estado de excepción y emergencia económica

Trabajadores de Pdvsa expresaron «apoyo y lealtad» a Nicolás Maduro

Este viernes, los trabajadores de Petróleos de Venezuela, (Pdvsa), justificaron su «apoyo y lealtad» al presidente de la República, Nicolás Maduro, tras los actos realizados el pasado 23 de enero, por el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como «presidente encargado» de Venezuela. El presidente de la estatal, Manuel Quevedo, aseguró que se trata de un «ataque de los Estados Unidos» contra el país para «perturbar la convivencia y la paz de los venezolanos». El Universal

Rodríguez: Todo el petróleo que China necesite Venezuela lo tiene

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que “todo el petróleo que China necesita Venezuela lo tiene” como una ratificación de los acuerdos suscritos en septiembre pasado por el presidente del país, Nicolás Maduro, con su homólogo chino Xi Jinping. “Todo el petróleo que China necesita, Venezuela lo tiene, todo el petróleo que los países amigos de Venezuela necesitan, Venezuela lo tiene y ese es un mensaje muy claro de cooperación”, señaló Rodríguez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV acompañada del embajador chino en Venezuela, Li Baorong. Banca y Negocios

Venezuela, un gigante del petróleo con reservas infrautilizadas

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo en el mundo, ha visto cómo su producción de crudo caía desde hace 30 años. Los desórdenes políticos y un eventual cambio de régimen podrían tener efectos en todo el mundo. El país dispone de 17.9% reservas probadas de petróleo en el mundo, por delante de Arabia Saudita (15.7%), Canadá (10%) e Irán (9.3%), según cifras del grupo petrolero británico BP. Gestión

TSJ declara constitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en el país dictado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de un comunicado de prensa, el máximo tribunal expone que el Decreto cumple con los principios y normas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana, en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por la república. Banca y Negocios

Pompeo pidió a todos los países finalizar transacciones financieras con gobierno de Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó el sábado en la ONU a todos los países a poner fin a sus transacciones financieras con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que Washington considera ilegítimo.Pompeo llamó a todos los países a seguir el ejemplo estadounidense y reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Esperamos también que cada una de esas naciones se aseguren de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los legítimos gobernantes de ese Estado”, dijo Pompeo a periodistas en la ONU. Banca y Negocios

Banco de Inglaterra niega a Maduro repatriación de $1.200 millones en oro

El Banco de Inglaterra negó la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de retirar $1.200 millones en oro, tras la presión ejercida por el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, informó a Bloomberg una fuente que pidió reservar su identidad.Los funcionarios estadounidenses, que buscan restablecer la democracia venezolana y han reconocido al gobierno interino de Juan Guaidó, pidieron a sus homólogos del Reino Unido -país que ya reconoció a Guaidó- colaboración para impedir que el régimen de Maduro acceda a activos que tiene en el extranjero. Banca y Negocios

LA SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del Decreto N° 3.736 del 11 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N°6.424 Extraordinaria de esa misma fecha, dictado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.

Indica la sentencia N° 0005, en ponencia del presidente de la referida Sala, magistrado Juan José Mendoza Jover, que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

El fallo ordena además la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de Máximo Tribunal del país

EL GOBIERNO NACIONAL AUMENTÓ NUEVAMENTE la extensión del decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el país por 60 días más “contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial” y con la posibilidad de extenderlo otros 60 días más.

Así lo dispone la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.424 de fecha 11 de enero de 2019.

Entre los articulados que hay en el documento, se prohíbe de forma “temporal” del porte de armas en todo el país, así como le da la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a establecer límites máximos y mínimos de ingreso o egreso de bolívares, así como las restricciones que sean pertinentes en pro del país.

La primera vez que vio la luz este decreto fue a principios de 2016, al mismo tiempo que asumía la oposición la conducción de la Asamblea Nacional.

El Gobierno usó como excusa para ejecutar este decreto fue el contrabando de extracción de combustible y de los billetes del antiguo cono monetario, lo que provocó el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana.

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 dictado por el presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio Nacional.

La decisión del TSJ declaró que es competente para revisar la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de este mismo año, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el país, «dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República».

En la referida sentencia N° 727 del 25 de septiembre de 2017, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia consideró que la declaratoria del Estado de Excepción, que responde a la necesidad de que el presidente «pueda continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida».

La Sala Constitucional del TSJ también declara nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de este mismo año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su «preocupación» por la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, emitida el pasado 13 de mayo con una duración de sesenta días.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó ese día un decreto «de estado de excepción y emergencia económica» que le otorga «el poder suficiente» para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra.

«Preocupa a la Comisión que el decreto en cuestión pueda comprometer el respeto del Estado de Derecho y la separación de los poderes estatales», afirmó la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado divulgado desde su sede en Washington.

El decreto -afirma- «dota al Poder Ejecutivo de poderes discrecionales» y, mediante un lenguaje «amplio y ambiguo», establece conceptos como el de «acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional», para aplicar medidas de seguridad pública y «planes especiales».

También inquieta a la Comisión el hecho de que, en el contexto de desabastecimiento que afecta al país, el decreto atribuye funciones de control ciudadano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre las que se incluye la «correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad».

La CIDH entiende que, por carecer las Fuerzas Armadas de un adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, «corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los derechos humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público».

Además, la Comisión considera que el decreto «vulnera el artículo 222 de la Constitución de la República» al atribuir a la Presidencia la potestad de decidir la suspensión temporal de la ejecución de «sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público», función de control propia de la Asamblea Nacional.

La CIDH recuerda al Estado venezolano su «obligación de garantizar los derechos humanos de la población» y reitera su llamamiento a garantizar «un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país».

Ese clima – añade- forma parte del derecho de los venezolanos a «vivir en una democracia respetuosa del Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado y con plena vigencia de los derechos humanos».

El comunicado de la CIDH se publicó un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidiera invocar la Carta Democrática sobre Venezuela.

Esa decisión abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia, desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo.

Almagro se convirtió así en el primer titular de la OEA en activar la Carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hizo amparándose en el artículo 20.

Ese artículo de la Carta autoriza al secretario general o un Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA, cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

El paso de Almagro enojó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró este martes que el informe en el que el secretario general de la OEA pide activar la Carta Democrática está «lleno de odio» y lo descalifica «a los ojos de América».