Emergencia Alimentaria

@RobertoPatino 

Los venezolanos arribamos a la mitad del año enfrentando los enormes retos que ha significado la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La cuarentena mundial ha sido aprovechada por el régimen para reforzar sistemas de control y generar una mayor censura.

Para quienes trabajamos en las iniciativas del Movimiento Mi Convive, esta situación ha exigido redoblar esfuerzos para asegurar la continuidad y crecimiento de nuestros proyectos y actividades. En el caso de Alimenta la Solidaridad, hemos logrado mantener los comedores en nuestra red nacional, sirviendo más de un millón de almuerzos durante estos meses de confinamiento.

La labor de líderes en las comunidades ha sido ejemplar en su trabajo de articulación con las personas y en la mística desplegada para sortear las inmensas dificultades que hemos estado viviendo.

Por sobre las crisis de combustible, electricidad, gas, agua, transporte y telecomunicaciones, las personas vinculadas a este emprendimiento han mantenido funcionando los comedores, usando en algunos casos leña para cocinar o distribuyendo almuerzos en bicicleta, siguiendo los protocolos sanitarios para detener la curva de contagios.

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Esta emergencia afecta cada vez más a gran parte de nuestra población. S sobre todo en nuestras comunidades más vulnerables.

Según un reciente informe de Caritas Venezuela, los índices de desnutrición infantil, que entre enero y febrero señalaban en 9 % o 10 % subieron a 14 % en marzo y 17,3 % en abril. En estados como Zulia, Sucre y Yaracuy pasaron de 20 %, mientras se reeditan las terribles situaciones en las que grupos familiares no están en capacidad de comer tres o dos veces al día o se ven forzados a buscar comida en la basura.

Esta situación empeorará para el segundo semestre de 2020. La FAO alerta que los suministros de insumos agrícolas importados para la temporada de invierno cubrirán solo el 5 % de lo que se necesita en nuestro país. Esta institución calcula que casi un tercio de los venezolanos padece inseguridad alimentaria, con más de dos millones de personas padeciendo de inseguridad alimentaria severa.

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El retorno de los más de 60.000 connacionales ante la falta de oportunidades y recursos generada por la pandemia, va a suponer otro factor de presión para los menguados recursos alimentarios de Venezuela. A ello se agrega el recrudecimiento de la hiperinflación y una mayor caída de la actividad económica.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive creemos que debe tomarse conciencia de esta situación y abordarla desde la organización, la solidaridad y la convivencia. Es prioritario el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en acciones mancomunadas que den respuesta a las necesidades de la emergencia. Debe asegurarse la continuidad y el fortalecimiento de iniciativas y redes de apoyo, así como estimular y promover la creación de nuevas alianzas y emprendimientos abocados a enfrentar la crisis alimentaria.

En medio de esta difícil situación, Alimenta la Solidaridad va llegando a los 4 años de fundada. Y el ejemplo de los logros alcanzados, y de las personas vinculados al proyecto, nos muestra la posibilidad real de enfrentar exitosamente los más graves problemas desde los esfuerzos plurales e inclusivos.

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Los tiempos por venir son de enormes dificultades, en el marco del endurecimiento del sistema autoritario y represivo que afecta al país. Así como por las nuevas dinámicas que en lo social, político y económico ha generado la pandemia de COVID-19 en el mundo.

Debemos afrontar estos retos desde los intereses y necesidades comunes. Valorar el aporte de las personas desde sus espacios de acción e influencia, guiados por los valores convivenciales y de solidaridad que nos permitan encontramos para enfrentar la adversidad.

* Fundador y Coordinador de Movimiento Caracas Mi Convive y Alimenta La   Solidaridad. Miembro de Primero Justicia

robertopatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

HABLAR DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, implica remitirlo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual se establece como parte fundamental para la vida; es tan importante la garantía de este derecho que también se incluye en tratados regionales y constituciones nacionales.

En Venezuela, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución en su artículo 305, estableciendo que la seguridad alimentaria puede entenderse como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”. Por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar que los venezolanos se alimenten de manera basta e integral y, que además, se respete y proteja la autoproducción de alimentos o la adquisición de estos por otros medios.

Sin embargo, lo escrito en papel dista mucho de la realidad. Desde hace 4 años, el país vive una de las peores crisis de la región, innumerables han sido los reportes de organizaciones de la sociedad civil que señalan que el derecho a la alimentación no está garantizado. Son muchas las familias que apenas logran garantizar dos comidas diarias, existen otras que sólo ingieren alimentos una vez al día.

Los altos costos de la canasta básica, la escasez de productos de primera necesidad, desaparición de proteína animal y las invasiones en espacios productores deja a la vista las terribles consecuencias de la abrupta pérdida de peso en la mayoría de los venezolanos, quienes no tienen la capacidad de consumir una dieta balanceada.

Emergencia alimentaria

A principio del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que a finales de año la inflación en Venezuela podía llegar a 1.000.000%. Una cifra preocupante ya que expertos en el área alimentaria y medios de comunicación ya han reseñado muertes por desnutrición.

El informe anual de la organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en su capítulo sobre alimentación, especificó que nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria en 2017, mientras que ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o debido a la intensa escasez. También la documentación de estos casos concluyó que en Venezuela se construyó una arquitectura «de control estatal sobre el hecho alimentario», conformado entre otros por el carnet de la Patria, un documento emitido por el Gobierno y los Comités Locales de Alimentación y producción que distribuyen bienes de consumo.

Colas que no calman el hambre

Maritza Herrera es madre de dos niños. Ella realiza colas cualquier día a cualquier hora, mientras su trabajo se lo permita, para tratar de conseguir productos alimenticios a un precio que pueda pagar. Afirma que ahora puede realizar esta práctica con más regularidad porque su esposo le envía dinero semanalmente desde Colombia.

“Si mi esposo no me enviara dinero nos moriríamos de hambre. Trabajo en una escuela al Este de Caracas y con lo que gano no puedo comprar ni el desayuno de los niños. Ahora que comenzaron las clases, me ha tocado hacer colas a las afueras de los supermercados y abastos solo los fines de semana para ver qué productos venden a precios justos, muchas veces no llega nada y regreso con las manos vacías a casa. A pesar del dinero extra que me envían, compro mucho menos de lo que podía obtener en meses anteriores”.

Como Maritza, existen miles de venezolanos que se levantan todos los días, algunos duermen a los alrededores de los mercados, con la esperanza de adquirir algún alimento o producto de la canasta básica. Solo pocos lo logran. Al día siguiente vuelve a repetirse la misma historia: las mismas interminables filas de personas que desean llevar algo para ellos y sus familiares.

El silencio de las invasiones en tierras productivas

En 2017 Provea reportó al menos 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculadas al sector alimentario, situación que afecta la garantía del derecho a la alimentación. Este año las invasiones, específicamente, en el estado Barinas están siendo cada vez más frecuentes. Al menos 9 fincas productivas han sido azotadas por actos vandálicos que amenazan la producción de alimentos nacional.

La Asociación de Productores de Rurales del Estado Barinas (Asobarinas) ha denunciado en varias oportunidades los robos en hatos y tierras productivas y cómo esa situación repercute directamente en la grave crisis alimentaria que se vive en el país.

“Han matado a los animales, las amenazas son de todo tipo y esto repercute en la garantía del derecho a la alimentación de los venezolanos. Roban a los propietarios y la producción está cesando en su totalidad. En el caso particular de la invasión de una de las fincas, con lo que se produce en un día, se puede alimentar a 6 millones de venezolanos. Esto quiere decir que si continúa esta situación, el desabastecimiento se puede intensificar”, así lo indicó la periodista, Briceida Morales, quien ha realizado seguimiento al tema en la zona.

Según estadísticas que maneja Asobarinas en la entidad, existen alrededor de 22.000 hectáreas invadidas en 10 predios que continúan en manos de ocupantes ilegales que actúan impunemente. Esa situación incide específicamente en la producción de carne que, hasta el año pasado, se producían 20.000 reses y ahora escasamente arrima unas 10.000 cabezas de ganado.

La Federación Nacional de Ganadores de Venezuela (Fedenagas) también ha denunciado las incursiones ilegales a fincas por grupos armados, señalando que en el país no hay seguridad para los productores y el riesgo de que se acreciente la emergencia por hambre es inminente si no se toman las acciones pertinentes.

Día de la alimentación sin celebración

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. Los objetivos de esta conmemoración están enmarcados en estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental.

Sin embargo, debido a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se deben hacer mayores esfuerzos para exigir el cumplimiento de este derecho y fomentar la necesidad de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.

El partido venezolano Primero Justicia (PJ), del líder opositor Henrique Capriles, presentó hoy un plan de “emergencia alimentaria” para “solventar” la situación del sector agroalimentario, beneficiando a 4,5 millones de venezolanos en un año, y que aplicará en un eventual cambio de Gobierno.

“En la primera etapa será beneficiar aproximadamente a unos 850.000 estudiantes, cerca de 332.000 niños en edad de lactancia, 130.000 mujeres embarazadas y unos 3 millones de venezolanos en pobreza crítica (…) esto es un aproximado del 13,9 % de la población venezolana”, sostuvo el diputado Carlos Paparoni en rueda de prensa.

Paparoni señaló que estos 4,5 millones de personas son la “población más vulnerable del país”, que recibirían los alimentos a través de los 26.000 comedores escolares que hay en Venezuela y de los que “hoy están abiertos apenas 11.000”, pero que para poder alcanzar a todos “es necesaria la ayuda humanitaria”.

“Es fundamental que la distribución se haga a través del apoyo de organizaciones internacionales dedicadas a este tipo de emergencia”, defendió sobre un pedido de ayuda humanitaria rechazado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que alega que puede dar pie a una “invasión militar encubierta”.

El segundo punto de la estrategia está encaminado a la activación de la agricultura, para lo que estimó una inversión de 22.000 millones de dólares y para la que solicitarán cooperación internacional.

“Se basa en lograr convenios a través de préstamos en base a insumos (recursos) agrícolas (…) y que esta cooperación internacional sea cancelada con el mismo insumo”, explicó el integrante de la bancada amarilla.

La tercera y última se centraría en el manejo de los puertos y aduanas, que “este Gobierno destrozó” y que llevó a que en Venezuela no exista “la capacidad para recibir ni alimentos ni insumos“, dijo.

El diputado por el estado occidental de Mérida, una de las principales zonas agrícolas del país, aseguró que con “los insumos actuales” este 2018 se va a “producir la mitad de lo del año pasado”.

“Es decir, estaremos llegando en un máximo a un 15 % de la producción necesaria para el consumo de los venezolanos”, detalló.

Advirtió que julio “posiblemente va a ser el más difícil de la historia” del país ya que “por primera vez (…) simplemente vamos a depender totalmente de la importación que pueda hacer el Gobierno para poder tener algún tipo de comida”.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, aseguró esta semana que la producción en el país da para abastecer solo a entre el 20 y el 25 % de la población.

Presentamos al país plan para solucionar la crisis de hambre en Venezuela https://t.co/MX2HVe73t8

— Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) April 12, 2018

Detener el sufrimiento de la población venezolana ante la escasez y los altos costos de los alimentos, así como el avance de la pobreza, fueron los temas desarrollados en una jornada convocada por Acción Solidaria, otras organizaciones de la sociedad civil aliadas y Amnistía Internacional Venezuela, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar de manera urgente indicadores mínimos de disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en el país.

Representantes de la Fundación Bengoa, Acción Campesina de Venezuela y de Cáritas de Venezuela, coincidieron en la necesidad de que las autoridades venezolanas desarrollen programas coordinados con las agencias de cooperación internacional para atender la actual emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que padecen las personas en Venezuela, partiendo del levantamiento de estadísticas públicas que permitan tomar medidas eficaces.

“El gobierno venezolano no ha emprendido programas planificados de alimentación, con sus respectivo indicadores de seguimiento y evaluación; solo se ha limitado a repartir alimentos de baja calidad nutricional”.

Un diagnóstico muy preocupante

Las consecuencias de la actual coyuntura en materia de alimentación dentro del territorio nacional podrían extenderse a lo largo de décadas de acuerdo a Maritza Landaeta, coordinadora y fundadora de la Fundación Bengoa, en tanto muchas mujeres embarazadas no cuentan en la actualidad con los nutrientes adecuados para el desarrollo del feto, como el ácido fólico, lo cual produce lesiones permanentes a los neo natos que a su vez pueden heredarse por generaciones.

“Son las comunidades de bajos recursos las más afectadas por la actual emergencia humanitaria” explica la experta, quien puntualiza que en estos segmentos poblacionales el consumo de proteínas cayó a favor del consumo de tubérculos por lo que las “exiguas” una o dos comidas diarias que hacen las familias pobres además carecen de calidad nutritiva. Este tipo de privaciones afectan significativamente el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que necesitan de tres comidas y tres meriendas diarias. “Vamos hacia la desnutrición crónica. El promedio de pérdida de peso está en alrededor de los nueve kilos”.

“Las madres tienen que hacer magia para alimentar a sus hijos, pero esta magia tiene sus límites. La inflación ha hecho que sean necesarios 19,6 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria. Sencillamente no alcanza el dinero. Estamos viendo casos de suicidios en madres o de violencia hacia infantes para acallar los llantos por hambre de los más pequeños. La FAO dice que 4,6 millones de venezolanas y venezolanos no están consumiendo los alimentos necesarios. Una persona que no está bien alimentada puede ser víctima de depresión porque no genera las endorfinas suficientes”.

Sergio Salvador, representante de Cáritas, expuso que las cifras oficiales de 2016 demuestran aumento de la mortalidad infantil en un 35%, y aumento de la mortalidad materna en un 65%. De igual manera, expuso los resultados del último estudio de la referida organización, que revela que en Vargas, Miranda y Zulia, 69% de las familias han tenido que buscar duras estrategias de supervivencia nunca vistas en el pasado, como desincorporar a miembros familiares para enviarlos a otros, comprar alimentos a deuda o pasar todo el día sin comer. En la muestra se encontró un déficit nutricional de 68% en niños menores de 5 años, en muchos casos severo. Aunado a la desnutrición, la falta de acceso al agua potable con un 22% hogares sin agua el último mes, 17% que solo la reciben pocas horas al día y 35% solo 3 horas a la semana, sería una combinación potencialmente mortal.

Las soluciones deben partir de un aparato integral por parte del Estado en coordinación con la ayuda internacional

“Estamos frente a una emergencia alimentaria. El Estado debe permitir la ayuda de organismos internacionales para mitigar la crisis y no llegar a la hambruna generalizada” afirma firmemente Sergio Salvador, en tanto para él el Estado venezolano no tendría hoy por hoy la “musculatura” suficiente para poder enfrentarse a la situación de emergencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que sufre la población venezolana.

“Hay un umbral de emergencia de severidad que amerita la intervención no sólo del Estado sino de otros organismo enfocados en la alimentación, como la FAO”.

Para Maritza Landaeta de la Fundación Bengoa, combatir el fenómeno de inflación y la falta de alimentos en Venezuela pasa igualmente por revertir las políticas de expropiaciones emprendidas en los últimos años, así como los controles excesivos por parte del gobierno nacional que según la experta han provocado que la producción de alimentos en Venezuela disminuyera desde un 70% de auto abastecimiento a solo el 30% en la actualidad, un modelo que solo ha favorecido al negocio de las importaciones.

Nhelsyr González, de Acción Campesina, agrega por su parte que las autoridades nacionales deben asimismo tomar las medidas necesarias y respetuosas de los derechos humanos para disminuir la altísima inseguridad humana que afecta a las productoras y los productores del campo, así como falta de infraestructura de transporte; y que se tomen también medidas que garanticen el cese de las extorsiones que esta activista denuncia por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de trasladar alimentos hacia ciudades y poblados. De igual manera, habría que emprenderse políticas públicas para integrar más a las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones y financiamiento agro productivo, por ser los más olvidados.

Continuando con su agenda parlamentaria y los debates sobre los problemas de los venezolanos, la Asamblea Nacional está semana declaró emergencia alimentaria en todo el territorio nacional.

Se aprobó en plenaria la creación de una Comisión Especial para investigar y abordar el tema del hambre en Venezuela. El miércoles fue instalada y se informó que una de las líneas de acción que se llevará a cabo de inmediato es “abrir la caja negra” de la inmensa corrupción.

«El país tiene derecho a conocer quiénes están detrás de esta inmensa corrupción que ha generado tanta hambre, por lo tanto, uno de los primeros temas que vamos a investigar desde esta Comisión Especial es la designación de los dólares para importar alimentos. No se sabe a quién le asignan esos dólares, cuántos dólares se han entregado para que empresarios de maletín, amigos del gobierno, traigan productos importados al país», dijo el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

La Comisión Especial está por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández, y por los diputados, Carlos Paparoni, Manuela Bolívar, Carlos Valero, Andrés Eloy Camejo y Mariela Magallanes.

Durante la reunión los miembros de la Comisión presentaron el abanico de tareas que se ha propuesto a realizar: 1) Revisar todo lo que tiene que ver con la producción nacional en los actuales momentos, a qué niveles está, qué se está produciendo y qué se dejó de producir y por qué, 2) Por qué se llegó a los CLAP, de dónde y cómo se traen los alimentos que se incluyen en esas bolsas o cajas, cuánto es su costo real y cuánto le queda de ganancia a los personajes que hacen estas importaciones, 3) Realizar un censo de las tierras que están productivas y cuántas hectáreas se han expropiado y cuáles han sido las consecuencias de esas medidas, además, del estado de la producción de semillas, 4) Revisar exhaustivamente todo el marco legal que permite que el Gobierno nacional maneje todo «el entramado» de la producción nacional y por ende controle desde la siembra de una semilla hasta el precio justo de un producto terminado. Cabe destacar que esta investigación servirá, entre otras cosas, para demostrar que es totalmente falsa la versión oficial sobre la llamada Guerra Económica.

Asimismo, la semana giró en torno a la discusión de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El martes en horas de la tarde, el Jefe del Poder Legislativo ofreció declaraciones en torno al más reciente informe sobre Venezuela que publicó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

«El país debe saber, primero que nada, que la Carta Interamericana es un instrumento con rango constitucional, es una ley venezolana en tanto está incluida en los Tratados Internacionales. En este sentido lo que estamos pidiendo es que los países miembros demuestren la preocupación que sienten por la crisis venezolana. En definitiva, la Carta Democrática plantea la misma solución que venimos reclamando desde el Parlamento, el voto, que tengamos en Venezuela las elecciones que corresponden este año, unas elecciones generales incluso», dijo el parlamentario no sin antes destacar que una de las virtudes de dicho instrumento es que pone en manos de todos los venezolanos la solución al problema interno.

También, la Comisión Permanente de Política Exterior, presidida por los diputados,  Luis Florido (Presidente) y Marialbert Barrios (Vicepresidenta), aprobó solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana y respaldar el informe presentado este martes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que solicita elecciones generales, presencia de misiones de observadores internacionales y profundización de la presión internacional

El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina (Unidad-Bolívar), anunció este jueves que se suman a la propuesta presentada por la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional en el sentido de realizar una consulta nacional que permita escuchar a la sociedad civil y difundir el alcance de la activación de la Carta Democrática a Venezuela.

El coordinador nacional de Primero Justicia y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, Julio Borges, dio a conocer a agenda de la sesión de este jueves en la Asamblea Nacional; e informó que declararán la Emergencia Alimentaria en el país y presentarán dos nuevos proyectos de ley.

“Este jueves (11/02) vamos a declarar la Emergencia Alimentaria. No puede ser que la inacción del Gobierno siga condenando a la población a las colas y la escasez; según la cámara que agrupa a las empresas de alimentos la producción ha caído 10% en los últimos cuatro meses”.

Este será el Orden de Día para la sesión de mañana jueves 11 de febrero a las 11am pic.twitter.com/9Rbxy94i8B

— ROBERTO MARRERO (@ROBERTOMARRERO) February 10, 2016

En este sentido el diputado Julio Borges explicó que la bancada unitaria también propondrá la Ley de Producción Nacional, como un mecanismo que contribuya a rescatar el aparato productivo interno. “Esta ley pondrá a producir a las empresas y tierras expropiadas, simplificará el proceso de trámites para permitir la inversión nacional y extranjera, establecerá incentivos para los inversionistas que generen nuevos empleos y proporcionará seguridad jurídica, ya que garantizará a los empresarios que no van a ocurrir expropiaciones por motivos políticos”.

Asimismo Borges señaló que en la próxima sesión van a introducir la Ley de Cestaticket para Jubilados y Pensionados, argumentando que este instrumento legal otorgará un bono de 10 mil bolívares a 3,1 millones de personas; y será una compensación por la crisis inflacionaria que atraviesa el país. Según datos suministrados por el Banco Central de Venezuela, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas entre enero y septiembre de 2015 fue de 254,3%. Se debe destacar que  hasta la fecha se desconocen los índices inflacionarios de octubre, noviembre y diciembre.