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Analizarán ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

LA ASOCIACIÓN CIVIL PAZ ACTIVA y el Observatorio de Delito Organizado, llevarán a cabo este viernes 17 de marzo una mesa técnica  para analizar desde diferentes perspectivas a Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.

Las Organizaciones No Gubernamentales llevarán a cabo la iniciativa conjuntamente con la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

La actividad está dirigida a integrantes de las Comisión de Política Interior y en especial a la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada que preside José Luis Pirela. Igualmente, asistirá el personal que asiste a los diputados que conforman dichas Comisiones que son las responsables de profundizar y legislar sobre este importante tema.

 

Atraem: Gobierno busca llevar a las panaderías a la quiebra

ALÍ POVEDA, DIRECTOR ENCARGADO de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), calificó como triste la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de intervenir las panaderías.

“Un ejemplo claro es que todas las empresas tomadas por el Estado entran en perdidas, perjudicando el empleo de miles de personas y llevando a la quiebra a estos pequeños comercios. Estas políticas económicas solo ocasionan un aumento del círculo infernal de pobreza, el pan desaparecerá de los estantes y se cerrarían las oportunidades de trabajo”, afirmó.

Dijo que la consecuencias de esta iniciativa será que el pueblo tenga menos pan.

Las declaraciones las emitió en el marco del ciclo de la “Consulta Nacional del País que Queremos Todos” organizada por la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es convocar a los venezolanos y a las organizaciones de la sociedad civil a discutir propuestas para la construcción del país del futuro

Aseveró además que el sector de la economía informal alcanza más de 7 millones de personas en Venezuela. “Allí se origina una gran capacidad productiva que con los instrumentos legislativos necesarios pueden hacer crecer su negocio e incluso coordinar con el gran empresario acciones en pro del desarrollo”, dijo.

“Incluso los trabajadores formales, sea del sector público o privado, dando su precario ingreso se ven obligado a salir a la calle desarrollando cualquier otra actividad para llevar el dinero necesario para sobrevivir, Esto abarca un mundo enorme desde la persona que vende productos en una acera, el taxista o quien monta en su casa un pequeño negocio”.

 

Activistas organizan movilización en repudio a la violencia este sábado

UN GRUPO DE ARTISTAS, DISEÑADORES, académicos, periodistas, deportistas, activistas y estudiantes se congregarán este fin de semana en Caracas para exigir el control de armas y municiones; además de proponer políticas públicas, a todos los niveles de gobierno.

Los grupos #AcciónPorLaVida #ReacciónContraLaViolencia convocan para este sábado 18 de marzo a las once de la mañana en la Plaza Palo Verde, al lado de la salida del Metro, a un acto donde activistas y público en general expresarán su deseo del cese de la violencia y demandarán al Estado responsabilidades institucionales.

Bajo las consignas: “Defendemos el derecho a la vida” y “Exigimos el control de armas y municiones”, Madres de jóvenes víctimas de la violencia y dos artistas venezolanas presentarán sus creaciones en repudio a la violación al derecho a la vida. Al cierre del encuentro, se dará lectura a un Manifiesto.

 

En la AN sigue este jueves la

ATENDIENDO LA INVITACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA de la Asamblea Nacional en el marco de la “Consulta del País que queremos todos”,  este jueves 16 de marzo a partir de las dos de la tarde se estará presentando el anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional, durante la charla denominada “Reconciliación y Acceso a la Justicia”.

Las ponencias, que se llevarán a cabo en el Salón Protocolar de la AN, estarán a cargo del abogado Fernando Fernández, Werner Corrales y Fermín Mármol, mientras que el director de Paz Activa, Luis Cedeño, estará como invitado.

El anteproyecto de CODEPI nació antes de 1998 con la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual debe ser implementado en nuestro país, como una fórmula que garantice los derechos humanos, la paz social, la reconciliación, la justicia y la creación de la memoria jurídica.

Los tipos penales que tipifica el anteproyecto de CODEPI al adoptar la jurisdicción universal son los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Asimismo, los delitos contra la justicia penal internacional.

Transparencia Venezuela presentó su memoria y cuenta

mercedes

 

En la presentación de su memoria y cuenta, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, manifestó que el trabajo de la ONG fue arduo y complicado en vista del incremento de la opacidad, el cerco y el acoso del gobierno a las actividades de seguimiento a la gestión pública.

“El año pasado se desdibujaron los deberes y derechos al acceso a la información, rendición de cuentas, denuncia y sanciones a la corrupción, en medio de una coyuntura de destrucción institucional e ingobernabilidad sin precedentes en el país”, aseguró.

De Freitas indicó que pese a  los obstáculos seguirán luchando contra la corrupción y la impunidad, el abuso de poder, la violación de las leyes y las prácticas corruptas que privilegian intereses de unos pocos en perjuicio de muchos.

 

Por su parte, la coordinación del Observatorio de Misiones, documentó y evidenció las irregularidades e ineficiencia en la atención de los problemas de salud y de seguridad alimentaria y ciudadana.

La coordinación de Finanzas Públicas publicó 10 presupuestos ciudadanos en 9 municipios del país para promover el diálogo en asuntos decisivos para la vida local, se publicaron informes especiales sobre las finanzas públicas, lucha contra la corrupción y promoción de políticas transparentes.

El área de Estrategia Jurídica presentó demandas contra diferentes órganos del Estado, solicitando acceso a la información pública, con un total de 53 actuaciones en los tribunales de la República.

La coordinación Observador Parlamentario levantó los perfiles de todos los diputados y brindó asesoría activa a los miembros de las comisiones clave de la lucha anticorrupción: contraloría, finanzas y comunicación.  También promovió la discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, capacitó funcionarios de la Asamblea Nacional y realizó propuestas en las consultas públicas de varios proyectos de ley. Además, participó en la elaboración del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 y aportó sugerencias. De la misma manera, impulsó el informe preliminar de la Comisión de Administración y Servicios sobre obras inconclusas y en ejecución a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, instando a la Fiscalía General de la República a iniciar las investigaciones de estas irregularidades.

 

 

Por otra parte, la coordinación de Gestión Pública midió el impacto del uso de los Sistemas Transparentes en siete alcaldías del país. Los resultados valoraron la transparencia de la gestión en 14 municipios y la participación ciudadana y logró la aprobación de tres ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los municipios Barinas (Barinas), Libertador (Mérida) y Guásimos (Táchira).

A propósito de la crisis de energía eléctrica, en alianza con Provea para mostró la corrupción en el organismo y divulgó la campaña “No es el niño, es la corrupción”.

Finalmente el departamento de Comunicaciones Estratégicas informó sobre la Ley de Transparencia, visibilizó el perfil de 14 magistrados y sus actuaciones a través de la sección “El magistrado de la semana”. Además denunció el nepotismo en Contraloría General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial y Presidencia de la República.

Con información de Transparencia Venezuela

OVP: Gobierno Venezolano es responsable de las desapariciones forzadas en la PGV

PGV-Guarico

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, y con respecto al hallazgo de 14 restos humanos en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), denunció este miércoles través de un comunicado que desde hace 8 años (2009) los familiares de Francisco Guerrero Larez denuncian su desaparición forzada de dicha penal, donde se encontraba recluido, sin que hasta la presente fecha se les haya dado a la familia una adecuada respuesta.

 

En el comunicado, el OVP resalta una serie de hechos que dejan al descubierto los intentos por parte de los familiares y diversas instancias nacionales e internacionales de investigar la desaparición de Guerrero Larez, que el Gobierno Nacional no acató. Por esto, exhorta al Ministerio Público a investigar la responsabilidad que tuvieron los funcionarios venezolanos tanto por acción o por omisión, así como exhortó al Estado a investigar las reiteradas denuncias de abusos en cárceles, indemnizar a los familiares de los desaparecidos. El Observatorio pide también al Defensor del Pueblo adoptar una posición firme frente a la crisis penitenciaria y a la ministra Iris Varela explicar al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes.

A continuación todas las declaraciones del comunicado del OVP:

1.- A través de una Resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 17 de noviembre de 2009, emitió medidas provisionales a favor del Sr. Guerrero Larez y le requirió al Estado venezolano “que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.

2.- El Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control. San Juan de los Morros, el 04 de diciembre de 2009 estableció:

Audiencia Oral Constitucional: en aras de darle eficacia a la acción de Habeas Corpus, ordena al Ministerio Público que se dirija la Investigación Inmediata a objeto de dilucidar el paradero del ciudadano Francisco Dionel Guerrero Larez, debiendo realizar dentro de sus diligencias, entrevista a testigos e inspección dentro de las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela para determinar la veracidad de la denuncia expresada en este acto constitucional.

3.- Cuatro años después la Corte Interamericana de DDHH emitió otra Resolución de fecha 19 de agosto de 2013, en la que resuelve “deplorar que el Estado no haya dado cumplimiento a las presentes medidas provisionales que se adoptaron para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.

4.- Ante la falta de voluntad del Estado venezolano de cumplir el mandato de la Corte e investigar la desaparición del señor Francisco Guerrero acompañamos a los familiares para que elevaran el caso ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. En mayo de 2015, el Comité emite su pronunciamiento siendo la primera decisión que adopta sobre la desaparición de presos en cárceles venezolanas.

5.- El Comité Contra la Tortura instó al Estado: (a) que inicie una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del Sr. Guerrero Larez en la PGV; (b) que procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas y (c) conceda una indemnización y rehabilitación de conformidad con la Convención al Sr. Guerrero Larez, en caso de estar vivo, y a los familiares. El Comité instó al Estado venezolano a que le informara, en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de la decisión, sobre las medidas que haya adoptado de conformidad con las anteriores constataciones.

6.- Tal como lo hizo ante las Medidas Provisionales de la Corte, el gobierno venezolano adoptó una absoluta indiferencia ante la decisión del Comité Contra la Tortura. Si en lugar de asumir esa conducta hubiera acatado, las dos decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, muchas vidas se hubiesen salvado, pero prefirió no hacer absolutamente nada.

7.- El OVP viene diciendo desde hace casi 8 años, en diferentes instancias, que se debe buscar al Sr. Guerrero Larez, sin tener hasta el momento una oportuna y adecuada respuesta de parte del Estado. Con los resultados del hallazgo de una fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia. Pero es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación de los denunciantes y negando que tal situación se presentase.

8.- El Ministerio Público debe investigar la responsabilidad, que por acción o por omisión pudieran tener funcionarios de distinto rango del sector carcelario, de la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato y desaparición forzada de reclusos, así como también la que pudiesen tener algunos presos.

9.- El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios. No olvidemos las reiteradas denuncias de graves abusos contra los internos en esa cárcel y en otras del país por parte de funcionarios Penitenciarios. Durante años organizaciones de derechos humanos, familiares e internos vienen denunciando malos tratos, torturas y hasta ejecuciones.

10.- El Estado Venezolano tal como lo estableció el Comité Contra la tortura en el caso del Sr. Guerrero Larez debe indemnizar a los familiares de las víctimas. Garantizar que los familiares puedan dar una sepultura digna a las personas lamentablemente asesinadas

11.- Exhortamos al Defensor del Pueblo a adoptar una posición firme frente a la grave crisis penitenciaria. Hoy el país está conmovido por la fosa común encontrada en la PGV pero no debemos olvidar que semanalmente hay asesinatos de privados de libertad en cárceles así como retenes policiales sin que el Estado demuestre voluntad de enfrentar estructuralmente esta problemática

12.- Exigimos a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios María Iris Varela explique al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes.

13.- Finalmente, reiteramos una vez más que para avanzar en la lucha contra la violencia y las graves violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se requiere cumplir con el mandato constitucional que ordena la descentralización de las cárceles, que sean administradas, por los gobiernos regionales y manejadas por penitenciaritas con credenciales académicas universitarias y se requiere sumar todos los esfuerzos de quienes desde distintas posiciones y actividades pueden aportar para transformar de manera positiva el Sistema Penitenciario Venezolano.

 

*Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones

Estado venezolano estará ante los ojos del mundo en sesión final del EPU

EPU-ONU

El próximo 16 de marzo, entre las 4:00 am y 7:00 am hora Caracas, el Estado venezolano deberá demostrar ante los ojos del mundo su postura frente a la adopción de las 274 recomendaciones recibidas durante la sesión de evaluación celebrada en noviembre del 2016.

En el primer examen de Venezuela realizado en el 2011 participaron 47 países, los cuales hicieron 148 recomendaciones al Estado venezolano para mejorar la situación de los derechos humanos. En este segundo examen de 2016, una mayor preocupación de la comunidad internacional se vio expresada al aumentar a 102 los países que participaron y a 274 la cantidad de recomendaciones hechas.

Al comparar ambos exámenes, no solamente en el EPU 2016 hubo mayor abundancia de recomendaciones y participación de países que en el EPU 2011, sino que varias se repitieron dando muestra de que el Estado no avanzó como se hubiera esperado del cumplimiento de sus responsabilidades con los derechos humanos de los venezolanos. En ellas siguieron las preocupaciones por el respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial.

Además, el peso que tuvieron recomendaciones expresadas en términos positivos y manifestaciones de apoyo a políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano en el EPU 2011, fue revertido por un número significativo de recomendaciones en el EPU 2016 dirigidas a la urgente adopción de medidas para corregir una crisis profunda y generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a las áreas de salud y alimentación.

Es así como las recomendaciones del segundo ciclo del EPU revelan un notable desmejoramiento del cuadro de derechos humanos en Venezuela como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015.

El 16 de marzo significa una oportunidad para que el Estado venezolano demuestre su real disposición a cumplir las obligaciones que tiene en derechos humanos con la población venezolana, aceptando el compromiso de implementar las recomendaciones que los países han hecho en este examen con el propósito de cooperar a mejorar la situación del país.