petróleo mediante un comunicado anunció que Venezuela respalda la extensión del  acuerdo de reducción de la producción de crudo de países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y no exportadores.

Textualmente este documento explica que  “la República Bolivariana de Venezuela apoya la propuesta conjunta comunicada por el ministro de Energía, Industrias y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita, Khalid Al Falih; y el Ministro de Energía la Federación de Rusia, Alexander Novak, de extender por otros 9 meses el acuerdo de reducción voluntaria de la producción suscrito en diciembre de 2016”. (VTV)

 

General Zavarse aseguró que las marchas no representan una manifestación “pacífica”

“Una manifestación no es pacífica una vez que tú le constriñes el delito (sic) a los demás ciudadanos, es decir, cuando tú le conculcas los derechos a otros ciudadanos como decir, el libre tránsito… Cuando tú trancas o cierras la autopista, esa es una manifestación que no es pacífica”, fueron las declaraciones del general de división y jefe de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fabio Zavarse.

A través de un video posteado en la cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en la red social Twitter, se observa la declaración del general justo un día después de llevarse a cabo el Plantón Nacional en diferentes estados venezolanos, el cual dejó como resultado al menos tres personas fallecidas y numerosos heridos. (Caraota Digital)

 

Vielma Mora denuncia “plan deliberado” de la oposición en Táchira

Tras los hechos violentos registrados este lunes 15 de mayo en diferentes zonas del estado Táchira, el gobernador José Gregorio Vielma Mora, acusó a la oposición política de asesorar a “mafias criminales y grupos paramilitares” y planificar,  de una manera “deliberada”, “por primera vez, el ataque simultáneo a partir de las 5 de la tarde de 9 comandos policiales y de la Guardia Nacional (GNB)”.

Al señalar responsabilidades directas, Vielma Mora dijo que tenían 43 días sin problemas en el Táchira, “de ningún tipo, y después de la visita de los diputados (Juan) Requesens, Laidy Gómez, Sergio Vergara y Gaby Arellano, se desataron los demonios para crear la conmoción regional”. (El Universal)

 

Almagro: Fuerzas Armadas venezolanas no pueden seguir torturando y matando

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó este martes a las fuerzas armadas venezolanas a detener la “represión” contra las manifestaciones opositoras, advirtiendo que los asesinatos y torturas constituyen “crímenes de lesa humanidad”.

“Las Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente”, dijo Almagro en un video colocado en el sitio de la OEA.

“El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es crimen de lesa humanidad, delito internacional”, añadió.

Cuatro manifestantes murieron tras ser heridos de bala entre el lunes y el martes en protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con lo que suman 42 los fallecidos en seis semanas de manifestaciones.

Oposición y gobierno se culpan mutuamente por las muertes, y ninguna ha sido completamente esclarecida. (Panorama)

 

Brasil reforzará presión sobre Venezuela junto a una docena de Parlamentos

Diputados de una docena de países, junto a una representación del Parlamento Europeo, se reunirán en Brasilia para reforzar la “presión internacional” por una “salida pacífica” a la crisis venezolana, dijo hoy a Efe el parlamentario Rubens Bueno.

“La manifestación de los Parlamentos se unirá a la preocupación ya manifestada por la Organización de Estados Americanos (OEA), por las Naciones Unidas y otros países y organismos internacionales”, declaró en una entrevista con Efe el diputado brasileño, coordinador de la cita prevista para el próximo día 23.

Bueno explicó que, hasta ahora, han confirmado su asistencia al encuentro delegaciones del propio Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Guayana, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, el Parlamento Europeo y Venezuela, que estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges. (El Nacional)

En Gaceta Oficial: Ejecutivo podrá adoptar “medidas excepcionales” para garantizar orden interno

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Este martes se conoció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podrá restringir garantías y dictar medidas de orden social.

Así se pudo conocer a través del decreto N°2.849 de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.298 de fecha sábado 13 de mayo de 2017 que fue publicada este martes.

“Decreto N° 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”, cita el sumario del documento.

Así mismo, el artículo 3 del presente decreto dicta lo siguiente:

 

El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338, y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del presente Decreto e impedir la extensión de sus efectos”.

 

Vale destacar que los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna establecen:

Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

 

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

 

Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

 

Además de ello, la presente Gaceta Oficial extraordinaria contiene en su artículo 2 del decreto 2.849 lo siguiente:

Con fundamento en la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica a que refiere el presente Decreto, podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional, in fine, y las señaladas en el artículo 7° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medidas excepcionales que a continuación se indican:

Lea a continuación el contenido completo del decreto:

Gaceta Oficial N° 6.298 by La Patilla on Scribd

La Asamblea Nacional y la Constitución de empresas mixtas petroleras por Luis Herrera Orellana

AsambleaNacional5

 

La decisión No. 156 del 29 de marzo de 2017 (ver el texto aquí: https://goo.gl/2l0qx8 ), más que darle a la Sala Constitucional las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional –lo que ya viene haciendo hace tiempo, al aprobar en lugar de la AN la ley de presupuesto de 2017 y la aplicación del Estado de Excepción-, tiene por finalidad permitir que el Ejecutivo Nacional contrate con empresas o gobiernos extranjeros en materia petrolera para constituir empresas mixtas en este sector sin aprobación previa de la Asamblea Nacional.

En efecto, en su parte dispositiva, esa decisión concluyó que “4.1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”.

Cabe suponer que al Ejecutivo Nacional le urge celebrar algunos contratos en materia petrolera, tal vez para mantenerse al día con sus obligaciones de deuda internacional, y dado que según la Constitución y la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, para celebrar contratos para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, debe contar con la aprobación previa de la AN para que sea válido ese contrato, y la AN actual no le dará esa aprobación debido a la ruptura del hilo constitucional ocurrida en el país, pues el Gobierno ha pedido a la Sala Constitucional que lo libere de ese requisito, y como es costumbre desde al menos 2004, la Sala lo ha complacido.

Para ello, la Sala Constitucional apela a la existencia de un supuesto desacato por parte de la AN como Poder Público respecto de –inconstitucionales- decisiones por ella dictadas con anterioridad en contra de la autonomía constitucional del Poder Legislativo, y la supuesta omisión legislativa derivada de ese desacato, esto es, la imposibilidad de que la AN ejerza válidamente sus funciones y competencias, mientras se mantenga en desacato, es decir, mientras no obedezca a la Sala Constitucional.  

Ahora bien, es falso que la AN esté en desacato y que exista una omisión legislativa imputable a aquélla. En Venezuela no existe ninguna norma jurídica que establezca lo siguiente: “Si la Asamblea Nacional se niega a cumplir con una sentencia de la Sala Constitucional, incurrirá en desacato, y quedará automáticamente impedida de ejercer sus competencias y funciones hasta que no cumplan con la sentencia”. No existiendo una norma tal en el ordenamiento jurídico del país, no existe desacato, y menos omisión legislativa, ya que la AN puede y debe ejercer sus competencias y funciones constitucionales, entre las que está el aprobar o no la celebración de contratos de interés nacional, siendo un ejemplo de este tipo de contratos el convenio que se celebre con otro Gobierno o empresa extranjera para constituir empresas mixtas en materia petrolera.

Entonces, estando la AN en pleno ejercicio de sus funciones, ¿qué es lo que debe hacer el Ejecutivo Nacional para contratar válidamente la creación de una empresa mixta en materia petrolera? Pues cumplir con lo que establece el artículo 150 de la Constitución vigente, según el cual “la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”, lo cual es ratificado por el artículo 33 del Decreto-Ley Orgánica de Hidrocarburos, según el cual “La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional”.

Por si hay dudas, eso fue exactamente lo establecido por la Sala Constitucional en una decisión de 24 de septiembre de 2002, en la que “interpretó” el artículo 150 de la Carta Magna (puede verse la decisión aquí: https://goo.gl/WlMw4S).

¿Qué pasa si se contrata la creación de una empresa mixta sin cumplir con la exigencia constitucional y legal de la aprobación previa de la Asamblea Nacional? Pues el contrato así celebrado es nulo, no puede surtir sus efectos, y por tanto no obliga a la República a cumplir con las obligaciones que de él deriven, siendo únicamente responsabilidad personal de quienes suscriban ese contrato inconstitucional e ilegal el responder ante el Gobierno o empresa extranjera por la irregularidad cometida, pero en ningún caso el Estado venezolano, la República, cuya Asamblea Nacional, como Poder Legislativo constitucional y democrático, no autorizó la celebración del mismo.

Es importante que Gobiernos y empresas extranjeras tengan claro que toda contratación con el Ejecutivo Nacional de Venezuela en materia de empresas mixtas petroleras, sin contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional, no será fuente de obligaciones para la República, es decir, no obligará al Estado venezolano a pagar deudas o cumplir con otras obligaciones derivadas de esa contratación, y que ningún tribunal extranjero o arbitraje internacional reconocerá la existencia de obligaciones derivadas de esos contratos, ya que ni el Ejecutivo Nacional ni tales Gobiernos o empresas extranjeras pueden desconocer la Constitución venezolana, la competencia del Poder Legislativo Nacional y la soberanía popular, con base en una decisión, la No. 156, tan antijurídica como ilegítima, desde que el TSJ no es un tribunal independiente e imparcial, sino un órgano controlado políticamente por el Gobierno Nacional, tal y como está demostrado tanto en el Informe del Secretario de la OEA sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, como en el libro El TSJ al servicio de la Revolución.  

 

@LuisAHerreraO