Judith León, presidenta del Fecobiove, aseguró que el Estado venezolano importa medicamentos iraníes e indios sin seguir ninguna ley de regulación nacional e internacional
Afirman que «casi 90% de los laboratorios están inoperativos» en Venezuela
«En Venezuela no tenemos medicamentos que sean seguros, asequibles, efectivos y de calidad , porque vulneran todo el marco regulatorio del país sobre la distribución de fármacos», denunció la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove), Judith León, en una entrevista a Unión Radioeste 27 de septiembre.
La bioanalista especificó que no existe una farmacovigilancia acorde por falta de laboratorios de bioanálisis para los medicamentos importados por el gobierno, lo que trae como consecuencia que no exista una garantía plena sobre su eficiencia en el organismo.
«Si bien es cierto que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de brindar medicamentos a la población, también tiene la obligación de velar por la calidad de los medicamentos que importa por acuerdos nacionales e internacionales», explicó.
León reiteró que la mayoría de los medicamentos que se están importando a Venezuela «no son seguros» porque «no tenemos un servicio de bioanálisis completo, que es la primera línea que advierte si hay un problema en la calidad de los fármacos y la farmacovigilancia, así como un sistema de salud deteriorado».
«Para nosotros, va mucho más allá de una prescripción y una distribución, sino que se vulneran las normas, el ordenamiento jurídico y también los sistemas y autoridades reguladoras» añadió la presidenta de la Fecobiove.
Salto de protocolos
La bioanalista aseveró que los fármacos que no cumplen con dichas normas de revisión de calidad y distribución ajustadas al marco legal y sanitario de Venezuela proceden principalmente de Irán y de la India. Informó que el Estado venezolano mantiene cierta opacidad sobre el proceso de adquisición de los fármacos extranjeros.
«El Estado o el gobierno puede traer medicamentos en un momento determinado, cuando exista una demanda y no tienen el fármaco», explicó. «Pero, también, aunque tú tengas esa política, se deben cumplir los ordenamientos. ¿Cómo sabes que el producto tiene calidad? Si cumple con ellos. Sabemos que nuestras regulaciones necesitan mejorarse y actualizarse, pero no se ha articulado a todas las instituciones para lograr eso», agregó.
León denunció que la mayoría de los medicamentos que se saltan lo establecido en la Ley de Medicamentos vienen de las importaciones que hace la administración pública venezolana.
En ese sentido, alertó que las instituciones del Estado venden medicamentos a un costo menor, pero que «no cumplen con ningún protocolo de farmacovigilancia. Puede haber un medicamento que vendan y, a veces, está vencido».
La representante de la Fecobiobe aseveró que, como mínimo, los medicamentos deben pasar por el Instituto Nacional de Higiene. Pero el panorama sanitario venezolano se encuentra «vulnerado» por el Estado, al permitir la presencia de médicos falsos, venta no regularizada de medicamentos y la falta de atención al sistema de salud.
«En Venezuela, tenemos casi 90% de los laboratorios inoperativos. (…) Eso dificulta muchísimo el proceso de farmacovigilancia. El ciudadano, en este momento, debe garantizar y verificar por su cuenta lo que consume. Esto es una vulneración de sus derechos», concluyó.
Transplantados, seropositivos, pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, entre otros, se congregaron en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en Caracas para exigir al gobierno una solución a la escasez de medicamentos
Indira y Rafael (nombres ficticios) escuchaban con atención a una mujer gritar una frase lapidaria en la tarima de la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes: “Me quiero morir de vieja, carajo”. La pareja de amigos recién llegaba de Valencia para la actividad convocada por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) en procura de elevar la voz para visibilizar a los miles de pacientes crónicos que aguardan por medicamentos en Venezuela.
“Preferimos no dar nuestros nombres porque no queremos retaliaciones, somos gente humilde, solo deseamos que nos traten con dignidad”, dijo la mujer que padece VIH y desde agosto del año pasado no recibe los antiretrovirales para combatir el virus.
“Nosotros no tenemos para costearnos eso, dependemos de lo que nos den en el Seguro Social, es una situación desesperante. Yo particularmente temo que la enfermedad avance y muera”, confesó mientras aplaudía el discurso de otra paciente y se secaba las lágrimas.
A su lado estaba un compañero a quien conoció en los pasillos del Seguro Social de Valencia, también en la continua lucha por seguir viviendo. Ambos agitaban una pancarta en la que podía leerse “Sr. Ministro, necesitamos retrovirales ya…Carabobo”.
“Tengo 14 años con VIH y por primera vez estoy en esta situación: desde agosto del año pasado no hay medicinas y no nos dan respuesta, lo peor es que no sabemos cuánta gente más se está infectando porque ni siquiera hay reactivos para realizar los exámenes”.
Tanto Indira como Rafael hicieron un esfuerzo para estar en Caracas este jueves, sorteando la fatla de efectivo y de transporte viajaron en un colectivo por la Autopista Regional del Centro junto a otros enfermos crónicos. Ayer mismo se regresaban esperando que la iniciativa hubiese dado resultados y al menos llegado a los oídos del ministro de salud, Luis López, a quien decenas de pacientes escribieron mensajes simbólicos en cartulinas, demandando solución al grave problema de la salud.
El programa de medicamentos de alto costo, financiado por el Estado, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en teoría garantiza el tratamiento farmacológico a los venezolanos que padecen enfermedades difíciles de costear, amparado en el artículo 83 de la Constitución, el cual reza que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
No es política, es la vida
Jesús Colmenares vino de Maracay con la esperanza de obtener alguna respuesta. “Soy transplantado de riñón desde 2014 y regularmente había tenido acceso al tratamiento, pero desde el año pasado y especialmente lo poco que ha avanzado este la situación es crítica, no tenemos los inmunosupresores y sin ellos corremos riesgo de morir. El gobierno tiene que entender que esto no se trata de tintes políticos, es la vida de la gente que está en juego”.
Marina Jiménez es otra transplantada de riñón, oriunda de Portuguesa, pero radicada en Caracas que no quiere perder el órgano que tanto le costó obtener, por ello ya tomó una decisión que considera podría extenderle la vida. “Me voy del país, no quiero morirme porque no conseguí un medicamento, tuve tres años esperando este riñón y si no me tomo los inmunosupresores el organismo puede rechazarlo…Mientras esté aquí voy a seguir protestando y apoyando a toda la gente que padece lo mismo”, sentenció Marina, quien desde mayo del año pasado ha tenido que rebajar las dosis. “Yo debo tomarme dos pastillas diarias y lo que hago ahora es que me tomo una interdiaria para rendirla”.
Marina decidió emigrar porque, entre otras cosas, en Venezuela es complicado mantener un trabajo siendo paciente crónico. “¿Qué jefe se va a calar que estés fuera una semana porque tienes que hacerte unos exámenes y no hay servicio en el laboratorio del hospital o estés buscando una medicina por todos lados?”.
Investigación y castigo a los culpables
Con apenas 28 años de edad, Vicente Mayorca tiene dos transplantes: uno de hígado en 1996 y otro de riñón en 2013. El comerciante y graduado en administración de aduanas llevaba una vida normal hasta hace año y medio cuando empezó a padecer una especie de Vía Crucis para adquirir las medicinas que ingiere desde hace décadas. “Las pastillas que uno toma son extremadamente caras, nadie que tenga un ingreso normal puede costearlas, solo el Estado está en la capacidad de hacerlo, pero desde hace rato nos dicen que no hay y que no saben cuándo van a llegar. Hasta hoy (jueves) tengo una de las medicinas y ni idea de qué voy a hacer”.
Mayorca considera necesaria la creación de un canal humanitario. “El primer transplante me lo hicieron en Italia y el segundo aquí en Caracas gracias a la embajada italiana, pero hoy en día me sería imposible y probablemente también a cualquier institución hacer algo de esa magnitud”.
Crismar Landaez vive con VIH desde hace 17 años y, aunque regularmente le costaba ubicar los retrovirales, afirma que 2017 fue una verdadera pesadilla. “Hay gente que se está muriendo de Sida pudiendo tratarse. El VIH ya es una enfermedad crónica y en otros países la gente lleva una vida normal; aquí, el Seguro Social lo que te da son excusas. Necesitamos con urgencia ser atendidos, porque nuestra vida está en riesgo”.
En 2015 a Larry Zambrano le transplantaron un riñón. Dice que el primer año luego de la operación el suministro de medicamentos transcurrió normal, pero después entró en una montaña rusa. “Ha ido de intermitente a inexistente, ya tengo tres meses sin tomar los inmunosupresores. Me hice un rechazo celular y corro riesgo de perder la intervención”.
Larry afirma que gracias a organizaciones como Acción Solidaria y Codevida ha podido paliar su situación, pero que esas instituciones ya encendieron las alarmas, porque en Venezuela la escasez es abrumadora. “Afuera un solo tratamiento cuesta como 700 dólares, he averiguado, pero yo no puedo costear eso”.
“Esta situación es inaguantable”, dijo el director de Codevida, Francisco Valencia. “Siete personas han fallecido por fallas renales en los últimos meses. Ya basta de tanta ineficacia, este gobierno que asistió a la llamada mesa de diálogo en República Dominicana nunca mostró interés por solucionar la crisis humanitaria de la salud, nos están aplicando una especie de muerte silenciosa”.
Por su parte, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria condenó las declaraciones de voceros del gobierno, como la presidenta de el asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez, quien ha negado en reiteradas ocasiones que en Venezuela haya gente padeciendo por la falta de medicinas. “Ellos son los responsables de la muerte y el deterioro de los venezolanos”.
Valencia informó que un documento será enviado a la Asamblea Nacional y otro a instancias internacionales para que se abra una investigación y se determinen responsabilidades.
“Que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela en pleno siglo XXI”.
Marilyn Ochoa y su hijo Ángel Gutiérrez en el hospital José Manuel de los Ríos de Caracas.FABIOLA FERRERO
La cura de Ángel Gutiérrez, un niño de cinco años con cáncer, está en el centro de un laberinto político. “Lo que más me angustia es que su tratamiento médico se interrumpa por la crisis que hay en Venezuela”, dice frente al hospital su madre, Marilyn Ochoa, en referencia a la deriva económica e institucional del país sudamericano. “Hasta mi esposo se fue a Colombia para intentar establecerse y poder llevar al niño. Por ahora debemos resistir aquí”. Mientras se remodela la fachada del lugar, el hospital José Manuel de los Ríos —el principal centro de atención para niños de Caracas—, los doctores explican a los padres de los pacientes que no tienen insumos para atender emergencias. “No necesitamos paredes pintadas, sino un quirófano que funcione y medicamentos para los niños”, critica Marilyn.
Según estimaciones de Bank of America Merrill Lynch, Venezuela fue el principal importador de medicinas de América Latina en 2013 con compras por 3.700 millones de dólares (3.150 millones de euros). La caída desde entonces ha sido estrepitosa. El desplome del precio del petróleo a partir de 2014 ha dejado al Gobierno sin divisas para importar productos de primera necesidad ni para distribuir entre la ya de por sí escasa industria farmacéutica venezolana, ahora sin acceso a insumos para producir. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, entre 2013 y 2015, la disminución de la importación de medicinas fue del 39,1% en el país. La Federación Venezolana Farmacéutica cifraba la escasez de medicamentos el año pasado en el 80%.
El Gobierno impide la entrada de ayuda humanitaria porque, según coinciden críticos del régimen, eso implicaría reconocer la existencia de la crisis. Mucha gente apela a las donaciones internacionales, para lo cual se han movilizado numerosas ONG, al intercambio o la compra de medicinas en el mercado negro como alternativas. Ángel debe trasladarse mensualmente desde la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira (Andes), hasta Caracas para ser atendido en el centro médico. Se trata de un viaje de entre 12 y 24 horas por carretera. “Si no lo hacemos, lo condenaríamos a muerte. En San Cristóbal solo hay un oncólogo pediátrico. No hay insumos médicos, tampoco equipos”, explica la madre.
Su hijo necesita una Gammagrafía con MIBG para evaluar el avance de su enfermedad, un neuroblastoma de alto riesgo —un tumor maligno formado por células nerviosas—. Pero no existen las sustancias indispensables para realizarlo en el hospital. “No se está haciendo en Venezuela por falta de reactivos. Nuestra opción sería hacerlo en Colombia, donde es muy costoso para nuestra familia”, se lamenta Marilyn.
Cerco sanitario
La ONG Una Medicina para Venezuela es una de las que recolecta medicamentos para ayudar a enfermos como Ángel, atrapados en el cerco sanitario. La organización envía las medicinas por medio de compañías locales que deben sortear una sarta de obstáculos en cuyo extremo se encuentra el Seniat, la autoridad aduanera venezolana, dirigida por el hermano de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y hombre fuerte del régimen que desde la elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio ha visto acrecentarse aún más su poder.
Caracas prohíbe el transporte privado de medicinas y alimentos, a lo que se suma la corrupción campante en las aduanas, según explican en una entrevista los venezolanos Vanessa Pineda, presidenta de la ONG, y el cantante Carlos Baute, miembro de la organización. Una vez superadas las numerosas barreras, la red de ayuda debe cuidarse de llamar la atención con grandes almacenamientos so pena de ser acusados de acaparar las medicinas o de contrabando.
La ONG venezolana Codevida se encarga de la distribución sobre el terreno por medio de una droguería telefónica. “La farmacia pasó de recibir 300 llamadas al mes en 2016 a 5.000 este año”, afirman Pineda y Baute. Codevida reúne información sobre las medicinas más demandadas, entre las que se encuentran las necesarias para operaciones de trasplante de órganos, analgésicos para terminales, medicamentos para la esclerosis múltiple, la hepatitis…
“Lo único que no podemos mandar es insulina, porque necesita un control de cadena de frío”, explica Pineda. En el proceso participa una base de 30 voluntarios fijos que gestionan las donaciones, la mayoría de las cuales se tramitan por la página de Facebook o con aportaciones de laboratorios y farmacias.
El médico Carlos Ponte Negretti y otros expertos de la Sociedad Venezolana de Cardiología han coordinado una encuesta sobre la situación de los 43 principales centros de salud del país sudamericano enfocada en la dotación para tratar enfermedades cardiovasculares. Un 75% de los hospitales no tenía ni aspirinas, un fármaco indispensable para el tratamiento de enfermedades del corazón. “Se están atendiendo a pacientes con infartos como se hacía hace 40 años, época en que la incidencia de muertes por este motivo alcanzaba un 15%. Nuestra terapia se ha convertido en contemplativa”, asegura Ponte Negretti.
El Gobierno no divulga cifras de mortalidad desde 2013. Eso dificulta conocer las dimensiones reales de la crisis. Francisco Valencia, presidente de Codevida, está convencido de que las muertes han aumentado por la escasez de medicinas o los fallos en los hospitales. “Ya casi no quedan medicamentos de alto costo. Las personas con cáncer, hemofilia y diabetes no hallan tratamiento. El Gobierno condena a una muerte silenciosa a los pacientes con enfermedades crónicas”.
Las organizaciones Acción Solidaria y Positivos en Colectivo, entre otras, denunciaron que Venezuela, desde hace al menos dos años, no cuenta con los reactivos necesarios para practicar las pruebas de control del VIH/sida, así como los materiales médicos para abordar los problemas asociados a la infección.
A estos problemas, señalan las organizaciones, se suman los problemas de todos los venezolanos, como la escasez de alimentos y medicamentos.
El coordinador general de las organizaciones Positivos en Colectivo y Red de Personas con VIH, Mauricio Gutiérrez, dijo en entrevista a Unión Radio que hasta hace un par de años el acceso al tratamiento contra el avance del VIH se había mantenido bastante bien.
En la actualidad, dice, existe «el tema de la escasez, no solamente de medicamentos antirretrovirales, sino también de pruebas para el diagnóstico del VIH, las pruebas de carga viral (de virus) y CD4 (anticuerpos)».
Indicó que desde septiembre pasado el sistema público de salud no admite citas para hacer las pruebas para verificar el nivel del virus causante del sida en el organismo y la consecuencia es el desconocimiento absoluto de la condición real de salud de la persona.
Gutiérrez dice que esta situación es especialmente grave «sobre todo cuando hemos tenido tantas y tan recurrentes fallas en la entrega de los medicamentos antirretrovirales» por parte del Estado que, por ley nacional, está obligado a cubrir los costos del VIH/sida a los venezolanos.
«Actualmente no hay la posibilidad de practicarse exámenes bajo ninguna modalidad, ni por emergencia, ni mujeres embarazadas, ni a niños ni a nadie», aseguró.
El director ejecutivo de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna, recordó, que según el Ministerio de Salud de Venezuela 63.000 personas reciben el tratamiento contra el VIH/sida por parte del Estado y que el mismo ente oficial prevé que cada año se suman unos 12.000 ciudadanos a la lista de los que viven con el virus.
En este sentido señaló que son, por lo menos, unas 75.000 personas que este último año no han podido hacerse estas pruebas para el seguimiento del progreso de la enfermedad con la regularidad indicada.
Reyna también comentó que recientemente se dio el caso de una portadora de VIH embarazada a la que los médicos le advirtieron que no la atenderían si llegaba la hora de la llegada de su bebé y ella no contaba con los materiales especiales que se requieren para atenderla pues en el hospital no los tienen.
Asimismo, narró la historia de una viuda, madre de dos adolescentes que vive con VIH y que en la actualidad come solo una vez al día para que sus hijos puedan comer.
El activista señaló que pese a este crítico panorama, hay muchas personas movilizadas para ayudar a los portadores de VIH/sida más necesitados y pidió al gobierno asumir que en el país existe una «emergencia humanitaria» por la falta de alimentos, medicinas y materiales médicos que afecta a «millones de personas».
Ahora es el rapamune. Otro de los inmunosupresores indicados para evitar el rechazo de órganos se sumó a la lista de medicinas faltantes. La escasez no solo afecta a los que esperan por un trasplante, sino también a los que ya se lo hicieron o requieren de terapia previa para someterse a la cirugía.
Francisco Valencia, presidente de la Asociación de Amigos Trasplantados de Venezuela, denunció que aunque la prednisona está siendo distribuida por las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se hace de forma racionada en empaques de 20 tabletas cada uno, luego de la importación del 1,5 millones de unidades de 5 miligramos anunciadas por el gobierno el 5 de agosto.
La mayoría de los trasplantados toma una pastilla diaria de 5 miligramos. Los recién trasplantados deben ingerir 50 miligramos diarios.
«En los últimos cuatro meses siempre ha faltado algún medicamento. La crisis no se ha solventado. Algunos trasplantados toman al menos dos inmunosupresores y siempre falta al menos uno», dijo.
Valencia también indicó que en el país hay aproximadamente 15.000 personas que necesitan diálisis para tratar su enfermedad renal que utilizan las 134 unidades de diálisis, lo que las hace insuficientes.
«Hay unidades que solo están atendiendo a los pacientes por tres horas, en vez de cuatro, que es lo recomendado por estándares internacionales, debido a la demanda. Algunas tienen fallas porque no tienen agua y funcionan con cisternas. En Barquisimeto, por ejemplo, hicieron un horario de atención de 10:00 pm a 3:00 am. Es un cuarto turno para cubrir la demanda, faltan máquinas y nuevas unidades», declaró.
La asociación denunció que hace una semana la unidad de diálisis Jayor, subsidiada por el IVSS, estuvo paralizada por dos días debido a la falta de filtros para diálisis.
En la unidad de Puerto Cabello llevan varias semanas sin suministro de agua, ni aire acondicionado, y la de Guasdualito tiene varios meses con tres máquinas dañadas.
Los pacientes de Los Teques o Altagracia de Orituco deben migrar a otras ciudades porque no disponen de salas para esa especialidad.
También hay fallas con la heparina, suministro necesario para evitar la coagulación de la sangre durante la diálisis, y con los catéteres para hemodiálisis.
Los pacientes con enfermedades hepáticas continúan sin reactivos para chequear los niveles de carga viral en caso de hepatitis. La prueba es necesaria para que el médico decida si se continúa o no con la medicación, que en exceso puede ser tóxica.
Sin quimioterapias.
Los pacientes con leucemias u otros tipos de cáncer siguen en la búsqueda de las quimioterapias. Algunos de esos medicamentos son necesarios como paso previo para realizar trasplantes de médula ósea.
En la lista de faltantes está la pegaspargasa (Oncaspar) indicado como primer tratamiento en las leucemias linfocítica agudas.
Los pacientes que requieren de la mercaptopurina, otro de los principales fármacos para combatir la leucemia, tampoco lo hallan.
«Hoy (el viernes 21) precisamente fui al IVSS a ver si había llegado y cuando me dijeron que no, lloré todo el tiempo que esperé, para que solo me entregarán el metotrexato uruguayo, no el de las casas conocidas, pero lo hay. Yo apenas estoy empezando tratamiento y lo he tomado de manera irregular.
Yo fui diagnosticada con leucemia promielocítica aguda de alto riesgo en noviembre de 2014. Tomo 2 pastillas diarias de mercaptopurina. El frasco trae 25 y solo me dura 12 días y medio. En Colombia, al cambio, salió en 15.500 bolívares. Invertí 93.000 bolívares en el tratamiento que alcanzará para 6 frascos. El otro que falta es el Vesanoid, que vale 15.000 bolívares», narró una paciente que prefirió el anonimato.
En la lista también están las quimioterapias topotecan, valorada en 3.000 dólares en Estados Unidos, cardioxane, actinomicina, doxorrubicina, rituximab, granocyte, neupogen y ciclosporina, que solo se consigue en farmacias privadas.
Respecto a las córneas, Min Salud informó a través de Twitter la semana pasada que 4 millones de personas en el mundo recobraron la visión gracias a la Misión Milagro. Sin embargo, en Venezuela 3.000 personas aún aguardan por un trasplante de córneas.
