escasez de medicinas

El Gobierno venezolano estableció hoy acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar el suministro de medicamentos y materiales médicos en medio de la situación de escasez que afecta a este sector y pese que niega que haya una «crisis humanitaria».

«Se estableció acuerdos con la OPS para potenciar la entrega de medicamentos y garantizar la dotación de insumos en la atención primaria de Salud @NicolasMaduro #PazParaAvanzar», dijo el ministro de Salud, Luis López en Twitter, donde también detalló que acordaron fortalecer «la vigilancia epidemiológica» en el país.

El acuerdo se estableció durante una reunión que el equipo del Ministerio de Salud sostuvo con la directora de la organización, Carissa F. Etienne, quien se encuentra en el país.

Según detalló el ministro, en dicho encuentro el Gobierno informó a la OPS sobre la misión «Barrio Adentro», por la que se «brinda asistencia médica gratuita» a la población.

Además, «se informó a la OPS que actualmente hay 24.478 centros de salud activos para garantizar el 100 % cobertura Barrio Adentro en Salud».

Según el ministro, la directora de la organización aseguró que el Gobierno «esta trabajando en el sentido correcto en materia de salud».

El pasado lunes, López indicó que Venezuela iba a solicitar ayuda a la OPS para gestionar la adquisición de medicinas para hacer frente al «bloqueo financiero internacional» que, afirma, ha ocasionado la escasez de fármacos y negó que existiera una «crisis humanitaria» como denuncia la oposición y diversas ONG.

El canal estatal VTV informó que la directora de la OPS también sostendrá encuentros con representantes de la sociedad civil.

Entretanto, la principal alianza opositora del país, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que solicitó reunirse con la directora de la OPS «con el objetivo de evidenciar la crisis del sector salud», que aseguran, es producto de las «erráticas acciones políticas» del Gobierno de Maduro.

En lo que va de año, al menos una vez a la semana Venezuela es escenario de protestas que tienen que ver con la crisis sanitaria pues existe una severa escasez de medicamentos y materiales médicos para tratar cualquier tipo de enfermedad y, cuando se logran conseguir, los costos superan con creces el salario promedio de los ciudadanos.

Esta situación, que se inició hace más de cinco años, se ha ido agravando con el paso de los meses, en los que Efe ha comprobado el deterioro de los hospitales, golpeados además por la falta de agua, electricidad, e incluso de médicos pues un gran número de profesionales de la salud se ha marchado del país.

Afectados por la condición y familiares marcharon de la Plaza Altamira hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la avenida Francisco de Miranda en pos de solicitar la dotación de medicinas y la apertura de un canal humanitario

Francisco Zambrano

@franzambranor

A Ronald Segovia le diagnosticaron mal de Parkinson en 2016 y desde agosto del año pasado no toma Sinemet, medicamento fundamental para atender esta patología.

Segovia tiene cerca de 20 años en la administración pública y un par laborando en el Despacho de la Presidencia, cerca y a la vez distante de Nicolás Maduro. Tiene 55 años y su enfermedad le hizo adelantar las gestiones para jubilarse.

Este lunes, junto a un numeroso grupo de personas estaba en la avenida Francisco de Miranda de Caracas protestando por la falta de medicinas.

“En Venezuela estar enfermo este tener una sentencia de muerte”, dijo. “Le estamos pidiendo al Estado que se aboque en su responsabilidad, hay diez compañeros que han muerto solo en lo que va de 2018”.

Alexander Hernández, presidente de FundaParkCa (Fundación de Parkinson de Caracas) informó que la cifra de pacientes de esta enfermedad en Venezuela se ubica actualmente en 32 mil. “El doble de lo que hay en trasplantados renales”.

“Prefiero morir protestando en la calle, que acostado en mi casa, voy a dejar la vida acá”, sentenció Hernández minutos antes de consignar un documento en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La misiva es una llamada de auxilio al organismo internacional para que interceda ante el gobierno y abogue por la apertura de un canal humanitario que permita a miles acceder a medicinas de alto costo.

“Una cajita de pastillas ‘bachaqueada’ para mi papá sale en 10 millones de bolívares semanal, es decir en un solo medicamento podemos gastar 40 millones mensual”, advirtió Amparo Mesa, quien vino junto a su hermana Natalia desde Acarigua.

“No conseguimos medicinas desde hace seis meses, mi papá se ha ido deteriorando lentamente”.

Carmen Fuentes también vino en autobús a Caracas desde el estado Aragua. Su hermana Josefa de 71 años yace en una cama, no puede movilizarse por voluntad propia y le cuesta hasta ingerir alimentos. “Tiene ocho meses sin tomarse la medicina, nosotros no podemos costear esa pastilla, me he cansado de llamar al 0800-SALUD y no he obtenido respuesta, el gobierno tiene que dar una solución”.

Belter Sánchez es otro paciente de Parkinson que padece las penurias de no tener acceso a la salud. De 55 años, se desempeñaba como técnico cocinero industrial, hoy en día siente vergüenza de salir a protestar por un derecho que ha sido secuestrado.

“Voy a todas las concentraciones y seguiré yendo, prácticamente nos están matando poco a poco”, aseveró.

A Glorimar González la vida le dio un vuelco cuando le confirmaron que su mamá tenía Parkinson y nuevamente volvió a girar desde que no encuentran el tratamiento para preservar su salud.

“Hemos tenido que sacrificar mucho, vender nuestras cosas para comprar las medicinas en el extranjero, por una cajita de 30 pastillas te pueden cobrar hasta 8 millones de bolívares y eso dura para 10 días, no es justo lo que estamos viviendo”, indicó la estudiante de odontología.

Este 18 de abril, los pacientes de Parkinson volverán a las calles, esta vez la intención es acudir a la sede del Ministerio de la Salud y ser atendidos por el responsable de la cartera, Luis López.

La voz del pueblo exigiendo el derecho humano a la salud. Pacientes con parkinson en la calle reclaman medicinas y atención médica oportuna y adecuada. Frente a la indolencia del gobierno movilización, solidaridad y unidad de fuerzas. Juntos somos más fuertes. pic.twitter.com/GZOI7Xu873

— PROVEA (@_Provea) 9 de abril de 2018

Arranca camina al PNUD de las personas con Parkinson para consignar un comunicado. pic.twitter.com/pKyeMpfj6c

— Codevida (@codevida) 9 de abril de 2018

Alexander Hernandez de @fundaparkca exige al @MPPSalud los medicamentos para parkinson, «nuestra gente se nos muere» pic.twitter.com/HuanhXj9Y8

— Codevida (@codevida) 9 de abril de 2018

Pacientes con parkinson protestan para exigir tratamientos, #EnVIVO por: https://t.co/vOxsRoZgIj pic.twitter.com/MkLdyVCXn9

— VIVOplay (@vivoplaynet) 9 de abril de 2018

Un total de 17 niños que reciben atención médica en el Hospital José Manuel de los Ríos fueron desalojados este sábado junto con sus madres del hotel La Orquídea, uno de los cuatro centros de hospedaje gratuito que alberga a los familiares de los pacientes pediátricos que provienen del interior del país.

Las madres de los pacientes aseguraron que la orden fue dictada el viernes por Prismar Piñero, uno de los funcionarios que trabaja en la oficina de atención al ciudadano, una filial adscrita al Ministerio de Salud que cerró sus puertas el jueves y que se encargaba de administrar los recursos económicos otorgados por el ente para realizar exámenes, suministrar tratamiento y garantizar la alimentación.

Varios familiares aseguraron que Piñero les dio plazo hasta las 12:00 del mediodía de ayer para movilizarse a otro sitio. A los familiares que se hospedan en los hoteles La Estrella, Lucas y Renovación se les extendió el lapso hasta el lunes, aseguró una de las madres que permanecía a las puertas del hospital junto a su hija, quien es paciente oncológico.

Yaibeth García viene del pueblo Belén, estado Carabobo, y se aloja en el hotel Lucas junto con su hija Darifer García, de 9 años edad. La niña fue diagnosticada con un tumor cerebral en el año 2017 y fue intervenida en diciembre. Necesita realizarse una biopsia para determinar el comportamiento del tumor y recibir medicación lo más pronto posible. “El cierre de la oficina de atención paralizó su proceso de mejoría, está sin tratamiento. Nos desalojarán el lunes y no tenemos a donde ir. ¿Por qué le hacen tanto daño a estos niños?”. Aseguró que en los cuatro albergues hay 50 madres hospedadas que se quedarán en la calle.

Otra de las madres que pidió no ser identificada, es oriunda del estado Delta Amacuro e integra al grupo de familiares que fue desalojado ayer en la mañana del hotel La Orquídea. Su bebé de ocho meses de edad, tiene hidrocefalia y un hemangioma Klippel, una masa anormal de tejido que se produce en los vasos sanguíneos. “No tengo con qué irme a otro lugar. Él necesita continuar su tratamiento con esteroides y además debe realizarse una hemangiorresonancia que cuesta 50 millones de bolívares”.

Indicó que no han recibido respuesta del ministerio ni tampoco del ministro de salud, Luis López, a quien se le notificó a través de una carta y varios audios la situación desde el día jueves, cuando cerró la oficina de atención estatal. “Lo único que sabemos es que el ministerio tenía dos meses sin cancelarle a los hoteles. Ninguna autoridad ha explicado qué sucede exactamente”.

Rosaliz Díaz, una de las voceras de los familiares y madre de un niño de 10 años edad quien padece de insuficiencia renal crónica, indicó que el ministro ha ignorado todos los llamados de atención. “No sentimos indignados y humillados por la forma en la que están perjudicando a estos niños. Se niegan a darnos la cara y exigimos una respuesta”, dijo.

Con el cierre de la oficina de atención al ciudadano fue paralizado el suministro de las raciones diarias de comida y suplementos nutricionales. Un grupo de madres y familiares se movilizaron para conseguir a través de varias instituciones donaciones de alimentos. Arepa, pan y viandas de comida fueron distribuidas a los niños durante una reunión dentro del hospital.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a un grupo de niños trasplantados del principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M de Los Ríos, ubicado en el centro de Caracas, informó hoy la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

“El 21 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los niños y niñas pacientes del servicio de nefrología del hospital J.M de Los Ríos”, dijo el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, al canal en línea VPI.

La medida solicita al Estado venezolano que le “garantice el tratamiento médico” a “todos los niños del servicio”, que según dijo Trapani, son más de 20.

También exhorta al Estado a “que garantice condiciones de seguridad y salubridad en toda el área de nefrología”.

Los padres de los niños que se encuentran en este servicio protagonizaron el martes una protesta frente al hospital por la falta de tratamiento y en vista de que hace se agotaron los medicamentos.

Los representantes de unos 15 niños decidieron encadenarse a las puertas del centro médico para exigir una reunión con la directiva de la institución y con el ministro de Salud, Luis López.

Según ha dicho Trapani hoy, la comisión ha dado “un lapso de 10 días a partir del 21 de febrero” para que el Ministerio de Salud informe sobre lo que esté haciendo para dar cumplimiento a la medida.

El representante de Cecodap dijo asimismo que no descarta solicitar una ampliación de las medidas para los demás servicios del hospital debido a que la situación de salud en Venezuela “es muy difícil y grave”.

Durante el último mes los pacientes trasplantados han protagonizado protestas en distintos estados del país ante la falta de tratamiento y medicamentos.

Mediante un comunicado, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) rechazó las declaraciones de voceros del gobierno que niegan la emergencia humanitaria en salud y nutrición que viven los venezolanos.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

Codevida desea manifestar que desde el año 2013 venimos advirtiendo sobre la existencia de una profunda crisis en la atención sanitaria y nutricional de la población venezolana debido al grave colapso de los sistemas de salud y de abastecimiento a nivel nacional, que fue escalando velozmente hasta transformarse en una emergencia de características humanitarias en el año 2016 por la ausencia de respuesta del gobierno nacional y la negativa permanente al uso de la asistencia y la cooperación a disposición del Estado venezolano en los organismos internacionales de los cuales es miembro.

En el año 2017, a raíz de instalarse la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición a través de la facilitación de un grupo de cancilleres, presentamos un conjunto de mecanismos concretos, viables y expeditos que pueden activarse a través de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en vista de la gran cantidad de personas que por más de 1 año se encuentran privadas de medicinas, servicios de salud y suplementos nutricionales, enfrentando una muerte inminente o severos daños a su integridad física de no implementarse estos mecanismos con carácter de urgencia.

Al mismo tiempo queremos señalar que no compartimos ni forma parte de los mecanismos antes mencionados, solicitudes o llamados públicos a medidas de “intervención humanitaria” planteadas durante las últimas semanas por algunos actores de la oposición venezolana. La asistencia y la cooperación internacional de carácter humanitario constituye un cuerpo de conocimientos y acciones dirigidas a socorrer, asistir y proteger a la población de manera imparcial e independiente de intereses políticos o económicos, teniendo como prioridad absoluta la vida y el bienestar de las personas en situaciones de gran sufrimiento o daño para las cuales no existen o son insuficientes las capacidades internas sin importar las circunstancias que las hayan generado.

Sin embargo, los principios humanitarios de imparcialidad e independencia de la asistencia y la cooperación ofrecida por los organismos internacionales, no eximen de responsabilidades a los Estados cuando rehúsan permitir su implementación con la rapidez y las condiciones de transparencia y participación necesarias, teniendo plena consciencia de la gravedad de la situación y estando en sus manos el poder de salvar las vidas de más de 300 mil personas en condiciones de salud crónica (Hemofilia, Trasplantados, personas con Cáncer, Esclerosis Múltiple, Parkinson, Hipertensión Pulmonar, Colitis Ulcerosa, Personas en Diálisis, entre otras) y de 77 mil personas con VIH por la ausencia de Antiretrovirales, y la asistencia de unas 4 millones de personas con serios problemas para acceder a sus tratamientos, entre los cuales se encuentran diabetes e hipertensión.

En este sentido, rechazamos las declaraciones de las autoridades del gobierno venezolano con las cuales se insiste en negar la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa el país y les hacemos directamente responsables de las muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional de los grupos de población más afectados, ocurridas a diario y en creciente aumento durante las próximas semanas, a no ser que cumplan con su obligación de recurrir a los mecanismos de asistencia y cooperación de organismos internacionales, los cuales se encuentran a la espera de respuesta, así como todos los venezolanos en su derecho a exigirlos.

El gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad de solucionar la emergencia cuando las mismas autoridades han demostrado que no cuentan con los medios financieros, institucionales y técnicos para asistir a la población de forma perentoria, al tomar medidas de reducción drástica de los recursos para importaciones en salud y alimentación, la inhabilitación o cierre de una gran cantidad de centros de salud públicos en todas las entidades regionales por falta de personal y de insumos, y el racionamiento severo de tratamientos, insumos médicos y nutricionales importados y distribuidos de manera discriminatoria, conduciendo a que todas las personas excluidas sean condenadas al sufrimiento físico y mental y a perder la vida sin acceso a otras vías que no sean las importaciones, bajo el monopolio del Estado.

No existe ninguna razón aceptable para que el gobierno se niegue a utilizar los mecanismos de asistencia y cooperación internacional que están a su disposición y activarlos de inmediato. Basta de muertes innecesarias y evitables!

Caracas, 28 de enero de 2018

Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresaron hoy las exigencias que plantearan al gobierno nacional durante el diálogo a realizarse los primeros días de diciembre, entre las cuales resaltan el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la distribución de medicinas en el país.

Los parlamentarios de Primero Justicia (PJ), José Manuel Olivares y Carlos Paparoni, ofrecieron dos planes para solucionar la escasez de medicamentos que causa la grave crisis humanitaria. Los mecanismos que proponen empezarían a dar resultados entre 45 y 90 días de su implementación, dijo Olivares.

Una de las formas de recibir asistencia es que el gobierno solicite los medicamentos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la otra opción que plantean es pedir ayudar a ONG internacionales y demás naciones.

“Ya hemos conversado con las ONG para que se conforme un grupo, liderado por Caritas de Venezuela, para que desde el extranjero los venezolanos y otras organizaciones puedan colaborar”, informó Olivares durante una rueda de prensa. “Está en manos de Maduro que en unos días se tenga medicinas y dejemos este drama de la muerte”, manifestó.

Cambio de CNE para elecciones

El dirigente de la coalición opositora, Carlos Ocariz, también ofreció una de las exigencias que presentarán ante la administración de Maduro. «La primera exigencia es la designación de un nuevo CNE. No es posible realizar elecciones con este CNE fraudulento que, además ya está vencido».

Otra de las demandas de la MUD en este proceso será la actualización del Registro Electoral, de manera que se les permita votar a todos los venezolanos que fueron del país en los últimos años.

Según Ocariz, los delegados de la MUD pedirán garantizar la neutralidad de los integrantes de las mesas electorales y del resto de organismos encargados de las votaciones, y demandarán una observación internacional a la que el gobierno chavista sigue negándose en los últimos años.

El control de la utilización de recursos del Estado y de los medios públicos para favorecer al oficialismo también será uno de los puntos a tratar durante las reuniones en Santo Domingo, donde la MUD pedirá mayores garantías en las auditorías a las máquinas de votación y demás material electoral.

También exigirá la prohibición durante los comicios de los llamados puntos rojos, casetas callejeras en las que se reúnen los simpatizantes y militantes del chavismo y que, según Ocariz, son una forma inaceptable de abuso y persecución para los votantes.

La oposición denunció graves irregularidades y fraude en uno de los 23 estados del país en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, en las que el oficialismo ganó 18 gobernaciones según unos resultados oficiales que no reconoce la MUD.

*Con información de EFE y El Nacional

Este año Venezuela no tiene ningún mérito para figurar en la premiación Campeones de la Malaria en las Américas que se realizará el 6 de noviembre. El país, por el contrario, es protagonista de malas noticias: pese a la censura epidemiológica que existe, se conoció que hasta el 21 de octubre se reportaron 206.240 casos de la enfermedad solo en el estado Bolívar, lo que representa un incremento de 42% con respecto al mismo lapso de tiempo reflejado en la semana 41 en esa región cuando se produjeron 144.762 casos.

La malaria en el estado Bolívar sigue desbordada y los antimaláricos no llegan desde julio. Se trata de la entidad en donde la epidemia, que puede causar daños en el hígado, en el sistema nervioso central y fallas renales en la persona, ha tenido la mayor concentración de casos en el país. Además, la población lidia desde hace un año con una epidemia de difteria, que se desató en ese lugar luego de haber permanecido controlada durante 24 años, y, más recientemente, con casos de sarampión.

Las últimas estadísticas epidemiológicas en el país datan de diciembre del año pasado. “En el año 2016 se registraron en Venezuela, de acuerdo con cifras oficiales emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, un total de 240.637 casos de paludismo, lo cual representó un incremento de 76% con respecto al número de casos del año 2015. De esos 240.637 casos, 178.088 casos se registraron en el estado Bolívar”, precisó el médico Marcos Lima.

La crisis de salud continúa y la escasez de medicamentos también. Se desconoce cuántos antimaláricos se han importado a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, pese a que en octubre el organismo internacional informó que había hecho entrega de 1.100.000 tabletas de primaquina, que se usan como tratamiento fundamental para la malaria.

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La asociación Prepara Familia confirmó este jueves la muerte de otro niño que se contaminó en la unidad de hemodiálisis del hospital J.M. de Los Ríos.

Cristhian Malavé de 11 años falleció este miércoles en horas de la tarde en la unidad de diálisis, Juan Pablo II, ubicada en el sur de la ciudad de Caracas.

El menor no continuó su tratamiento en el J.M. de Los Ríos por la bacteria que contaminó el piso donde se trataba, pero ya estaba infectado, por lo que su estado de salud decayó.

Malavé es el quinto niño en morir por contraer esta bacteria. El primer infante que falleció por esta causa fue Raziel Jaure de 10 años de edad, posteriormente murieron Samuel Becerra de 12 años, Dilfred Jimenez de 15 años y Daniel Laya de 2 años.