Espacio Público manifestó que los trabajadores nunca debieron estar presos, y remarcó que en estos casos, «la detención es una consecuencia directa de su protesta, lo que implica una violación del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica»
La ONG Espacio Público (EP) informó el 21 de junio que fueron liberados los dos agricultores detenidos en los últimos tres días, luego de que, en protesta por la falta de gasolina, arrojaran al río cosechas que no pudieron transportar hasta los centros de comercialización.
«Liberan al agricultor Jhonar Barazarte», publicó la ONG en su cuenta en Twitter, donde antes había informado también de la liberación «plena» del otro agricultor, identificado como Ysnet Rodríguez.
Las detenciones de estos trabajadores las dio a conocer vía Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, los días 18 y 20 de juniom cuando informó que los productores agrícolas fueron capturados por haber violado la Ley de Precios Justos, lo que las autoridades consideran un «boicot».
La ONG recordó que Rodríguez y Barazarte fueron detenidos, tras hacerse virales en redes sociales videos en los que se les veía arrojando tomates y zanahorias a ríos en los estados Mérida y Trujillo, debido a que no conseguían gasolina para transportar la mercancía.
EP aseguró que los productores nunca debieron estar presos, y remarcó que en estos casos, «la detención es una consecuencia directa de su protesta, lo que implica una violación del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica».
Se criminaliza la protesta legítima
En el tuit donde anunciaba la detención del agricultor en Mérida, Saab incluyó una singular etiqueta: «#Justicia».
Pero, ¿es de verdad un acto de justicia el que aplica el gobierno contra estos agricultores? ¿Cometieron un delito al botar sus cosechas por no poder trasladarlas?
Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa Observatorio Social de la Asociación Civil Espacio Público, declaró a Runrun.es que aunque en Venezuela está efectivamente tipificado el delito de boicot (asociado a actividades económicas, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios), tanto este como la propia ley se han usado en el pasado para «criminalizar acciones de protesta legítima» relacionadas directa o indirectamente con el tema de producción, comercialización y distribución de alimentos.
«En este caso específicamente hay un ensañamiento por el ejercicio de la protesta a través de esta medida que tomaron los agricultores. Si bien existe una legislación que, entre comillas, le da formalidad a la detención, no estaríamos ante una acción legítima, en vista de que está asociada específicamente al ejercicio de un derecho, que es la protesta legítima», explicó.
Insistió en que aunque la detención se presente bajo el amparo de una «legalidad formal», es ilegítima, en la medida en la que afecta ejercicio de derechos fundamentales.
«Abiertamente, se está expresando y llevando a cabo el ejercicio de un derecho de manera clara y contundente y eso es lo que se intenta criminalizar a través del uso de un delito por razones económicas», agregó Rodríguez.
De igual forma, Rodríguez consideró que la acción de botar cosechas no se puede considerar como un delito, sino como un método o forma de protesta que escogieron los agricultores para expresar un descontento.
Con información de EFE
