En su portada de hoy, el diario El Excelsior de México publicó una nota sobre la visita del alcalde del Municipio Libertador, de Caracas, en dicho país.
“Jorge Rodríguez Gómez, alcalde del municipio Libertador, está de paseo con su familia en la Ciudad de México, incluso unos de sus hijos está estudiando aquí” escribe el periodista Héctor Figueroa.
El periodista hizo referencia a las críticas del alcalde chavista cuando calificó a México como el lugar más violento del mundo y alertó sobre el peligro que representa visitarlo. «País más violento y desprestigiado que México no existe. Yo quisiera que el señor Peña Nieto convocara una constituyente a ver cuántos votos saca”, dijo Rodríguez durante una rueda de prensa el pasado 30 de julio.
El pasado fin de semana un joven reconoció a Jorge Rodríguez cuando se encontraba caminando por una calle de México con su familia, e inmediatamente fue increpado.
«Viniste a gastar los dólares manchados de sangre, te vas a ir corriendo» , dijo el hombre.
Rodríguez se percató de que era grabado y trató de quitarle el móvil al joven. Sin embargo, éste siguió grabando. El alcalde se encontraba junto a sus dos hijos. Uno de ellos quiso enfrentar al venezolano pero el alcalde no lo permitió.
El escrache a Jorge Rodríguez en México, donde no puede llamar a unos esbirros y mandar a meter en una mazmorra a quienes lo señalen. pic.twitter.com/KPbD6WLniI
*** Estamos en contra de la intolerancia, sobretodo cuando hay menores de edad. En Runrun.es no habíamos montado los videos por esa razón, pero viendo la respuesta oficial de el Diario Excelsior nos pareció pertinente colgar los tweets que hacen referencia al evento.
El presidente Nicolás Maduro giró instrucciones sobre la agresión a la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, quien fue escrachada por un grupo de personas, mientras hacía compras en el supermercado Mi Negocio en Alta Florida, que le gritaron improperios y exigieron que se marchara del lugar.
“He dado instrucciones precisas para la búsqueda y captura de las personas que estuvieron involucradas cometiendo delitos de odio, agresión, acoso y sean procesadas, ¡sean quien sea!”, aseveró Maduro. Agregó que la gente, por “su locura de odio”, debe ser “capturada, enjuiciada y castigada de manera inmediata”.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en referencia al ataque, señaló que “los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad y debe aplicarse justicia.”
Agregó que la misma se aplicará a través de una “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y el fascismo” que surgió de las conversaciones entre el Ejecutivo y los constituyentes en días recientes.
Lo que menos necesita la gente en este momento es, en mi humilde opinión, otro escrito en el cual el autor pontifique con fastidioso supremacismo moral sobre la pertinencia o no del “escrache”, el acto de repudio público y espontáneo a miembros de la elite chavista en el extranjero. El debate al respecto ha sido largo y, francamente, estéril. Descuide, que no es nada de eso lo que tiene en frente.
El creciente número de incidentes ha dado mucho de qué hablar. Algunos opositores los han celebrado al punto de relamerse. Otros los han cuestionado, bien sea por razones axiológicas o por nociones de lo que es práctico en el contexto de la lucha por la restauración de la República. Como se podrán imaginar, la reacción en el oficialismo ha sido mucho más homogénea. En solo dos palabras: victimización exagerada. Si lo que buscan es generar empatía o compasión, el efecto termina siendo el contrario. Incrementan el rechazo.
Para empezar, porque hasta ahora los casos de escrache no han incluido violencia física, ni coerción, a diferencia de lo que el Gobierno pretende dar a entender con su ejército de medios de propaganda financiados con el dinero de todos los venezolanos. Una y otra vez estos mensajes han sido desmentidos. Así, Mario Isea, el embajador en España que hace dos años criticaba la colecta de medicamentos por la comunidad venezolana en ese país para enviarla aquí por considerar que en la patria hay suficientes para todos, denunció que fue “secuestrado”, cuando en realidad el edificio en el que se encontraba tenía en frente a un grupo de sus connacionales que protestaban en paz. El Gobierno español rápidamente aclaró que Isea contó en todo momento con resguardo y que pudo haber dejado las instalaciones cuando lo deseara. La canciller Delcy Rodríguez dijo que dos venezolanos fueron detenidos por agredir a un viceministro en Australia. Y al día siguiente, esas mismas personas graban un video en libertad, con lectura de periódico del día como prueba.
En segundo lugar, la reacción del poder resulta indignante, porque se produce con el trasfondo de una represión, por usar la expresión del protagonista de La naranja mecánica, ultraviolenta. Represión que una y otra vez cobra la vida de venezolanos, sobre todo jóvenes, y no porque yo o algún dirigente opositor así lo digamos, sino porque lo certifica un sorprendentemente autónomo Ministerio Público, que aumenta en consecuencia el número de imputaciones a funcionarios de cuerpos de orden público controlados por el chavismo. Ello hace trizas la retórica gubernamental, según la cual toda la violencia, todos los homicidios, son imputables al liderazgo disidente. Pero, volviendo a nuestro asunto, las protestas con las que tienen que vérselas los oficialistas en el extranjero resultan insignificantes al lado del horror desatado por el poder del que estos son parte.
Finalmente, la respuesta del PSUV a los escraches causa molestia por el uso de símiles para igualar su situación con el Holocausto, una de las páginas más espantosas de la historia de la humanidad. Todo comenzó con Jorge Rodríguez, padre de la primera ofendida. El alcalde de Caracas aseguró en su programa de televisión que el hecho equivale al trato a los judíos en la Alemania nazi. Siguió un personaje menor del cosmos revolucionario, el músico Paul Gillman. Luego de ser vetado en un festival de rock en Colombia, el artista afirmó sentirse como un hebreo bajo la sombra de la esvástica. Aunque la exclusión de Gillman es condenable, él olvida que su conducta fue igual cuando instó a impedir que Zapato 3 toque en conciertos organizados desde el Estado por ser una banda “opositora”.
Este ascenso vergonzoso por una comparación infeliz llegó a la cúspide de la mano del Presidente. Maduro repitió sus típicas acusaciones de fascismo hacia quienes lo adversan, com el agravante de proclamar a los chavistas como “los judíos del siglo XXI”, perseguidos por opositores nazis. Instó a la comunidad judía venezolana y mundial a pronunciarse en su defensa.
El argumento chavista es una burla grosera al recuerdo de las millones de víctimas de aquella monstruosidad ejecutada por Hitler y sus secuaces. Estamos hablando de poner al mismo nivel en la balanza del mal el hecho de que en los últimos días a un puñado de individuos, en el peor de casos, le cayeron a gritos, con doce años de persecución, deshumanización (tema abordado en este espacio la semana pasada) y, finalmente, un genocidio de seis millones de personas.
Horas después de llegar al poder, en 1933 los nazis convocaron a un boicot de 24 horas contra todos los comercios propiedad de individuos de ascendencia hebrea. La táctica fue repetida varias veces.Dos años más tarde llegaron las Leyes de Nuremberg, que en la práctica quitaban a los judíos alemanes su condición de ciudadanos, con la resultante pérdida de todos sus derechos civiles. Eventualmente se les prohibió ser profesores en universidades y desempeñar cargos públicos. A los venezolanos semejante cosa les hace pensar en los despidos de trabajadores del Estado por firmar a favor de un referéndum revocatorio. También en furibundos líderes oficialistas gritando la prohibición de que opositores trabajen en el sector público.
Bandas de paramilitares sistemáticamente acosaban y usaban la violencia contra los descendientes de Isaac. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, estos grupos y civiles alemanes fanatizados realizaron un conjunto de acciones criminales contra la comunidad judía. Casas, negocios y sinagogas destruidos o saqueados. 91 asesinatos. Por los destrozo que dejaron, estos hechos pasaron a la historia con el nombre de Noche de los Cristales Rotos. Jorge Rodríguez la equiparó con las concentraciones nocturas de la oposición del miércoles de esta semana, antes de que ocurrieran, y que terminaron todas sin un solo incidente violento. La violencia paramilitar más bien recuerda a algo distinto en Venezuela, y que no tiene al oficialismo como víctima, sino al revés. Si no, ¿qué son los mal llamados “colectivos” armados?
Los nazis resucitaron el gueto, una abominable institución medieval que había sido borrada de la faz de Europa un siglo antes. Los hebreos fueron obligados a residir en determinadas zonas de las ciudades, aisladas de las demás. Aparte de vivir hacinados y con pésimos o nulos servicios públicos, los habitantes de estas áreas tenían restringido el acceso al exterior. Salir del gueto sin permiso podía acarrear un tiro letal de parte las autoridades. Muros inmensos fueron erigidos para asegurar el control, y las únicas aperturas eran permanentemente vigiladas. Por cierto que tal restricción al libre tránsito trae a la memoria mucho menos remota la imagen de una Caracas con sus accesos completamente bloqueados con cada día de protesta contra el Gobierno. Militares y policías revisan a quien pase por ahí, con la sospecha a priori de que cualquiera puede ser un manifestante, un “delincuente”.
Luego vino lo peor: la solución final, los campos de concentración y el exterminio. Pues bien, todo lo narrado es algo comparable a los escraches que el chavismo experimenta, según su lógica. Con mucho acierto, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela salió al paso de la impresentable solicitud de Maduro rechazando el símil e indicando que ello banaliza el Holocausto. Hannah Arendt, que como otros miles tuvo que huir de Europa para que no la mataran, hablaba de la banalidad del mal. Me pregunto qué habría pensado sobre los comentarios de Miraflores si estuviera viva.
No es la primera vez que el Gobierno se presenta como víctima con alusiones históricas irrespetuosas del recuerdo de quienes padecieron hechos horripilantes. La suspensión del Mercosur y otros reveses geopolíticos intentaron venderlos como un nuevo Plan Cóndor. No se debe permitir este abuso de las tragedias de la historia. Mucho menos por un régimen que está llenando de tragedias su propio país.
La historia de la justicia transicional deja clara varias premisas: los procesos son únicos para cada contexto; toma años reconstruir un país; no todos los culpables de violaciones de DD.HH. son llevados ante la justicia y no todas las víctimas reciben compensación; y un proceso mal conducido puede llevar a “transiciones regresivas”, es decir, una que en pocos años deje el país peor que como estaba
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley
EN EL FRAGOR DE LA LUCHA POLÍTICA que hoy libran los venezolanos, el humo de tanta lacrimógena impide ver qué hay más allá de la indignación que produce la represión. El horizonte venezolano actual se parece a la línea que antaño confundieron con un gran abismo.
Nadie sabe cómo y cuándo acabará esta fase política que el gobierno de Maduro se ha empeñado en equiparar con una guerra. La única certeza es que cuando culmine vendrá un proceso de reconstrucción de la vida democrática, del aparato productivo y de esa cosa misteriosa que llaman tejido social.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés), define el proceso como un “esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”.
Una aclaratoria le sigue a la definición: “Dado que con frecuencia las estrategias de justicia transicional se diseñan en contextos en los que la paz es frágil o los perpetradores conservan un poder real, se deben equilibrar cuidadosamente las exigencias de justicia y la realidad de lo que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.
La justicia transicional no es una receta mágica para reconstruir un país, al contrario, el ICTJ enfatiza que es imprencindible la voluntad política de las partes en conflicto para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos y lograr que las políticas se traduzcan en acciones.
Justicia transicional en cinco pasos
Las estrategias de justicia transicional deben entenderse como un componente de la construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el estado de Derecho, dice el ICTJ.
Si bien las experiencias y resultados varían en cada contexto, la revisión de los procesos vividos tras el fin del régimen Nazi, las transiciones en Europa del este, las de América Central y las del cono sur del continente, sumadas a las provenientes de naciones africanas, han permitido definir un conjunto de pasos que se suceden de manera más o menos fija en todos los casos.
Primer paso: Comisión de la verdad
“La búsqueda de la verdad tiene dos enemigos: el proceso natural de la amnesia y el proceso intencional del negacionismo para borrar las huellas. Ambos pueden conducir a repetir los errores del pasado. El caso peruano es muy importante porque esa comisión realizó un trabajo extraordinario de documentación y verificación con expertos. Una comisión de esta naturaleza debe partir de un gran consenso nacional, integrada por gente con total independencia de criterio que produzca informes objetivos”, explica el doctor Fernando Fernández, abogado especialista en Derecho Penal Internacional.
El ICTJ afirma que las comisiones ofrecen a las víctimas una voz en el discurso público y sus testimonios pueden contribuir a refutar mentiras oficiales y mitos relativos a las violaciones de los derechos humanos.
El organismo reseña que el testimonio de las víctimas en Sudáfrica permitió demostrar que la tortura era tolerada oficialmente y que se dio de manera extendida y sistemática. Las comisiones de Chile y Argentina refutaron la mentira según la cual los opositores al régimen militar habían huido de esos países o se habían escondido, y lograron establecer que los opositores habían sido desaparecidos y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de una política oficial.
El rol de los medios de comunicación en la construcción de la “memoria histórica” también es relevante, explica Fernández. “Documentar e investigar lo más exhaustivamente posible ayuda a construir esa memoria histórica. Si los hechos no se fijan de manera clara quedarán después a juicio de los opinadores. Sobre todo cuando hay atrocidades, siempre habrá gente de bando y bando disputando qué fue lo que realmente pasó. Esa documentación puede servir en juicios futuros y es lo que posibilita el famoso <<prohibido olvidar>>”.
Segundo paso: Enjuiciamientos
“Enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos es un componente crítico de cualquier esfuerzo por enfrentar un legado de abuso. Los enjuiciamientos pueden servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar confianza en ellas”, describe el ICTJ.
En contextos de extrema polarización política puede haber intentos de equiparar la justicia con la venganza. “Los juicios no deben verse como expresiones de un deseo social de retaliación”, argumenta la psicóloga social y jefe del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles.
“Hay que recordar que se trata de procesos complicados en el sentido de que puede haber cambios políticos que exigen que para que ocurran no haya justicia transicional, y también al revés, cambios políticos que solo se dan si hay un proceso de justicia que recomponga la unidad del país. El núcleo está en que cualquier proceso tiene que ser consensuado porque de otro modo la justicia no se percibe como tal sino como la justicia del vencedor. La justicia transicional no es la justicia del vencedor como tampoco es la de las víctimas”, argumenta Capriles.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Política Interior comparte esa visión: “Hay que distinguir entre la justicia y la venganza. El objetivo de un nuevo gobierno en ninguna manera puede ser la retaliación sino la recomposición del estado de Derecho y acabar con la impunidad. Hoy la comunidad internacional condena el gobierno de Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso”.
Tercer paso: Reparación o compensación de las víctimas
El ICTJ explica que en conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas entre las cuales se hallan la ayuda material (pagos compensatorios, pensiones, bolsas de estudios y becas), la asistencia psicológica (consejería para manejo del trauma) y medidas simbólicas (monumentos, memoriales y días de conmemoración nacional).
Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas? Esa definición es crucial y compleja, explica Fernández. “En Alemania, tras el fin del nazismo hubo 3 millones de denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Sabes lo que significa procesar 3 millones de casos? Al final solo cerca de 95.000 casos recibieron condena porque se pudieron probar. Una premisa de este tipo de procesos es que ni todo el mundo es tan criminal como a veces se piensa y no todos son tan inocentes como creen”.
Fernández suelta otra premisa que parece repetirse independientemente del contexto: “Las víctimas puede que perdonen, pero jamás olvidan”. Como ejemplo, el jurista apunta que pasaron más de 70 años para juzgar y condenar a varios miembros del partido Nazi.
Cita el caso Oskar Groening. “Este es un buen ejemplo porque se trata de un viejito de 94 años que fue condenado recientemente a 4 años de cárcel, 71 años después de los juicios de Nuremberg. Él había sido contador dentro del campo de Auschwitz. Llevaba un registro de cuántas prendas de vestir había en las maletas de los judíos, del dinero que llevaban, e incluso de los dientes de oro que les extraían. Él no mató a nadie ni dio órdenes de matar pero fue testigo de todo eso y las víctimas se acordaban del rol que jugó. En el juicio se defendió diciendo que él había sido una minúscula tuerca de un engranaje que era muy grande y que él no podía controlarlo; el juez le respondió que esa tuerca, junto a un millón de tuercas más, hizo posible todo un mecanismo. Esto da una idea de que los procesos de justicia transicional pueden durar toda la vida”, relata Fernández.
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En el contexto venezolano conviven casos de presos políticos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y discriminación laboral por razones políticas, entre otros. Fernández refiere que la jurisprudencia internacional ha sentado precedentes de compensación para muchas de esas categorías. Cita, por ejemplo, la “interrupción del proyecto de vida”, categoría empleada para calcular el lucro cesante de aquellos injustamente despedidos.
Con relación el tema económico, Capriles acota un aspecto clave para el manejo de las compensaciones: la capacidad financiera de los Estados. En Alemania y en Argentina las reparaciones económicas implicaron cuantiosas sumas de dinero. El contexto venezolano probablemente impondría recuperar la capacidad productiva antes de iniciar un eventual proceso de reparación monetaria de las víctimas.
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“Resulta imperioso cambiar, y en algunos casos abolir, aquellas instituciones responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos recién establecidos tienen una responsabilidad principal en esta tarea”, refiere el ICTJ.
“La restitución de la justicia ordinaria debe ser el primer objetivo de un proceso de justicia transicional; luego, deberá crear mecanismos para todos aquellos casos que no entren dentro de la justicia ordinaria. Precisamente el gran drama en el que estamos nosotros es que ha habido una violación masiva de la Constitución desde hace años”, argumenta Capriles.
Dar inicio a un proceso de justicia transicional funge a la vez como una señal política y moral. “El mensaje es que tiene que lograrse la restitución del estado de Derecho. Esto implica que los presuntos culpables deben pasar por un proceso justo. Hay que evitar el efecto de retaliación y la persecución de quien participó en el gobierno saliente. Por eso es una señal política importante. No se trata de castigar a todos. Los sospechosos de delitos deben ser juzgados con todas las garantías”, explica la psicóloga social.
Mecanismos como los que alude Capriles ya están siendo trabajados dentro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hay al menos tres proyectos en estudio y Fernández es proponente de uno de ellos. “La legislación venezolana actual tiene dos huecos. En primer lugar están las constantes reformas que ha hecho el chavismo al Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, carecemos de una ley para los crímenes de jurisdicción internacional, es decir, los tipificados en el Estatuto de Roma”, explica el jurista.
En 2016, Fernández presentó ante la Comisión de Política Interior de la AN un proyecto de código para subsanar este vacío legal. “Ese es, en mi opinión, la estructura más sólida y actualizada para abordar este tema”, argumenta. Señala que el Código de Derecho Penal Internacional (Codepi) incorpora los crímenes y delitos de lesa humanidad. “Si crímenes como la persecución política contra los empleados públicos se quisieran llevar a juicio, ahorita no hay una ley para hacerlo”, explica Fernández.
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La mora del estado venezolano con esa legislación es de larga data. “Aunque podría parecerlo, el avance jurídico no obedece a un tema coyuntural. Se trata de una deuda del Estado desde que Venezuela firmó el Estatuto de Roma. Cada país signatario debe adaptar o crear una legislación interna que la vincule con los tratados internacionales. Nosotros no tenemos esa legislación y parte de nuestra misión desde la Asamblea es saldar esas deudas legislativas”, afirma la diputada.
Solórzano aclara que “en el futuro, instrumentos como estos van a ser imprescindibles para garantizar que quienes vamos a estar en el ejercicio del poder sepamos que no podemos violar impunemente los derechos humanos. Por eso esta ley no obedece a una coyuntura sino que la hacemos con miras al futuro. Evidentemente, en un contexto como el actual cobra mayor interés por la necesidad de justicia frente a la grave crisis y las masivas violaciones de derechos humanos”.
Paso 5: Reconciliación
El ICTJ explica que “el concepto de reconciliación es importante y su historial es bastante controversial. En algunos contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación porque la relacionan con el perdón obligado, la impunidad y la amnesia (…); si se entiende la reconciliación de esta manera, entonces debe rechazarse con justa razón”.
La reconciliación dentro del marco de la justicia transicional debería tener como norte “la estabilidad de la nación para que esta pueda seguir su camino de manera democrática sin mayores traumas. Eso pasa por salir de la polarización extrema y que cada venezolano pueda seguir con su proyecto de vida. También que quienes se fueron sientan que puedan regresar pues Venezuela es otra vez un país donde vale la pena vivir”, argumenta Fernández.
La justicia transicional se mueve en varios planos paralelamente: jurídico, político, económico y social. “La palabra transición implica que las partes van a tener que conciliar y por lo tanto ninguna de las dos va a estar plenamente satisfecha. Eso de por sí ya es un reto y hay que encontrar un terreno común”, explica Capriles.
Experiencias como la de Sudáfrica tras décadas de Apartheid demuestran que restaurar eso que se ha llamado tejido social es un proceso lento y complejo. La psicóloga social sostiene que “ninguna sociedad ha manejado perfectamente un período de transición justamente por los retos que encarna restaurar la justicia, la confianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos. Los venezolanos no vamos a ser la excepción. Un aspecto importante es que cada país ha manejado estos procesos de cambio a su manera y con su propia lógica”.
Capriles agrega que “lo peor que puede hacerse es juzgar lo que va a pasar por lo que está pasando. En este momento estamos en la cresta de la ola de la crisis y por supuesto hay un discurso exacerbado pues estamos en plena lucha política. No podemos adelantarnos y saber cuál será el clima una vez que la crisis pase. Hay que confiar que cuando pase, eso de por sí ayudará a ver con más claridad el panorama”.
Una respuesta revela que sí hay luz al final del túnel de la polarización y la legítima indignación que sienten los venezolanos. La dio Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, en un foro que reunió a familiares de varios presos políticos venezolanos. Le preguntaron qué esperaba de la lucha que viene librando desde que su hermano está injustamente preso: “Que nunca más alguien pase por lo que mi hermano está pasando”.
Factor clave para el éxito: el rol de los dirigentes políticos
La presidenta de la Comisión de Política Interior afirma que “lo primero que debemos hacer desde la política es explicarle a los ciudadanos que sus derechos los tiene que hacer respetar. Que no son una concesión sino un asunto completamente ganado y que el Estado está en la obligación de garantizarlos. Las protestas de la gente en la calle demuestran, aunque sea de manera inconsciente, que los venezolanos entienden este principio”.
“Lo segundo es que quienes ejercemos la política debemos entender que garantizar los derechos humanos es parte intrínseca de nuestro rol, de lo contrario, lo que tendremos son dictadores en el poder que es lo que ocurre hoy en Venezuela”, dice Solórzano.
La diputada sostiene que el discurso de la dirigencia política va a ser fundamental en la conducción “emocional” de una transición. “Hablo por mí, frente a todos los atropellos el discurso no puede ser de odio, si eso ocurre nos habremos convertido en lo que denunciamos”.
El ICTJ enfatiza que “la justicia transicional mira tanto hacia el futuro como al pasado. Una de las razones por las cuales se enfrentan los abusos del pasado es para garantizar que no se repitan. El riesgo de caer en lo que se conoce como una “transición regresiva” es real y en Venezuela hay al menos dos precedentes.
“En los años 90 se llegó a pensar que no había nada peor que la democracia venezolana y se planteó una transición en la cual muchos creyeron. 18 años después queda en evidencia que se trató de una transición regresiva porque no hubo un plan de mejorar lo malo sino que se instaló un modelo peor del que existía”, argumenta Fernández.
Capriles trae a la memoria otro caso. “Nosotros sufrimos un proceso muy complicado de transición a la democracia. Apenas instalada comenzó la insurgencia guerrillera inspirada en la Revolución Cubana. Esa lucha armada no cesó de manera modélica sino que se hizo mediante decisiones políticas y funcionó en la medida en que permitió la incorporación de esos sectores a la vida política, pero no podemos dejar de ver que, mucho de lo que ha sido el chavismo deviene de ese proceso que en los años 60 no se cerró adecuadamente. Se hizo una especie de borrón y cuenta nueva. Es importante que un nuevo proceso de transición permita dar una discusión acerca de los factores políticos, sociales y económicos que nos trajeron hasta acá”.
Que los venezolanos navegan aguas turbulentas suena a obviedad. Quizás lo novedoso esté en conocer experiencias internacionales de justicia transicional que demuestran que el temido horizonte no es el precipicio que conduce al fin del mundo, sino un camino hacia un territorio nuevo cuya construcción dependerá de cada ciudadano.
Según el diccionario de la Real Academia Española el verbo escrachar significa romper, destruir o aplastar y se entiende por escrache la acción intimidatoria que realizan algunos ciudadanos contra personas del ámbito político, administrativo o militar, ante domicilios particulares o cualquier lugar público donde se les identifique.
Ultimamente, ante la partida de funcionarios chavistas y sus familiares al extranjero, venezolanos indignados por las condiciones precarias en las que se encuentra el país han increpado a más de uno y recordado el «mar de felicidad» que prometía el fallecido presidente galáctico y el océano de estiércol en el que lo ha convertido su sucesor, Nicolás Maduro.
La hija del alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, Lucía en Australia; el embajador de Venezuela en Suiza, César Méndez; el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, mientras ofrecía un discurso en el Líbano, el representante de Venezuela en España, Mario Isea; la ex ministra de comunicación Maripili Hernández en Barcelona, el ex ministro de la Banca Pública Eugenio Vásquez Orellana en Miami y hasta el cantante Florentino Primera también en Estados Unidos han sido víctimas de esta nueva práctica de bullying en el exterior.
«Si es mayor de 18 años que aguante, es lo suficientemente grande para saber de donde sacó dinero su papá para mantenerle», dijo la manifestante Gabriela Guevara en el pasado «Plantón Nacional» en el Distribuidor Altamira.
Muchos se preguntarán si el sueldo que devenga Jorge Rodríguez como burgomaestre del municipio Libertador le alcanza para la manutención de su hija en una universidad australiana y por qué aquellos que antes despotricaban del imperio y alababan el socialismo, ahora poseen propiedades y se pasean por Ocean Drive en la soleada Florida.
«Si bien esas acciones no son justificables, son perfectamente entendibles», explicó el psicólogo social y ahora coordinador del equipo político de la Mesa de la Unidad Democrática, Ángel Oropeza.
«Imagínate que estás en un exilio forzado, tal vez pasando trabajo, lejos de tus seres queridos y sabiendo que están sufriendo en Venezuela y te consigues a un ex funcionario o hijo de este comiendo en un restaurante lujoso, llevando una vida de rico, mientras en tu país la gente come de la basura, por supuesto que eso produce mucha indignación», dijo el doctor.
Para Oropeza, el increpar a uno de estos personajes es una forma de expresar legítima indignación y una normal frustración.
Sin embargo, el también profesor universitario asegura que esto es precisamente lo que desea extirpar la oposición.
«Se entiende la rabia, pero no podemos comportarnos de la misma forma en que criticamos a nuestros adversarios políticos, tenemos 18 años con la sombra del discurso de odio promovido por Hugo Chávez y ahora fortalecido por Maduro, una retórica que contaminó a gente de un bando y de otro y que promueve que el que piensa distinto a mi es mi enemigo y hay que destruirlo», acotó.
Por ello, convalidó la invitación que hizo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a no caer en esas tentaciones y dejar en paz a los familiares de afectos al chavismo que habitan fuera de nuestras fronteras.
«La violencia es lo más básico que tiene el ser humano, por eso es muy fácil caer en ese campo de las retaliaciones, el llamado de la MUD es a que cese la confrontación, es momento de unión, es la única forma de salir de este gobierno».
Oropeza confesó que ante la creciente diáspora, que tampoco escapa a quienes respaldan o apadrinaron en algún momento al régimen revolucionario, el escrache podría incrementarse y en ese sentido la única forma de detener toda la ola de insultos y vejaciones pasa por lo mismo. «Cambiar a Maduro».
«Es que todos los caminos nos conducen a eso, esto dejó de ser un problema de partidos políticos, de la MUD, la gente cambió y asimiló que la única manera de enderezar su vida, acceder nuevamente a alimentos, medicinas y tener una calidad de vida digna, es cambiando al gobierno, no hay otra», esbozó.
Sé que generará críticas, pero debo decirlo con claridad: no es correcto, moral ni políticamente, acosar hijos de funcionarios.
Si queremos lograr que salgan más hijos como los de Tarek y el comandante del fuerte Bolívar, la vía no es el acoso personal. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 13 de mayo de 2017
