La gestión de Maduro acusa a Rafael Ramírez de la situación y a la corrupción galopante
Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, se ha quedado sin gasolina y lo ha hecho justo en medio de la pandemia del COVID-19 y de una caída histórica del precio del petróleo. Este combustible se sumó así a la larga lista de productos y bienes por los que los ciudadanos deben hacer largas filas o tienen que pagar más, a especuladores o funcionarios corruptos. En un intento por evitar este tipo de “negocios” en medio de la crisis, la gestión de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público- intervenido por la cuestionada Constituyente- anunciaron acciones contra civiles y uniformados implicados en hechos irregulares en torno al combustible, mientras obvian explicar por qué las refinerías del país están paralizadas.
En las primeras cuatro semanas del confinamiento impuesto gracias al estado de alarma vigente desde el 16 de marzo de 2020, el TSJ y el despacho dirigido por Tarek William Saab han anunciado, a través de comunicados y mensajes en Twitter, la detención de 15 personas, en 4 estados del país, tanto por contrabando de gasolina como por sobornar a funcionarios o pedir sobornos a ciudadanos a cambio de llenar sus tanques.
De los arrestados, 5 son militares de la Guardia Nacional Bolivariana y uno tiene el rango de teniente coronel. Se trata de Franklin Chacín Reyes, quien de acuerdo a lo informado por el TSJ, en el mes de abril habría estado vendiendo gasolina en dólares en la estación de servicio de “El Palotal”, al occidente del país, por lo que el Juzgado Tercero en Funciones de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del estado Zulia ordenó su detención preventiva.
Pero el oficial antes mencionado, el de más alta graduación detenido hasta el momento por estos hechos, no es el único señalado, porque el Poder Judicial ordenó investigar a 4 más: coronel Torres Pacheco, sargento mayor de primera René Hernández Bohórquez, sargento mayor de segunda Wilmer Rangel Granado y el supervisor jefe Mervin Jiménez.
En el estado Portuguesa la Guardia Nacional Bolivariana anunció la detención de otro sargento de ese componente, que fue acusado de exigir 30 dólares a un ciudadano para permitirle llenar el tanque de su vehículo. A estos casos hay que sumarles las denuncias y videos que se pueden encontrar en las redes sociales, en los que se ven a uniformados en actitudes sospechosas, mientras garantizan el orden y la seguridad ante las abarrotadas estaciones de combustible.
Ante la ola de señalamientos contra la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante general de ese componente, general Fabio Zavarse, exigió sancionar a los militares que reciban o pidan dinero por proveer gasolina durante la actual crisis, al tiempo que ordenó hacer lo mismo con los ciudadanos que pretenda pagar coimas.
Las autoridades también han anunciado la incautación de cuatro pequeñas embarcaciones pesqueras en los estados Nueva Esparta y Anzoátegui, con varios cientos de litros de gasoil en sus tanques; y que serían presuntamente usadas para extraer combustibles ilegalmente. Sin embargo, en estos casos no se informó de aprehensiones.
El origen de todos los males
La respuesta de las autoridades a la escasez de combustible corrobora los señalamientos realizados por Transparencia Venezuela en un reporte publicado en marzo pasado, en el cual advirtió que el intervenido Ministerio Público no tiene en su foco a la gran corrupción, porque en los primeros meses del 2020 su actuación en contra de los delitos contra el patrimonio público se enfocó en casos pequeños. Pero como si lo anterior no fuera suficientemente grave, el accionar de las instituciones también parece estar dirigido a combatir las consecuencias que generan la escasez de combustible, en lugar de ir a la raíz del problema.
Hasta el momento las autoridades han sido incapaces de dar explicaciones razonables de por qué la producción petrolera nacional pasó de 3 millones de barriles diarios en 2013 a unos 660 mil en la actualidad según cifras de fuentes secundarias citadas por la OPEP, aunque el Gobierno ubicó la cifra oficial de producción en 718.000 barriles de petróleo por día ¿Por qué las refinerías del país se encuentran paralizadas? ¿Por qué están secas las estaciones de gasolina del país? ¿Por qué un país petrolero ha tenido que importar combustible?
El exministro de Petróleo de Hugo Chávez y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2002 y 2013, Rafael Ramírez, lo atribuye a la “violenta intervención” que sufrió la principal empresa pública desde 2014, justo cuando él ya no era el “zar del petróleo”. Asegura que esto se “agudizó” con su “militarización” en 2017 con la designación del general Manuel Quevedo, sin que para nada cuenten los años que él mismo estuvo al frente de la otrora principal industrial del país.
La gestión de Maduro, por su parte, acusa a Ramírez de la situación y a la corrupción galopante, justo cuando el ex funcionario comenzó a oponerse al “heredero” de Hugo Chávez.
“Ramírez es uno de los corruptos y capos que ha tenido este país y vive como un príncipe en Italia (…) él quebró a Pdvsa al montar un sistema de corrupción”, afirmó en marzo de 2019 el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab.
Los señalamientos actuales contra Ramírez no son nuevos. La oposición y expertos venían cuestionado su gestión desde tiempos de Chávez, pero lo curioso es que el oficialismo se sumó a las denuncias una vez que el exministro montó tienda aparte de la administración de Nicolás Maduro a principios de 2018. Tanto era el apoyo que tenía el ex hombre fuerte del petróleo que -meses antes de mostrar su disidencia- el TSJ, controlado por el Gobierno, impidió a la Asamblea Nacional procesarlo por su responsabilidad en los daños ocasionados a la nación, estimados en ese momento en más de 11 mil millones de dólares.
