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Espacio público

Con intimidación y ataques informáticos se mantiene el hostigamiento a periodistas y medios
En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5), censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas, ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una

 

La ONG Espacio Público informó este martes que durante el mes de noviembre se mantuvo la intimidación, ataques informáticos y hostigamiento en contra de periodistas y medios de comunicación. 

Según reseña Espacio Público, los medios de comunicación y periodistas fueron las víctimas más frecuentes (83 %) de violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 16 violaciones en un total de 10 casos, de los cuales la mitad ocurrieron en Internet.

La ONG reseñó que los responsables de estas vulneraciones fueron funcionarios públicos (30 %), cuerpos de seguridad (23 % ) e instituciones del Estado (23 %).

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5) y censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una.  

Censura a medios y periodistas 

El 2 de noviembre, funcionarios de seguridad y directivos del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, impidieron que las y los periodistas Lisbeth Martínezde La Verdad de MonagasJefferson Civira, de La Prensa de MonagasLa Patilla Qué Pasa en Venezuela; y José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría, cubrieran una protesta en ese centro de salud.

En el estado Trujillo, el gobernador oficialista Gerardo Márquez hostigó verbalmente y amenazó al periodista y director del medio regional Palpitar TrujillanoAndrés Briceño Sulbarán, por publicar una nota sobre la caída de una estructura navideña en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera.

En el estado Cojedes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Class 98.7 FM presuntamente tras órdenes de funcionarios del gobierno nacional, bajo el argumento de “extinción de la concesión de radiodifusión”.

El observatorio de internet VE sin Filtro detectó que el 20 de noviembre hubo una caída de conectividad a internet en los estados andinos, que se prolongó por más de nueve horas. Los estados más afectados fueron Barinas (la conexión a internet cayó a 54 % de sus valores normales) y Trujillo (bajó a 70 %).

Ataques informáticos y criminalización a la disidencia

Desde el 8 de noviembre, el medio regional El Carabobeño está bloqueado por varias operadoras privadas y públicas de internet en el país, según informó el Observatorio de Internet VE sin Filtro. 

Durante la mañana del 21 de noviembre, la página web del medio regional Oriente 24 sufrió un ataque informático presuntamente en retaliación por publicaciones incómodas al gobierno local de Cumaná, capital del estado Sucre, según informó su director, Jesús Rangel.

El 23 de noviembre, la página web del medio digital La Gran Aldea fue víctima de ataques DDoS o denegación de servicio, que consisten en saturar las peticiones al servidor con el uso de bots, haciendo que los portales colapsen y que su contenido no sea visible temporalmente.

El 22 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron de forma arbitraria al activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, al sacarlo a la fuerza de su vivienda por expresarse en contra del gobierno en su cuenta personal de X (antes Twitter).

*Con información de Espacio Público 

Sacan del aire a Class 98.7, primera emisora del estado Cojedes
La ONG Espacio Público reportó que en los últimos cinco años el equipo de prensa de la estación sufrió agresiones, se enfrentó a robos en sus instalaciones y a afectaciones en la señal por fallas de electricidad

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) emitió una alerta luego que el 24 de noviembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacó del aire la emisora Class 98.7 en el estado Cojedes.

Class 98.7 con 30 años operando sin interrupciones fue la primera emisora FM de Cojedes. El SNTP informó que el cierre se ejecutó por la resolución N° GST-RS-00780 con fecha del 10 de noviembre, donde Conatel expuso la extinción de la concesión.

“El cierre ha causado conmoción porque sale del aire una ventana informativa y de entretenimiento para los cojedeños, además de una fuente de empleo para periodistas, locutores y productores” dijo el SNTP en su cuenta de X.

La ONG Espacio Público reportó que en los últimos cinco años el equipo de prensa de la estación sufrió agresiones, se enfrentó a robos en sus instalaciones y a afectaciones en la señal por fallas de electricidad.

Espacio Público registró que en el mes de octubre se produjeron 22 casos y 35 violaciones a la libertad de expresión, datos que convirtieron el décimo mes del año en el segundo con la cifra más alta de 2023.

Este jueves, 23 de noviembre, los medios de comunicación La Gran Aldea y Oriente24 News reportaron ataques informáticos contra sus sitios web. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el portal Oriente24 Newsdel estado Sucre, sufrió un ataque informático con el que borraron parte del respaldo de la plataforma.

Según denunció el director del medio, José Gregorio Rengel, el hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre y dejó la página fuera del aire por dos horas y media.

Rengel reportó que la plataforma sufre ataques informáticos desde el pasado 17 de noviembre, pero se pudieron contener gracias a medidas de seguridad tomadas por el Hosting.

Contabilizan más de 914 agresiones a periodistas venezolanos entre 2002-2023
Venezuela suma 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a comunicadores sociales desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes

 

 

La ONG Espacio Público (EP) contabilizó más de 914 agresiones a periodistas venezolanos desde el año 2002 hasta septiembre de 2023.

A través de un informe publicado en su página web, EP afirmó que la impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.

Espacio Público indicó que lleva registro de 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso  con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables. Esto se traduce en que  75 % de los asesinatos de profesionales de los medios siguen impunes.

Según la organización, la muerte violenta es el «hecho más grave y lamentable», pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación. 

La ONG explicó que las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder como las manifestaciones y protestas masivas en contra del gobierno, coberturas a la escasez de gasolina, temas sanitarios y de gestión pública.

Periodistas agredidos

Ana Belén Tovar

Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. Aunque excarcelada, permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.

Luis Carlos Díaz

Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el  12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública. Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.

Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte

Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.

Darvinson Rojas

Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.

914 agresiones

Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en agosto
Hasta la fecha, Espacio Público ha documentado unas 261 vulneraciones al derecho a la información en lo que va de 2023

 

La organización no gubernamental Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en agosto.

De los 27 ataques de agosto, hubo 10 casos de censura y otra decena de «intimidaciones», así como tres registros de «hostigamiento verbal», dos «agresiones», una amenaza y una restricción administrativa, señala el más reciente boletín de la ONG, publicado este miércoles.

La organización indicó que al menos 13 periodistas fueron víctimas de estos ataques, así como cuatro medios de comunicación, un miembro de una ONG, «un particular y cuatro casos que afectaron a la ciudadanía en general».

«Cuatro instituciones estatales, tres cuerpos de seguridad y tres funcionarios vulneraron el ejercicio de la libertad de expresión. Entre los victimarios también destacan dos directivas de medios de comunicación, dos grupos violentos, dos desconocidos y un particular», señaló el boletín.

La ONG afirmó que a diario se contabiliza una media de 1,08 atropellos al derecho a la libertad de prensa. Denunció, además, que en el país «se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico» por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Entre los casos subrayados por la organización, está la alocución del presidente Nicolás Maduro del pasado domingo, cuando acusó al medio estadounidense Voz de América de tener «una campaña contra Venezuela y mentir».

Hasta la fecha, Espacio Público ha documentado unas 261 vulneraciones al derecho a la información en lo que va de 2023.

En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.

Con información de Efe

Espacio Público registró al menos 10 violaciones a la libertad de expresión en julio
De  acuerdo con Espacio Público, se registraron al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión en julio
En una protesta de la población LGBTI frente a la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, «funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas»

 

Al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión se registraron en Venezuela en julio, un «mes marcado por el hostigamiento y los actos de censura por parte de funcionarios y organismos del Estado», aseguró este sábado la ONG Espacio Público.

De acuerdo con una nota de prensa de la organización, periodistas y medios de comunicación «fueron las principales víctimas de las violaciones a la libertad de expresión» el pasado mes.

Asimismo, aseguró que esta decena de violaciones «fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios».

Entre las víctimas, prosiguió, «se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas/reporteros y un particular«, que se trata de una «ciudadana indígena», quien «fue intimidada por un funcionario militar y obligada a pedirle disculpas (…) por una denuncia que hizo sobre la quema de unos equipos» usados para la «minería ilegal en el estado Amazonas».

Espacio Público también mencionó que, en una protesta de la población LGBTI frente a la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, «funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas», quienes rechazaban la reciente «detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres» privados de libertad en un bar gay en el norte de Venezuela.

Según un informe de la ONG, al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.

En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.

Con información de EFE

Espacio Público: Televisión y radio siguen siendo las principales vías para informarse
Según Espacio Público, los teléfonos inteligentes son el dispositivo con mayor uso, alcanza al 80,6 % de la población en comparación con la radio (68,7 %)

La ONG Espacio Público reveló que en Venezuela, actualmente, la radio y la televisión se mantienen como las principales vías que tienen las personas para informarse de las últimas noticias.

En conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la organización presentó el 19 de julio el «Consumo informativo y cultural en Venezuela», el cual busca recopilar datos sobre los hábitos de los venezolanos al momento de informarse.

Según los datos recopilados en septiembre de 2022, 29,6 % de los encuestados se enteraron de la última noticia a través de la televisión, mientras que 12,4 % lo hizo por la radio, reseñó El Pitazo.

Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, explicó que lo anterior evidencia el impacto que todavía tienen estos medios tradicionales, especialmente en zonas populares y alejadas donde la conexión por internet es intermitente.

En el caso de los medios basados en internet y que se usan preferentemente en teléfonos inteligentes suman el 43,4 %; distribuidos en Instagram (11,1 %), Whatsapp (10,8 %), Facebook (10 %), sitios web de noticias (7 %), Twitter (2,5 %), Telegram (1,2 %) y Youtube (0,8 %).

«Cualquier estrategia que busque llegar al país tiene que ser una estrategia que mezcle varios medios. La gente tiene que armarse de herramientas para informarse», precisó Correa durante la presentación del libro.

Medios para informarse

Según Espacio Público, los teléfonos inteligentes son el dispositivo con mayor uso, alcanza al 80,6 % de la población en comparación con la radio (68,7 %). Asimismo, el 91,3 % de las personas entre 25 y 34 años son el grupo con mayor uso o tenencia de equipos móviles.

La conexión a internet tiene un alcance de 84,8 % en la población y mayoritariamente lo realiza desde las casas (71 %). Los servicios de televisión por cable y la televisión de señal abierta ocupan el 66,5 %, agrega el estudio.

Sobre la confiabilidad de las fuentes de información, las personas consultadas señalaron que la radio era muy confiable para el 19,4 %, seguido de las amistades, vecinos y familiares con el 17,8 % y el Whatsapp para el 17,3 %.

*Puede leer el artículo completo en El Pitazo

Espacio Público documenta 217 violaciones a la libertad de expresión en primer semestre
La ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), debido a la «imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales»

 

La ONG Espacio Público (EP) difundió el 6 de julio su más reciente informe, en el que recoge que en Venezuela se registraron, entre enero y junio de 2023, al menos 217 violaciones a la libertad de expresión. Esto representa un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.

En junio, la ONG documentó 42 agresiones, mayoritariamente actos de intimidación y amenazas contra periodistas y ciudadanos; estas se suman a otras 51 contabilizadas en mayo y a las 124 acumuladas durante el primer cuatrimestre, si bien, explicó a EFE la ONG, 16 casos ocurridos en este período fueron reportados y agregados al total de manera tardía, por lo que no se reflejaron en el informe correspondiente.

«Las principales víctimas en junio fueron personas particulares y periodistas», dice el informe, que da cuenta de «11 detenciones por ejercer la libre expresión», entre ellos tres trabajadores públicos, un sector que ha protagonizado decenas de protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales.

En cuanto a los victimarios, «20 se relacionan directamente con el Estado», lo que incluye a 10 cuerpos de seguridad -cuyos nombres no fueron expuestos en el escrito- siete instituciones y tres funcionarios, «junto con un grupo victimario afín» al PSUV.

Entre los casos señalados por Espacio Público, destaca la detención de dos productores agropecuarios que, en señal de protesta, arrojaron sus cosechas al río por la falta de combustible para trasladarlas hacia los mercados, un hecho que fue calificado como «sabotaje» por parte de la Fiscalía. Ambos fueron puestos en libertad en menos de 72 horas.

Asimismo, la ONG subrayó como una violación a la libertad de expresión el cese de transmisiones de Radio Caracas Radio (RCR), la emisora más antigua del país, luego de 93 años, debido a la «imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales», ya que funcionaban solo a través de la web desde abril de 2019, cuando el Estado no le renovó la concesión para el espectro tradicional.

Según los datos de la organización, en 2022, se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021.

Espacio Público computa 83 víctimas de la Ley contra el Odio en más de 5 años

La ONG aseguró el 18 de junio que, en más de cinco años, 83 personas han sido víctimas de la Ley contra el Odio, norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo».

A propósito de conmemorarse este 18 de junio el Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que «la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

En una nota de prensa, Espacio Público afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.

«Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», aseveró la organización.

En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio «deben ser graduales y diferentes», además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.

Con información de EFE

CLAVES | Los periodistas venezolanos celebran su día con cierre de medios, censura y bloqueos
De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, representando 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años
Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder

En el marco de la celebración del Día del Periodista, el 27 de junio, los trabajadores de la prensa en Venezuela festejan su día enfrentándose a constantes desafíos y amenazas. Entre las violaciones a la libertad de expresión destacan actos de censura, intimidación, hostigamiento y bloqueos a portales de medios digitales. 

Aunque el ejercicio del periodismo en Venezuela está avalado por el Artículo 57 y 58 de la Constitución Nacional y la Ley del Ejercicio del Periodismo, ha sido el propio gobierno el principal obstáculo para el goce del derecho como se demuestra en los desafíos y amenazas que enfrentan los trabajadores de la prensa.  

Hitos de criminalización y censura

En lo que va del siglo XXI, hechos sobresalientes como el cierre de 233 emisoras de radio desde 2003 señalaron el camino de lo que sería una relación tormentosa con el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. Según el Colegio Nacional de Periodistas, durante 2022, al menos 103 emisoras salieron del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel).

La salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007 continúa siendo una de los cierres más emblemáticos en Venezuela. Tras el cierre de RCTV,  sus equipos fueron confiscados y al menos 3.000 personas se quedaron sin empleo.

El segundo año en el que el Estado venezolano cerró más emisoras de radio fue en 2009. Ese año, al menos 34 emisoras fueron cerradas simultáneamente bajo la presidencia de Hugo Chávez. 

“Todo cierre o restricción representa una violación a nuestros derechos”, refirió Espacio Público en un informe. 

De acuerdo con Transparencia Venezuela, un mecanismo del Gobierno venezolano para silenciar a medios críticos fue la compra de empresas de comunicación. Medios de gran importancia como: Globovisión, El Universal y Últimas Noticias pasaron a las manos de personas cercanas al chavismo.  En marzo de 2015, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas de su lugar de trabajo luego de haber sido víctimas de la censura por los cambios en la línea editorial.

Según Transparencia Venezuela, el sistema nacional de medios públicos funcionó desde 2008 hasta 2013 y estuvo integrado por 7 canales de televisión: Venezolana de Televisión, Vive, Tves, Telesur, ANTV, Ávila TV, y cinco emisoras de radio (Radio NAcional de Venezuela, YVKE Mundial, La Radio Sur, Alba Ciudad, AN Radio, y la Agencia Venezolana de Noticias). Aunque no formaban parte del Sistema Nacional de Medios, 244 emisoras comunitarias de radio y 32 estaciones de televisión contribuían a difundir y amplificar las voces oficialistas, así como su narrativa, contradiciendo la verdadera esencia de los medios comunitarios. 

Una labor bajo constante amenaza

Además de ser víctimas de cierres de medios de comunicación, los trabajadores de la prensa en Venezuela deben enfrentarse a diversas amenazas al momento de ejercer su profesión:

En su informe de 2021, VE Sin Filtro registró 68 dominios bloqueados: 45 corresponden a medios de comunicación, ocho a portales con contenidos políticos, seis con contenido para adultos, cuatro para compartir contenido multimedia, tres de organizaciones de derechos humanos y otros dos dominios de plataformas de VPN para «evadir la censura». En el período estudiado,  reaparecieron los bloqueos contra algunos medios que habían sido afectados en el pasado, como los casos de La Patilla, Caraota Digital, Alberto News, entre otros.

VE Sin Filtro señaló que las páginas web de organizaciones como Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón; Caracas Mi Convive y Change han sido bloqueadas. 

De acuerdo con VE Sin Filtro, otras formas de silenciar las noticias y a la sociedad civil están presentes, incluyendo intimidaciones y acoso en línea. También el uso de técnicas de ataques informáticos a los servidores donde se publican las páginas web, como los ataques de Denegación de Servicio, donde el servidor es saturado y deja de responder a solicitudes legítimas. 

La organización observó estrategias pseudo legales para intimidar o forzar la remoción de contenidos, una técnica que casi no se había visto en Venezuela antes de 2021. “Esta modalidad incluye solicitud de remoción de contenidos o suspensión de servicio a críticos proveedores y plataformas en línea por supuestas violaciones de derechos de autor, que resultan ser falsas; también incluyen amenazas legales sin mérito”, señaló el informe.

Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder.

Espacio Público registró durante 2022 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución de 7 % respecto a 2021.

En 2022, IPYS registró 55 hechos de agresiones físicas y verbales, ejecutados por funcionarios policiales y militares del Estado venezolano.

De acuerdo con IPYS, durante 2023, se han documentado 29 casos en los que se hicieron presente arbitrariedades y violaciones al debido proceso para ejercer presiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

Espacio Público contabilizó 51 violaciones a la libertad de expresión durante mayo de 2023, 39 más que en abril. 

IPYS también registró 21 actos de censura en 2022. Al menos 56 programas informativos o de opinión dejaron de ser transmitidos en el país, se constató que directivos de medios de comunicación ordenaron a periodistas no difundir ciertas informaciones. 

José Gregorio Urbina, comunicador social y director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM en Apure, fue asesinado en enero de 2022 a manos de grupos irregulares y sus victimarios permanecen impunes y sin identificar.

IPYS contabilizó 27 restricciones en internet durante el año pasado. Bloqueos a páginas web, hackeos y otros ciberataques.

El 14 de julio de 2022, la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación inició una discusión sobre una posible reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo. El gremio exigió participar en la discusión de la propuesta legal. Se advirtió que podría atentar contra la profesionalización, al considerar que los comunicadores no graduados en una universidad también hacen periodismo, según la diputada de la Asamblea Nacional conformada en 2020, María Carolina Chávez.

Un reporte de la Universidad de Oxford, elaborado en 2019 con el título: “Orden Mundial de la Desinformación. Inventario Global 2019 de la Manipulación Organizada en Redes Sociales” detalló que Venezuela es uno de los países en los que se ha detectado acción organizada desde el poder gubernamental para desinformar. 

Iniciativas para combatir ataques y censura

A raíz de enfrentar diversas amenazas y ataques, los periodistas venezolanos han recurrido a nuevas estrategias que les permite continuar su labor enfrentando la censura. A continuación, algunas iniciativas que ha implementado el periodismo venezolano: 

Uso de VPN: VE Sin Filtro explicó que para tener acceso a información fiable y evitar la vigilancia. En Venezuela es necesario utilizar diferentes herramientas y estrategias de evasión. La más eficaz ha sido el uso de servicios VPN que han permitido ocultar identidad y superar los bloqueos de Internet, a pesar de los intentos de limitarlos.

VE Sin Filtro indicó que el cambio de los servidores DNS, configurados por defecto en un dispositivo, también es una técnica común, pero no funciona para muchos sitios bloqueados, particularmente en CANTV, que aplica con mayor frecuencia técnicas de bloqueo más complejas.

Gracias a las denuncias públicas sobre los múltiples sitios web bloqueados, los venezolanos se hicieron más conscientes del uso de VPNs como un mecanismo para burlar la censura. Desde entonces, se inició el levantamiento de un cerco por parte de las operadoras en contra de estas herramientas.

Alianzas para enfrentar desafíos

Para enfrentar los múltiples desafíos que existen actualmente en Venezuela, muchos medios periodísticos se han visto en la necesidad de formar alianzas para seguir informando e investigando.

Con ese objetivo, los medios digitales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es conformaron la Alianza Rebelde Investiga (ARI). Con esta alianza no solo siguen difundiendo su contenido en conjunto –como parte de la alianza comercial inicial que establecieron desde 1 de diciembre de 2016 – sino que también trabajan juntos en proyectos editoriales.   

También, el 27 de mayo de 2017, se fundó El Bus TV, un medio de comunicación independiente venezolano que busca defender el derecho a la información y lucha en contra de la censura gubernamental. El Bus TV basa su trabajo en el periodismo offline, ​ hiperlocal y de servicio. El medio surge en un contexto de fragilidad en el ejercicio de los derechos ciudadanos y censura gubernamental a los medios de comunicación.