Espacio público archivos - Runrun

Espacio público

Excarcelan a Pedro Jaimes, detenido hace un año y cinco meses por divulgar la ruta del avión presidencial

PEDRO JAIMES, QUIEN FUE DETENIDO por el régimen tras difundir en su cuenta de Twitter información pública disponible en Internet sobre la ruta del avión presidencial, fue excarcelado este jueves 17 de octubre luego de un año y cinco meses de detención.

Según Espacio Público, Jaimes fue excarcelado por la Comisión de la Verdad de la asamblea nacional constituyente (anc), “como parte de un supuesto beneficio procesal”.

Pedro Jaimes Criollo es un aficionado a la aeronáutica y a la meteorología, y desde el 2013 publica en su cuenta de Twitter, Aereometeo, información sobre esos temas. El 3 de mayo tuiteó una imagen con la ruta de vuelo del avión presidencial y fue detenido una semana después, de forma irregular por funcionarios del Sebin. Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días en los que fue torturado con electricidad, simulación de asfixia con bolsas en la cabeza, y golpeado repetidamente, lo que le produjo la fractura de una costilla.

El expediente del caso muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente a Jaimes con los delitos que se le imputan: espionaje informático, revelación de secretos políticos, e interferencia de la seguridad operacional. Siendo inocente permaneció un año y cinco meses detenido en El Helicoide, le negaron asistencia médica, le impidieron recibir asistencia legal oportuna los primeros meses, y estuvo sujeto al retraso procesal impuesto por el Sebin, que se negó en al menos 16 oportunidades a trasladarlo a sus audiencias preliminares y de juicio.

La detención de Jaimes fue arbitraria

Sobre su caso se pronunciaron múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad; y un grupo de Relatores también exigió que protegieran los derechos del tuitero. Por otra parte, tres relatores del sistema de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente al Estado venezolano exigiendo le respetaran sus derechos y protegieran su integridad. 

El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias en su decisión 39-2019 afirmó que la detención de Pedro Jaimes es arbitraria ya que no existe fundamento legal para la misma, la detención fue consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión, se violó el debido proceso y se obviaron reglas procesales.

Pedro Jaimes es inocente

La excarcelación de Pedro Jaimes no concluye su caso, ejecutado por un organismo ilegítimo deja al tuitero sujeto. Exigimos contundentemente que le otorguen la libertad plena a Pedro Jaimes, ya que la publicación de información disponible en Internet no constituye delito alguno; las pruebas esgrimidas en su contra en el expediente del caso no lo relacionan con los delitos imputados y el Estado actuó en violación del debido proceso repetidamente desde el momento de su detención.

Es obligación del Estado reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que en el caso de Jaimes implica:

  • Brindarle atención médica integral y completa para curar las aflicciones que sufre producto de su detención ilegal
  • Aceptar públicamente que la detención fue arbitraria.
  • Declarar el sobreseimiento de la causa, lo que significa declarar que Jaimes es inocente en su totalidad. 
Seis recomendaciones para mantener la comunicación durante los apagones

LA ONG ESPACIO PÚBLICO publicó una serie de consejos para aplicar durante las fallas eléctricas que afectan a Venezuela desde marzo pasado.

Aquí una lista de seis recomendaciones:

-Durante los apagones fallan los servicios de telefonía móvil. Por eso, escribe textos en vez de grabar notas de voz o mandar imágenes, que requieren más datos para descargarse.

-Recuerda poner la hora a la que envías el mensaje, o la hora a la que sucedió lo que estás reportando en las redes sociales. Por las fallas de señal, podría tardar en enviarse o en ser recibido.

-El acceso a internet es limitado. Si ves información relevante en redes sociales, en lugar de enviar el enlace, copia el texto y pégalo para reenviar la información completa.

-Verifica si puedes comunicarte con familiares, colegas o amigos a través de la telefonía fija. Muchas líneas siguen funcionando.

-También puedes comunicarte a través de SMS cuando las señales de datos no funcionen. Pon la hora en que envías el mensaje.

-Ahorra batería del celular desactivando todos los sonidos. Baja el brillo de tu pantalla y activa el modo avión cuando no tengas señal o no la necesites.

Espacio Público: En lo que va de año se han registrado 700 violaciones a la libertad de expresión

Con el cierre de junio, la organización Espacio Público ha registrado 700 casos de violaciones a la libertad de expresión.

En su informe mensual, la ONG informó que el mes de junio cerró con 59 violaciones al derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, la mayoría periodistas con 18 y 8 medios de comunicación.

El principal victimario han sido los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.

Esto hace que la cifra de los primeros seis meses del año se eleve a 700 y que 78 de estos casos, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle.

Espacio Público informó que los funcionarios e instituciones del Estado, usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, “principalmente de carácter público, afectando directamente a periodistas y a todos los  ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real”.

Casos destacados

La ONG destaca casos como el de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales del estado Zulia para VPI y TVVenezuela, por haber sido intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, reportando sobre la escasez de gasolina en Maracaibo.

Igualmente resaltan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga al portal La Patilla de pagar 30 millones de bolívares al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, por “daño moral e injuria”.

“La sentencia contra La Patilla es una medida arbitraria en represalia por la difusión de información de interés público en Venezuela”, agregó Espacio Público, que además rechaza la sentencia “porque vulnera los derechos contemplados en la Carta Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución”.

En otros casos también destacan el aumento de los índices de inseguridad en el país y como delincuentes han afectado medios como la sede de Radio Fe y Alegria y Alegría 103.9 FM en Anaco, estado Anzoátegui.

Durante la madrugada del sábado 8 de junio, rompieron uno de los candados, destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tablet y cámara fotográfica.

Un caso similar también se dio en Mérida, cuando el lunes 4 de junio, el personal obrero de ULA Tv y ULA FM 107.7, denunciaron el robo de la estación y los ladrones se llevaron los cables de corriente, video y sonido, además de dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde se encuentra el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.

SNTP exige el ingreso de la prensa al Parlamento

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, exigió a los funcionarios de la Guardia Nacional (GN) que permitan el ingreso de los periodistas a la Asamblea Nacional (AN).

Ruiz informó a los periodistas que están a las afueras del Palacio Federal Legislativo que entregaron una comunicación en la que solicitan el ingreso de la prensa a las sesiones del Parlamento “porque es un derecho ya que estas son de carácter público”.

Igualmente indicó que a las 1 de la tarde de este martes, 28 de mayo, sostendrán una reunión con el Mayor Malaguera Hernández, encargado de la seguridad de la AN, para hablar sobre el impedimento que tienen los medios de cubrir los debates de los diputados.

En el encuentro también estará el director de Espacio Público, Carlos Correa, y la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, DelValle Canelon. “Lo ideal es que hoy luego de la reunión tengamos garantía de que para la próxima sesión los periodistas tengan acceso pleno a la cobertura”, expresó Ruiz.

Igualmente alertó que el no permitir que la prensa realice la cobertura dentro del Palacio “es atentar contra el derecho a estar informado del pueblo”.

“No es que hemos venido a reclamar un privilegio, hemos venido a reclamar y exigir que quienes nos están viendo en este momento tengan la posibilidad de saber qué está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional. Para ello los medios de comunicación son el vehículo”.

Por su parte Carlos Correa dejó ver que están dando los pasos para que los periodistas ingresen al Parlamento. “Es el acceso de la sociedad venezolana para que pueda hacer escrutinio de lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional”.

Igualmente indicó que informarán de estos hechos ante las instancias internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Periodista Billy Six regresa a su país tras cuatro meses de detención

EL PERIODISTA ALEMÁN BILLY SIX partió a su país este domingo, 17 de marzo, luego de haber sido excarcelado hace dos días, según confirmaron la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

“Él estará más seguro y eso lo es todo, pero se vulnera el derecho a trabajar en Venezuela”, dijo el SNTP en un mensaje en Twitter al comunicar que había abordado un vuelo rumbo a Alemania.

Six salió de prisión el pasado 15 de marzo y tenía más de 100 días en los calabozos del Helicoide. Los tribunales le impusieron presentación cada 15 días y prohibición de declarar sobre su caso.

El reportero, que llevaba varios meses en Venezuela cuando fue detenido, fue sometido a dos procesos judiciales y tratos crueles. Sus custodios lo mantuvieron en aislamiento y le negaron recibir la luz solar durante semanas.

El periodista fue víctima de una detención arbitraria, afirma la web de Espacio Público. “Además de ser imputado por un tribunal militar violándole las garantías de libertad personal y el debido proceso, fue obligado a ser asistido por la defensa pública” y se le limitó el derecho a acceder a una defensa privada.

El pasado 13 de diciembre, Six se declaró en huelga de hambre para exigir que le permitieran comunicarse con su familia, la embajada de Alemania en Caracas y un abogado privado. El mismo día pudo hablar directamente con la sede diplomática, pero mantuvo su protesta hasta el 22 de diciembre, cuando notificó que suspendería la medida hasta enero en espera de una solución acordada entre Venezuela y Alemania para su liberación.

Desde entonces, tanto la misión de su país como Espacio Público denunciaron trabas constantes para acceder al reportero y constatar su integridad física.

Estados Unidos apunta a Venezuela en su informe de derechos humanos

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta en una crisis política sin precedentes.

El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que “durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos”.

EE.UU. ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de “ilegítimo” y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue “profundamente defectuoso”.

El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en 2018 “ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos”.

Además, indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Al mismo tiempo, señala que el gobierno en disputa utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

“Otros temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar”, dice el informe.

También sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la impunidad en estos casos.

La privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no gubernamentales.

El informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro. Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto de 2018.

“De esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía”, explica el informe. “No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017”, agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril hasta julio de 2017.

Según el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la represión gubernamental.

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que “no hubo informes de desapariciones” que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.

Tortura y tratos crueles

El texto expresa que “pese a que la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los detenidos”. También dice que “no hubo informes de ningún funcionario del gobierno acusado por la ley”.

Tampoco la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año”.

Pero, varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas generalizadas y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. También grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva.

“No se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían represalias”, dice el informe estadounidense.

También alude a informes de la prensa y las ONGs “sobre las palizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos” y dónde estarían involucrados varias agencias policiales y militares.

Entre los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.

“Las ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos”, dice el texto.

La directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional. Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.

Las cifras

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las 41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos en las cárceles de la estación de policía en 2017.

Mientras que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían correctamente y que a menudo contenían información incompleta.

Según la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000 presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y 415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.

Había dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia. La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en anexos o en bloques separados para mujeres.

“Una ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron. Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían instalaciones separadas”, puntualiza el informe.

Arrestos y el papel de la policía

El texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

“La corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza”, explica.

“La impunidad siguió siendo un grave problema en las fuerzas de seguridad”, afirmó el informe.

Espacio Público: En enero de 2019 se registraron 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

 

LOS CASOS DOCUMENTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.

La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.

La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.

En enero de 2019 se registraron 69 casos, que se tradujeron en 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría impedimentos de cobertura de calle, detenciones/retenciones arbitrarias y censura, a través de la prohibición o restricción en la difusión de información. De los 92 afectados(as), el 51% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento inusual para el primer mes del año, lo que indica un periodo de alto conflicto social y político. Los elevados niveles de represión en pocos días de manifestaciones, en relación a ciclos de protesta en años anteriores, multiplicaron las restricciones en la búsqueda y difusión de información.

Censura en Internet

Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.

Los sectores populares padecen las consecuencias de haber protestado en sus localidades: allanamientos, robos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Durante la noche las personas fueron testigos de gritos de rebeldía y hartazgo contra un gobierno intransigente, que ignora y criminaliza el clamor popular.  Hubo una arremetida desproporcionada de funcionarios civiles y militares contra zonas residenciales, que terminaron en daños a la propiedad privada, encarcelamiento o muerte.

La principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google los días de protestas contra Maduro. El 12 de enero bloquearon toda la enciclopedia Wikipedia ante una “guerra de edición” del perfil de Juan Guaidó, donde le colocaron el título de Presidente Encargado; y posteriormente tumbaron el Internet durante una declaración de Guaidó el 27 de enero.

El 21 de enero un grupo de efectivos de la GNB se rebeló contra Maduro tomando el comando ubicado en Cotiza, Caracas; en los videos que circularon por redes sociales se veía a uno de ellos pidiendo apoyo a la gente. Las personas que viven cerca del comando salieron a protestar apoyando a los militares, a pesar de ser una zona de bajos recursos sometida a la dependencia de los bonos de los programas sociales del Estado, como la caja de alimentos comprada a una mínima porción de su valor y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta que iniciaron las denuncias de bloqueos. La organización NetBlocks registró ese día restricciones de acceso a Twitter e Instagram principalmente aplicadas por Cantv, pero no excluyentes a otras operadoras. Las causas técnicas concuerdan con los controles aplicados para filtrar el contenido de Internet, mientras la ciudadanía buscaba información sobre la protesta y la posterior represión en Cotiza.

Días antes y sucesivos se registraron más bloqueos de redes, principales plataformas de transmisión de medios digitales, los únicos que difunden en vivo los hechos noticiosos, ante el silencio impuesto por la censura y autocensura en los medios tradicionales. En las últimas dos semanas de enero se registraron al menos tres bloqueos masivos (de dos o más redes), con sucesivas interrupciones, alternadas, que derivan accesos ralentizados.

El Estado vs. periodistas

El impedimento de cobertura o represalias contra reporteros por intentar buscar y difundir información se tradujo en 18 detenciones de periodistas locales y corresponsales internacionales. Las detenciones y las pretendidas requisas duraron 15 horas, algunos periodistas fueron esposados a sillas, sometidos a interrogatorios y revisión de equipos. Detenciones que en algunos casos constituyeron inicialmente desapariciones forzadas, al desconocerse los paraderos por varias horas. La falta de acreditaciones no fue una excusa pues los corresponsales de la agencia EFE ingresaron al país en condición de periodistas, y aun así fueron privados de libertad.

12 periodistas, locales y extranjeros fueron detenidos entre el 25 y 31 de enero; para un total de 20 reporteros y trabajadores de la prensa detenidos durante el mes de enero. Un docena de detenciones que representa el doble de personas privadas de libertad en un mes, en promedio, durante el 2017, el año con mayor cantidad de casos documentados desde 2002.

La escalada en la violencia contra periodistas se inició con la detención de Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, y Osmary Hernández de CNN, en las adyacencias de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), cuando reportaban la captura del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el domingo 13 de enero.

A medida que transcurrió el mes, el asedio a la prensa continuó, impidiendo que se reportara lo que estaba ocurriendo. El 26 de enero, el periodista chileno, José Antonio Mene fue amenazado por efectivos militares que resguardan los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando éste recogía testimonios de simpatizantes del gobierno que se encontraban en la vigila convocada por Nicolás Maduro. Mene denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios de la Fanb, lo amenazaron con retenerle el pasaporte a pesar de que no había comenzado a grabar.

El punto más álgido se vivió entre el 30 y 31 de enero, cuando un total de 12 trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras realizaban trabajo periodístico en distintos sucesos.  Rodrigo Lópes, enviado especial del Grupo RBS de Brasil, Maiker Yriarte (TV Venezuela) y Ana Rodríguez (VPI Tv), los chilenos, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la Televisión Nacional de Chile (TVN), el fotográfo, Leonardo Muñoz, el motorizado, José Salas,  la periodista colombiana, Mauren Barriga, el español Gonzalo Domínguez, todos empleados de la agencia internacional EFE y los franceses; Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto al venezolano Rolando Rodríguez, fueron víctimas de tratos crueles inhumanos mientras permanecieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado.

Cobertura limitada

Encender la radio o la televisión para informarte mientras preparas el desayuno, arreglas la casa, vas o vienes del trabajo son rutinas que han perdido sentido en la cotidianidad venezolana pues la información no circula por los canales de más fácil y extendido acceso. Las emisoras de radio y los canales de televisión nacional abierta están sometidos a una coerción institucional sistemática; medidas administrativas formales o informales que afectan el normal y libre desempeño de los medios de comunicación.

Estas acciones derivan en el cierre de espacios, la supresión de contenidos políticos, las variaciones de las líneas editoriales tras los exhortos, llamados o incluso sanciones de Conatel, que genera inhibición por temor en aquellos que aún se mantienen al aire. Por ejemplo, las noticias y análisis sobre la concentración que convocó el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 23 enero no pudieron escucharse en la radio, ni verse en la televisión.

La televisión abierta conserva una programación noticiosa, sin embargo perdió la prontitud e inmediatez que caracterizó a la cobertura de noticias. No se realizan  transmisiones en vivo, lo que resta una de las cualidades de mayor relevancia para el interés de las audiencias, esto se suma a las serias limitaciones en la variedad y novedad de otros tipos de contenidos (educativos, culturales o entretenimiento en general).

La fuente política es una de las más afectadas. Se priorizan los discursos y posturas oficiales o de altos funcionarios, respecto a otros sectores, específicamente frente a figuras de oposición, aun cuando estos lleven a cabo movilizaciones masivas o pronunciamientos de valor noticioso. En la mayoría de los casos, las movilizaciones opositoras no cuentan con coberturas inmediatas o continuas, que permitan seguir el curso de los acontecimientos.

La censura no sólo obstaculiza el derecho a estar informado, sino que le impide al ciudadano tomar otras decisiones, como por ejemplo si va o no a salir de su casa, la ruta que tomará al buscar a su hijo al colegio, entre otras. Pero no sólo la esfera particular se ve afectada, los medios de comunicación también fueron víctimas de la hegemonía comunicacional que desde 2008 es intención y práctica de quienes ejercen el poder.

Una semana antes de la primera jornada de protestas masivas que convocó el actual líder del hemiciclo, Juan Guaidó, afirmó que Conatel había prohibido mencionar su nombre en los medios de comunicación, razón por la cual perdió varias entrevistas; lo que ocurrió siete días después confirma la presión por invisibilizar la ruta propuesta por la AN ante la crisis política que vive el país.

El 31 de enero, Espacio Público realizó un monitoreo de cobertura en medios tradicionales, radio FM y televisión nacional abierta con noticieros regulares, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 pm, durante el desarrollo de una manifestación opositora convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tradicionalmente, los noticieros se transmiten en tres cortes diarios, entre ellos la emisión meridiana que puede variar entre las 11:00 am y la 1 de la tarde. De 378 consultas cada 15 minutos en 42 emisoras del circuito FM, solo en dos oportunidades se estaba haciendo cobertura de la movilización opositora. A nivel de televisión, de los cinco canales monitoreados y 45 consultas realizadas, en una se hizo referencia al evento de oposición.

Existe cobertura de fuentes alternas al oficialismo pero no son reseñadas al momento o durante su desarrollo. Aun así, el tiempo para las transmisiones, horas después de los hechos, es corto en comparación con las fuentes oficiales que, además de la cobertura directa del medio, cuentan con la retransmisión del canal del Estado. Esto deriva en una especie de “autocadena”, en la que medios de señal abierta se unen a la señal del canal estatal, incluso por períodos prolongados en términos del tiempo promedio de notas periodísticas audiovisuales.

En el estado Zulia, al occidente del país, funcionarios de la DGCIM y el SEBIN rompieron todo lo que pudieron a su paso el 23 de enero mientras “retiraban” los transmisores de Global TV y Aventura TV. Desde los medios se transmitió la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado; así como las incidencias de las manifestaciones de oposición que se dieron el 23 de enero. Los funcionarios también destruyeron las conexiones a internet y se robaron varios equipos, lo que dejó fuera del aire al canal Aventura TV, que funcionaba en la misma oficina.

Nueve medios o programas salieron del aire en un mes, lo que supera el total de cierre de medios en 2014 (6), así como los cierres mensuales en promedio, durante el 2017 cuando desaparecieron 61 medios de comunicación. Estas cifras incluyen la salida del aire del espacio radial que César Miguel Rondón dedicaría a revisar lo acontecido el 23 de enero, irregularidad que llevó al comunicador a retirarse del programa cinco días después por “censura pura”.

En un ecosistema de medios con estas severas restricciones toda reducción tiene una mayor relevancia ante las escasas posibilidades para acceder a la información. A pesar de ello la sociedad genera mecanismos alternos de comunicación para desplegar el ejercicio de otros derechos como el de asociación o el de manifestación, lo que se hace evidente en la gran capacidad de movilización que se observa en las recientes marchas y concentraciones en contra de Maduro.

Periodista alemán Billy Six inicia huelga de hambre para exigir su liberación

 

 

 

EL PERIODISTA DE ORIGEN ALEMÁN BILLY SIX, inició el lunes 04 de febrero una huelga de hambre para exigir su liberación luego de permanecer 80 días retenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La información fue difundida por la ONG Espacio Público a través de un comunicado.

Billy Six fue privado de libertad el pasado 17 de noviembre del año 2018 en la península de Paraguaná. Fue imputado por rebelión y espionaje ante un Tribunal Militar por fotografiar “muy cerca” a Nicolás Maduro.

En diciembre del 2018 el periodista por primera vez inició una huelga de hambre para exigirle al Gobierno de Nicolás Maduro que le permitiera establecer comunicación con sus familiares, la embajada de Alemania en el país y con un abogado.

Aunque el Estado accedió a sus exigencias el mismo día, Six mantuvo su protesta hasta el 22 de diciembre. Sin embargo, advirtió que en enero asumiría la mima posición en espera de una “solución diplomática”.

“Estamos agotando verdaderamente todas las opciones diplomáticas para lograr acceso consular, para posibilitar una visita a Six”, dijo a medios de comunicación un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Del mismo modo, sostuvo que la nación sólo ha podido comunicarse una vez con su connacional, a través de una llamada telefónica.